La imagen oscura de nuestra justicia

El alto nivel de opacidad de nuestra administración de justicia (OJ y MP) no es de ahora, ya que trasciende los años, por diversos factores.

¿Qué debiera hacerse de inmediato, para que transite la misma  por el camino de la decencia?

Que la corte se autorregule, estableciendo un método que permita fiscalizar los expedientes en cada despacho, de tal manera que prohíba que un magistrado se quede mucho tiempo con un expediente en su escritorio.

Se debe fortalecer la transparencia de igual manera, reglamentándose los viajes en misiones oficiales.

Que la corte impida que se judicialice la política. Es decir, que actué procesalmente y de manera independiente, bajo los tiempos de la ley, evacuando los casos que le lleguen de manera expedita, sin temor, ni presión política alguna; bajo el lineamiento de la uniformidad y de la justicia.

Que se fortalezca la capacidad cognoscitiva de los organismos encargados de administrar la justicia.

Que comiencen las auditorías forenses en los juzgados. Podría practicarse de manera aleatoria, en sus inicios.

Que se procure la unificación de criterios.

Que se haga frecuente la rendición de cuentas de las autoridades hacía la ciudadanía, en temas puntuales.

 

De manera próxima, debiera fortalecerse el nivel presupuestario para que se haga funcional la carrera judicial y los nombramientos permanentes de los diversos funcionarios.

Por su parte, con una reforma constitucional podría crease un Tribunal Constitucional independiente en un futuro;  crearse nuevas jurisdicciones pero en rango supremo y establecer una fórmula más transparente, para la escogencia de los nuevos magistrados.

 

Justicia  vs golpe de estado

Nuestra administración de justicia tiene problemas detectados.

 

La politización de la justicia. A veces la justicia responde sólo a casos concretos.

La falta de capacidad en algunos de los organismos encargados de administrar la justicia.

La falta de unificación en los organismos rectores, para la ejecución de algunas medidas.

La falta de rendición de cuentas de las autoridades, hacía la ciudadanía.

Las instituciones penales y penitenciarias, no funcionan bien.

La falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades, cuando se conoce por algún medio, que se ha resquebrajado el orden legal.

Deficiente presupuesto otorgado.

Carencia de integridad en algunos funcionarios.

La mora judicial.

La falta de estabilidad, en algunos operadores judiciales.

 

¿Que sería peligroso hacer?

 

Ejecutar la idea de desmantelar la cabeza del poder judicial por decisiones  judiciales tomadas en temas de alto perfil, pues permitiría la renovación inmediata del mismo por el actual poder ejecutivo, cuyo representante legal ya ha dicho que hará los nombramientos que le compete, a su prudente arbitrio, sin la colaboración ciudadana.

Tal idea sin lugar a dudas, se conjugaría como un golpe de estado, harto peligroso para nuestro sistema democrático.

 

Que sugerencias potables sugiero para robustecer la administración de justicia.

 

A mediano o largo plazo.

 

Implementar una constituyente originaria, que establezca nuevos cimientos.

 

De manera inmediata o a corto plazo.

 

Exigir que el Pacto de Estado por la Justicia, asuma su papel beligerante en el tema, con la posibilidad de que más ciudadanos participen aportando ideas con el propósito firme de reestructurar y modernizar el sistema judicial panameño, a fin de que el mismo sea independiente, transparente y eficiente.

 

 

Lineamiento jurisprudencial

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en decisión del 5 de junio de 2017, pero que ha salido a la luz en reciente data, determinó con ponencia del magistrado Jerónimo Mejía, lo siguiente:

 

  1. Que es viable ordenar una conducción de un investigado, sin que graviten las citaciones previas, pero sólo en ilícitos graves y cuando la vinculación del imputado esté acreditada a través de un medio probatorio que produzca certeza jurídica de ese acto, no obstante, en estos casos, estará obligado el fiscal, a sustentar el por qué está ordenando la conducción y no la citación.

 

  1. A partir de 1 de enero de 2018, todos los procesos penales que se inicien, independientemente de la fecha en que ocurrieron los hechos, se deberán tramitar con las normas del Código Procesal Penal.

 

  1. El Hábeas Corpus Preventivo para que prospere, debe existir una amenaza efectiva contra la libertad corporal, la que por regla general debe constar en un mandato que ordene una detención preventiva o una conducción, en donde pueda advertirse en los hechos del proceso, una situación que implique una  amenaza real o cierta contra la libertad corporal, y que la detención no se haya hecho efectiva.

El juega vivo de los diputados

 

 

  1. Se les permite promoverse a través de los bienes públicos, que supuestamente gestionan, como por ejemplo; buses, camiones etc., hasta los presentan y aparecen en las inauguraciones de obras estatales, sin sanción alguna.

 

  1. No ha habido en Panamá, ninguna sentencia contra algún diputado, conforme a las nuevas normas procesales penales vigentes, aunque existen denuncias en curso hoy.

 

 

  1. Algunos diputados no asisten a sus sesiones, pero no se les descuenta el sueldo por eso.

 

“La corrupción es un mal más grande que el pecado. Más que ser perdonado, este mal debe ser curado”, Papa Francisco.

Perú en su envidiable lucha contra la corrupción

 

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, promulgó una ley para establecer como imprescriptibles los delitos de corrupción cometidos por funcionarios y servidores públicos, según medios noticiosos.

En Panamá: El concepto antes descrito, no se ha conjugado, ni se vislumbra su aprobación.

A mi juicio, Panamá debería adoptar medidas contra la corrupción como en Perú y además, incorporar las siguientes acciones:

 

  • Motivar a los ministros de Estado y a todos los directores y administradores de entidades, a hacer pública su declaración jurada de bienes patrimoniales, para que el pueblo las fiscalice.
  • Una certera fiscalización de parte de la Contraloría, sobre los actos de manejo de fondos y bienes públicos.
  • Una adecuada estrategia de información, sobre la necesidad de cultivar los
    valores, en la comunidad.
  • Una política gubernamental que tienda a fortalecer a la familia, como el
    principal núcleo en la sociedad.
  • Permitir que la sociedad, en mejor medida, participe en calidad
    propositiva en las políticas de Estado.
  • Incentivar al funcionario a que cumpla el código de ética de su entidad, practique valores y a las empresas particulares, a promoverlos.
  • Crear normas que incentiven y protejan al denunciante.
  • Fortalecer nuestro sistema de justicia, haciendo la reingeniería que corresponda inclusive.

La tolerancia de los funcionarios

El funcionario al convertirse en una persona de relevancia pública, debe soportar un mayor nivel de afectación o injerencia en su honra, puesto que, esto es necesario debido al pluralismo político, la conformación de un espíritu crítico, abierto y tolerante, sin los cuales se vacía de contenido la sociedad democrática y el control y fiscalización de las autoridades que actúan en representación del pueblo.

Por tal razón, resulta inadmisible que haya servidores públicos que se molesten por las críticas que hacen algunos periodistas, en su misión de informar.

En sentencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia del once (11) de abril de dos mil catorce (2014), la Corte definió en derecho, cuál debe ser el comportamiento de las autoridades, funcionarios o personajes de relevancia pública, ante las críticas de los ciudadanos, en Panamá.

La corte dijo:

“…Hay que resaltar que es cierto que bajo la óptica de las legislaciones supranacionales en materia de derechos humanos, se ha señalado que la persona al asumir un cargo público, se convierte en una persona de relevancia pública, por lo cual, se expone inevitable y deliberadamente, a una fiscalización atenta de sus actos y gestos, tanto por los periodistas como por la multitud de ciudadanos y por ello debe mostrarse más tolerante”.

La Transparencia del gobierno  

 

La transparencia en el Estado, significa dar a conocer la información de carácter público que radica en cada ente estatal.

De igual forma, tiene que ver con la rendición de cuenta gubernamental.

Razones de la falta de transparencia, pueden ser varias, como por ejemplo; el miedo, arrogancia, falla en la ponderación de valores, ignorancia, dificultad para cumplir las metas, etc., pero lo que sí es cierto, que esta falencia, puede generar “actos de corrupción”.

En una reciente encuesta de la empresa Dichter & Neira en Panamá, se determinó un índice negativo de la  transparencia del gobierno, en donde un 85% de los encuestados, piensan que hay poca a ninguna transparencia.

¿Que debiera hacer el gobierno en consecuencia?

 

  1. Implementar una mejor rendición de cuenta de parte de los funcionarios que ejercen mando y jurisdicción.
  2. Una mejor política jurídica en cuanto a las adquisiciones de bienes y servicios.
  3. Incentivar al funcionario a que cumpla el código de ética de su entidad.
  4. Una mejor fiscalización de parte de la Contraloría, sobre los actos de manejo
    de fondos y bienes públicos.
  5. Aplicar una política correcta en el tema de las donaciones gubernamentales.

Preguntas sobre la detención de una persona

¿Una persona declarada en rebeldía, puede ser detenida?

Si.

Código procesal penal

Artículo 158. Imputado de paradero desconocido. La persona imputada que ha sido requerida y no comparezca sin justa causa, la que se evada del establecimiento en donde esté detenida, así como la que no es presentada oportunamente por su fiador, a pesar de habérsele hecho a esta el requerimiento correspondiente, o de la que se ignora su paradero, será declarada en rebeldía y se expedirá orden de detención si procediera.

¿Qué pasa cuando el investigado requerido, no acude a la investigación?

Se le hace comparecer a la fuerza y mientras tanto, se suspende la prescripción de la acción penal.

Código procesal penal

Artículo 158.

La ausencia de la persona imputada no afectará la fase de investigación y quedará suspendida la prescripción de la acción penal hasta que dicha persona sea aprehendida o comparezca.

No se requiere de la imputación de cargos para extraditar

La ley 4 de 1938 aprobó la Convención Multilateral sobre Extradición suscrita en Montevideo en 1933. Usa y Panamá lo han ratificado, entre otros países.

En esta ley se posibilita la extradición tan solo mediando una acusación o sentencia, aunque no haya imputación de cargos por el momento.

Convención Multilateral  sobre Extradición

Art. 1.- Cuando uno de los Estados signatarios se obliga a entregar, de acuerdo con las estipulaciones de la presente Convención, a cualquiera de los otros Estados que los requiera, a los individuos que se hallen en su territorio y estén acusados o hayan sido sentenciados, siempre que concurran las circunstancias siguientes: a) Que el Estado requirente tenga jurisdicción para juzgar el hecho delictuoso que se imputa al individuo reclamado. b) Que el hecho por el cual se reclama la extradición tenga el carácter de delito y sea punible por las leyes del Estado requirente y por las del Estado requerido con la pena mínima de un año de privación de la libertad.

El papel constitucional de la Asamblea Nacional

Conforme a la Carta Magna, las funciones de la Asamblea Nacional son varias, y las mismas, se debieran cumplir con eficiencia, por los mejores intereses del Estado:

Funciones:

  1. La de expedir leyes.
  2. La de ejecutar actos de control sobre la administración pública y el gobierno.
  3. La de propiciar los debates, de cara al cumplimiento de los fines públicos.
  4. La de ejercer a través de los diputados, la representación adecuada de los partidos políticos y los electores.
  5. La de ejercer funciones judiciales cuando corresponda.

Debe quedar claro que “cada función o atribución de la Asamblea Nacional de Diputados está claramente establecida en la Constitución Política, y la de otorgar subsidios y donativos, no figura en el texto constitucional ni es de aquellas que se pueda derivar como conclusión lógica de las actividades que le son propias“. Sentencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia del 16 de marzo de 2017.