La imagen oscura de la justicia panameña.

El alto nivel de opacidad de nuestra administración de justicia (OJ y MP) no es de ahora, ya que trasciende los años, por diversos factores.

¿Qué debiera hacerse de inmediato, para que transite la misma  por el camino de la integridad?

Que la corte se autorregule, estableciendo un método que permita fiscalizar los expedientes en cada despacho, de tal manera que prohíba que un magistrado se quede mucho tiempo con un expediente en su escritorio.

Se debe fortalecer la transparencia de igual manera, reglamentándose los viajes en misiones oficiales.

Que la corte impida que se judicialice la política. Es decir, que actué procesalmente y de manera independiente, bajo los tiempos de la ley, evacuando los casos que le lleguen de manera expedita, sin temor, ni presión política alguna; bajo el lineamiento de la uniformidad y de la justicia.

Que se fortalezca la capacidad cognoscitiva de los organismos encargados de administrar la justicia.

Que comiencen las auditorías forenses en los juzgados. Podría practicarse de manera aleatoria, en sus inicios.

Que se procure la unificación de criterios.

Que se haga frecuente la rendición de cuentas de las autoridades hacía la ciudadanía, en temas puntuales.

 

De manera próxima, debiera fortalecerse el nivel presupuestario para que se haga funcional la carrera judicial y los nombramientos permanentes de los diversos funcionarios.

Por su parte, con una reforma constitucional podría crease un Tribunal Constitucional independiente en un futuro;  crearse nuevas jurisdicciones pero en rango supremo y establecer una fórmula más transparente, para la escogencia de los nuevos magistrados.

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La Labor del Diputado

Conforme a la Carta Magna, las funciones del diputado en la Asamblea Nacional son varias, y las mismas, se debieran cumplir con eficiencia, por los mejores intereses del Estado. En tal sentido, no le es dable al Diputado, utilizar recursos del Estado, para fortalecer su activismo político.

Funciones:

  1. La de expedir leyes.
  2. La de ejecutar actos de control sobre la administración pública y el gobierno.
  3. La de propiciar los debates, de cara al cumplimiento de los fines públicos.
  4. La de ejercer a través de los diputados, la representación adecuada de los partidos políticos y los electores.
  5. La de ejercer funciones judiciales cuando corresponda.

 

En sentencia del PLENO de la Corte Suprema de Justicia del 16 de marzo de 2017, se DECLARÓ inconstitucional, el Decreto proferido por la Contraloría General que regulaba, los donativos y subsidios otorgados en la Asamblea Nacional, a solicitud del suscrito.

La Corte dijo que:

“Según se observa, los fines constitucionales antes mencionados, que se deben alcanzar mediante otras instituciones nacionales y/o locales, no dan espacio para que la Asamblea Nacional pueda dedicarse a realizar actividades que no le corresponden, porque son propias de otras autoridades del Estado, como las relacionadas con los subsidios y donativos”.

 

Por lo antes expuesto, la Contraloría General de la República, debiera objetar el refrendo de toda planilla de la Asamblea Nacional, que contenga nombramientos o contratos de personas que ejerzan labores que no correspondan con los fines y/o funciones que debieran ejecutar los Diputados en la Asamblea Nacional.

La Constituyente paralela

La Constituyente paralela es una de las formas que existe en Panamá, para reformar la Constitución.

Como se adopta

Podrá adoptarse una nueva Constitución, a través de una Asamblea Constituyente Paralela, que podrá ser convocada por decisión del Órgano Ejecutivo, ratificada por la mayoría absoluta del Órgano Legislativo, o por el Órgano Legislativo con el voto favorable de dos terceras partes de sus miembros, o por iniciativa ciudadana, la cual deberá ser acompañada por las firmas de, por lo menos, el veinte por ciento de los integrantes del Registro Electoral correspondiente al 31 de diciembre del año anterior a la solicitud.

Quien la convoca

Le corresponderá al Tribunal Electoral acoger la iniciativa propuesta y hacer la convocatoria a la elección de constituyentes, en un término no menor de tres meses ni mayor de seis meses desde la formalización de la solicitud de convocatoria.

Deliberaciones

Realizada la elección, la Asamblea Constituyente Paralela se instalará formalmente e iniciará sus deliberaciones por derecho propio, tan pronto el Tribunal Electoral entregue las credenciales  respectivas a sus integrantes.

Composición

La Asamblea Constituyente Paralela estará integrada por sesenta constituyentes, quienes deberán representar proporcionalmente a los panameños de todas las provincias y comarcas, de acuerdo con la población electoral, y se permitirá, además de la postulación partidaria, la libre postulación. Para estos efectos, el Tribunal Electoral deberá establecer en la convocatoria el sistema electoral aplicable a la elección de constituyentes.

Limitaciones

La Asamblea Constituyente Paralela podrá reformar la actual Constitución de forma total o parcial, pero en ningún caso las decisiones que adopte tendrán efectos retroactivos, ni podrán alterar los periodos de los funcionarios electos o designados, que estén ejerciendo su cargo al momento en que entre en vigencia la nueva Constitución.

Tiempo de funcionamiento

La Asamblea Constituyente Paralela tendrá un periodo no menor de seis meses ni mayor de nueve meses, para cumplir con su labor y entregar al Tribunal Electoral el texto de la Nueva Constitución Política aprobada, la cual será publicada de inmediato en el Boletín del Tribunal Electoral.

Obligación de hacer Referéndum

El nuevo Acto Constitucional aprobado con arreglo a este método será sometido a referéndum convocado por el Tribunal Electoral en un periodo no menor de tres meses, ni mayor de seis meses, contado a partir de la fecha de su publicación en el Boletín del Tribunal Electoral.

Cuando comienza a regir la nueva Constitución.

El Acto Constitucional aprobado empezará a regir desde su publicación en la Gaceta Oficial, la cual deberá hacerse por el Órgano Ejecutivo, dentro de los treinta días hábiles siguientes a su aprobación mediante referéndum, sin que la publicación posterior a dichos plazos sea causa de inconstitucionalidad.

Los camarones legislativos

 

Para que una norma se convierta en ley de la República, requiere de tres debates en la Asamblea Nacional.

En sentencia de la Corte Suprema de Justicia,  Pleno, con fecha de 30 de diciembre de 2015, se aclaró sobre qué puntos son los que se pueden introducir en segundo debate para que se adecue al marco constitucional.

La Corte dijo que las modificaciones introducidas en el segundo debate, deben consistir en el desarrollo, regulación o ajustes, supervisión o adición, a los artículos ya aprobados en el primer debate, más no es admisible la presentación de normas fundamentalmente nuevas, pues estas son las materias extrañas al proyecto lo que prohíbe el artículo 148 del Reglamento Orgánico Interno de la Asamblea Nacional, que forma parte esencial del sistema o bloque de constitucionalidad. Se contraviene, entonces, con las modificaciones extrañas, ajenas o excepcionales, introducidas en el segundo debate, a un proyecto de ley, una norma esencial del sistema constitucional, lo que termina despojando de validez a la norma legal que se genere a partir de ese procedimiento.

Por esa razón, no es admisible que los diputados de la Asamblea Nacional, ignoren sus deberes constitucionales e insistan en hacer los que les venga en gana.

La escogencia de los nuevos magistrados

 

En los próximos días, el Consejo de Gabinete tendrá la tarea de escoger dentro de las 153 postulaciones recibidas, la lista de los aspirantes a Magistrados en la Corte Suprema de Justicia, que llevaría a la postre a un proceso de consulta ante el Pacto de Estado por la Justicia, para luego escoger a los candidatos finales, para tan distinguidos cargos.

Se hace viable considerar muy bien el perfil de los próximos Magistrados de la Corte, para que procuren levantarle la imagen al Órgano Judicial.

Sería inadmisible lo siguiente:

 

  1. Que el Consejo de Gabinete pusiera en pausa su labor de escogencia, bajo el pretexto de la presunta falta de legitimidad de la actual Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional de Diputados, (ya que la misma es válida, hasta que la Corte Suprema de Justicia pudiera decir lo contrario), o cualesquiera otros argumentos.
  2. Que las bancadas en la Asamblea Nacional de Diputados, por el sólo hecho de mostrar su músculo político, objetaran las designaciones con argumentos baladíes.
  3. Que la ciudadanía no cumpliera con su papel fiscalizador y se divorciara del análisis previo, que debiera dar de los seleccionados a Magistrados.

El papel del diputado en la Asamblea Nacional

 

Conforme a la Carta Magna, las funciones del diputado en la Asamblea Nacional son varias, y las mismas, se debieran cumplir con eficiencia, por los mejores intereses del Estado:

Funciones:

  1. La de expedir leyes.
  2. La de ejecutar actos de control sobre la administración pública y el gobierno.
  3. La de propiciar los debates, de cara al cumplimiento de los fines públicos.
  4. La de ejercer a través de los diputados, la representación adecuada de los partidos políticos y los electores.
  5. La de ejercer funciones judiciales cuando corresponda.

 

En sentencia del PLENO de la Corte Suprema de Justicia del 16 de marzo de 2017, se DECLARÓ inconstitucional, el Decreto proferido por la Contraloría General que regulaba, los donativos y subsidios otorgados en la Asamblea Nacional, a solicitud del suscrito.

La Corte dijo que:

“Según se observa, los fines constitucionales antes mencionados, que se deben alcanzar mediante otras instituciones nacionales y/o locales, no dan espacio para que la Asamblea Nacional pueda dedicarse a realizar actividades que no le corresponden, porque son propias de otras autoridades del Estado, como las relacionadas con los subsidios y donativos”.

 

La colaboración eficaz

 

En términos sencillos, la colaboración eficaz consiste en un acuerdo celebrado entre el Ministerio Público y un imputado de la comisión de un delito. Este acuerdo se hace con la información relevante que emite el indagado, que negocia con el funcionario de instrucción, beneficios que podrían minimizar su pena o propiciar el archivo de su causa, cuando corresponda.

 

Fundamento legal.

 

Ley 4 de 17 de febrero de 2017 en su artículo 24 y el Código Procesal Penal en su artículo 220.

Aspectos positivos.

 

  1. Puede ayudar al esclarecimiento de un delito.
  2. Podría evitar la continuación de la ejecución de un delito.
  3. Puede prevenir, la realización de otros delitos.
  4. Busca descubrir a los autores o partícipes de una acción delictiva.

 

 

Proyecto de imprescriptibilidad, viola la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, suscrito por Panamá.  

 

El proyecto de Ley No. 514  sobre la imprescriptibilidad, viola de manera flagrante, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, suscrito por Panamá, de manera inconveniente, y no se entiende,  pues el principio del proyecto de ley de marras, era el atacar supuestos actos de corrupción.

Conforme la Convención,  el que colabore efectivamente en un proceso, se le puede mitigar la pena, en tanto en el proyecto de ley ut supra, esto no es posible, ya que inhabilita para contratar con el Estado, al colaborador eficaz.

Luego entonces ¿que incentivo habrá para el delator eficaz?

La Ley 15 de 2005, que aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, establece en su artículo 37 lo que venimos planteando.

Veamos.

Artículo 37. Cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley

 

  1. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, en casos apropiados, la mitigación de la pena de toda persona acusadaque preste cooperación sustancial en la investigación o el enjuiciamiento de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.

 

  1. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, la concesión de inmunidad judiciala toda persona que preste cooperación sustancial en la investigación o el enjuiciamiento de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.

 

Algunos privilegios de los diputados

 

  1. Cada miembro de la Asamblea Nacional tiene acceso a nombrar personal, hasta por 30 mil dólares mensuales. Esto sin contar los contratos por servicios profesionales, que pueden gestionar vía la presidencia de la Asamblea Nacional.

 

  1. Nadie los procesa hoy, por supuestos delitos electorales, aunque hubo nulidades en algunas elecciones pasadas.

 

  1. No ha habido en Panamá, ninguna sentencia contra algún diputado, conforme a las nuevas normas procesales penales vigentes.

 

  1. Algunos casos contra los diputados en la Corte no avanzan.

 

  1. Algunos diputados no asisten a sus sesiones, pero no se les descuenta el sueldo por eso.

 

  1. La Asamblea Nacional con la Resolución No. 1 de 2 de julio de 2014, concedió licencia a algunos diputados y diputadas, para que pudieran ejercer la profesión de abogados y poder seguir cobrando el sueldo como diputados, al mismo tiempo.

 

  1. Utilizan el logo de la Asamblea Nacional para asuntos personales y no les pasa nada.

 

  1. Se les permite promoverse a través de los bienes públicos.

 

 

“Se puede engañar a parte del pueblo parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo”. Abraham Lincoln

Los políticos marginales de Panamá

 

  • El que promete cosas que nunca cumple.
  • El que regala, para mantenerse en vigencia, pues no tiene nada en la cabeza.
  • El que se la pasa viajando con fondos públicos a cualquier lugar del planeta.
  • El que se le olvida, las cosas malas que hizo en el pasado y ahora se viste de íntegro.
  • El que recoge plata de donde sea, para sus intereses propios, sin importarle la ilicitud del mismo.
  • El político que siempre habla mal de todo y no ve nada bueno en el país.
  • El que ve en el servicio público, una fuente para hacer negocios.
  • El que abandonó un ideal profesado, por una canonjía o por un beneficio prometido.
  • El que aprovecha las circunstancias, de modo, tiempo y lugar en el país, para figurar públicamente.
  • El político que vive pensando que estará en un puesto a perpetuidad, por lo que nunca estará de acuerdo con el relevo generacional.

 

 

Marginal: Dicho de una persona o de un grupo: Que vive o actúa, de modo voluntario o forzoso, fuera de las normas sociales comúnmente admitidas.

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