Archive en septiembre 2011

Por: Dr. Ernesto Cedeño Alvarado
Twitter @ernestocedeno

La resolución de Gabinete No. 151 de 27 de septiembre de 2011 aprobó la compra directa de mochilas y útiles escolares, para uso de los estudiantes de las escuelas oficiales de Panamá, entre el MEDUCA y tres Empresas, por un monto de B/. 11, 218,500.00
Las razones que dio MEDUCA para su contratación directa, son tan escuetas, que carecen de fundamento jurídico serio.
MEDUCA hace una relación de los hechos, argumenta la realización de contratos anteriores con los contratistas propuestos, a un precio y felizmente en su numeral 5 promulga que las tres empresas “tienen experiencia y capacidad financiera para afrontar el procedimiento de compra de dichos productos”
Este argumento de MEDUCA no aparece en la Ley 22 de 2006, es subjetivo, lesiona la libre empresa, y fácilmente pudiera establecerse dentro del marco de una Licitación por Mejor Valor en donde se ponderarían: el precio, la experiencia, capacidad financiera y otros aspectos varios de todos los que participaran en el acto, y se le adjudicaría al oferente con mayor puntaje, conforme a la Ley 22 de 2006 u honrando la Licitación Pública en Dos Etapas permitida por la Ley 18 de 2010.
Concluyo que si se llegara a concretizar los contratos con las mismas tres empresas anunciadas en la gaceta oficial No. 26882-A de 29/9/11 en base a la autorización del Consejo de Gabinete, se podrían violentar las siguientes, disposiciones jurídicas:

Constitución
1. ARTÍCULO 266. La ejecución o reparación de obras nacionales, las compras que se efectúen con fondos del Estado, de sus entidades autónomas o semiautónomas o de los Municipios y la venta o arrendamiento de bienes pertenecientes a los mismos se harán, salvo las excepciones que determine la Ley, mediante licitación pública.
La Ley establecerá las medidas que aseguren en toda licitación el mayor beneficio para el Estado y plena justicia en la adjudicación.
Ley 22 de 2006
ARTÍCULO 18. Principio de transparencia. En cumplimiento de este principio, se observarán las siguientes reglas:

1. Las contrataciones que celebre el Gobierno Central, las entidades autónomas o semiautónomas, los municipios, las juntas comunales y locales, los intermediarios financieros, las sociedades anónimas en las que el Estado sea propietario del cincuenta y uno por ciento (51 %) o más de sus acciones o patrimonio y, en general, las que se efectúen con fondos públicos se harán, salvo las excepciones que determine la ley, mediante los procedimientos de selección de contratista.

ARTÍCULO 19. Principio de economía. En cumplimiento de este principio, se aplicarán los siguientes parámetros:

1. En las normas de selección y en los pliegos de cargos o en los términos de referencia, para el escogimiento del contratista, se establecerán y cumplirán los procedimientos y las etapas estrictamente necesarios, a fin de asegurar la selección objetiva de la propuesta más ventajosa para el Estado. Con este propósito, se señalarán términos preclusivos y perentorios para las diferentes etapas de selección, y las autoridades estarán obligadas a dar impulso oficioso a las actuaciones.

Repercusiones para las personas que participan en el contrato
Artículo 20. Principio de responsabilidad e inhabilidades de los servidores públicos.
…
Los servidores públicos que participen en los procedimientos de selección de contratista y en los contratos:

1. Están obligados a procurar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto del contrato y a proteger los derechos de la entidad licitante, sin perjuicio de los intereses legítimos de los contratistas y terceros.

2. Serán legalmente responsables por sus actuaciones y omisiones antijurídicas, sin perjuicio de la responsabilidad penal o administrativa. En este último caso, la actuación indebida se considerará una falta administrativa grave.

Artículo 10. Competencia. Son funciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas las siguientes:
…

13. Fiscalizar los procesos de selección de contratista que celebren las entidades públicas, en consecuencia estará facultada para imponer multas, por el equivalente al uno por ciento (1 %) del salario bruto que devenguen los servidores públicos que violen los principios y las normas de contratación pública previstos en esta Ley. Las multas así impuestas serán notificadas a la Contraloría General de la República para el respectivo descuento, el cual será consignado en el fondo especial de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Esta sanción se impondrá luego del cumplimiento del Procedimiento Administrativo General. Los casos en que resulte posible la comisión de un hecho punible se pondrán en conocimiento del Ministerio Público.
Por lo anteriormente exteriorizado, recomiendo someter a los actos de selección de contratistas, la compra de la Mochilas y Útiles Escolares bajo comentario, para honrar con ello, el procedimiento debido en las compras del Estado.

Por: Dr. Ernesto Cedeño Alvarado
Twitter @ernestocedeno

La resolución de Gabinete No. 151 de 27 de septiembre de 2001 aprobó la compra directa de mochilas y útiles escolares, para uso de los estudiantes de las escuelas oficiales de Panamá, entre el MEDUCA y tres Empresas, por un monto de B/. 11, 218,500.00
Las razones que dio MEDUCA para su contratación directa, son tan escuetas, que carecen de fundamento jurídico serio.
MEDUCA hace una relación de los hechos, argumenta la realización de contratos anteriores con los contratistas propuestos, a un precio y felizmente en su numeral 5 promulga que las tres empresas “tienen experiencia y capacidad financiera para afrontar el procedimiento de compra de dichos productos”
Este argumento de MEDUCA no aparece en la Ley 22 de 2006, es subjetivo, lesiona la libre empresa, y fácilmente pudiera establecerse dentro del marco de una Licitación por Mejor Valor en donde se ponderarían: el precio, la experiencia, capacidad financiera y otros aspectos varios de todos los que participaran en el acto, y se le adjudicaría al oferente con mayor puntaje, conforme a la Ley 22 de 2006 u honrando la Licitación Pública en Dos Etapas permitida por la Ley 18 de 2010.
Concluyo que si se llegara a concretizar los contratos con las mismas tres empresas anunciadas en la gaceta oficial No. 26882-A de 29/9/11 en base a la autorización del Consejo de Gabinete, se podrían violentar las siguientes, disposiciones jurídicas:

Constitución
1. ARTÍCULO 266. La ejecución o reparación de obras nacionales, las compras que se efectúen con fondos del Estado, de sus entidades autónomas o semiautónomas o de los Municipios y la venta o arrendamiento de bienes pertenecientes a los mismos se harán, salvo las excepciones que determine la Ley, mediante licitación pública.
La Ley establecerá las medidas que aseguren en toda licitación el mayor beneficio para el Estado y plena justicia en la adjudicación.
Ley 22 de 2006
ARTÍCULO 18. Principio de transparencia. En cumplimiento de este principio, se observarán las siguientes reglas:

1. Las contrataciones que celebre el Gobierno Central, las entidades autónomas o semiautónomas, los municipios, las juntas comunales y locales, los intermediarios financieros, las sociedades anónimas en las que el Estado sea propietario del cincuenta y uno por ciento (51 %) o más de sus acciones o patrimonio y, en general, las que se efectúen con fondos públicos se harán, salvo las excepciones que determine la ley, mediante los procedimientos de selección de contratista.

ARTÍCULO 19. Principio de economía. En cumplimiento de este principio, se aplicarán los siguientes parámetros:

1. En las normas de selección y en los pliegos de cargos o en los términos de referencia, para el escogimiento del contratista, se establecerán y cumplirán los procedimientos y las etapas estrictamente necesarios, a fin de asegurar la selección objetiva de la propuesta más ventajosa para el Estado. Con este propósito, se señalarán términos preclusivos y perentorios para las diferentes etapas de selección, y las autoridades estarán obligadas a dar impulso oficioso a las actuaciones.

Repercusiones para las personas que participan en el contrato
Artículo 20. Principio de responsabilidad e inhabilidades de los servidores públicos.
…
Los servidores públicos que participen en los procedimientos de selección de contratista y en los contratos:

1. Están obligados a procurar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto del contrato y a proteger los derechos de la entidad licitante, sin perjuicio de los intereses legítimos de los contratistas y terceros.

2. Serán legalmente responsables por sus actuaciones y omisiones antijurídicas, sin perjuicio de la responsabilidad penal o administrativa. En este último caso, la actuación indebida se considerará una falta administrativa grave.

Artículo 10. Competencia. Son funciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas las siguientes:
…

13. Fiscalizar los procesos de selección de contratista que celebren las entidades públicas, en consecuencia estará facultada para imponer multas, por el equivalente al uno por ciento (1 %) del salario bruto que devenguen los servidores públicos que violen los principios y las normas de contratación pública previstos en esta Ley. Las multas así impuestas serán notificadas a la Contraloría General de la República para el respectivo descuento, el cual será consignado en el fondo especial de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Esta sanción se impondrá luego del cumplimiento del Procedimiento Administrativo General. Los casos en que resulte posible la comisión de un hecho punible se pondrán en conocimiento del Ministerio Público.
Por lo anteriormente exteriorizado, recomiendo someter a los actos de selección de contratistas, la compra de la Mochilas y Útiles Escolares bajo comentario, para honrar con ello, el procedimiento debido en las compras del Estado.

Por: Dr. Ernesto Cedeño Alvarado
Twitter @ernestocedeno

1. Reconocer solo derechos posesorios, en estos territorios, a las personas naturales y no a las personas jurídicas. Fortalecería sólo el derecho social de los pobres.
2. Establecer restricciones de traspasos de los derechos posesorios de los titulados, por un término de 10 años. Frenaría la especulación de millonarios detrás de las titulaciones.
3. Permitir sólo el otorgar títulos gratuitos de hasta de 500 metros cuadrados o hasta una hectárea si se demuestra que existe un negocio de subsistencia dentro del metraje señalado.
4. Reconocer el control previo de la Contraloría General que esta recogido en la Constitución Política en el Art. 280 en la titulación de estas tierras. A mi criterio todas las titulaciones que se están emitiendo sin la aprobación de la Contraloría General, tienen visos de ilegalidad, por que no cuentan con el refrendo de este ente del Estado. La Contraloría por virtud de lo que establece la Ley 32 de 1984 podría, si quisiera, eximir de control previo, a estas titulaciones, pero lo podría hacer, motu propio y no por imposición de ningún otro Órgano del Estado.

Por: Dr. Ernesto Cedeño Alvarado
Twitter @ernestocedeno

El honorable diputado José Blandón ha entregado a la Asamblea Nacional, para su discusión un Anteproyecto de Ley, adjunto, que pretende modificar la Ley 59 sobre ANATI

He leído el instrumento y me parece muy bueno para el inicio de la discusión. Construyo sobre el mismo, responsablemente, así:

1. Afinar el lápiz en el artículo 5 numeral 3, ya que podría posibilitar la discrecionalidad, como acto de corrupción. A Pedro le doy terrenos, a Lucas no.
2. Afinar el método probatorio para acreditar la posesión. Debe haber algo más de dos testigos y certificación del Corregidor que es un empleado político del Alcalde. La experiencia no es muy buena en esto. Pedir 5 testigos del barrio, fotos, etc.
3. 5 HAS gratuitas me parece un exceso para el pobre, que vive en menos terreno y tiene un empleo de subsistencia. A la postre podrá parar gran parte del terreno, en manos de millonarios. No podemos patentizar el aforismo urbano que reza: “Lo que no nos cuesta, hagamos fiesta”
4. Adjudicar lo que demostró en el procedimiento con mesura. Si prueba que vivía en 30 metros, dénselo al pobre y así sucesivamente, hasta llegar a un límite fijo de tierra.
5. Debe modificarse la Ley 80 de islas y costas, con mayor profundidad, ya que se esta modificando la de la ANATI.

En hora buena por el esfuerzo valiente del diputado, ojala tenga acogida la idea de modificar la Ley 59 que al momento, esta cuestionada.

http://www.asamblea.gob.pa/apps/seg_legis/PDF_SEG/PDF_SEG_2010/PDF_SEG_2011/ANTEPROYECTO/2011_A_070.pdf

Por: Dr. Ernesto Cedeño Alvarado
Twitter @ernestocedeno

El presidente, Ricardo Martinelli, propuso a la comisión especial de reformas constitucionales (notables) que analice dentro de sus tareas una revisión del papel de los medios de comunicación en el país, “para que no se abuse, vilipendie y se insulte como se está haciendo hasta ahora.

Aunque las palabras del señor Presidente pudieran sentirse un tanto fuertes, no están alejadas de la verdad, ya que la razón de ser de su inquietud, radica en que hay afectados, por la publicación de una noticia injuriosa o calumniosa, emitida en un medio de comunicación, que se sienten defraudadas al acudir al medio a exigir su rectificación, no obstante, allí, no le atienden su réplica, de manera adecuada.

Aclaro responsablemente, que no todos los medios desatienden su deber de rectificar lo emitido con yerros, ya que si existen comunicadores que cumplen con su obligación de informar con eficiencia, y si es el caso, rectifican su error publicado.

El derecho de la rectificación esta consagrado en la Convención Americana de los Derechos Humanos, en su artículo 14, por lo que no debiera asombrarse la población ante el llamado del señor Presidente de Panamá. La norma lee de la siguiente manera:

Artículo 14. Derecho de Rectificación o Respuesta
1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.
2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.
3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial.

Como quiera que el Derecho a Réplica esta regulado en Panamá de manera inadecuada, por la Ley 22 de 2005, otrora, JULIO MILLER y YO, presentamos en la Asamblea Nacional, un proyecto de modificación de esta ley, que esta prohijado para discusión, en primer debate. Le adjunto el mismo.
Nuestro proyecto, procura exigir la publicación de rectificación, con la misma prominencia en que se publicó, la información inexacta, entre otros puntos.

http://www.ernestocedeno.com/ModificacionDelDerechoaReplica.pdf

Por Dr. Ernesto Cedeño Alvarado
Twitter @ernestocedeno

El Ministerio de Trabajo en la Gaceta Oficial Digital No 26870-B del martes 13 de septiembre de 2011 expidió una Resolución del 7 de septiembre de 2011, para poder emitir permisos de trabajos por razones humanitarias, a los extranjeros regularizados, sin ningún sustento legal valedero, de acuerdo al código de trabajo.
A los extranjeros que se legalicen en el proceso de regularización extraordinaria, tendrán la oportunidad de trabajar en Panamá, de acuerdo a la resolución de marras, en cualquier empleo, incluyendo aquellos que deben ser destinados sólo a panameños (la resolución no hace ninguna discriminación laboral al respecto). Mi criterio es que la Resolución en comentario, pudiera conculcar el artículo 17 del código laboral panameño; norma de superior jerarquía que la de una resolución, en mi País.

Código de Trabajo
Artículo 17.
Todo empleador mantendrá trabajadores panameños, o extranjeros de cónyuge panameño o con diez años de residencia en el país, en proporción no inferior al 90 por ciento del personal de trabajadores ordinarios, y podrá mantener personal extranjero especializado o técnico que no exceda del quince por ciento del total de los trabajadores.
En ningún caso los porcentajes de salarios o asignaciones en conjunto y por categoría, podrán ser menores que los fijados en el párrafo anterior.
No obstante lo anterior, se podrá permitir una proporción mayor de especialistas o técnicos extranjeros por tiempo definido, previa recomendación del Ministerio respectivo
y aprobación del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.
Los empleadores que necesiten ocupar trabajadores extranjeros obtendrán una
autorización que expedirá el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, previa
comprobación de que no se alteran los porcentajes de nacionales exigidos en este artículo, que el personal calificado reúne la respectiva calidad y que desempeñará las funciones inherentes a su especialidad.
Esta autorización se expedirá hasta por el término de un año, prorrogable por un máximo de cinco años.
También se exceptúan del porcentaje anterior los trabajadores de confianza de
empresas que en la República se dediquen exclusivamente a mantener oficinas con el fin de dirigir transacciones que se perfeccionen, consuman o surtan sus efectos en el exterior, previa autorización de las autoridades de trabajo.
No obstante lo anterior, y en virtud de los compromisos internacionales adquiridos por la República de Panamá, se entenderá que a las empresas que tengan menos de diez trabajadores, se les permitirá la contratación y entrada temporal de, al menos, una persona extranjera, en las condiciones establecidas en las disposiciones legales vigentes.

http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26870_B/34558.pdf

Por: Dr. Ernesto cedeño Alvarado
Twitter @ernestocedeno

Con el Decreto No. 002-2011 publicado en la Gaceta Oficial No 26868-A del viernes 9 de septiembre de 2011, el Alcalde de Pocrí, queriendo evitar los perros en soltura en su jurisdicción, emite el acto administrativo bajo comentario, que en su artículo primero, ordena que cada propietario tenga a su perro amarrado en su casa o encerrado en la misma, violando a mi juicio el Artículo 1201 del código administrativo, que dispone lo siguiente.

Código Administrativo

Artículo 1201.
La Policía prohíbe los maltratamientos de los animales domésticos en que se manifiesten crueldad, como actos que repugnen y mortifican a las personas e introducen malas costumbres

No cabe duda que tener a un animal permanentemente amarrado en una casa, es un maltrato, por otro lado, hay residencias pequeñas que podrían dificultar la movilización de una mascota.

Lo que el alcalde debió ordenar, si fuera el caso, es la movilización del animal junto a su dueño, o con bozal, etc., pero nunca dictar semejante medida, que si proliferan en el País, causarían efectos negativos enormes, en la población.

El tener gran tiempo a un animal amarrado, puede causarle lesiones severas; por lo que es propicio traer a la lectura, nuestro código penal que ha legislado sobre la materia así:

Código Penal

Artículo 421. Quien, mediante actos de crueldad, cause la muerte o lesione gravemente a un animal usado como mascota será sancionado con cien a doscientos días-multa o trabajo comunitario.

Por lo antes expuesto, llamo a la sensatez a nuestros políticos, para que antes de legislar se instruyan adecuadamente, para no afectar ni la población ni a nuestros animales, que son de especial valía.

http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26868_A/34472.pdf