Archive en noviembre 2011

¿Quién debe velar por el cumplimiento de la ley zanahoria?

Por. Dr. Ernesto Cedeño Alvarado
@ernestocedeno

Conforme a los instrumentos promulgados que regulan la materia, los estamentos que deben velar por el cumplimiento de la Ley Zanahoria en Panamá son:

1.En la Capital, los corregidores, inspectores municipales, municipales auxiliares y de vigilancia municipal y los policías municipales. No la Policía Nacional, conforme lo determinó el Alcalde Capitalino en el Decreto No. 1899, Artículo 4. Como quiera que los funcionarios solo pueden hacer lo que la ley prevé (Principio de Estricta Legalidad, recogido en los Artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional), debieran, todos los estamentos públicos, honrar el procedimiento reglado. La Policía Nacional en la Capital si pudiera actuar en este rubro, pero sólo a pedido de lo entes prenombrados o para socorrer o dar auxilio a personas o ante denuncia y/o quejas de ciudadanos por la presunta comisión en los lugares, de actos delictivos o de infracciones del Código Administrativo, no obstante, nunca para hacer cumplir la Ley Zanahoria en la capital, por que así lo fijó, la Alcaldía competente.

http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26919_A/35853.pdf.

2. En el resto del País, en donde no haya Decreto Alcaldicio regulatorio, La Policía Nacional, es la que debe hacer cumplir la disposición del Órgano Ejecutivo, debido a que no se han emitido disposiciones regulatorias que dispongan que estamentos deberán velar por el cumplimiento de La ley Zanahoria, por lo que la Policía Nacional debiera hacer cumplir, la ley general, a pedido de parte o en el cumplimiento de su deber. Se debe dejar claro, en otro orden de cosas, que la Policía Nacional, no tiene facultad para retener ni para conducir a las personas, por el sólo hecho de haber flagelado éstas disposiciones. Si así lo hicieren, podrían abusar de su labor, cuenta habida, de que no hay norma expedida que les permita tomar estas acciones.

http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26909_E/35651.pdf

BASTA YA, DE LA AGRESIÓN POLÍTICA HACIA LAS MUJERES, EN PANAMÁ

Por: Dr. Ernesto Cedeño Alvarado
Twitter @ernestocedeno

En estos días, las personas, en un nutrido grupo, defienden y protestan en contra de los abusos mas palpables hacia las mujeres, no obstante, soslayan, que nuestras mujeres también sufren, otros tipos de abusos y agresiones, menos conocidas pero que si son materializadas y estas son de naturaleza política, en Panamá, sin embargo, no los critican.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre la participación política de las mujeres en las Américas, identificó los principales obstáculos que enfrentan las mujeres para ejercer sus derechos políticos y acceder a los puestos de poder en condiciones de igualdad. A continuación los mismos:
‐ Los prejuicios y estereotipos de género y formas de discriminación presentes en las sociedades americanas que les impiden el acceso a los puestos de poder; que les restringen la posibilidad de opciones de incursionar en el ámbito político; y el desempeño exitoso de sus cargos;
‐ Las desventajas socioeconómicas, como el acceso limitado de las mujeres al financiamiento para las campañas y en la contienda a cargos públicos;
‐ El desconocimiento de las mujeres de sus derechos políticos, especialmente en áreas rurales y marginadas;
‐ Las distintas formas de violencia que anulan e impiden el ejercicio de todos los derechos humanos por parte de las mujeres, incluyendo su derecho a incursionar en la vida política, y a ejercer su derecho al voto;
‐ Desafíos apremiantes en la implementación de medidas especiales de carácter temporal a nivel nacional y hemisférico;
‐ Obstáculos que impiden a las mujeres el acceder y ser votadas en las urnas;
‐ Desafíos para promover una mayor participación de las mujeres al interior de los partidos políticos; y
‐ La situación particularmente grave de las mujeres indígenas y afrodescendientes, entre otros desafíos.

En mi País, poco o nada se ha hecho para eliminar las agresiones u obstáculos señalados, que impiden a la mujer panameña al acceder a las posiciones de eminencia. Esto, en alguna medida por la falta de voluntad de nuestros políticos y de muchas personas, que no desean darle el valor que le corresponde a la mujer nacional, por derecho ganado.
¿Que hay que hacer, para eliminar las agresiones políticas hacia las mujeres? Conforme al informe en cita, y adaptado en este sentido, para Panamá.

1. Crear leyes y políticas públicas especiales, dirigidas a mujeres indígenas y afrodescendientes, que tomen en cuenta sus necesidades y obstáculos para ingresar a la vida política.
2. El adoptar todas las medidas necesarias, incluidas las reformas legislativas necesarias y las asignaciones presupuestarias, para garantizar la plena participación de las mujeres en cargos públicos y de representación política con el fin de alcanzar la paridad en todos los ámbitos y niveles de gobierno.
3. El cambiar la cultura política de los partidos políticos para lograr una distribución más equitativa del poder, que requiere sensibilizar a las dirigencias políticas e invertir en la formación de liderazgos femeninos.
4. Institucionalizar canales de participación en donde las mujeres puedan contribuir de forma sustantiva en el diseño, desarrollo e implementación de políticas públicas y programas a favor de la igualdad de género, en los distintos ámbitos de gobierno e instancias del poder público.
5. Que el gobierno adopte medidas públicas para redefinir las concepciones tradicionales sobre el rol de las mujeres en la sociedad, y promover la erradicación de patrones socioculturales discriminatorios que impiden su acceso pleno a los cargos públicos y las instancias de decisión. (Ejemplo: la mujer solo es buena para los oficios domésticos).

EL ESTADO PODRIA SER DEMANDADO POR EL PROBLEMA DEL IDAAN

Por: Dr. Ernesto Cedeño Alvarado
@ernestocedeno

Los problemas de la escasez de agua, personeros del gobierno, lo han atribuido a una mala decisión de la Dirección del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, que ordenó parar en su totalidad la planta potabilizadora de Chilibre para que los buzos le dieran mantenimiento mientras se realizaba el cambio de la tubería de 54’ en Los Andes, el sábado último. Siendo esto así, gravita una mala prestación del servicio público que pudiera originar una serie de demandas contra el Estado, con el fin de recobrar los gastos causados producto de los perjuicios por la escasez del vital líquido. Se deja claro que la responsabilidad del Estado existe sea que los agentes estatales actúen con o sin culpa y aunque nazca de un acto legítimo, pues su afectación nacerá de su flagelación a la Constitución…que protege a los habitantes en su vida, honra y bienes, contra cualquier daño injustamente proferidos a sus derechos individuales…
En la sentencia de 2 de febrero de 2009 y 2 de junio de 2003, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, dejó sentado que nuestra tradición jurídica contencioso administrativa, particularmente la colombiana y la francesa es reiterada en cuanto a que la responsabilidad extracontractual del Estado surge cuando concurren tres elementos a saber: 1. La falla del servicio público por irregularidad, ineficiencia o ausencia del mismo; 2. El daño o perjuicio; 3. La relación de causalidad directa entre la falla del servicio público y el daño.
En Sentencia de 20 de noviembre de 2009, al conceptuar sobre el sentido y alcance del artículo 1644 del Código Civil en particular, la Sala Tercera de la Corte Suprema manifestó que para que se configure el mal funcionamiento del servicio público deben acreditarse los siguientes elementos:”La existencia de una conducta culposa o negligente. La presencia de un daño directo, cierto y susceptible de ser cuantificado; y La demostración del nexo de causalidad entre el resultado dañoso y la conducta del agente provocador del evento.”
El mismo criterio expuesto quedo ratificado en la sentencia de 28 de septiembre de 2010 de la misma Sala Tercera.
Lo anteriormente expuesto quiere decir, que por las palabras de los representantes del gobierno, que han salido en los medios de comunicación social, el Estado panameño, debiera hacerle frente a la ciudadanía por los perjuicios causados por la escasez debido a la ineptitud del IDAAN.
Pregunta ¿Por qué no se ha mencionado a la empresa Biwater Internacional Limited, como la responsable de los perjuicios por la escasez del agua, al pueblo panameño?
La respuesta pudiera contraerse, a la aprobación del acuerdo de transacción, que logro afortunadamente la empresa con el Estado en las resoluciones de gabinete números 23 y 74, plasmadas en las gacetas oficiales abajo citadas.
Por lo anterior, a la empresa Biwater Internacional Limited, podría exigírsele sólo responsabilidad del cumplimiento del acuerdo logrado a posteriori, con el IDAAN, (mismo que desconocemos como pueblo para su fiscalización debida) y no por el incumplimiento de todos los términos del contrato original pactado, salvo que así se hubiese incluido en el acuerdo no divulgado. !Que curiosa situación¡.
Si los representantes del gobierno no han mencionado la responsabilidad de la empresa de marras, en este último perjuicio, ha debido ser, elucubro yo, por que la sociedad si está cumpliendo con el último acuerdo firmado, aunque no honró los términos del contrato original firmado, según ha transcendido, o por otras causas no publicadas en la opinión pública hoy.
Amanecerá y veremos.
http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26479/25980.pdf
http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26565_B/28392.pdf

UN PAIS TAN CHICO CON VARIAS LEYES ZANAHORIAS

Por: Dr. Ernesto Cedeño Alvarado
@ernestocedeno

La primera Ley Zanahoria panameña fue concebida en el Decreto Ejecutivo No. 1424 de 9 de noviembre de 2011 y ordena a los Gobernadores la reglamentación de los cierres de los centros nocturnos y otros lugares en donde se consuman bebidas alcohólicas de domingo a miércoles hasta las 2:00 a.m. y de jueves a sábado hasta las 3:00 a.m.
La segunda, cuentan los medios de comunicación, la ha emitido el Alcalde capitalino Bosco Vallarino en el Decreto 1899 que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en los mismos horarios establecidos en el decreto ut supra, pero incluye los supermercados, casinos, tiendas, restaurantes, salas de juego y hoteles y en (el 1896) que señala que estos locales podrán seguir funcionando más allá del horario establecido en la “ley zanahoria”, pero con la prohibición de la venta, expendio o distribución gratuita de bebidas alcohólicas. Estos últimos instrumentos alcaldicios no tienen validez jurídica alguna, hasta que sean promulgados en la Gaceta Oficial, al tenor de lo que dispone la Ley 38 de 2000
¿Puede el Alcalde promulgar una Ley Zanahoria?
Perfectamente, al tenor de lo que dispone el Artículo 34 de la Ley 5 de 2007
¿Puede un Gobernador sancionar a un alcalde electo, por variar o ir en contra de una orden del Ejecutivo?
No lo puede hacer, conforme reza el Artículo 47 de la Ley 106 de 1973 modificada por la Ley 52 de 1984, debido a que son los Tribunales de Justicia, los que lo pueden hacer, ante un proceso judicial instaurado. Se deja claro que la Ley 2 de 1987, con sus modificaciones, sobre las funciones de los Gobernadores, no se debe analizar de manera aislada, sino conforme a la Constitución y demás normas del Régimen Municipal, que tiene autonomía propia y separada de los demás órganos del Estado.
Lo preocupante de las decisiones promulgadas, que toman nuestros políticos, es que denotan una falta de comunicación y coherencia lógica entre ellos, en un País desprovisto de mucha población. Ojala algún día entren en cordura en beneficio de los gobernados.

UNA DE CAL Y OTRA DE ARENA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO

Por: Dr. Ernesto Cedeño Alvarado
@ernestocedeno

En hora buena por el laborioso empeño en procurar luchar para que se haga justicia en el caso del auto accidentado del IMA, A mi juicio está cumpliendo con el procedimiento para procesar a los culpables del caso.
Sin embargo, deja dudas, en el proceso por peculado culposo que los medios de información han anunciado, que ha iniciado en el caso de la adjudicación del terreno en Punta Paitilla.
Difícilmente se podrá condenar a una persona por este tipo penal, cuando ningún tribunal patrio ha decretado la nulidad por ilegal, del título dado, ¿entonces, como gravitaría la figura del peculado, si existe un principio cardinal en el derecho administrativo intitulado el De Presunción de Legitimidad, que reza que los actos administrativos se presumen válidos hasta que los tribunales digan lo contrario?
Se sabe que la adjudicación del titulo del florista es un acto administrativo y como tal debió en su momento ser demandado para su nulidad POR ILEGAL ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, tal cual lo permite el Artículo 206 constitucional. Mi criterio es que por el sólo hecho de no haber contado la adjudicación con el aval de la Contraloría General, es elemento suficiente para anular la medida. (Véase en Artículo 48 de la Ley 32, de 1984 Orgánica de la Contraloría General)
DE LO EXPUESTO ME PREGUNTO COMO CIUDADANO.
¿Sabrá el Ministerio Público proceder en un caso de bien oculto del Estado?
¿Sabrán los funcionarios del Ministerio Público, que los actos administrativos se demandan sólo, ante la Sala Tercera de la Corte?
¿Habrá el Ministerio Público, auscultado legalmente, todos los tipos penales, para seleccionar perfectamente el que encuadra en la adjudicación errónea, de un bien inmueble del Estado de dominio público?
¿Estará actuando el Ministerio Público en este caso, bajo la ignorancia inexcusable, bajo presión o con sobrado conocimiento del resultado futuro del proceso?
Finalmente expreso que mi deseo es que en este caso, se haga justicia y salga a la luz, todo lo oculto para ser exhibido y posteriormente retribuido como corresponde.

INCONGRUENCIA JURÍDICA EN LA LEY ZANAHORIA DE PANAMA

Por: Dr. Ernesto Cedeño Alvarado

Twitter@ernestocedeno

La Ley Zanahoria panameña fue concebida en el Decreto Ejecutivo No. 1424 de 9 de noviembre de 2011 y ordena a los Gobernadores la reglamentación de los cierres de los centros nocturnos y otros lugares en donde se consuman bebidas alcohólicas de domingo a miércoles hasta las 2:00 a.m. y de jueves a sábado hasta las 3:00 a.m.
Sin embargo, el instrumento jurídico citado, tiene incongruencias jurídicas que podría obstaculizar su implementación efectiva, en Panamá, como un Estado de derecho. Éstas son como siguen:

1. No se debió regular por un Decreto Ejecutivo. La ley 5 de 2007 determina en su Artículo 34 que es el Alcalde, el que puede dictar normas relativas a los horarios en los establecimientos de bebidas alcohólicas. Por tal razón, se debió haber emitido o una ley formal por la Asamblea Nacional o un Decreto Alcaldicio para precisar la ley Zanahoria en Panamá. La ley 38 de 2000 en su Artículo 35 dice que el Decreto Ejecutivo es de inferior jerarquía que una ley formal, por lo que, no la puede modificar.
2. El Decreto Ejecutivo No. 1424 exime de la aplicación de la Ley Zanahoria a ciertos lugares, (ejemplo: Hoteles) estableciendo en consecuencia, una especie de privilegio excesivo, a favor de estos.
3. El Decreto Ejecutivo No. 1424 le endilga responsabilidad a los Alcaldes, para establecer las sanciones o multas, a los negocios infractores de la Ley Zanahoria, no obstante, permitirá que un Alcalde pueda sancionar diferente en su jurisdicción que el de su homólogo, haciendo gravitar una desigualad jurídica cruel, en un País tan chico.
4. El Decreto Ejecutivo No. 1424 no dice hasta que fecha tiene un Alcalde, para regular lo de las sanciones. Existe un Limbo jurídico allí.
5. El Decreto Ejecutivo No. 1424 le da instrucciones a los Gobernadores, contrarias a lo que dispuso la Ley 5 de 2007 para los Alcaldes. Si por ejemplo, un Gobernador le diera plazo a un Alcalde para que regulara los de las sanciones, a los infractores de la Ley Zanahoria, si el no hace caso, no lo pudiera sancionar por esto, a mi juicio, ya que los Alcaldes en Panamá son electos y conforme el Artículo 47 de la Ley 106 de 1973 modificada por la Ley 52 de 1984, lo que los sancionan, por no cumplir un orden del Ejecutivo, son los Tribunales de Justicia. Se deja claro que la Ley 2 de 1987, con sus modificaciones, sobre las funciones de los Gobernadores, no se debe analizar de manera aislada, sino conforme a la Constitución y demás normas del Régimen Municipal, que tiene autonomía propia y separada de los demás órganos del Estado.

Significado de lo que es la Ley Zanahoria

En Colombia se conoce como ley zanahoria a las restricciones de horario que aplican a bares y expendios de licor a determinadas horas desde las 13:00 hasta las 16:00. Estas restricciones, las cuales han causado controversia similar a la chilena, son decretadas por las administraciones municipales o distritales.

La primera ley zanahoria, y que dio nombre a las demás restricciones, fue promulgada en 1995 en Bogotá, durante la primera administración de Antanas Mockus. Zanahoria es un término de argot colombiano para las conductas o personas sanas, generalmente usado en forma despectiva. Por lo general estas restricciones cobijan únicamente sitios públicos de expendio de alcohol, tales como licoreras, cigarrerías, bares y discotecas; así como al consumo de alcohol en la calle, y no tienen jurisdicción sobre clubes privados ni sobre el consumo en los hogares. La ley ha provocado que muchos bares y discotecas hayan cambiado así su razón social, haciéndose llamar “club” y al amparo de vacíos legales se han popularizado los “after party”, los cuales son establecimientos informales que funcionan en casas privadas, generalmente desocupadas, sin ningún tipo de publicidad…

Funete: Enciclopedia Libre WIKIPEDIA

Cuidado con las contrataciones directas del MEDUCA

Por: Dr. Ernesto Cedeño Alvarado

En la Gaceta Oficial No 26909-E del miércoles 9 de noviembre de 2011, salio publicada la Resolución de Gabinete No.176, que autoriza la contratación directa del MEDUCA con la empresa MCM GLOBAL CONSORCIO, para hacer una obra por el orden de los 11 millones. El fundamento real de la misma radica en que otrora, a esa contratista se le adjudicó el hacer El Centro Educativo de Ancón, sin embargo se le imposibilitó hacer los trabajos, debido a que el terreno presentó dificultades en torno a la salubridad y a problemas con diversas personas.
Lo que se debió haber hecho en este caso, era aplicar lo que dispone el Artículo 58 de la Ley 22 de 2006 que se aplica supletoriamente al régimen del Ministerio de Educación y que obligaba solo a compensar económicamente a la contratista por los gastos incurridos, si es el caso, pero nunca por lucro cesante o daño emergente, no obstante, se ha ejecutado un fórmula fuera de la transparencia consistente en compensar a la presunta afectada, con la realización de otra obra.
A mi juicio debió hacerse hecho el acto público de rigor, en base a lo que reza el Artículo 266 constitucional, por los mejores intereses del Estado.
Urge que el Consejo de Gabinete haga el reparo consecuente, ya que el MEDUCA está exceptuado del control previo.

Ley 22 de 2006
Artículo 58. Facultad de la entidad licitante. La entidad licitante podrá, antes de recibir propuestas, cancelar la convocatoria del acto público sin mayor fundamentación.
En caso de que se hubieran recibido propuestas, por causas de orden público o de interés social, la entidad puede rechazar todas las propuestas, sin que hubiera recaído adjudicación. Ejecutoriada la adjudicación del acto público, esta obliga a la entidad licitante y al adjudicatario; en consecuencia, el adjudicatario o contratista, según sea el caso, tendrá derecho a la formalización del contrato correspondiente, o a recibir compensación por los gastos incurridos, si la entidad licitante decidiera ejercer la facultad de rechazo de su oferta, sin haberse formalizado el contrato. El adjudicatario está obligado a mantener su propuesta y a firmar el contrato respectivo; de no hacerlo dentro del tiempo establecido en el pliego de cargos, la entidad licitante ejecutará la fianza de propuesta.
Cuando la entidad ejerza la facultad extraordinaria de rechazo de propuesta, el acto público quedará en estado de cancelado, salvo que el interesado haga uso del derecho de interponer el recurso correspondiente ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas contra el acto administrativo que declara el rechazo de la propuesta

http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26909_E/35649.pdf

LOOR AL PERIODISTA PANAMEÑO

LOOR AL PERIODISTA PANAMEÑO

PANAMEÑO ESFORZADO EN TRANSMITIR, UNA NOTICIA IMPARCIAL, PARA EL BENEFICIO DE TODA UNA COMUNIDAD.

EMPRENDEDOR TRABAJADOR QUE SE LAS INGENIA PARA BUSCAR, RECIBIR Y DIFUNDIR, LA INFORMACIÓN OPORTUNA.

RESUELTO A VENCER LOS OBSTÁCULOS, PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS.

INGENIOSO EN LA DEFENSA POR LOS DERECHOS HUMANOS.

OBJETIVO EN EL ANÁLISIS Y LA ELABORACIÓN DE LA NOTICIA, QUE DIVULGARÁ EN CONSIDERACIÓN DE LAS PERSONAS QUE CONFIAN EN ÉL.

DECIDIDO A LUCHAR POR EL DERECHO QUE TIENE TODA PERSONA A RECIBIR INFORMACIÓN.

IDEALISTA QUE PROCURA TRABAJAR EN TODO TIEMPO, MÁS POR UNA VOCACIÓN, QUE POR UN SIMPLE ESTIPENDIO.

SABEDOR CONCIENTE DE QUE LA INDEPEDENCIA DEL PERIODISTA ES TRANSCENDENTAL PARA EL BUEN DESARROLLO DE LA SOCIEDAD.

TENAZ FISCALIZADOR DEL MANEJO DE LA COSA PÚBLICA EN PANAMÁ.

ABNEGADO SERVIDOR QUE CREE QUE EL DERECHO A LA INFORMACIÓN, ES NECESARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA.

Autor: Dr. Ernesto Cedeño Alvarado
@ernestocedeno

LAS CAUSAS CONCERNIENTES A LA LEY DE MEDICAMENTOS, NO SERÁN DE COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.

LAS CAUSAS CONCERNIENTES A LA LEY DE MEDICAMENTOS, NO SERÁN DE COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.
 
En recientes resoluciones del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, (No. 083-2011 y No. 084-2011) este ente se ha estado inhibiendo de conocer de los recursos de impugnación, promovido por empresas afectadas en contra de la CSS por actos públicos celebrados, fundamentados en la ley de medicamento. El Tribunal dijo que: “Frente a ese escenario, este Tribunal debe acotar que si bien la Caja de Seguro Social dispuso el procedimiento de la Ley 51 de 2005, para el acto público en marras, no se puede soslayar el hecho de la especial aplicación de la Ley 1 de 2001, para la adquisición de medicamentos, insumos y equipos médicos por parte de la Caja de Seguro Social, que se incluyó con las últimas reformas que recibió la Ley 22 de 2006, norma posterior, que regula la Contratación Pública; y que nos encontramos ante normas de igual jerarquía, cada una en su respectiva especialidad, una en contratación pública, y otra en medicamentos.

Siendo la resolución recurrida, vía recurso de impugnación un acto de selección de contratista, y dicho recurso de los que agota la vía gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 38 del artículo 2 del texto único de la ley 22 de 28 de diciembre de 2006, interpretamos que lo viable en el presente caso es que el interesado recurra directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa, por lo tanto este Tribunal administrativo se inhibe de conocer el recurso de impugnación.