Archive en diciembre 2011

LO BUENO, LO MALO Y LO FEO, DE LAS REFORMAS ELECTORALES

LO BUENO, LO MALO Y LO FEO, DE LAS REFORMAS ELECTORALES

Por: Dr. Ernesto Cedeño Alvarado
Doctor en Derecho
@ernestocedeno
www.abogado@ernestocedeno.com

Un paquete de reformas electorales fue aprobado en la Asamblea Nacional de Panamá, en primer debate. Los debates se reanudarán en los próximos días en el hemiciclo legislativo.
Acto seguido, plasmo algunos puntos de relevancia, de las reformas.

LO BUENO

1. Se ajusto en alguna medida, el procedimiento para la libre postulación a los cargos presidenciales.
2. El Tribunal Electoral conforme al artículo 43 del proyecto de ley aprobado, quedaría obligado a promover y a reglamentar dos debates presidenciales televisados en cadena nacional, el primero dentro de los quince días siguientes al cierre de las postulaciones, y el segundo quince días antes de las elecciones, los cuales se transmitirían, sin costo alguno por parte de los medios.
3. Se introduce el concepto del Voto Adelantado para amparar: el voto de los panameños desde el exterior, el de los privados de libertad, el de los miembros de la Fuerza Pública, Cuerpo de Bomberos, Sistema Nacional de Protección Civil y los discapacitados, ya que por el giro de sus funciones se han visto limitados para el ejercicio del sufragio.
4. Se incluye a los tesoreros municipales, entre aquellos que deben renunciar a sus cargos, siempre y cuando opten por un cargo dentro del mismo distrito en donde ejercen funciones.
5. El Tribunal Electoral tendría la obligación de ejecutar programas de educación cívica electoral, dirigidos al sistema educativo, en coordinación con las respectivas autoridades, y a la sociedad en general, con el objetivo de promover los valores democráticos.
6. Se reconoce el Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, al Foro Nacional de Juventudes de Partidos Políticos y al Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, como organismos de consulta permanente ante el Tribunal Electoral.
7. Se prohíbe la campaña sucia, entendiendo por ella la que ofenda la dignidad humana, incurra en el uso de diatribas, irrespeto, calumnia, injuria o promueva la violencia o atente contra la Constitución Política y las leyes.

LO MALO

1. No se consagra la filosofía de cada votante un voto, ya que se permite el voto en plancha a la lista del partido que puede tener varios candidatos.
2. Se aprobó la segunda vuelta electoral, en primer debate, sin haber pasado primero el tema, por el estudio de la Comisión de Reformas Electorales. Con esto la Junta Nacional de Escrutinio proclamará como Presidente y Vicepresidente de la República, a los candidatos que aparezcan en las boletas de votación que obtengan el cincuenta por ciento más uno de los votos válidos emitidos. En caso de que dos o más partidos postulen a los mismos candidatos, se sumará el total de votos obtenidos por los respectivos partidos. En caso que ninguna de las candidaturas a Presidente y Vicepresidente de la República, obtuviese más del cincuenta por ciento más uno de los votos válidos emitidos, se realizará una segunda votación, el quinto domingo posterior a la primera elección entre las dos candidaturas que hubieran obtenido el mayor número de votos válidos.
3. Para las postulaciones se elimino el sistema de alternancia de género en la lista de candidaturas de tal forma que personas de un mismo sexo no iban a estar consecutivas en la lista. Ocuparía el primer lugar quien hubiese resultado con más votos según el mecanismo de postulación respectivo y el segundo lugar la persona más votada del otro sexo, manteniendo la alternancia hasta agotar la lista.
4. Mantuvo el porcentaje del 4% de los votos emitidos para sobrevivir un partido político, en vez del 2% sugerido por la Comisión Revisora del código electoral.

LO FEO

1. Que sólo podrán ser firmantes o adherentes, según el caso, a las candidaturas de libre postulación para Presidente y Vicepresidente de la República, cualquier elector que no esté inscrito en partido político existente o en formación. No obstante, para los otros puestos de elección, no existe esta limitación. Esto es inconstitucional.
2. Cuando en un circuito plurinominal, una lista tenga derecho a una o más curules de Diputados, se declararán electos los candidatos en el orden en que aparezcan en la boleta de votación. Para esos efectos, en dicha boleta se colocarán los nombres de los candidatos, en el orden en que hayan sido postulados. Esto es inconstitucional ya que el elector no puede elegir directamente al candidato de su agrado. Vota por la lista del partido.
3. Se eliminó la sección del financiamiento privado que tenia el proyecto de reforma, que ponía un tope al financiamiento privado y permitía la fiscalización ciudadana a los fondos dados.
4. La inscripción de los adherentes a las candidaturas por libre postulación, se hará solamente en puestos estacionarios.
5. Se le impone al candidato que pretenda ejercer la libre postulación para Diputado, Alcalde, Concejal y Representante, la obligación de obtener en el circuito, distrito o corregimiento, según corresponda, un mínimo de uno por ciento de adherentes a la candidatura, conforme al total de votos válidos emitidos en la última elección, según el cargo al que se aspira. Esto es un gran obstáculo.

El cambio del salario mínimo en Panamá

Por. Dr. Ernesto Cedeño Alvarado.
Doctor en Derecho
@ernestocedeno

El salario mínimo constituye la cantidad menor en dinero que debe pagar el empleador al trabajador, fijado por unidad de tiempo para la región, actividad o profesión de que se trate.

El sistema que priva en Panamá, a mi juicio es anacrónico, ya que no esta satisfaciendo, los mejores intereses de los que menos tienen aquí.

¿Como se plasma en nuestro país?

El código laboral lo dice.

ARTÍCULO 174.
El salario mínimo será fijado periódicamente, por lo menos cada dos años, atendiendo a la recomendación de la Comisión Nacional de Salario Mínimo y por decreto del Órgano Ejecutivo.

En la práctica, a falta de acuerdo entre los integrantes de la Comisión en cuestión, en torno a las propuestas, que hacen los empresarios y los trabajadores, lo fija el Órgano Ejecutivo. No obstante, muchos empresarios comienzan a subir los precios de sus artículos, por aquello de la libre oferta y demanda, sin control, haciendo insuficiente la medida decretada.

¿Qué hacer para mitigar este flagelo, inmediatamente?

Precisar un salario mínimo, estableciendo de igual modo, una regulación de precios, únicamente, para los artículos de primera necesidad; fundamentado en el Artículo 284 numeral 1 de la Constitución panameña.

ARTICULO 284. El Estado intervendrá en toda clase de empresas, dentro de la reglamentación que establezca la Ley, para hacer efectiva la justicia social a que se refiere la presente Constitución
y, en especial, para los siguientes fines:
1. Regular por medio de organismos especiales las tarifas, los servicios y los precios de los artículos de cualquier naturaleza, y especialmente los de primera necesidad.

¿Qué hacer a largo plazo para poder mejorar el sistema?

Iniciar un diálogo nacional, tendiente a determinar la mejor fórmula, para definir de mejor modo, el salario mínimo, a través de la adopción de otra vía idónea, entre varias opciones a ponderarse, entre las cuales pudieran estar, las siguientes:

1. Una ley general de salarios y sueldos. Norma que pudiera regir los destinos del sector público y privado, señalándose en ella; la escala salarial, el sistema de bonificación; de aumento salarial; el ente que administrará el sistema, etc.
2. Una ley sobre Indexación Salarial. Instrumento que permitirá el ajuste de los ingresos de un sector de la población, con base en el porcentaje oficial de aumento de la taza inflacionaria de los productos de la canasta básica familiar, con que haya culminado el año fiscal anterior. Aquí los ajustes en los salarios serían automáticos, a partir de una fecha posterior a la que el organismo viable, precise el porcentaje oficial del aumento de la taza inflacionaria de los productos de la canasta básica.
3. Un sistema mixto en donde el Órgano Ejecutivo u otra Comisión, fije el salario mínimo, sin embargo, haya una indexación automática, hasta un cierto nivel de inflación, pero si la inflación supera ese nivel, se indexa un porcentaje y el exceso se negocia en diálogo entra las partes.
4. Un sólo salario mínimo para la población en general, salvo excepciones de acuerdo a algunos oficios y profesiones.

En fin, se pudieran ensayar, varias ideas para fijar el salario mínimo legal, pero lo ideal es motivar un cambio oportuno y radical al que ya tenemos, debido a que el de hoy, no permite que lleguen los beneficios del nivel de inversión, con estabilidad, a los más desposeídos en Panamá.

Argentina limita la compra de tierras por empresas y Gobiernos extranjeros

EL PAIS
Alejandro Rebossio Buenos Aires 23 DIC 2011 – 21:12 CET

Argentina limita la compra de tierras por empresas y Gobiernos extranjeros

La presidenta de Argentina, la peronista Cristina Fernández de Kirchner, quiere limitar las compras de tierras por parte de Estados, empresas y personas extranjeras. El Senado aprobó el jueves, casi por unanimidad, con el apoyo de la mayoría de la oposición, una ley que impedirá que los extranjeros posean más del 15% del territorio de Argentina, el octavo país más extenso del mundo y uno de los más ricos en producción de alimentos y reservas de aguas.
Un reciente informe de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO, en sus siglas en inglés) había advertido hace unas semanas sobre la creciente concentración y extranjerización de las tierras en Latinoamérica. El documento señalaba que China, Arabia Saudí, Catar y Corea del Sur han empezado a comprar o alquilar propiedades en Argentina y Brasil para asegurarse la producción de alimentos.
Brasil ya había reaccionado ante esta situación con una ley que limitó la propiedad extranjera de tierras. Ahora lo hace Argentina. La FAO calcula que el 10% del territorio argentino ya se encuentra en manos de capitales foráneos. La nueva norma no afecta a las compras ya realizadas, sino a las futuras. Los Estados interesados en quedarse con fincas argentinas deberán limitar sus adquisiciones y buscar otros países, aunque no todos son tan fértiles como Argentina, o resignarse a comprarle los alimentos como cualquier otro actor en el mercado mundial de las materias primas. Uruguay también analiza estos días poner límites a la compra de tierras por parte de Estados extranjeros.

EL CONTRATO ENTRE LA CSS CON EMPRESAS DEL IBT GROUP, PODRÍA VIOLAR PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES.

EL CONTRATO ENTRE LA CSS CON EMPRESAS DEL IBT GROUP, PODRÍA VIOLAR PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES.

Por: Dr. Ernesto Cedeño Alvarado

Hoy es noticia que la CSS pretende contratar con un consorcio entre los cuales está un núcleo de IBT Group, para el suministro de equipos y servicios de hemodiálisis, construcción de centros etc.
El problema principal radica en verificar la aseveración que ha salido en los medios de comunicación social que afirman que IBT Group enfrenta denuncias por problemas en sus proyectos en República Dominicana e Islas Vírgenes, entre otros países.
Si esto es cierto, Panamá (CSS) no debe contratar con ese grupo hoy, toda vez que podría estar violando el Artículo 266 constitucional, que ordena a buscar en toda la licitación, el mayor beneficio para el Estado.
ARTÍCULO 266.
—–
La ley establecerá las medidas que aseguren en toda licitación el mayor beneficio para el Estado y plena justicia en la adjudicación.
La Corte Suprema definió lo que se debe considerar como “mayor beneficio para el Estado” y asevera que el contratar con empresas sin credenciales de seriedad, rompe con ese principio.
“El mayor beneficio para el Estado debe ser apreciado no sólo desde la perspectiva del más bajo costo posible sino también de la mejor calidad en cuanto a la obra, bien o servicio de que se trate. Igualmente, ese mayor beneficio que el Constituyente quiere que se alcance a través del trámite de selección de contratista, del cual, se repite, la licitación es sólo una de sus modalidades, debe permitir la escogencia objetiva de la mejor oferta, hecha por proponentes calificados con credenciales de seriedad y cumplimiento para asegurar las condiciones más beneficiosas al interés general.” (Las subrayas son mías) (Resolución del 27 de abril de 2009. Entrada No. 172-08, Sala Tercera)
El hecho de que una empresa esté sumida en denuncias, por la ejecución de sus proyectos, en diversos países, le resta seriedad a su credencial de oferente, idónea para participar, al menos en este país, en una contratación pública.
Si la CSS se empeña en seguir con la tramitación y contrata con la prenombrada y ésta incumple el contrato firmado, la fianza que siempre existe en estos contratos, no garantizará el 100% de los defectos y perjuicios producidos, en consecuencia, el Estado se podría quedar afectado de manera irremediable, por esta causa.
¿Si la Corte ya definió el concepto constitucional consabido, por que los ciudadanos deseamos contradecirlo?

La ley 22 se le aplica a los contratos de radares

Señor ministro José Raúl Mulino

Los medios de comunicación han publicado que usted dijo que la ley 22 de 2006, de contratación pública, no se le aplica a los contratos de radares y demás. Por este medio le aclaro que la ley 22 de 2006 si se le aplica a todos los contratos, por las razones siguientes.
1. Si tomáramos como cierto que se está contratando entre Estados, el artículo 6 ibidem, dice que la normativa contractual de Panamá si se le aplica de manera supletoria, cuando no existe disposición escrita foránea. Y en el caso en cuestión no existe publicada la foránea.
Artículo 6. Contratos financiados por organismos internacionales de crédito o por gobiernos extranjeros. En las contrataciones para la ejecución de obras y la adquisición de bienes, servicios o asesorías, servicios técnicos o de consultoría, podrán incorporarse las normas y los procedimientos previstos en los contratos de préstamos con organismos financieros internacionales o con gobiernos extranjeros, en cuyo caso se aplicará esta Ley en forma supletoria.
Los pliegos de cargos y demás documentos de las licitaciones para la ejecución de obras y la adquisición de bienes o servicios adquiridos con fondos provenientes de los contratos de préstamo se elaborarán tomando en cuenta lo dispuesto en este precepto.
2. Se está contratando con empresas y no con Estados, en el encabezado de los contratos, entonces rige directo la ley 22 de 2006, sobre contratación pública
Artículo 1. Ámbito de aplicación. Esta Ley establece las reglas y los principios básicos de obligatoria observancia que regirán los contratos públicos que realicen el Gobierno Central, las entidades autónomas y semiautónomas, los municipios, la Caja de Seguro Social, los intermediarios financieros y las sociedades anónimas en las que el Estado sea propietario del cincuenta y uno por ciento (51%) o más de sus acciones o patrimonio, así como los que se efectúen con fondos públicos o bienes nacionales para:
1. La adquisición o arrendamiento de bienes por parte del Estado,
2. La ejecución de obras públicas.
3. La disposición de bienes del Estado, incluyendo su arrendamiento.
4. La prestación de servicios.
5. La operación o administración de bienes.
6. Las concesiones o cualquier otro contrato no regulado por ley especial.

3. Las cláusulas, Vigésima segunda y Vigésima tercera, de los dos contratos dicen que se les esta aplicando a los mismos, la ley panameña y no la foránea.
Por lo expuesto urge que haga cambios, en sus asesores ya que desconocen el derecho patrio.

La ley 22 se le aplica a los contratos de radares

Señor ministro José Raúl Mulino

Los medios de comunicación han publicado que usted ha dijo que la ley 22 de 2006, de contratación pública, no se le aplica a los contratos de radares y demás. Por este medio le aclaro que la ley 22 de 2006 si se le aplica a todos los contratos, por las razones siguientes.
1. Si tomáramos como cierto que se está contratando entre Estados, el artículo 6 ibidem, dice que la normativa contractual de Panamá si se le aplica de manera supletoria, cuando no existe disposición escrita foránea. Y en el caso en cuestión no existe publicada la foránea.
Artículo 6. Contratos financiados por organismos internacionales de crédito o por gobiernos extranjeros. En las contrataciones para la ejecución de obras y la adquisición de bienes, servicios o asesorías, servicios técnicos o de consultoría, podrán incorporarse las normas y los procedimientos previstos en los contratos de préstamos con organismos financieros internacionales o con gobiernos extranjeros, en cuyo caso se aplicará esta Ley en forma supletoria.
Los pliegos de cargos y demás documentos de las licitaciones para la ejecución de obras y la adquisición de bienes o servicios adquiridos con fondos provenientes de los contratos de préstamo se elaborarán tomando en cuenta lo dispuesto en este precepto.
2. Se está contratando con empresas y no con Estados, en el encabezado de los contratos, entonces rige directo la ley 22 de 2006, sobre contratación pública
Artículo 1. Ámbito de aplicación. Esta Ley establece as reglas y los principios básicos de obligatoria observancia que regirán los contratos públicos que realicen el Gobierno Central, las entidades autónomas y semiautónomas, los municipios, la Caja de Seguro Social, los intermediarios financieros y las sociedades anónimas en las que el Estado sea propietario del cincuenta y uno por ciento (51%) o más de sus acciones o patrimonio, así como los que se efectúen con fondos públicos o bienes nacionales para:
1. La adquisición o arrendamiento de bienes por parte del Estado,
2. La ejecución de obras públicas.
3. La disposición de bienes del Estado, incluyendo su arrendamiento.
4. La prestación de servicios.
5. La operación o administración de bienes.
6. Las concesiones o cualquier otro contrato no regulado por ley especial.

3. Las cláusulas, Vigésima segunda y Vigésima tercera, de los dos contratos dicen que se les esta aplicando a los mismos, la ley panameña y no la foránea.
Por lo expuesto urge que haga cambios, en sus asesores ya que desconocen el derecho patrio.

CIDH PRESENTA INFORME SOBRE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LAS MUJERES

CIDH PRESENTA INFORME SOBRE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LAS MUJERES

Washington, D.C., 19 de diciembre de 2011 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica hoy el Informe El trabajo, la educación y los recursos de las mujeres: la ruta hacia la igualdad en la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales.

La CIDH ha observado en el pasado que en materia de derechos económicos, sociales y culturales, la discriminación contra las mujeres se sigue reflejando en el mercado de trabajo, su acceso limitado a la seguridad social, las altas tasas de analfabetismo de mujeres y niñas en comparación con los hombres, la grave situación de pobreza y exclusión social que las afecta, y las reducidas oportunidades de participación existentes para mujeres indígenas y afrodescendientes, entre otros temas.

El informe que hoy publica la Comisión parte de la premisa de que la discriminación contra las mujeres en la región aún se encuentra engranada en desigualdades e inequidades estructurales entre hombres y mujeres. Estos problemas imperan de forma persistente en todos los sectores sociales, incluyendo los ámbitos de la economía, la educación, el trabajo, la salud, la justicia, y la toma de decisiones. En muchas partes de la región, las mujeres tienen menores posibilidades que los hombres de satisfacer necesidades básicas, tales como la alimentación, el acceso a vivienda, y a servicios de salud especializados, siguen particularmente expuestas a formas de violencia física y sexual, y tienen opciones limitadas de obtener un trabajo decente y de incidir en la agenda pública de sus países. Los Estados miembros de la OEA han reconocido en procesos regionales e internacionales que la pobreza afecta de forma particular a las mujeres, en todas sus manifestaciones, y que su acceso desigual e inequitativo a los recursos económicos continúa siendo un obstáculo para la promoción y protección de todos sus derechos humanos.

La Comisión ha identificado tres ámbitos en particular en donde se manifiestan formas de discriminación contra las mujeres en el ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales; el trabajo, la educación y esferas relacionadas a su acceso y control de recursos económicos. La garantía de estos derechos tiene un efecto multiplicador en el ejercicio de todos los derechos de las mujeres. La CIDH considera que una primera aproximación al problema de la discriminación, desde el punto de vista de estos tres ámbitos, puede abrir la puerta para un análisis más integral y abarcador por parte del sistema interamericano, de los factores que aún obstaculizan el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres.

Las recomendaciones contenidas en el informe se relacionan con el diseño de intervenciones y medidas estatales destinadas a garantizar el ejercicio de las mujeres de su derecho al trabajo, a la educación y a su acceso y control de recursos económicos en condiciones de igualdad y libre de toda forma de discriminación.

La elaboración de este informe es el resultado de un proceso de recopilación y análisis de información que se realizó con el apoyo financiero del gobierno de España.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

http://www.cidh.oas.org/pdf%20files/mujeresdesc2011.pdf

DEBE LIMITARSE LA EXTRANJERIZACIÓN DE TIERRAS EN PANAMÁ

Por: Dr. Ernesto Cedeño Alvarado
@ernestocedeno

Países como Brasil, Canadá, EE.UU y Argentina, para dar algunos ejemplos, han comprendido que debe limitarse la extranjerización de tierras, no con un ánimo xenófobo, ni para discriminar a los extranjeros, sino para buscar la preservación de un recurso que es estratégico y no renovable para los nacionales.

Recientemente en Argentina se aprobó la idea comentada que establece que el porcentaje de tierras en poder foráneo no deberá superar el 15 por ciento del territorio nacional y que los extranjeros no podrán comprar más de mil hectáreas por región. Además, según el texto aprobado, que no prevé retroactividad y por tanto no vulnera derechos adquiridos, de ese 15 por ciento total no podrá haber más del 30 por ciento en manos de “personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad”.

En Panamá debiera haber similar tesis, en proporciones guardadas, de acuerdo a nuestra extensión territorial y población, como ideal, para conservar nuestra identidad, valores, cultura, folclore, patriotismo y sobre todo, para dotarle al nacional, finalmente, uno de los principales recursos en el mundo presente y futuro: La Tierra.

Reconozco que poco es lo que valoran, los políticos criollos, la identidad panameña y por eso no tienen suficiente, visión patriótica de futuro, en este concepto.

Algunos síntomas que evidencian, una crisis de identidad en Panamá.

1. La poca efervescencia que existe para celebrar, hoy, nuestras efemérides patrias en la población. Otrora, cuando se cantaba el himno nacional, se prohibía la circulación de autos, el caminar de las personas, de igual forma se obligaba a cantar el himno nacional a los estudiantes en las escuelas, etc. Hoy estas prácticas, ya casi son un mito.
2. La proliferación de celebraciones de fiestas foráneas, en Panamá.
3. Las abundantes regularizaciones extraordinarias de extranjeros en Panamá, que se hacen en contradicción, del verdadero sentido y alcance de las leyes migratorias.
4. El otorgamiento de permisos especiales laborales, a extranjeros regularizados extraordinariamente, al margen de lo que dispone la Constitución Política y el Código de Trabajo.
5. La aceptación política, de muchos, hacia la promulgación de leyes como la de la ANATI y la de titulación de terrenos cercanos a islas y costas, que aunque en su filosofía es plausible (dotar de tierra al pobre) el resultado final es desastroso, toda vez que hace posible que extranjeros se apropien, por su poder adquisitivo, de los terrenos valiosos de la población, a valor irrisorio.

¿Que vamos hacer como Nación hoy, para hacer viable que los panameños que nazcan en el futuro, puedan tener un pedazo de tierra, en Panamá?

La respuesta, en primera instancia, la tienen nuestros políticos, que deberán legislar lo propio, y por otro lado, nosotros, los electores, que somos los que escogemos, a nuestros gobernantes, en elecciones populares.

¡Paisano mío panameño tu siempre respondes si, aprende a decirle no a lo que dices si¡

DEBE LIMITARSE LA EXTRANJERIZACIÓN DE TIERRAS EN PANAMÁ

Por: Dr. Ernesto Cedeño Alvarado
@ernestocedeno

Países como Brasil, Canadá, EE.UU y Argentina, para dar algunos ejemplos, han comprendido que debe limitarse la extranjerización de tierras, no con un ánimo xenófobo, ni para discriminar a los extranjeros, sino para buscar la preservación de un recurso que es estratégico y no renovable para los nacionales.

Recientemente en Argentina se aprobó la idea comentada que establece que el porcentaje de tierras en poder foráneo no deberá superar el 15 por ciento del territorio nacional y que los extranjeros no podrán comprar más de mil hectáreas por región. Además, según el texto aprobado, que no prevé retroactividad y por tanto no vulnera derechos adquiridos, de ese 15 por ciento total no podrá haber más del 30 por ciento en manos de “personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad”.

En Panamá debiera haber similar tesis, en proporciones guardadas, de acuerdo a nuestra extensión territorial y población, como ideal, para conservar nuestra identidad, valores, cultura, folclore, patriotismo y sobre todo, para dotarle al nacional, finalmente, uno de los principales recursos en el mundo presente y futuro: La Tierra.

Reconozco que poco es lo que valoran, los políticos criollos, la identidad panameña y por eso no tienen suficiente, visón patriótica de futuro, en este concepto.

Algunos síntomas que evidencian, una crisis de identidad en Panamá.

1. La poca efervescencia que existe para celebrar, hoy, nuestras efemérides patrias en la población. Otrora, cuando se cantaba el himno nacional, se prohibía la circulación de autos, el caminar de las personas, de igual forma se obligaba a cantar el himno nacional a los estudiantes en las escuelas, etc. Hoy estas prácticas, ya casi son un mito.
2. La proliferación de celebraciones de fiestas foráneas, en Panamá.
3. Las abundantes regularizaciones extraordinarias de extranjeros en Panamá, que se hacen en contradicción, del verdadero sentido y alcance de las leyes migratorias.
4. El otorgamiento de permisos especiales laborales, a extranjeros regularizados extraordinariamente, al margen de lo que dispone la Constitución Política y el Código de Trabajo.
5. La aceptación política, de muchos, hacia la promulgación de leyes como la de la ANATI y la de titulación de terrenos cercanos a islas y costas, que aunque en su filosofía es plausible (dotar de tierra al pobre) el resultado final es desastroso, toda vez que hace posible que extranjeros se apropien, por su poder adquisitivo, de los terrenos valiosos de la población, a valor irrisorio.

¿Que vamos hacer como Nación hoy, para hacer viable que los panameños que nazcan en el futuro, puedan tener un pedazo de tierra, en Panamá?

La respuesta, en primera instancia, la tienen nuestros políticos, que deberán legislar lo propio, y por otro lado, nosotros, los electores, que somos los que escogemos, a nuestros gobernantes, en elecciones populares.

¡Paisano mió panameño tu siempre respondes si, aprende a decirle no a lo que dices si¡

Observaciones al contrato de helicópteros

COMENTARIO AL CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL ESTADO (Ministerio de Seguridad) Y LA EMPRESA AGUSTA S.p.A.
 
Lic. José Raúl Mulino, me dirijo a usted respetuosamente y le solicito que pondere la posibilidad de motivar una reforma al Contrato No. DA-044-2010 para el suministro y financiamiento de seis helicópteros y capacitación de pilotos y técnicos de mantenimiento, por lo siguiente:
Eliminar el pago de anticipo por más de 11 millones de euros que debe dar el Estado, precisamente por que un aspecto del objeto del contrato es buscar el financiamiento.
El contrato incluye la capacitación de pilotos y técnicos pero no aparece ninguna cláusula que hable al respecto, sólo la primera que hace referencia a las especificaciones técnicas presentadas en la propuesta que no se ha subido a la Web. Si en la propuesta se define con claridad meridiana, el aparte de la capacitación y sus generalidades, estaría saldado el problema. En la mayoría de los contratos se consignan en las cláusulas contractuales.
Del encabezado del contrato se intuye que al parecer no consta inscrita la empresa en el Registro Público de Panamá como debió estarlo, antes de la firma del contrato, tal cual lo ordena el Decreto Ejecutivo No. 366 en su Artículo 26.
La cláusula tercera in fine, pareciera permitir el aumento de los costos en contra del Estado, aún por causas imputables al contratista y podría ser esto, un grave error.
El término “otros gastos de importación” que deberá cubrir el Estado como pago adicional, en la cláusula cuarta y vigésima cuarta, es muy amplio y podría entrar en él, otros rubros fuera del estricto pago de un impuesto de introducción a que se obliga el Estado.
En la cláusula octava no se sabe en que consistirá el “apoyo para la obtención de visas para extranjeros” que se está obligando el Estado.
En la cláusula décima cuarta, con aquello de la Licencia de Exportación,  pareciera restringir de manera absurda y descarada, la libre disposición de los bienes comprados y pagados por el Estado panameño, cuenta habida, que para ello requeriría, de la autorización expresa del gobierno italiano.