Archive en mayo 2012

LA SUSPENSIÓN DE LA LEY DE LAS AGENCIAS DE SEGURIDAD PRIVADA

Con buenos ojos se recibe la iniciativa del Consejo de Gabinete de promover una ley que suspenda los efectos de la Ley No. 56 de 2011, que regula los servicios privados de seguridad, ante el clamor popular. Excelente que se haya retrocedido satisfactoriamente, en una decisión tomada, no obstante, seria propicia la ocasión para afinar y depurar, si es posible, el equipo de asesores gubernativos, toda vez que revisando el proyecto de Ley No. 208 (hoy Ley 56 de 2011) presentado por Alejandro Garúz, el 7 de septiembre de 2010, y que reposa en la página web de la Asamblea Nacional, me percato que casi todos los puntos conflictivos, estaban recogidos desde el momento en que se presentó el instrumento a la Asamblea, para el primer debate.

Sin embargo, el capitulo identificado como de los contratos y las tarifas y en donde esta lo de la tarifa exorbitante para las agencias de seguridad privada, la regulación de los dividendos, las multas a las personas que contratan con las agencias, por debajo de la tarifa aprobada por el gobierno, fueron incorporados en el primer debate, por los diputados HERNAN DELGADO, LEANDRO AVILA, RUBÉN DE LEÓN Y LOS SUPLENTES DE LOS DIPUTADOS JORGE IVAN ARROCHA Y TITO RODRIGUEZ.

PANAMA, SIN UNA POLÍTICA MIGRATORIA DEFINIDA

Mientras que Brasil, inspirada en el modelo que aplican Canadá y Australia, adopta una política de inmigración selectiva, para los profesionales extranjeros, altamente calificados, propiciando así una “fuga de cerebros”; en Panamá, no se sabe aún, a que estamos apostando.

Panamá le ha abierto las puertas a los menesterosos foráneos, para luego regularizarlos extraordinariamente, en donde ni siquiera, tienen que probar per se, su solvencia económica, por que no la tienen. Ejemplo los IX procesos denominados “Panamá Crisol de Razas”.

De igual forma ha debilitado la fiscalización migratoria, permitiendo, que nacionales de 39 países entren, a sus anchas, sin visa a Panamá, independientemente, de que tengan o no, recursos económicas para invertir. Ejemplo. Decreto Ejecutivo No. 380 de 2012.

Sin embargo, también impulsa que extranjeros con recursos de 22 o más países se establezcan aquí, para invertir. Ejemplo. Decreto Ejecutivo No. 343 de 2012.

Esta falta de definición migratoria, producirá a corto o a mediano plazo, lo siguiente:

1. Que colapse el sistema de salud, por la atención a los menesterosos foráneos.
2. Que haya una competencia desleal laboral del extranjero, hacia el nacional panameño.
3. Que nuestras tradiciones se vayan perdiendo, para abrirle paso a las fiestas y costumbres extranjeras.
4. Que se vayan practicando, nuevas figuras delictivas.
5. Que se vaya aumentando el alto costo de la vida, producto de servicios, que el panameño no podrá pagar, fácilmente, pero algunos extranjeros si. Ejemplo. El empleo doméstico.
6. Que muchas tierras vayan siendo de propiedad de extranjeros, sin limitación alguna. Argentina, Brasil etc., ya han puesto límites para la extranjerización de tierras, por efecto del agro, ganadería y otras actividades.
7. Que aumente la población en el país, pero no por los nacimientos de nativos, sino por la afluencia extranjera.

Por lo antes expuesto, urge una definición seria y clara sobre lo que queremos como país, misma que debiera ser explicada, y hasta consultada con los nacionales panameños. Panamá es de todos y no de pocos.

BALANCE DE LA NUEVA LEY DE LAS AGENCIAS DE SEGURIDAD O SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

El 30 de mayo de 2012, entrará regir en Panamá, la Ley 56 de 2011, que regula los servicios privados de seguridad. ¿Cuál es el balance del mismo?
POSITIVO.

1. Todo el que aspire a trabajar en una agencia de seguridad, debe contar con una idoneidad que da el Estado para el puesto.
2. Nadie con antecedentes penales, podrá laborar en una agencia de seguridad.
3. Solo podrán ejercer las actividades de seguridad privada, las empresas autorizadas por el gobierno.
4. Las empresas de seguridad privada, deberán llevar un registro semanal de los días laborados de sus trabajadores, el cual debe ser reportado a la CSS.
5. Las empresas de seguridad, solo podrán celebrar contratos de trabajo con agentes debidamente capacitados.
6. Habrá un organismo estatal, que realizará auditorias a las dependencias, instalaciones, etc., de las empresas de servicios de seguridad privada.
7. Habrá sanciones ejemplares a las agencias de seguridad, que violen la ley.

NEGATIVO

1. Los servicios de portería o conserjería, podrá realizarlos solo las agencias de seguridad. Esto encarecerá todo y podrá crear inseguridad por falta de contratación de trabajadores.
2. Las escoltas o custodios de los vehículos comerciales, solo lo podrán hacer las agencias de seguridad.
3. La actividad de custodia y seguridad a las instituciones del Estado, y hasta en las entidades diplomáticas, solo lo podrán ofrecer los servicios privados de seguridad.
4. Las empresas de seguridad, apoyarán a la fuerza pública, con el fin de atender casos de calamidad pública, sin perjuicio de los servicios contratados. La ley no define qué es calamidad pública, por lo que es peligroso esto, porque podrían estar realizando labores inherentes a la Policía, indelegables por Constitución.
5. Ningún miembro, separado, de la Fuerza Pública y en otros estamentos de seguridad, podría prestar servicio en la seguridad privada. Esto es discriminatorio.
6. Las escoltas privadas, deberán ser de agencias de seguridad privada, excepto los que custodian a las autoridades públicas.
7. Las personas que contraten servicios de seguridad, con tarifas más bajas de las establecidas por el Gobierno Nacional, serán multadas hasta por B/. 3,000.00.
8. Las empresas de seguridad privada, cobrarán como tarifa mínima para la seguridad de 24 horas, el monto correspondiente a la sumatoria de 8.6 salarios mínimos legales mensuales vigentes de un agente de seguridad, más un mínimo de un 15% de dicha sumatoria, para gastos administrativos.
9. El gobierno con esta ley, impone medidas que colisionan con el derecho interno, que tiene una persona o un propietario de un bien propio.

NUEVA LEY DE LAS AGENCIAS DE SEGURIDAD O SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

El próximo 30 de mayo de 2012, entrará regir en Panamá, la Ley 56 de 2011, que regula los servicios privados de seguridad. ¿Que provocará? 1. Que los servicios de portería o conserjería, podrá realizarlos solo las agencias de seguridad. Esto encarecerá los gastos de mantenimiento en los PH y podrá crear mayor inseguridad en el País, por que en algunos edificios, no se podrá contratar este servicio. (Art.2) 2. Las escoltas o custodios de los vehículos comerciales, solo lo podrán hacer las agencias de seguridad. Excluye a los policías, fuera de servicio y al personal de la empresa, capacitado. (Art.2) 3. La actividad de custodia y seguridad a las instituciones del Estado, solo lo podrá ofrecer los servicios privados de seguridad. Hay entes públicos que han capacitado a su personal en este menester. Habrá desempleo por esta medida, en el futuro. Podría haber un negociado con la medida. (Art.2) 4. Las empresas de seguridad, apoyarán a la fuerza pública, con el fin de atender casos de calamidad pública, sin perjuicio de los servicios contratados. (Art. 25) ¿Qué es calamidad pública? No se define en la normativa. Es peligroso esto, porque podrían estar realizando labores inherentes a la Policía, indelegables por Constitución. 5. Ningún miembro, separado, de la Fuerza Pública y en otros estamentos de seguridad, podría prestar servicio en la seguridad privada. Esto es discriminatorio. (Art. 29). 6. Las escoltas privadas, deberán ser de agencias de seguridad privada, excepto los que custodian a las autoridades públicas. Los que escoltan a los expresidentes, cesarán en sus puestos, por ende. (Art. 41). 7. La seguridad privada no podrá negarse a prestar auxilio o colaboración a la Fuerza Pública o a entes de seguridad pública, en la investigación de actos delictivos, en el descubrimiento y detención de los delincuentes o en la realización de las funciones inspectoras o de control que le corresponde. ¿Será acaso que se les está habilitando para reprimir al manifestante? Peligroso (Art. 67). 8. La administración de un PH, que desee contratar servicios de seguridad privada deberá solicitar, previo al contrato, una copia del resuelto de operaciones de la DIASP que autoriza la actividad, so pena de una multa alta. (Art. 85). 9. Las personas que contraten servicios de seguridad, con tarifas mas bajas de las establecidas por el Gobierno Nacional, serán multadas hasta por B/. 3,000.00. (Art. 86). ¿Dónde esta la libere oferta y demanda aquí? 10. Las empresas de seguridad privada, cobrarán como tarifa mínima para la seguridad de 24 horas, el monto correspondiente a la sumatoria de 8.6 salarios mínimos legales mensuales vigentes de un agente de seguridad, más un mínimo de un 15% de dicha sumatoria, para gastos administrativos. (Art. 87). ¡Que buen negocio para los empresarios¡

BALANCE DE LAS APRECIACIONES DE LA EXPRESIDENTA MIREYA MOSCOSO

Recientemente en un medio televisivo, la ex presidenta Mireya Moscoso, emitió una serie de observaciones, en torno a los temas políticos del país. Ella como panameña le es dable el hacerlo, máxime, que no es sujeta a ningún proceso penal o patrimonial en su contra, que la pudiera desacreditar.
En efecto, la Contraloría, otrora le emitió un finiquito al manejo de la partida discrecional presidencial, por lo que quedo blindada para una investigación futura por el uso de la misma. Al respecto, la Corte Suprema, PLENO, el 27 de octubre de 2010, con ponencia de Alberto Cigarruista, en un proceso instaurado por Mireya Moscoso, contra la Contraloría, que pretendía, luego de haber dictado un finiquito, investigar el manejo de la partida discrecional, dijo: “Qué propósito, fundado en la ley, tendría que el Contralor General de la República expida hoy un finiquito mediante el cual declara fenecida una determinada cuenta contra el Tesoro Nacional, para que mañana, él mismo, ordene sobre la misma cuenta, iniciar “…una investigación de auditoría a fin de determinar si las personas que tuvieron acceso a cualquier titulo o sin él al Fondo Rotativo de la Presidencia,…, realizaron los gastos de manera correcta y de acuerdo con las normas vigentes”, alcanzando esta investigación “a las personas que hayan recibido, administrado, custodiado, pagado y en general, a las personas que hayan sido destinatarias de dineros o bienes provenientes del Fondo Rotativo en referencia”.
Aceptar una investigación por parte de la Contraloría General de la República sobre un finiquito otorgado por ella misma, conllevaría al desconocimiento de aquella función constitucional privativa de dicho ente público de fenecer las cuentas de los funcionarios públicos, establecida en el numeral 3 del artículo 280 de la Constitución Nacional.”
Mientras no se le ponga límites a la función de la Contraloría, en cuanto a la emisión del finiquito, opino que difícilmente, se podrá procesar a un ex presidente en Panamá, por el manejo de una partida presupuestaria.
Respeto a sus comentarios vertidos en un medio noticioso, me llamó la atención lo siguiente:
1. Que objetara que Juan Carlos Varela, hubiese ido al extranjero a emitir opiniones, en contra de la realidad nacional, argumentando que debía hacerlo a lo interno para no afectar a los panameños, sin embargo, emitió a un medio informativo, su objeción a la decisión del presidente de su partido, sin haber presentado su objeción primero, a lo interno de su propio partido. Gravita una especie de contradicción en su filosofía.
2. Que apoyaba el voto en plancha. Para mí el voto en plancha beneficia a los partidos mayoritarios, en una especie de contradicción democrática. Debiera eliminarse, pero no como lo planteo el partido cambio democrático en el informe de la sub- comisión de la Asamblea Nacional de Diputados, en el documento del 25 de abril de 2012, que si bien esbozaban la decisión de eliminar el voto en plancha en los circuitos plurinominales, empujando en consecuencia, el principio de cada votante un voto. No obstante, la idea no eliminaba toda la estructura electoral vigente, ya que dejaba incólume la figura del cociente, medio cociente y del residuo (este último elemento, como está hoy reglado, es una perversión del sistema), por lo que la idea en cuestión, solo sería aplicable para definir quién saldría electo pero dentro de la lista presentada por el partito o nómina independiente, por lo que no significaba que saldrían electos, los candidatos más votados en el circuito electoral plurinominal.
3. Manifestó que no se va a ir del partido panameñista. Es aceptable la idea pues servirá de norte para forjar valores anti- tránsfugas, dentro de los políticos.
4. Dijo que como presidenta no le contestaba en el plano personal, a los que se les oponían. Me parece saludable y excelente su decisión, debido a que lo contrario podría traer afectaciones a los valores humanos del presunto agresor y el que ejerce mando y jurisdicción debe estar sujeto a mayor fiscalización que el común de las personas.

NUEVA LEY DE LAS AGENCIAS DE SEGURIDAD O SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD: OTRA TRASTADA HECHA POR LOS DIPUTADOS

El próximo 30 de mayo de 2012, entrará regir en Panamá, la Ley 56 de 2011, que regula los servicios privados de seguridad.

¿Que provocará?

1. Que los servicios de portería o conserjería, podrá realizarlos solo las agencias de seguridad. Esto encarecerá los gastos de mantenimiento en los PH y podrá crear mayor inseguridad en el País, por que en algunos edificios, no se podrá contratar este servicio. (Art.2)
2. Las escoltas o custodios de los vehículos comerciales, solo lo podrán hacer las agencias de seguridad. Excluye a los policías, fuera de servicio y al personal de la empresa, capacitado. (Art.2)
3. La actividad de custodia y seguridad a las instituciones del Estado, solo lo podrá ofrecer los servicios privados de seguridad. Hay entes públicos que han capacitado a su personal en este menester. Habrá desempleo por esta medida, en el futuro. Podría haber un negociado con la medida. (Art.2)
4. Las empresas de seguridad, apoyarán a la fuerza pública, con el fin de atender casos de calamidad pública, sin perjuicio de los servicios contratados. (Art. 25) ¿Qué es calamidad pública? No se define en la normativa. Es peligroso esto, porque podrían estar realizando labores inherentes a la Policía, indelegables por Constitución.
5. Ningún miembro, separado, de la Fuerza Pública y en otros estamentos de seguridad, podría prestar servicio en la seguridad privada. Esto es discriminatorio. (Art. 29).
6. Las escoltas privadas, deberán ser de agencias de seguridad privada, excepto los que custodian a las autoridades públicas. Los que escoltan a los expresidentes, cesarán en sus puestos, por ende. (Art. 41).
7. La seguridad privada no podrá negarse a prestar auxilio o colaboración a la Fuerza Pública o a entes de seguridad pública, en la investigación de actos delictivos, en el descubrimiento y detención de los delincuentes o en la realización de las funciones inspectoras o de control que le corresponde. ¿Será acaso que se les está habilitando para reprimir al manifestante? Peligroso (Art. 67).
8. La administración de un PH, que desee contratar servicios de seguridad privada deberá solicitar, previo al contrato, una copia del resuelto de operaciones de la DIASP que autoriza la actividad, so pena de una multa alta. (Art. 85).
9. Las personas que contraten servicios de seguridad, con tarifas mas bajas de las establecidas por el Gobierno Nacional, serán multadas hasta por B/. 3,000.00. (Art. 86). ¿Dónde esta la libere oferta y demanda aquí?
10. Las empresas de seguridad privada, cobrarán como tarifa mínima para la seguridad de 24 horas, el monto correspondiente a la sumatoria de 8.6 salarios mínimos legales mensuales vigentes de un agente de seguridad, más un mínimo de un 15% de dicha sumatoria, para gastos administrativos. (Art. 87). ¡Que buen negocio para los empresarios¡

BALANCE DE LAS DECLARACIONES DEL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL

El licenciado Gerardo Solís dio hoy a un medio de comunicación (Canal 13- Telemetro) unas declaraciones, sobre los aspectos electorales en el país. Acto seguido, me permito hacer un balance de los aspectos más importantes, a mi juicio, de sus importantes declaraciones.

BALACE POSITIVO

• Dijo que lo que está viviendo Panamá hoy, es una campaña sucia. Comparto criterio, si entendemos por campaña sucia, el significado que gravita en el proyecto de reformas electorales, ya que lo que vemos en los medios, de parte y parte, ofende la dignidad humana e incurre en diatribas y hasta en irrespeto. (Art. 44 del proyecto de Ley 292).
• El medio no debe eliminar las propagandas pagadas, que le mandan los políticos de manera unilateral, por aquello de la libertad de expresión. Comulgo con la idea, además por que podría ser un mecanismo de auto censura violatorio de la Constitución y de las normas internacionales sobre la libertad de expresión.
• Ve con preocupación el 2014, respecto a actos de tensión política y su apasionamiento. Es sensata su percepción, cuenta habida, de que a diario, se siembran en algunos medios de comunicación, aspectos negativos sobre la política, que podrían generar, además, de la repulsa actual hacia una gran parte de los políticos, unas acciones de fuerza por parte de las bases de un colectivo, que se pudiera sentir herido.
• Avala la divulgación de donantes en las campañas. Opino que esto es transparente y necesario para la democracia, debido a que con esto se sabría, si gente de mal vivir, esta patrocinando e invirtiendo, a favor de algunos candidatos locales.
• Dijo que la reforma electoral que elaboraron, en la comisión de reformas electorales, pretendía mejorar la democracia. Es verdad la tesis planteada, salvo algunas objeciones de carácter técnico – legal, objetable en el proyecto de marras.

BALANCE NEGATIVO

• Deseaba que se aprobara las reformas consensuadas en la Asamblea Nacional y que ellos analizarían con prudencia, lo diferente a lo que se avaló en la Comisión Nacional de Reforma Electoral. Esto es un error de óptica y precisión; las reformas consensuadas con la Comisión Nacional de Reformas Electorales, no todas fueron positivas; en el paquete habían errores serios, que de avalarse, perjudicarían a la democracia, por ejemplo: Establecieron un circuito nacional electoral al margen de lo que permite la Carta Magna; decían que los candidatos a Presidente y Vicepresidente de la República, que perdieran la elección, serian los dos primeros en las listas de candidatos a Diputados del Circuito Nacional de los partidos que los postulen o de la lista de libre postulación que conformen, sin haber corrido previamente en las primarias o en convenciones para el cargo; planteaban, que cuando en un circuito plurinominal, una lista tenga derecho a una o más curules de Diputados, se declararán electos los candidatos en el orden en que aparezcan en la boleta de votación, no se permitía el libre voto del elector en este sentido; permitían solo la postulación para Presidente de hasta tres candidatos, independientes y esto es atroz. Por otro lado, no se le debe limitar la labor constitucional, a la Asamblea Nacional de Diputados, para variar, los aspectos electorales, que a bien tengan.

OJO CON EL ANTE- PROYECTO DE LEY DE LA AUTORIDAD DEL AGUA

El Ante- proyecto de ley, de 163 artículos, pretende reestructurar el marco legal e institucional del sector de agua potable y saneamiento de la República de Panamá. No obstante, hay temas de cuidado en el mismo, que hay que prestarle mucha atención, para evitar afectaciones.

1. No se detalla en que consisten las inversiones que tendrá la Autoridad, por el orden de los 800 millones, que se enuncia, en el considerando del ante-proyecto y como se van a obtener los ingresos.

2. La junta directiva de la de la Autoridad no la integran, ciudadanos de la sociedad civil, como fiscalizadores de la cosa pública.

3. La exigencia, del tiempo, para la renuncia del cargo, para los directores de la Autoridad, que desean optar a puestos de elección popular, NO coincide con lo que estipula el código electoral, para todas las demás personas.

4. El Ejecutivo tiene facultad plena de remover a los directores de la Autoridad, por comprobada incapacidad administrativa; esto es muy subjetivo.

5. No consta, como requisito para los administradores de la Autoridad, el que se tenga un título universitario de ingeniería o de alguna carrera a fin, al servicio que va a prestar.

6. El fiscalizador general de la Autoridad, sin ser abogado o CPA, podrá revisar las normas legales y hasta llevar a cabo auditorías.

7. No existe la estabilidad funcional, para el cargo de fiscalizador general.

8. No se incluye el principio de licitación pública, en las contrataciones de la Autoridad. Esto pudiera ser poco transparente.

9. La Autoridad no es responsable, ante terceros, como los demás entes públicos en el País, por las acciones abusivas de sus funcionarios.

10. No se incluye la función fiscalizadora previa de la Contraloría General, en las contrataciones y en el manejo de lo fondos públicos, de la Autoridad. Determina que la Contraloría llevará sólo la auditoria posterior. Esto es inconstitucional.

11. No se precisa para los funcionarios de la Autoridad, que se sujetarán, al régimen laboral y a los beneficios del código laboral.

12. No se le pone límites, a la contratación de extranjeros.

13. Se le pretende cobrar al pueblo, el costo de los medidores de consumo de agua y un cargo por su instalación.

14. Inconstitucionalmente se limita, a la CORTE Suprema de Justicia, en su función de suspender provisionalmente, los actos, de la Autoridad.

EL VICEPRESIDENTE Y SUS FUNCIONES

¿Cuáles son las funciones del vicepresidente de la República?

Las mismas están, consagradas en la Carta Magna, así:

ARTICULO 185. Son atribuciones que ejerce el Vicepresidente de la República:
1. Reemplazar al Presidente de la República en caso de falta temporal o absoluta.
2. Asistir con voz, pero sin voto, a las sesiones del Consejo de Gabinete.
3. Asesorar al Presidente de la República en las materias que este determine.
4. Asistir y representar al Presidente de la República en actos públicos y congresos nacionales o internacionales, o en misiones especiales que el Presidente le encomiende.

¿Puede exigírsele responsabilidad al vicepresidente?

Efectivamente, cuando su conducta encuadre en algunas de las siguientes causas, establecidas en el Estatuto Fundamental:

ARTICULO 191. El Presidente y el Vicepresidente de la República sólo son responsables en los casos siguientes:
1. Por extralimitación de sus funciones constitucionales.
2. Por actos de violencia o coacción en el curso del proceso electoral; por impedir la reunión de la Asamblea Nacional; por obstaculizar el ejercicio de las funciones de esta o de los demás organismos o autoridades públicas que establece la Constitución.
3. Por delitos contra la personalidad internacional del Estado o contra la Administración Pública.
En los dos primeros casos, la pena será de destitución y de inhabilitación para ejercer cargo público por el término que fije la Ley. En el tercer caso, se aplicará el derecho común.

¿Quien puede juzgar al vicepresidente de la República en Panamá?

Gravita confusión en Panamá sobre cual es el ente habilitado para juzgar a un Vicepresidente de la República, en el evento de que sea necesario hacerlo.

La respuesta es, el PLENO de la Corte Suprema de Justicia. Así lo ha dispuesto la jurisprudencia de nuestro país ante el vacío existente en esta materia.

En resolución de DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE DOS MIL CUATRO (2004), la Corte PLENO, resolvió la encrucijada cuando trato un caso de un vicepresidente electo y dijo así “…: Al iniciarse la presente encuesta, la Corte observa que el señor ARTURO VALLARINO BARTUANO, ocupaba el cargo de Primer Vicepresidente de la República, por consiguiente era de su competencia conocer de esta causa penal iniciada en su contra, esto, conforme a la interpretación extensiva que ha venido haciendo esta misma Corporación de Justicia (véase sentencia del Pleno de 4 de junio de 1992), del artículo 86 (antes 87), numeral 2, literal “b” del Código Judicial, a falta de disposición expresa que disponga a quién corresponde el conocimiento de procesos por delitos o faltas de personas que, al momento de su juzgamiento, desempeñen el cargo de Vicepresidente de la República.”

Vale la pena destacar que el código procesal penal, regula la materia en el artículo 467, de la siguiente manera.

Artículo 467. Competencia de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es competente para conocer de las denuncias y querellas que se presenten contra el Presidente de la República, por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones en perjuicio del libre funcionamiento del poder público o violatorios de la Constitución Política o las leyes.
También es competente para conocer de las mencionadas denuncias y querellas que se presenten contra el Vicepresidente de la República.

No obstante, este artículo no rige hoy, debido a que el artículo 556 Ibíd., ordena la aplicación de la normativa en cuestión a partir del 2 de septiembre del año 2014, en el distrito capital y el artículo 557 del mismo cuerpo legal, que es norma posterior, y priva ante la incertidumbre, no permite la aplicación de este artículo hoy, como de aplicación temporal. Sin embargo, sería la Corte, PLENO, la que dado el caso, tendría que definir si mantiene el criterio de juzgamiento en comentario, ante las acciones que se le pudieran presentar sobre el tema, o de lo contrario, decide declinar en la Asamblea Nacional la causa, argumentado la validez integral hoy, de la normativa procesal penal, para con el vicepresidente, sustentándose en el numeral 5 del artículo 556 en cita. La Corte tiene una nueva composición de sus miembros. La persona que debiera llevar el caso a la Corte, para lo que corresponda, sería el Procurador General de la Nación.

Tipos penales que ameritan al menos hoy, una rendición de cuenta al país, por parte del señor vicepresidente.

Artículo 349. El servidor público que acepte un nombramiento para un cargo público o perciba remuneración del Estado sin prestar el servicio al cual ha sido designado, sin causa justificada, será sancionado con ciento cincuenta a trescientos días-multa o trabajo comunitario.

Artículo 356. El servidor público que, ilegalmente, rehúse, omita o retarde algún acto propio de su cargo será sancionado con prisión de seis meses a un año o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana.

LA DOCTRINA DE LA REAL MALICIA Y EL PERIODISMO

Esta doctrina tiene su origen en el famosísimo caso “New York Times vs. Sulivan”, sentencia dictada por la Corte Federal de EEUU en 1960. Aquí se determinó en este caso que sólo si la afirmación falsa fue hecha de parte del Editor o periodista con dolo (cono¬cimiento) o desconsideración temeraria, da lugar a la repara¬ción.

Conforme a la teoría se exige que el afectado por una crítica periodística relativa a los actos oficiales, públicos o de interés público desplegado por sujeto público, por una noticia falsa, lesiva o abusiva, para su honor, consideración pública o intimidad; pruebe que el medio periodístico actuó con real malicia, es decir con dolo o culpa grave.

Eduardo Zanoni dice: “……las personalidades públicas o personas vinculadas a hechos de interés general, no pueden atribuir responsabilidad a los medios masivos de comunicación, por el solo hecho de probar la inexactitud de la noticia, deben por el contrario probar que la noticia inexacta es falsa y que fue difundida con conocimiento de su falsedad.”

La Corte Suprema de Argentina ratificó la protección a la libertad de prensa en un fallo que reitera el criterio del tribunal sobre la doctrina conocida como de “real malicia”. La resolución sostiene que, en el caso de informaciones falsas o inexactas que publiquen los medios de comunicación con respecto a figuras públicas, es el ofendido quien debe demostrar que el autor de la nota conocía que la información era falsa o que actuó con notoria despreocupación en el tratamiento de la información.

La Corte adoptó esta decisión al resolver el caso “Di Salvo”, en donde un ex senador de la provincia de Buenos Aires demandó al diario La Mañana por una información errónea que había publicado el medio sobre la extensión de unos terrenos de su propiedad.

El Tribunal Constitucional Español, en fallo del 19 de abril de 1993, estableció que “el requisito de la veracidad condiciona el ejercicio de la libertad de información, imponiendo al comunicador un deber de diligencia: la comprobación razonable de la veracidad, que no se cumple con alusiones indeterminadas o fuentes genéricas”.

Lo cierto es que en Panamá no se ha incluido en ninguna norma la doctrina de la real malicia, y a mi juicio debiera hacerse, para preservar el derecho de la libre información. Esto se debe acatar, junto con una modificación a la ley del derecho a réplica, (Ley 22 de 29 de junio de 2005), que diga que la réplica, rectificación o respuesta deberá tener el mismo espacio y prominencia que la noticia o referencia que lo agravia.

Los gremios periodísticos debieran caminar en este sentido y unirse para promover esta iniciativa legislativa, ante la Dirección Nacional para la Promoción de la Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional de Diputados. Ojala se unan al respecto, o seguirán en sus marchas perennes, con vestido de negro, afectados por las demandas en su contra.