Archive en junio 2012

EL VOTO EN PLANCHA

De las paabaras del diputado JOSE MUÑOZ del CD entendemos que en la Asamblea Nacional de Diputados se va a revivir el informe que dio la sub- comisión de ese ente, en torno al paquete de reformas electorales.
 
Aquí se había esbozado la decisión de eliminar el voto en plancha en los circuitos plurinominales, empujando en consecuencia, el principio de cada votante un voto.
 
No obstante, esta idea planteada en el documento del 25 de abril de 2012, no elimina toda la estructura electoral vigente, ya que deja incólume la figura del cociente, medio cociente y del residuo (este último elemento, como está hoy reglado, es una perversión del sistema), por lo que la idea en cuestión, solo sería aplicable para definir quien saldría electo pero dentro de la lista presentada por el partido o nómina independiente, por lo que no significa que saldrían electos, los candidatos más votados en el circuito electoral plurinominal.
 
¿Qué formula podría aprobarse (o al menos evaluarse), honrando el principio de representación proporcional de diputados, que reza el artículo 147 constitucional?
 
1. Dejar la figura del cociente, medio cociente, pero las adjudicaciones por residuo, solo se las asignen, a las listas más votadas, que no hayan obtenido curules ya.
 
2. Dejar la figura del cociente, medio cociente, pero las adjudicaciones por residuo, solo se las asignarán, primero a las listas que no tengan representación, (si hay mas curules) entonces, a la lista, más votada, que ya haya obtenido escaño, y así sucesivamente, hasta agotar las vacantes.
 
3. Escoger como ganador de las curules, a los candidatos más votados, de las listas propuestas, en general; pero definir, que una lista no puede obtener más de un porcentaje de las curules en el circuito y así sucesivamente, hasta agotar las curules.

¿SE REQUIERE MODIFICAR EL CÓDIGO ELECTORAL PARA LA PRÓXIMA ELECCIÓN?

Diversos partidos dicen que si se van a modificar, grandes temas, de los consensuados por la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), se mantengan, entonces,  las reglas tal cual están, para los próximos comicios.
De quedarse las cosas así, a mi juicio, beneficiaría a la partidocracia, y por ende, a los partidos políticos grandes, como el CD, PRD y el Panameñismo, por lo siguiente:
¡Con el código electoral, como está hoy¡
1.     Los candidatos que opten al cargo de Diputados, por la libre postulación, deberán obtener como adherentes, únicamente electores no inscritos en partido político y esto es inadecuado.
2.     No existe regulación para la libre postulación para los cargos  de presidente y vice presidente. ¿Será que los partidos no quieren que corran los independientes?.
3.     No existe tope para  los gastos y para las donaciones; necesario, para evitar con ello, la intromisión de dinero ilegal en las campañas electorales.  
4.     No habrán muchas Facilidades para la Libre Postulación, en cuanto a la recepción de firmas, necesarias, para su postulación.
5.     No hay una fórmula amigable, para la revocatoria del mandato del elegido. Cómo esta la normativa electoral hoy en día, es casi imposible que haya la revocatoria del mandato, es más, la ley 14 de 2010 blindó a los tránsfugas.
6.     Se mantiene la fórmula para adjudicar la curul en los circuitos plurinominales, a través del Cociente, Medio Cociente y el Residuo, que es una aberración electoral, pues beneficia a los partidos grandes.

Convocatoria de la comisión nacional de reformas electorales (cnre)

Los magistrados del Tribunal Electoral han convocado  a la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), para atender el caso de las reformas electorales.
La convocatoria en ciernes, tiene aspectos positivos  y  aspectos negativos.
Aspecto Positivo-  Busca de alguna manera darle forma expedita al capítulo de las reformas electorales, que debe definirse, lo mas pronto posible,  para lograr fortalecer, con mayor ímpetu, nuestro proceso democrático electoral.
Aspectos Negativos-  El comunicado se sustenta, en varias premisas contradictorias.
1.       La decisión salió, según se argumenta, producto de una reunión con los partidos de la oposición sin escuchar asimismo, el parecer de los partidos de gobierno y del resto de la sociedad civil. Debió oírse, a mi juicio y en la medida de lo posible, a todas las partes.
2.      El Tribunal Electoral considera que en la Asamblea Nacional se ha traicionado lo acordado por la CNRE. Decir esto es delicado, por que menoscaba la facultad que la Constitución le ha dispensa a la Asamblea Nacional, para modificar  todo proyecto que llegue al hemiciclo legislativo.
3.       Se afirma que la iniciativa del proyecto de Reformas Electorales que llegó a Asamblea Nacional fue el producto  “de un acuerdo social”. Esto no es del todo cierto, ya que la sociedad panameña en pleno,  no eligió libremente a sus representantes, para que formaran parte en dicha comisión.
Por otro lado, no todo lo consensuado en la CNRE se adecuo, a lo que consagra la Carta Magna, conforme a mi opinión,  por lo que mal pudiera quedar inalterable, el proyecto, para los próximos comicios electorales.
Temas que podrían ser inconstitucionales.
  • El proyecto impide el voto directo del electorado, de manera inconstitucional, al candidato de su predilección, en los circuitos plurinominales, ya que los obliga a votar por la lista del partido, que impone su orden de elegibles en la papeleta.
  • Se establece un privilegio exagerado y desigual a los candidatos presidenciales, que serán los dos primeros en las listas de candidatos a Diputados del Circuito Nacional, de los partidos que los postulen, en el caso de que no ganen.
  • Los candidatos que opten a al cargo de Diputados, por la libre postulación, deberán obtener como adherentes, únicamente electores no inscritos en partidos políticos y esto es inadecuado.
  • Se establece el sistema de la Paridad de Género, que no tiene respaldo constitucional.
  • Consagra los diputados nacionales, que no se compadece con la costumbre constitución electoral
Adjunto el link del comunicado del Tribunal Electoral, para su lectura.
http://www.tribunal-electoral.gob.pa/html/index.php?id=126&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1073&tx_ttnews%5BbackPid%5D=49&cHash=3c3ef34b473503044adc5c9d9a54ec2e

INCONGRUENCIA DEL CONTRATO DE LAS CÁMARAS BOLETERAS

                                   
La Concesión No. 40-11 en donde la ATTT le concede a la empresa TRAFFIC SAFETY DE PANAMA, S.A., el suministro, la instalación y operación del servicio de cámara de vigilancia para la seguridad vial en la República de Panamá, no se ha extinguido; no hay evidencia que esto se haya dado. Por el contrario el contrato de marras esta refrendado y salvo que hay mutuo acuerdo para eliminarlo, el contrato seguirá rigiendo, hasta que la Corte Suprema pudiera anularlo. Lo que pareciera que gravita hoy, es que a la imposición de la multa, se le ha puesto en una especie de pausa momentánea.
INCONGRUENCIA
  1. Le endosa el deber de notificar a los infractores, al concesionario, lesionando la Ley 38 de 2,000, que le da esta potestad al secretario o a los funcionarios administrativos del Estado. (Artículo 201 numeral 102 de la Ley 38 de 2000)
  2. La manera de notificar al afectado, no es la que consagra la ley 38 de 2000 ni el reglamento de tránsito. Una cosa es la facultad de precisar un procedimiento para sancionar que tiene la ATTT y otra cosa es la de modificar el sistema de notificación, que una norma de mayor jerarquía ha dispuesto, para fortalecer el debido proceso. Cuando se ha querido modificar el sistema de notificación, es la ley, la que consagra la diferencia, como en el caso de la Ley 22 de 2006 (de contratación pública) que notifica a través de “PanamáCompra.”
  3. El contrato pudiera afectar el interés público ya que se posibilita un contrato, hasta por 20 años (10 años del contrato más la prórroga) dando beneficios que pudieran ser exorbitantes al particular, en detrimento del Estado. (65% de la multa impuesta sería para el concesionario, entre otros beneficios).
  4. No existe ley en la ATTT que le permita darle la base de datos sensitiva de los usuarios (la información debiera considerarse como de seguridad nacional), al concesionario, para que trabaje con ella. Podría ser esto violatorio del artículo 42 constitucional. (Cláusula 16)
  5. Le permite al concesionario, acudir a los juzgados, para que pueda defender la infracción que puso, contra el usuario. (Cláusula 6).
ACTOS QUE PUDIERAN DEMANDARSE POR ILEGALES ANTE LA SALA TERCERA
1.      La Resolución AL-No. 1717 de 22 de diciembre de 2011, publicada en la Gaceta Oficial No. 26940-B de 28 de diciembre de 2011, ya que interpreta erróneamente el reglamento de tránsito y hace válida la notificación, en el llamado de las llamadas telefónicas a celulares; la grabación respectiva, (a veces la gente ni la oye inmediatamente) en el caso del correo electrónico, su respectiva copia de envío (a veces por el volumen de los correos, no se ven en el acto) y en la notificación residencial o laboral, el acuse de recibo (no es obligatorio que firme el infractor que recibe, según la disposición). (Véanse los Artículos 8 y 10).
2.      El contrato de concesión en cuestión por las razones detalladas.

Juan Hombrón, aún sin revertir

Hay gente esperando que las tierras de Juan Hombrón, que fueron adjudicadas y luego, algunas de ellas, enajenadas a terceros, reviertan al patrimonio estatal, sin embargo, lo que muchos desconocen, es que los susodichos bienes no pueden revertir, sin que medie un fallo tribunalicio, sobre el particular, salvo que medie un mutuo acuerdo entre las partes.
La Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera, expresó sobre, la revocatoria de un acto administrativo emitido, lo que sigue: “Debe pues, la Administración recurrir a la vía jurisdiccional ordinaria, a fin de anular sus propios actos que confieren esos derechos. Jaime Vidal Perdomo al respecto nos ilustra cuando sostiene que “el respeto a las situaciones jurídicas creadas o definidas por los actos administrativos puede ser tal que se hagan irrevocables aunque sean ilegales. En el derecho Español se denomina recurso de lesividad el que puede interponer la Administración ante los jueces contra sus propios actos que declaran derechos ante la imposibilidad que encuentra de revocarlos directamente… en algunos casos esos derechos son asimilables al derecho de propiedad y es dable exigir, para ser privado de ellos, ley que los declare de utilidad pública e indemnización; pero estos derechos pueden haberse adquirido de forma ilegal, por lo que se menciona que para que el acto sea irrevocable el beneficiario debe ser de buena fe” (Sentencia de 27 de abril de 2010)
No obstante lo antes descrito, existe, una posibilidad jurídica, para la anulación de un acto administrativo de oficio, obviando un proceso judicial, y es si el mismo se encuadra dentro de los supuestos que reza la Ley 38 de 2000, en su artículo 62.
Artículo 62. Las entidades públicas solamente podrán revocar o anular de oficio una resolución en firme en la que reconozcan o declaren derechos a favor de terceros, en los siguientes supuestos:
1. Si fuese emitida sin competencia para ello;
2. Cuando el beneficiario de ella haya incurrido en declaraciones o haya aportado pruebas falsas para obtenerla;
3. Si el afectado consiente en la revocatoria; y
4. Cuando así lo disponga una norma especial.
En contra de la decisión de revocatoria o anulación, el interesado puede interponer, dentro de los términos correspondientes, los recursos que le reconoce la ley.
La facultad de revocar o anular de oficio un acto administrativo no impide que cualquier tercero interesado pueda solicitarla, fundado en causa legal, cuando el organismo o funcionario administrativo no lo haya hecho.” (Modificado por el artículo 3 de la ley 62 de 23 de octubre de 2009)
Por lo antes expuesto, los funcionarios públicos deben asesorarse mejor antes de emitir declaraciones sobre el sentido y alcance de la emisión de un acto administrativo, pues podría crear faltas expectativas a los oyentes.

CONCESIÓN DEL SERVICIO DE CÁMARAS DE VIGILANCIA

A la vida jurídica salió el contrato de Concesión No. 40-11 en donde la ATTT le concede a la empresa TRAFFIC SAFETY DE PANAMA, S.A., el suministro, la instalación y operación del servicio de cámara de vigilancia para la seguridad vial en la República de Panamá.
COMENTARIOS.
Si bien es cierto el contrato emerge a la luz, producto de un acto público lícito y transparente, en el que solo una persona acudió; surgen  las siguientes interrogantes que el gobierno debe aclararle al país.
  1. ¿Por que se hizo un pliego de cargos, estableciendo buenos beneficios a un concesionario? El contrato permite que la empresa cobre de la multa el 65% mientras que el Estado sólo un 35%.
  2. Pareciera no ser acorde con la  equidad, precisar en un contrato, un término para la concesión, para este caso, de hasta de 20 años. Parece inadmisible y  contrario al interés público. Son 10 años el término, más, la posibilidad de prorrogarlo por 10 años más. (Cláusula 5)
  3. No existe ley en la ATTT que le permita darle la base de datos sensitiva de los usuarios (de seguridad nacional), al concesionario, para que trabaje con ella. Podría ser esto violatorio del artículo 42 constitucional. (Cláusula 16)
  4. De manera inaudita, se permite al concesionario, acudir a los juzgados, para que pueda defender la infracción que puso, contra el usuario. (Cláusula 6)
  5. Además de los procesos arbitrales, regulados por ley, es la primera vez que yo veo, que un particular tenga la responsabilidad de notificar una actuación pública, al infractor del tránsito. Esto siempre lo ha hecho el Estado.
  6. Los ingresos del concesionario no solo sería el porcentaje de la multa antes descrita,  sino la venta de la información estadística a terceros y otros beneficios que autorice el Estado. (Cláusula 8).
Como el contrato de marras, posibilita que haya tantas cámaras, como las partes acuerden; en 20 años, no creo que se salve un solo propietario de auto, de la multa, pues es del resultado de esto, de lo que se va a beneficiar, principalmente, el concesionario que administra el sistema. Veo improbable que se le venza en un juicio de tránsito, que se haga por motivo de la multa impuesta.
¡A preparar la chequera!

Decisión de la concertación nacional sobre la Sala V

A raíz de los acontecimientos de todos conocidos en el país,  El Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, sobre la SALA V acordó diversos puntos, que admiten contradicción. Veamos.
1. Rechazar la rehabilitación de la Sala V de Garantías Constitucionales, toda vez que es una exigencia ciudadana y contraria al pacto de estado por la justicia.
Comentario propio. En este aparte se da a entender que existe, a manera de ley de la república,  el pacto de estado por la justicia, cuando no es así, y en tal sentido, se le podría exigir mañana al Ejecutivo a que lo honre y en tal sentido, aunque no lo exige la Constitución, se auto regule en el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Adjunto el Link con el contenido del  pacto en cuestión.
2. Solicitar a la directiva de la Corte Suprema de Justicia la elaboración de un proyecto de ley que derogue la Ley 32 de 1999, que aprueba la Sala V, para que sea presentado ante la Asamblea Nacional el próximo 2 de julio de 2012.
Comentario propio. Esto me parece una intromisión abierta en el ejercicio de un Órgano del Estado, tanto es así que le piden que mande una iniciativa legislativa,  hasta en una fecha cierta. Mañana le podrían sugerir, que hasta renuncien algunos magistrados, sin que hubiesen cometidos delitos.
3. Solicitar a las diferentes bancadas de diputados que conforman la Asamblea Nacional la consideración del mismo, a fin de que con la debida participación ciudadana y con urgencia notoria, se proceda a la consulta, debate y aprobación del proyecto de ley que presente el Órgano Judicial a fin de derogar la ley 32 de 1999.
Comentario propio. Esto me parece otra intromisión en el ejercicio de un Órgano del Estado ya que le sugiere como legislar, es decir que resuelvan en favor de lo que mande el órgano judicial, sin que pongan, obstáculo alguno.

Reforma electoral y el frente por la democracia

Políticos ahora militando en el llamado Frente por la Defensa de la Democracia, le han manifestado al país, que estarán vigilantes “para que se cumpla lo acordado sobre las reformas electorales durante un año en la mesa de negociación.” Esta aseveración además de impedir el ejercicio constitucional que tiene la Asamblea Nacional de Diputados para legislar, pretende tratar de imponer un paquete de reformas electorales que estudio la Comisión Revisora del Código Electoral con las Magistrados del Tribunal Electoral, para que éste quede intacto y sin variante alguna.

A mi juicio tal determinación, es un error por lo siguiente:

1. Se requiere del concurso de la ciudadanía, en la discusión de las reformas y no sólo de un pequeño comité.

2. Esa reforma impide el voto directo del electorado, de manera inconstitucional, al candidato de su predilección, en los circuitos plurinominales, ya que los obliga a votar por la lista del partido, que impone su orden de elegibles en la papeleta.

3. Establece un privilegio exacerbado y desigual a los candidatos presidenciales, que serán los dos primeros en las listas de candidatos a Diputados del Circuito Nacional, de los partidos que los postulen, en el caso de que no ganen. Es una especie de premio de consolación. Es inaudita esta idea.

4. Permite la fiscalización del pueblo sobre el origen de las contribuciones privadas, pero luego de los sesenta días calendarios siguientes a la fecha en que se celebraron las elecciones. Esta información se verá de manera desfasada. Debe implementarse una adecuación que permita la fiscalización de los fondos de manera más inmediata, aunque fuese mes a mes.

5. Los candidatos que opten a al cargo de Diputados, por la libre postulación, deberán obtener como adherentes, únicamente electores no inscritos en partidos políticos y esto es inadecuado.
6. Establece el sistema de la Paridad de Género, que no tiene respaldo constitucional.
7. Consagra los diputados nacionales, que no se compadece con la costumbre constitución electoral.

En fin, el Proyecto No. 192 original, que contiene el paquete de reformas electorales, que presentaron los Magistrados del Tribunal Electoral, el 26 de enero de 2011, debe ser sujeto a un sereno debate, y adecuarse a los principios constitucionales, con la aquiescencia de la ciudadanía, antes de entrar a regir en Panamá.

LA CORTE SUPREMA NO TIENE COMPETENCIA PARA ELIMINAR SALAS

Se ha anunciado a la ciudadanía que de la mesa de concertación ha salido la idea de solicitarles a los magistrados de la Corte, que elaboren una iniciativa legislativa para eliminar la Sala V, mediante la proposición de una ley formal, por parte de ellos.
Jurídicamente la Corte no tiene competencia para ello, ya que la Carta Magna no le permite eliminar las Salas de la Corte, creadas por leyes.
Los que argumentan lo contrario, analizan erradamente el artículo 165 numeral 1 de la, Constitución, que dice así:
ARTICULO 165. Las leyes serán propuestas:
c. Por la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General de la Nación y el Procurador de la Administración, siempre que se trate de la expedición o reformas de los Códigos Nacionales.
Decir que la Corte pueda promover leyes que eliminen las salas creadas de manera inmediata, por que éstas, están definidas en los códigos, es tan absurdo, que permitiría, inclusive, que mañana 5 magistrados (la mayoría del Pleno) acordaran eliminar, por ley,  todas las salas de la Corte, inmediatamente, debido que las salas no están detalladas en la Constitución, si no en los códigos. Esto atentaría, además,  contra la misma estabilidad de la administración  de justicia, argumento que obstaculizo, a su vez el pase idóneo del proyecto MONCADA, en la Asamblea Nacional.
El Estatuto Fundamental, habla del Pleno y de la jurisdicción contenciosa, pero no detalla el número y la calidad de las salas de la Corte.
Finalmente digo que es falso que la Corte en el fallo, que declaro inconstitucional la ley que eliminó, la Sala V, dijera que ellos, (los magistrados) por ley, serían los únicos, que podrían eliminar salas de la Corte, ipso facto, por la emisión de una ley.
Transcribo el extracto de la sentencia para fines docentes
 
“De esta forma, la Corte considera necesario establecer de forma categórica, y sin lugar a dudas, que no es posible que por Ley se pueda derogar una o más Salas de la Corte Suprema de Justicia, porque tal hecho – evidentemente contrario a la Constitución – atentaría, además, contra la estabilidad judicial e independencia de uno de los tres Órganos del Estado, en este caso, de la Corte Suprema de Justicia. En este sentido, la Corte considera imprescindible determinar clara y categóricamente que el precitado artículo 203, tal cual está redactado, nos conduce a la lógica conclusión de que la Ley tiene la facultad de aumentar el número de Magistrados de la Corte, al poder crear Salas nuevas, pero de ninguna manera puede disminuir el número de Magistrados ni suprimir las Salas que ya han sido creadas, porque tal precedente sería pernicioso y perjudicial para la estabilidad jurídica de esta Corporación de Justicia. Visto desde una perspectiva constitucional, si se aceptara como válido que una Ley pudiera derogar una Sala de la Corte Suprema de Justicia y además dejar sin efecto el nombramiento de cualquiera de sus Magistrados, el precedente apuntaría a que, fácilmente y por medio de una Ley, en el futuro se pudiesen eliminar cualquiera de las Salas que actualmente existen en la Corte Suprema de Justicia y suprimir, eliminar o dejar sin efecto, determinado número de Magistrados. Por ello es que los conceptos y parámetros que sirvieron en determinado momento para fundamentar la derogatoria de la Sala Quinta de Instituciones de Garantía de la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Ley N° 49 de 24 de octubre de 1999 – de aceptarse como buena – bien pudiera servir, de inaceptable fundamento, para derogar cualquiera de las actuales Salas de la Corte Suprema de Justicia que, a su vez, han sido creadas mediante sendas leyes tanto en su integración como en el procedimiento, atribuciones y funciones que cada una de éstas tienen delimitadas en leyes que integran el Código Judicial y otras leyes de la República de Panamá, en desarrollo de los principios constitucionales. Es por ello que esta Corporación reafirma que, si bien es cierto que el artículo 203 de la Constitución Política permite que por Ley se puedan crear nuevas Salas en la Corte Suprema de Justicia y nuevos Magistrados que la integren, no es menos cierto que la Constitución no autoriza al Órgano Legislativo para que, mediante otra Ley, se deroguen las Salas creadas por una Ley anterior y se proceda a suprimir y/o a dejar sin efecto el número de Magistrados.”  (Sentencia del martes, 25 de enero de 2011, del Pleno de la Corte)

La venta de las acciones y la derogatoria de la ley de la sala v

     Júbilo ha causado en un gran sector de la población, (me incluyo allí) que los temas de las ventas de las acciones de empresas mixtas, que se estaban debatiendo en sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional de Diputados, por mando del señor Presidente, se vayan a remitir a la mesa de la concertación nacional, para que se den los trámites de rigor.
No obstante jurídicamente, y dentro del plano de la legalidad, nada impide que un porcentaje de las acciones de las empresa eléctricas, pueda ser vendido ya, sin que haya una nueva ley para ello, por virtud de lo que dispuso la Ley 6 de 1997, en su artículo 37; norma promulgada en la administración  del P.R.D. y debidamente sancionada por Ernesto Pérez Balladares. Como moraleja hoy, ese partido, se opone a lo que ayer auspició.
Ley No. 6 de 1997
Artículo 37.  Venta de acciones remanentes. El remanente de las acciones  podrá ser vendido, por el Órgano Ejecutivo, mediante los procedimientos de bolsa de valores de Panamá o subasta pública, con un  límite de cinco por ciento (5%) de estas acciones por comprador.
Sería saludable incluir en la mesa de concertación la modificación, inmediata, del artículo en cuestión.
Respecto a una posible promulgación de una ley que deje sin efecto la Ley No. 32 de 1999, que creo la Sala V, esto no procede, debido a lo que se conoce como la cosa juzgada constitucional, toda vez que la derogatoria de esa ley, ya fue ventilada y procesada en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, otrora.
Jurisprudencia sobre el tópico, a continuación:

“El Pleno ha expuesto en circunstancias anteriores que la finalidad de la cosa juzgada es evitar que se produzcan sentencias contradictorias que afecten la seguridad del ordenamiento jurídico, lo que acarrea la imposibilidad de que esta Superioridad se pronuncie nuevamente sobre la materia previamente resuelta. Esta regla tiene su excepción en los llamados supuestos de relatividad o inestabilidad de la cosa juzgada, a saber: 1) Inconstitucionalidad sobreviniente como consecuencia de cambios o reformas constitucionales; 2) Demandas planteadas por vicios de forma de una ley o acto cuyo contenido material haya sido confrontado y declarado conforme al texto de la Carta Política por el tribunal constitucional, y 3) Casos en que plantean vicios de fondo completamente distintos a los previamente examinados. (Cfr. Sentencia del Pleno de 16 de diciembre de 1996. Ponente: Mgdo. Fabián Echevers).” (Sentencias de 01) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE (2009). PLENO)