Archive en agosto 2012

BALANCE DE LAS REFORMAS ELECTORALES APROBADAS EN 1 DEBATE

Luego de haber leído el paquete de reformas electorales, aprobadas en la Asamblea Nacional, en primer debate, hago el siguiente  balance.
Positivo
1.      Aumenta el financiamiento previo para los de libre postulación de una suma inicial de treinta a cincuenta centésimos de balboa por cada adherente que haya inscrito para su postulación.
2.      Se aumenta del 30% al 50% como mínimo, en las elecciones internas de los partidos políticos y hasta las primarias, las postulaciones de las candidaturas sean mujeres. 
3.      Se fija, para toda candidatura independiente para la presidencia,  el respaldo mediante firmas de adhesión, del dos por ciento (2%) de los votos válidos emitidos para el cargo de presidente en la última elección.  Los aspirantes a la candidatura por libre postulación tendrán plazo para registrar adherentes hasta cuatro meses antes de la fecha de las elecciones.
4.      Se determina transitoriamente, un porcentaje mínimo de adherentes a las candidaturas, presidenciales,  por libre postulación, para las elecciones del año 2014, de uno por ciento (1%) de los votos válidos emitidos para el cargo de presidente en la última elección y para solicitar el inicio de recolección de firmas se necesitarán un mínimo del cinco por ciento (5%) de los adherentes necesarios para la candidatura. Podrán registrarse como adherentes de las candidaturas por libre postulación para Presidente todos los electores incluidos en el padrón electoral, estén o no inscritos en partidos políticos.
5.      Se plantea que la inscripción de los adherentes a las candidaturas por libre postulación se hará solamente en puestos estacionarios que podrán ser ubicados  en parques, plazas, escuelas o en cualquier otro lugar público, que cumpla con los requisitos de imparcialidad, moralidad, seguridad y eficacia para realizar estas funciones, bajo la supervisión adecuada del Tribunal Electoral, dentro del período de tres meses anteriores a la postulación.
6.      Se elimina el voto en plancha.
Negativo
1.      Reduce el término de la apertura y convocatoria del proceso electoral a seis meses antes del día de las elecciones. Podría afectar la medida, a los partidos con cronogramas establecidos ya, y a los de libre postulación para darse a conocer con tiempo.
2.      Define que cuando se traten de candidatos a los cargos de Diputados, Alcaldes, Representantes y Concejales, postulados por partidos políticos, que formen parte de una alianza nacional constituida, no podrán ser postulados a dichos cargos por otro partido político que no sean parte de esa alianza. No le veo respaldo constitucional a esto.
3.      No se modifica el sistema del cociente, medio cociente ni del residuo para asignar las curules. Este sistema, a mi juicio,  fortalece la partidocracia.
4.      No se baja el porcentaje de adherentes al 2% para  los demás cargos de elección popular, por la libre postulación, como se hizo para el cargo de Presidente. Esto es una desigualdad cruel, ya que para, diputados, alcaldes, y representantes, por la libre, el porcentaje sigue siendo del 4%.

DONACIONES PRIVADAS EN CAMPAÑAS POLITICAS (Bebedero)

Las donaciones privadas a favor de candidatos no están vedadas por la ley panameña, es más el código electoral no lo prohíbe.
La excerta electoral solo contempla, las siguientes prohibiciones, en las donaciones.
Código Electoral
Artículo 190.  Quedan prohibidas las siguientes donaciones o aportes a partidos políticos y a candidatos:
1.                  Los provenientes de personas jurídicas que no ejerzan actividades económicas dentro de la República de Panamá.
2.                  Las donaciones o los aportes anónimos, salvo los que se originen en colectas populares, los cuales serán reglamentados por el Tribunal Electoral.
3.                  Las donaciones o los aportes que provengan de gobiernos, personas u organismos extranjeros. Se exceptúan las donaciones o los aportes de partidos políticos, asociaciones internacionales de partidos y fundaciones extranjeras que están vinculadas con partidos o fundaciones nacionales, siempre que dichas donaciones o aportes no sean para campañas electorales.
4.                  Los provenientes de empresas donde el Estado sea accionista.  
Por su parte, la Carta Magna, también establece una prohibición suprema, a saber;
Constitución
  
ARTICULO 136. Las autoridades están obligadas a garantizar la libertad y honradez del sufragio. Se prohíbe:
1.                  El apoyo oficial, directo o indirecto, a candidatos a puestos de elección popular, aun cuando fueren velados los medios empleados a tal fin.
Ahora bien, leyendo la sentencia de 28 de agosto de 2012, del Tribunal Electoral, en el caso del Bebedero, pareciera colegirse, que los magistrados establecen un prohibición en cuanto a las donaciones privadas, que no la veo recogida, en ningún instrumento jurídico y eso pudiera originar cualesquiera interpretaciones. En lo personal me preocupara el criterio de las donaciones privadas.
En el fallo se anulan las elecciones y entre las causas se cita (transcribo textualmente): “Es clara la contundencia y credibilidad de los hechos probados y los públicos y notorios, que hacen referencia a donaciones llevadas a cabo en la comunidad de el bebedero durante la contienda electoral, por intermedio de donantes privados favorecidos con contrataciones por el Estado, que aseguran brindar su apoyo alegando que el recurso es propio, sin embargo, ese recurso que ellos apelan como propio, es consecuencia de la ejecución de contratos públicos que fueron otorgados por el gobierno, representando al Estado.” (Página 41)
De lo citado se colige.
  1. Que hay una especie de cuestionamiento, al donante cuando es adjudicatario de un contrato público y a mi juicio es un error, debido a que el contrato público, es un acto administrativo, que goza del principio de legitimidad, que reza que el mismo es válido, hasta que la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera, pudiera invalidarlo. No se le puede restar fortaleza legal al contrato público, pues cuestionarlo, debilita la seguridad jurídica, en rango constitucional dentro del principio de la legalidad. Si alguien considera que un contrato se emitió bajo el vicio conocido en el derecho administrativo como DESVIACIÓN DE PODER, que es cuando el Estado, viola la ley para emitir un acto abusivo, en  favor de un tercero, podría demandarlo ante la Corte por ilegal, pero hasta que haya una sentencia, por parte de la Sala Tercera, el contrato se considera perfectamente legal.
  2. Que existe una preocupación tribunalicia, por la cantidad de las donaciones que da un tercero a favor de un candidato, pero en el código electoral, no existe el tope para la donación privada.
  3. Que homologa la donación privada que da un adjudicatario de un contrato público, (que no ha sido invalidado por la Corte Suprema) como si fuera una donación indirecta del Estado, no obstante, ese particular si bien es cierto, recibió, un pago del Estado, el mismo, fue por el producto de una prestación de un servicio o por la ejecución de una obra, o por la entrega de un bien, a favor de un ente público. Es decir, que el estipendio estatal, fue por el producto de una contraprestación efectiva dada, de acuerdo a los trámites legales en el derecho administrativo.
  4. Que podría sentar las bases, para que ninguno de los cientos de miles de contratistas del Estado, de acuerdo a lo que registra PanamaCompra, pudiera ser donante de ningún candidato, considerado como oficialista,  en las próximas elecciones del año 2014; sin embargo, si lo podría ser, para cualquier candidato opositor o independiente, sin mayores problemas.
Finalmente dejo claro, que no avalo la donación oficial que se pueda hacer a favor de ningún candidato en especial,  ya que esto es un vicio y además, esta prohibido por el código electoral patrio y por la Constitución, pero disiento de cualquier criterio que se haya formulado, hacia las donaciones privadas, al margen de lo que yo llamo “la legalidad”,  cuenta habida, que un adjudicatario de un contrato público, (que no ha sido anulado por la Corte) no es un demonio, por lo tanto, a su patrimonio privado, no se le debe estigmatizar.
Le adjunto el  link en donde es el fallo del Bebedero, para los fines didácticos.
http://horacero.com.pa/images/2012/ago15/FallodelElBebedero.pdf

Proyecto que debe ser vetado por el Presidente por inconveniente o inexequible.

La Asamblea Nacional ha aprobado en tercer debate, el proyecto de Ley. No. 131 que modifica el código procesal penal, en favor de los diputados.
He leído el instrumento y considero que el mismo debe ser vetado por el Presidente de la República por INCONVENIENTE O INEXEQUIBLE, de acuerdo Artículo 183 de la Constitución,  por lo siguiente:
  1. Establece un privilegio excesivo en cuanto al término, que tiene la Corte Suprema  para investigar a los diputados, que pudiera ser hasta dos meses, más una prórroga de un mes adicional y días, por la complejidad del caso, conforme al artículo 5 del instrumento, no obstante,  el mismo código precisa un término de investigación para todos los demás investigados, de hasta seis meses, conforme reza el Artículo 291 del código procesal penal.  Veamos.
Artículo 291. Plazo de la fase de investigación. El Ministerio Público, a partir de la formulación de imputación, debe concluir la fase de investigación en un plazo máximo de seis meses, salvo el supuesto previsto en el artículo 502 de este Código.
Al concluir la investigación, el Fiscal deberá comunicar el cierre de esta al imputado, a su defensor y a la víctima y querellante si los hubiera. El incumplimiento de este plazo acarreará la sanción disciplinaria por parte del superior jerárquico, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que haya lugar por su proceder.
  1. El proyecto de ley precisa que, se extingue la acción penal si no se honra el plazo que existe, para la investigación de los diputados, sin embargo, para el resto de las personas, la sanción por el exceso comentado, es de carácter disciplinario y podría hacer tránsito hacia una posible responsabilidad penal, pero no extingue la acción. Ver el Artículo 291 ut supra (antes citado).
Proyecto de Ley No. 131
Artículo 5. Se adiciona el artículo 491-A al Código Procesal Penal, así:
Artículo 491-A. Plazo de la investigación…
Si en un término de diez días el Magistrado que ejerza las funciones de Juez de Garantías no fija el plazo de finalización solicitado por el imputado o si el Magistrado Fiscal no remite a dicho Juez de Garantías la investigación en el plazo fijado, se tendrá por extinguida la acción penal, que será decretada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia a solicitud del imputado o de su defensor. La decisión que se adopte admite recurso de reconsideración.
  1. El proyecto de ley obliga al denunciante a contar con un abogado, para accionar, contra los diputados (artículo 2), no así para las otras causas, incluyendo las denuncias contra el Presidente de la República, que no requieren de esta exigencia. Esto es un privilegio excesivo de los diputados, que pudiera rayar hasta en la inconstitucionalidad. Acto seguido, parte del artículo en mención
Artículo 2. El artículo 488 del Código Procesal Penal queda así:
Artículo 488. Requisitos de admisión. La querella o la denuncia deberá promoverse por escrito, a través de abogado

DECRETO DEL TRIBUNAL ELECTORAL, CREA DESVENTAJA AL CANDIDATO DE LIBRE POSTULACIÓN

 

Con el Decreto No. 14 de 16 de agosto de 2012, el Tribunal Electoral regulo la contratación de la propaganda política. En el link siguiente, esta el Decreto en cuestión, para fines didácticos.
http://129.171.91.238/tribpdf/BOLETIN06/alexsa1M/46L004CM.pdf

 

En el artículo 1 del decreto en cuestión, se permite sólo a las siguientes personas, contratar propaganda política.

 

1.        A los candidatos o precandidatos para su propia propaganda o contra sus adversarios.

2.          A los partidos políticos, de la misma forma, en cuanto a los candidatos; y

3.          A las organizaciones no gubernamentales, con personería jurídica, que se hayan inscritos, en el Tribunal Electoral.

 

Según el Decreto, los independientes, es decir los que optan por la libre postulación para candidatizarse, sólo podrán pautar propaganda política,  en los siguientes casos, de acuerdo con el  artículo 2, numerales 1 y 2.

 

Artículo 2. El concepto de candidato comprende a las siguientes personas:

 

1.     La que es postulada para un cargo de elección popular ante el Tribunal Electoral, ya sea por un partido político o por la libre postulación.

2.     El precandidato que compite a lo interno de un partido político para obtener la postulación del partido para un cargo de elección popular; y los que han sido autorizados para iniciar el trámite para ser reconocidos como candidatos de libre postulación.

3.     …

 

 

Comentario. Un candidato a la libre postulación, de acuerdo al código electoral, se considera postulado, solo cuando presenta su solicitud de postulación al Tribunal Electoral, debidamente firmada, por un número de ciudadanos equivalente, por lo menos, al diez por ciento (10%) del total de adherentes necesarios para la candidatura. En el Tribunal no hay libro de adherentes hoy habilitado, sino que hay que presentar su postulación, con las firmas adecuadas, para considerarse postulado, dentro del término legal que es de un año antes de la apertura del proceso electoral, solamente. Es decir, que nadie se puede inscribir o postular en estos momentos, por ende ningún independiente, podría pautar propaganda política de acuerdo con el Decreto No. 14,  a diferencia de los partidos, cuyas pautas, las vemos todos los días en los medios.

 

 

Código Electoral.
Artículo 251.  Para ejercer la libre postulación a Diputado de la República

, será necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1.                  Presentar solicitud de postulación debidamente firmada, además del aspirante por un número de ciudadanos equivalente, por lo menos, al diez por ciento (10%) del total de adherentes necesarios para la candidatura.
La autenticidad de las firmas será respaldada por una declaración jurada de los que aspiran a la postulación, y estas se recogerán utilizando libros que al efecto suministrará el Tribunal Electoral.
2.                  Obtener en el circuito un mínimo de cuatro por ciento (4%) de adherentes a la candidatura, conforme al total de votos válidos emitidos en la última elección según el cargo al que se aspira.
Solo podrán ser firmantes o adherentes, según el caso, a las candidaturas de libre postulación para Diputado, los electores no inscritos en partido político.
Artículo 260.  Para que se pueda ejercer la libre postulación para los cargos de Alcalde, de Concejal y de Representante de Corregimiento, será necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos:
1.                  Presentar solicitud de postulación debidamente firmada, además del aspirante, por un número de ciudadanos promotores equivalentes, por lo menos, al diez por ciento (10%) del total de adherentes necesarios para la candidatura.
                La autenticidad de las firmas será respaldada por una declaración jurada de los que aspiran a la postulación, y estas se recogerán utilizando libros que al efecto suministrará el Tribunal Electoral.
2.                  Obtener en el distrito o en el corregimiento, según la circunscripción de donde resida, un mínimo de cuatro por ciento (4%) de adherentes a la candidatura, conforme al total de votos válidos emitidos en la última elección según el cargo al que se aspira.
                Sólo podrán ser firmantes o adherentes, según sea el caso, a las candidaturas de libre postulación para Alcalde, Concejal y Representante de Corregimiento, los electores no inscritos en partido político.

 

Artículo 240.  Las postulaciones podrán hacerse hasta un año antes de la apertura del proceso electoral, siempre que se presenten al Tribunal Electoral, luego de iniciado el mismo y dentro del período correspondiente.

 

 

Por su parte, un candidato a libre postulación es autorizado por el Tribunal Electoral, para iniciar el trámite para ser reconocido como candidato, cuando después, de presentada su solicitud de postulación, con las firmas antes mencionadas y dentro del término legal, es autorizado por el Tribunal Electoral, mediante resolución, a buscar el resto de las firmas que le hacen falta, como necesarias, para completar el porcentaje, para ser considerado como candidato.

 

El que aspita a la libre postulación, no puede pedirle en estos momentos, al Tribunal Electoral, que lo autorice a nada, debido a que no hay normativa que posibilite esto, toda vez que no se ha abierto, el proceso electoral del 2014 y por otro lado, el Decreto No. 14, tampoco es benigno en ese sentido.

 

Por lo antes expuesto, afirmo que el decreto bajo estudio, es desventajoso para el independiente, que aspira a postularse por la libre postulación, cuenta habida, que no tiene formas de hacer propaganda política, hoy, (como cualquier partido político) para dar a conocer sus ideas, antes de que inicie el proceso de su postulación debida, de acuerdo a los términos expuestos.

 

                                                                          

!Es esto justo¡

 

      

DECRETO DEL TRIBUNAL ELECTORAL, PODRIA ESTAR VIOLANDO LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN


 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que “la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática.
Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. (Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-5/85, “La colegiación obligatoria de periodistas”, del 13 de noviembre de 1985, párrafo 70).
No obstante, lo antes dicho, el Tribunal Electoral de Panamá,  contrario al criterio antes anotado, ha emitido el Decreto No. 14 de 16 de agosto de 2012, y a mi juicio, éste, podría estar debilitando, la libertad de expresión, en asuntos políticos.
En el artículo 1 del decreto de marras, se permite sólo a las siguientes personas, contratar propaganda política.
·        A los candidatos o precandidatos para su propia propaganda o contra sus adversarios.
·        A los partidos políticos, de la misma forma, en cuanto a los candidatos; y
·        A las organizaciones no gubernamentales, con personería jurídica, que se hayan inscritos, en el Tribunal Electoral.
Esta limitación atenta de manera directa contra el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que dice en su artículo 18 que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; plantea la norma, que este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza.
De igual forma, el pacto internacional bajo examen, exteriorizó que:
 Artículo 19
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
Impedir que terceras personas o presuntos intermediarios de otros, compren publicidad y expongan sus ideas, podría ser violatorio, de la norma internacional anotada; y de nuestra propia Carta Magna.
La Constitución panameña, reza.
ARTICULO 37. Toda persona puede emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito o por cualquier otro medio, sin sujeción a censura previa; pero existen las responsabilidades legales cuando por alguno de estos medios se atente contra la reputación o la honra de las personas o contra la seguridad social o el orden público.
Si el problema era la insolvencia de los que firmaban, las propagandas, como intermediarios o terceros, se podía determinar, que más de una persona firmaran la cuña o mención, para los efectos de las responsabilidades ulteriores, o establecer otras acciones, pero nunca se ha debido prohibir,  la promulgación libre de las ideas políticas, de éstos.
El Decreto No. 14 del Tribunal Electoral, en estudio, en su artículo 2 numeral 2, también,  restringe la contratación de la propaganda política del candidato de libre postulación, hasta tanto esté, autorizado por el Tribunal Electoral, para iniciar el trámite para ser reconocido como tal.
¿Cómo se ha reglamento esto así, si los partidos políticos en Panamá, dicen lo que quieren,  al momento que lo desean?
Este es un decreto, peligroso para la libertad de expresión, en mi concepto y ojalá se modifique.

¿Se puede eliminar de raíz, ya, la formula del cociente electoral y demás?

Respuesta: No, al menos que en la ley, que lo elimine, se establezca una formula que garantice, las adjudicaciones proporcionales de las curules, en los circuitos plurinominales, tal cual lo ordena la Carta Magna, en su artículo 147.
Constitución Política de Panamá
ARTICULO 147. La Asamblea Nacional se compondrá de setenta y un Diputados que resulten elegidos de conformidad con la Ley y sujeto a lo que se dispone a continuación:
1. Habrá circuitos uninominales y plurinominales, garantizándose el principio de representación proporcional. Integrará un solo circuito electoral todo distrito en donde se elija más de un Diputado, salvo el distrito de Panamá, donde habrá circuitos de tres o más Diputados.
¿Qué formula podría aprobarse, en la Asamblea Nacional, que no cause trauma inminente,  y mejore el sistema de adjudicaciones que tenemos hoy, honrando el principio de representación proporcional de diputados, que reza el artículo 147 constitucional?
1. Dejar la figura del cociente, medio cociente, pero las adjudicaciones por residuo, solo se las asignen, a las listas más votadas, que no hayan obtenido curules ya.
2. Dejar la figura del cociente, medio cociente, pero las adjudicaciones por residuo, solo se las asignarán, primero a las listas que no tengan representación, (si hay mas curules) entonces, a la lista, más votada, que ya haya obtenido escaño, y así sucesivamente, hasta agotar las vacantes.
3. Escoger como ganador de las curules, a los candidatos más votados, de las listas propuestas, en general; eliminando el cociente y medio cociente electoral, pero definir, que una lista no puede obtener más de un porcentaje de las curules en el circuito y así sucesivamente, hasta agotar las curules.  

¿ACASO SE ADVERSA LA CANDIDATURA INDEPENDIENTE?

En la Asamblea Nacional se debate hoy, una reforma al código electoral sobre la candidatura independiente (entre otros puntos), incluyendo la regulación de la candidatura presidencial en este rubro, que no existe en Panamá.
¿Qué pasaría si se desecha la reforma?
El Tribunal Electoral ante una laguna legislativa, pudiera regular por Decreto, lo de la candidatura independiente  presidencial, no obstante, al hacerlo de ésta forma, sin que haya una ley que dicte el marco orientador, por parte de la Asamblea, pudiera abrir paso, para que algunas personas, demandaran ante la Corte, lo regulado y hasta lo actuado por parte del Tribunal. Por otro lado, en la regulación del Tribunal, no se podría tocar lo que ya existe para el resto de las otras candidaturas independientes, para otros cargos, en el código electoral, debido a que éste,  es norma de superior jerarquía que el reglamento dado por Decreto.
¿Que no podría cambiarse?
Ø     Que se baje del cuatro por ciento (4%) de adherentes que se requiere para todas las candidaturas independientes, conforme al total de votos válidos emitidos en la última elección según el cargo al que se aspira. Base legal; artículos 251 y 260 del código electoral.  En la reforma esta el 2%. La candidatura presidencial no esta regulada, pero el % debiera estar acorde con es precepto,  pues sería inconstitucional, si no lo fuera.
Ver cuadro
Código electoral
Artículo 251. Para ejercer la libre postulación a Diputado de la República, será  necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos:
2. Obtener en el circuito un mínimo de cuatro por ciento (4%) de adherentes a la candidatura, conforme al total de votos válidos emitidos en la última elección según el cargo al que se aspira.
Sólo podrán ser firmantes o adherentes, según el caso, a las candidaturas de libre postulación para Diputado, los electores no inscritos en  partido político.
Artículo 260. Para aspirar a la libre postulación a los cargos de Alcalde, de Concejal y de Representante de Corregimiento, será necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos:
2. Obtener en el distrito o en el corregimiento, según la circunscripción en donde resida, un mínimo de cuatro por ciento (4%) de adherentes a la candidatura, conforme al total de votos válidos  emitidos en la última elección según el cargo al que se aspira.
Sólo podrán ser firmantes o adherentes, según sea el caso, a las candidaturas de libre postulación para Alcalde, Concejal y Representante de Corregimiento, los electores no inscritos en partido político.

Ø     Que se permita los inscritos en partidos políticos, como adherentes para las diversas candidaturas independientes (ver los párrafos finales de los artículos antes transcritos). En la reforma que se discute en la Asamblea Nacional, si se permite esto.
Sería positivo para el país,  que se establezca una reforma electoral, aunque tan solo fuera en este aspecto, pues facilitaría las diversas candidaturas independientes, necesarias para el fortalecimiento de nuestra democracia.
Soy del sentir, que los que objetan, toda la reforma completa, que se discute, en la Asamblea Nacional, favorecen, ya sea directa o indirectamente, (ya sea por conocimiento o por desconocimiento)  a los partidos políticos, únicamente.
Esto es grave y parece más que nada ser, una animadversión hacia la candidatura independiente, y eso es triste.

La dualidad de funciones de los servidores públicos

En Panamá se ha hecho algo usual que algunos funcionarios, tengan varias carteras a la vez, en el ejercicio normal de sus funciones.
Desde el punto de vista jurídico, no hay impedimento alguno, para que un funcionario, con mando y jurisdicción, realice varias funciones y a veces hasta disímiles,  siempre que no cobre salario alguno, por esa nueva encomienda.
En el caso de los ministros por ejemplo, como estos no tienen un horario laboral definido, no podrían cobrar dos salarios, por las dos funciones que estuviesen realizando.
La Corte sobre el tema del horario ha dicho: “Esta Superioridad no comparte el criterio esbozado por el denunciante, toda vez que nuestra legislación establece que los Ministros de Estado no tienen un horario de trabajo definido” (Sentencia del 30 de julio de 2003) Magistrado Ponente: Aníbal Salas Céspedes. Expediente: 809-02
Por otro lado, las funciones de las asignaciones, no afines, si es el caso, no deben deteriorar la labor principal, para la cual fue nombrado. El único que puede valorar, si cumple con todas las asignaciones dadas del servidor público, es el ente que nombró al super funcionario.
Fundamento legal
Constitución
ARTICULO 303.
Los servidores públicos no podrán percibir dos o más sueldos pagados por el Estado, salvo los casos especiales que determine la Ley, ni desempeñar puestos con jornadas simultáneas de trabajo.
Las jubilaciones de los servidores públicos se fundarán en estudios actuariales y proporciones presupuestarias razonables.
La dualidad de funciones, no es ajena, a la administración pública panameña. En gobiernos anteriores, ante las vacaciones de un ministro, por ejemplo, otro ministro, de otra cartera, atendía la suya, y la del que estaba de vacaciones, pero no cobraba por eso, mas que su sueldo normal.
Aclaro que una persona que no tenga mando y jurisdicción también podría ejercer varias funciones, pero a diferencia de aquellos, si podría cobrar adicional, por la nueva asignación, siempre que no haya choque en el horario, de ambas funciones, tal cual lo permite el código administrativo en su artículo 825. 
Código Administrativo
Artículo 825.
Por regla general una misma persona no puede desempeñar dos o más destinos remunerados. Se exceptúan los casos siguientes:
7. Puede a la vez un individuo desempeñar dos o más destinos sin mando o jurisdicción siempre que a juicio de los que hacen las respectivas elecciones tenga tiempo suficiente para cumplir todos los deberes, y no haya inconveniente alguno en la acumulación de funciones.

¿Cuándo procede la nulidad de una elección, por uso indebido de bienes del Estado?

Repuesta: sólo cuando el vicio en la presunta donación estatal, fue lo suficientemente generalizado en el circuito o en un lugar, para considerarlo total y no parcial.
Ese fue el criterio que utilizó el Tribunal Electoral, cuando anulo las elecciones el circuito 5-1 en Darién, en el año 2004,  que ganó Haydeé Milanes de lay.
En el caso en mención se acreditó, que el gobierno había apoyado sólo a la candidata ganadora con B/. 238,925.00, para que se usara para subsidios escolares, en el circuito.
Dijo el Tribunal Electoral, que la magnitud de tales recursos, usados ilegítimamente, creo un desbalance significativo en la competencia entre los candidatos en el circuito, que le permitió sacar, a la candidata beneficiada, una ventaja de 148 votos, sobre su más cercano rival.
¿Debe anular las elecciones, el Tribunal Electoral, si de las pruebas se comprueba, que el número de los beneficiados, no incide en el resultado final de la elección?
Respuesta. No debe, ya que se estaría violando la Constitución, debido a que se vulneraría, la honradez del sufragio, de las personas que votaron a conciencia, con honestidad y sin recibir nada a cambio,  por el candidato ganador.
Adjunto el link que contiene, la decisión del caso en cuestión, como referencia.

Precedente sobre nulidad de elecciones por uso indebido de bienes del Estado

En Panamá, hay precedentes en donde el Tribunal Electoral, ha decretado la nulidad de las elecciones por uso indebido de bienes del Estado.
En el año 2,004 el Tribunal anuló las elecciones en el circuito 5-1 en Darién, por este tema, concluyendo lo siguiente.
  1. Que el gobierno apoyo a un candidata con B/. 238,925.00, para que se usara para subsidios escolares, en el circuito.
  2. Ninguno de los otros candidatos a legislador, del circuito, recibió el mismo apoyo oficial.
  3. La magnitud de tales recursos, usados ilegítimamente, creo un desbalance significativo en la competencia entre los candidatos en el circuito, que le permitió sacar, a la candidata beneficiada, una ventaja de 148 votos, sobre su más cercano rival.
  4. El Tribunal Electoral dijo en ese entonces, que se había comprobado que se habían violado las garantías constitucionales y legales y que fueron de tal magnitud, que decidieron los resultaos a favor de la candidata proclamada como ganadora.
  5. El Tribunal Electoral dijo que el vicio era lo suficientemente generalizado en el circuito para considerarlo total y no parcial. Una de las partes pedía, que se decretara una nulidad parcial de mesas y no, la nulidad total de la elección.
Adjunto el link que contiene, la decisión del caso en cuestión.