Archive en octubre 2012

¿ES NECESARIA LA INDEMNIZACIÓN PARA LOS DEUDOS DE COLÓN?

Con la Resolución No. 15 de 28 de octubre de 2012, localizable en    http://www.ernestocedeno.com/Principal.html, la Asamblea Nacional de Diputados, dispuso crear una Comisión de Investigación, acerca de los hechos ocurridos en la provincia de Colón.
Hay un aspecto intrigante en la misma y es que se esta facultando a la comisión para realizar las diligencias necesarias, con el apoyo de las entidades públicas, que conduzcan a esclarecer la circunstancias que condujeron a la pérdida de vidas y para establecer las indemnizaciones que puedan corresponder a los deudos, según lo determine la ley, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas.
Creo que la mejor figura para un resarcimiento debía ser la COMPENSACIÓN y no la INDEMNIZACIÓN, ya que esta última confirma la responsabilidad directa de una persona, (en este caso el Estado), hacía la comisión de un hecho arbitrario, y me parece que sería apresurado de afirmar esto hoy, si el Ministerio Público no ha terminado su labor investigativa y por otro lado, los tribunales de justicia, tampoco han fallado el caso en consecuencia.
En la Indemnización se paga por daño emergente, lucro cesante y daño moral, principalmente, mientras que en la Compensación se afronta una remuneración, a prudente arbitrio o consensuada,  de carácter general, con contenido social, aunque no sea uno culpable, de un hecho acaecido.
Lo cierto es que si el gobierno acepta indemnizar deberá honrar su palabra hacia los deudos de las muertes en Colón, de acuerdo al Principio de Buena Fe, mismo que ha sido honrado por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en reiterados pronunciamientos.

Reglamento de la Libre Postulación

El día 31 de octubre del año 2012, se emitió el Decreto No. 19  que reglamenta el uso de hojas membretadas para recoger firmas de respaldo para la libre postulación, para todos los cargos de elección popular.
Aspectos sobresalientes
  1. Los precandidatos por la libre postulación, podrán presentar un memorial diseñado por el TE comunicando su decisión de aspirar a un cargo. Entre lo aspectos más relevantes, que contendrá el memorial, esta un adjunto de su ideario o concepción ideológica, el cual es obligatorio, sólo para el cargo presidencial; la lista de sus activistas y el nombre de su suplente si lo tiene, entre otros requisitos.
  2. Recibido el memorial, se tendrá hasta 3 días hábiles, para la verificación de rigor, vencido el término sin que haya un pronunciamiento, se entenderá autorizada la petición.
  3. La hoja membretada para buscar firmas, la elaborará el TE para el precandidato.
  4. Las firmas que hayan sido aprobadas en la pre-revisión, no se  calificará como firmas de adhesión a la candidatura hasta después del 4 de septiembre de 2013.
  5. El adherente que firme como respaldo de un precandidato, no podrá firmar como respaldo de otro, para el mismo cargo.
  6. Un  ciudadano podrá dar su firma de respaldo a un precandidato siempre que sea para cargos diferentes.
  7. La regulación rige a partir del 12 de noviembre del 2012.

Comisión de Investigación para Colón

Con la Resolución No. 15 de 28 de octubre de 2012, localizable en    http://www.ernestocedeno.com/Principal.html, la Asamblea Nacional de Diputados, dispuso crear una Comisión de Investigación, acerca de los hechos ocurridos en la provincia de Colón.
Mis comentarios sobre el instrumento en mención.
  1. Se enuncia que se crea la comisión en cuestión, para recabar toda la información que contribuya a aclarar los hechos acaecidos en los cuales perdieron la vida varias personas y en los que tomaron parte (se dice expresamente) las fuerzas de control de multitudes, la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras.
Comentario. Por razones que desconozco se soslaya la participación de particulares en los hechos bajo comentario, (sin saberse esto, en estos momentos) como si los muertos fueran el resultado directo, de los estamentos del orden público. No se debió redactar de esta forma
  1. Se faculta a la comisión para realizar las diligencias necesarias, con el apoyo de las entidades públicas, que conduzcan a esclarecer la circunstancias que condujeron a la pérdida de vidas y para establecer las indemnizaciones que puedan corresponder a los deudos, según lo determine la ley, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas.
Comentario. La indemnización en derecho, no se determina por un informe de una Comisión. Conforme al artículo 254 de la Ley 74 de 2011, la misma se concretiza por un fallo de un tribunal. Son  las sentencias las que obligan al Estado a cumplirlas.
Es mas, la Constitución les prohíbe a los diputados, el reconocer indemnización sin que han sido declaradas, previamente, por las autoridades competentes. Veamos
Constitución
ARTICULO 163. Es prohibido a la Asamblea Nacional:
3. Reconocer a cargo del Tesoro Público indemnizaciones que no hayan sido previamente declaradas por las autoridades competentes y votar partidas para pagar becas, pensiones, jubilaciones, gratificaciones o erogaciones que no hayan sido decretadas conforme a las leyes generales preexistentes
Por lo anterior considero que lo viable es emitir una ley sobre este particular, pero no circunscribiéndola para los deudos de Colón, sino, que luego del resultado final de la investigación, en donde arroje, si es el caso,  que el Estado es responsable, por las pérdidas,  el beneficio se concretice y se extienda,  no solo para Colón, sino para los deudos de los muertos de Bocas del Toro y  por los fallecidos del dietinel glicol. Limitarlo para el caso de Colón, sería un tipo de privilegio especial, que no lo tienen los otros deudos.
Afirmo que el gobierno puede también indemnizar, sin sentencia tribunalicia, si el Ejecutivo a instancia propia, lo acuerda así, en la mesa de dialogo, por la validez que tiene el Principio de Buena Fe, mismo que ha sido honrado por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en reiterados pronunciamientos.

Notas propias sobre discurso presidencial sobre la ZLC

Leí  con detenimiento el discurso presidencial y a continuación, hago mi balance propio. 
(http://presidencia.gob.pa/noticia-presidente-numero-4015.html.)
Puntos Buenos
  1. Se aceptó que la ley no fue bien consultada.
  2. Buscarán otras alternativas para sacar a Colón del abandono.
  3. A la final del gobierno invertirán muchos millones en Colón.
  4. Se procesará a  los responsables de los hechos trágicos.
  5. Pronto se sentarán como gobierno, en la mesa del diálogo. 
Puntos Preocupantes.
  1. Cuando dijo que los intereses políticos debían quedar por fuera de este diálogo.  Se puede interpretar que se va a soslayar a los partidos políticos, en la mesa de trabajo. Si esto es así, sería un error porque ellos son actores en el país por Constitución.  Lo que hay es que ponerles pautas.
  2. Que no pidieron perdón como gobierno. La humildad le agrada a Dios.
  3. No se afirmó que hubo una equivocación en la ley, solo se concluyó que se  equivocaron al pensar que la normativa estaba consensuada. Se debió aceptar que hay tierras, que por virtud constitucional,  jamás se venderán.

Balance de los disturbios por la ley 72 de la ZLC

POSITIVO
1.     Que hay necesidad de dialogar más con el pueblo, en torno a los proyectos de Estado. Un buen proyecto poco consultado, puede tener un efecto negativo en la comunidad.
2.     Que es necesario que los medios de transporte y comunicación no estén en manos de un solo concesionario o propietario. Esto puede desestabilizar el orden público y la seguridad del Estado, a instancia de un solo sujeto. Ejemplo el Metrobus en la capital, que escaseó en medio de la crisis, por orden de su dueño.
3.     Que un gran sector de la comunidad, muestra su unidad y apoyo solidario, en contra de las medidas, que considere adversas.
NEGATIVO
1.     Que en medio de la crisis hubo políticos que emitían, mensajes tipo “apología del delito”, cuando se sabe que todo gobierno debe concluir su mandato dentro del término constitucional para lo cual fue electo. Avalar lo contrario, además de ser contrario a derecho, difunde la semilla del anarquismo.
2.     Que hubo dirigentes que no saben controlar a sus agremiados.
3.     Hay falta de valores éticos y morales, dentro de la sociedad panameña. Poco, es lo que se invierte en este tópico, en Panamá.
4.     Que hubo una especie de estratagema política utilizada, por algunos, para propiciar el caos, en medio de las protestas, sin medir las consecuencias funestas que traería para la economía e imagen internacional del país, semejante iniciativa.
5.     Que hay ciudadanos dispuestos a realizar cualesquiera acciones, para satisfacer sus necesidades propias, sin importarle en lo más mínimo, el bien común.

Posibles delitos cometidos en las manifestaciones

De las manifestaciones del día viernes 26 de octubre de 2012 en Panamá, se pudieron haber cometido los siguientes delitos, que deben ser motivo, de investigación oficiosa por parte del Ministerio Público.
Figuras del Código Penal
  1. Robo; ya que  hubo personas que, mediando violencia o intimidación sobre personas, se apoderaron de cosa mueble ajena (celular etc.). (Art. 218 y 219).
  2. Hurto; debido a que gravitó apoderamiento de cosas muebles ajenas, por parte de muchos sujetos. (Art. 213).
  3. Asociación ilícita para delinquir; toda vez  que se percibió que mas de tres personas, se concertaron para vandalizar locales y otros bienes. (Art. 329).
  4. Daños; cuenta habida, de que hubo quien destruyó, inutilizó, rompió y dañó, cosa mueble y/o inmueble que pertenecían a otros. (Art. 230).
  5. Recepción de cosas proveniente de delitos; ya que hubo gente que sin haber tomado parte en el delito de vandalismo, etc., adquirieron,  y/o recibieron  valores u objetos que sabían o se presumía que provenían del vandalismo etc., (Art. 392)
El Ministerio Público debe recabar los videos publicados, en los medios de comunicación social, y llamar en primera instancia, a los dirigentes del SUNTRACS, para que depongan en el proceso y aclaren sobre los hechos investigados, conforme a su conocimiento.
De salir alguna persona culpable en la vía penal, ésta tendría que indemnizar a los afectados particulares.
Huelga añadir que las aseguradoras no se hacen responsables por los saqueos, salvo que en las pólizas, se hubiesen obligado expresamente a ello.

Comentarios sobre la posible derogatoria de la Ley 72

El legislativo no puede derogar la estructura orgánica del ejecutivo, sin el aval de éste, como contrariamente lo han hecho creer, algunos políticos en algunos medios de comunicación, en torno a la derogatoria de la Ley 72 de la Zona Libre de Colón.
¿Que dice la Constitución?
ARTICULO 159. La función legislativa, es ejercida por medio de la Asamblea Nacional y consiste en expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones del Estado declaradas en esta Constitución y en especial para lo siguiente:
12. Determinar, a propuesta del Órgano Ejecutivo, la estructura de la administración nacional mediante la creación de Ministerios, Entidades Autónomas, Semiautónomas, Empresas Estatales y demás establecimientos públicos, y distribuir entre ellos las funciones y negocios de la Administración, con el fin de asegurar la eficacia de las funciones administrativas.
Ahora bien ¿que puede hacer el legislativo en torno a la estructura orgánica creada en el ejecutivo?
La Corte lo ha definido con buen tino, diciendo que la puede modificar.
“La estructuración de la administración pública, por lo tanto, establece el Órgano Legislativo, pero sobre la base de un proyecto de ley cuya iniciativa le corresponde en forma privativa al Órgano Ejecutivo. No obstante, estima el Pleno que tal monopolio de la iniciativa legislativa de este tipo de leyes, alcanza solamente al acto inicial de creación, y, por lo tanto, no impide que una entidad pública, ya creada, pueda ser modificada a iniciativa del Órgano Legislativo, precisamente para que este reordenamiento de las funciones, asegure la eficacia de la administración pública, ya creada, cuyo establecimiento le corresponde al Órgano Legislativo, por cuanto la restricción en la limitación constitucional a la iniciativa legislativa, se refiere al acto fundacional de una entidad pública, sin que, una vez creada, se considere oportuno realizarle cambios y también, la de distribuir (o redistribuir) entre ellos las funciones y negocios de la administración.”  (Criterio recogido en sentencia del cinco (5) de junio de mil novecientos noventa y siete (1997) del Pleno de la Corte.
Ahora bien, ¿puede el Legislativo eliminar una estructura administrativa del Ejecutivo, sin la aquiescencia  de éste?
No, lo puede hacer, a mi juicio, pues sería atentar contra de la separación de los poderes del Estado. Decir lo contrario, abriría las puertas para que mañana, al cambiar la composición de fuerzas del legislativo, pudiera éste, por política, eliminar, mediante una ley, todas las entidades creadas a favor del Poder Ejecutivo.
En ese sentido, el artículo 2 de la Constitución Política establece lo siguiente:
“Artículo 2. El Poder Público sólo emana del pueblo. Lo ejerce el Estado conforme esta Constitución lo establece, por medio de los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración”.
La norma constitucional citada establece y señala adecuadamente el principio de separación de poderes del Estado.
La armónica colaboración de los Órganos del Estado se reglamenta precisamente en las leyes que sean expedidas por la Asamblea Nacional, pero no puede perderse de vista que este principio opera como un factor equilibrante de las funciones de gobierno, instituido sabiamente por el constituyente, mediante la separación de los poderes públicos.
En ese sentido, el Órgano Legislativo no puede exceder los límites que le ha impuesto el poder constituyente; lo mismo ocurre con el Órgano Ejecutivo y el Órgano Judicial.
Por otro lado, la Corte ha sentado un precedente, en torno a la no eliminación de estructuras de otros órganos del Estado, por parte del Legislativo, cuando declaró inconstitucional la ley que derogo la Sala V; y al respecto dijo.
“…lo cual reafirma, una vez más, que la Constitución Política en ningún momento le otorga atribución al Órgano Legislativo para suprimir ni para derogar ninguna de las Salas de la Corte Suprema de Justicia, ni tampoco para dejar sin efecto el nombramiento de los Magistrados que la integran. De esta forma, la Corte considera necesario establecer de forma categórica, y sin lugar a dudas, que no es posible que por Ley se pueda derogar una o más Salas de la Corte Suprema de Justicia, porque tal hecho – evidentemente contrario a la Constitución – atentaría, además, contra la estabilidad judicial e independencia de uno de los tres Órganos del Estado, en este caso, de la Corte Suprema de Justicia. (Sentencia del Pleno de la Corte del martes, 25 de enero de 2011).
Por lo antes expuesto, afirmo que el paso adecuado para derogar la Ley de la Zona Libre de Colón debe nacer del Poder Ejecutivo, el cual a su vez determinaría cual es el ordenamiento de la estructura orgánica que reemplazará a la derogada.

Los diputados no pueden derogar, motu proprio, la Ley de la ZLC

Existe un deseo de algunos legisladores, de presentar un proyecto de ley que derogue la Ley 72 que subrogó en todos sus partes la ley de la Zona Libre de Colón.
Esto constitucionalmente no se puede hacer, ya que la estructura administrativa de una entidad, el legislativo no lo puede eliminar, salvo que existe una propuesta del Ejecutivo, tal como se extrae del artículo 159 numeral 12 de la Carta Magna.
ARTICULO 159. La función legislativa, es ejercida por medio de la Asamblea Nacional y consiste en expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones del Estado declaradas en esta Constitución y en especial para lo siguiente:
12. Determinar, a propuesta del Órgano Ejecutivo, la estructura de la administración nacional mediante la creación de Ministerios, Entidades Autónomas, Semiautónomas, Empresas Estatales y demás establecimientos públicos, y distribuir entre ellos las funciones y negocios de la Administración, con el fin de asegurar la eficacia de las funciones administrativas.
Creo que la política partidista, esta sacando un alto grado de provecho, de una lucha social sana, como es la del pueblo de Colón.
Por otro lado afirmo que hoy, no se puede derogar la ley 72, de un plumazo, por que sería dejar sin estructura administrativa, a la Zona Libre de Colón.
¿Cuál debiera ser el procedimiento a seguir, en este caso?
  1. El Consejo de Gabinete debe reunirse para tocar el tema, pero no lo puede hacer al momento,  por que el Presidente, que lo preside, no está en el País y no se ha designado un Encargado de la Presidencia.
ARTICULO 188. El Presidente de la República podrá ausentarse del territorio nacional, en cada ocasión, sin pedir licencia de su cargo:
1. Por un periodo máximo de hasta diez días, sin necesidad de autorización alguna.
2. Por un periodo que exceda de diez días y no sea mayor de treinta días, con autorización del Consejo de Gabinete.
3. Por un periodo mayor de treinta días, con la autorización de la Asamblea Nacional.
Si el Presidente se ausentara por más de diez días, se encargará de la Presidencia el Vicepresidente y, en defecto de este, lo hará un Ministro de Estado, según lo establecido en esta Constitución.
Quien ejerza el cargo tendrá el título de Encargado de la Presidencia de la República. (Constitución).
ARTICULO 199. El Consejo de Gabinete es la reunión del Presidente de la República, quien lo presidirá, o del Encargado de la Presidencia, con el Vicepresidente de la República y los Ministros de Estado. (Constitución).
  1. Si se acuerda en Gabinete, derogar del todo, la Ley 72, tiene que revivirse, por ley,  la normativa  vetusta  de la Zona Libre de Colón, que ya no existe.
Constitución
ARTICULO 165. Las leyes serán propuestas:
1. Cuando sean orgánicas:
a. Por Comisiones Permanentes de la Asamblea Nacional.
b. Por los Ministros de Estado, en virtud de autorización del Consejo de Gabinete.
  1. Si se acuerda en Gabinete, derogar en parte la Ley 72, la Asamblea podría cumplir el cometido, eliminando lo objetado y modificando lo propio.
Mi deseo es que haya la reunión entre los ministros de Estado y las fuerzas vivas de Colón, y demás, con tolerancia, para llegar a acuerdos, mismos que a la postre, los podría prohijar el Consejo de gabinete, y ratificarse en ley de la República.

Los diputados no pueden derogar, motu propio, la Ley de la ZLC

Existe un deseo de algunos legisladores, de presentar un proyecto de ley que derogue la Ley 72 que subrogó en todos sus partes la ley de la Zona Libre de Colón.
Esto constitucionalmente no se puede hacer, ya que la estructura administrativa de una entidad, el legislativo no lo puede eliminar, salvo que existe una propuesta del Ejecutivo, tal como se extrae del artículo 159 numeral 12 de la Carta Magna.
ARTICULO 159. La función legislativa, es ejercida por medio de la Asamblea Nacional y consiste en expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones del Estado declaradas en esta Constitución y en especial para lo siguiente:
12. Determinar, a propuesta del Órgano Ejecutivo, la estructura de la administración nacional mediante la creación de Ministerios, Entidades Autónomas, Semiautónomas, Empresas Estatales y demás establecimientos públicos, y distribuir entre ellos las funciones y negocios de la Administración, con el fin de asegurar la eficacia de las funciones administrativas.
Creo que la política partidista, esta sacando un alto grado de provecho, de una lucha social sana, como es la del pueblo de Colón.
Por otro lado afirmo que hoy, no se puede derogar la ley 72, de un plumazo, por que sería dejar sin estructura administrativa, a la Zona Libre de Colón.
¿Cuál debiera ser el procedimiento a seguir, en este caso?
  1. El Consejo de Gabinete debe reunirse para tocar el tema, pero no lo puede hacer al momento,  por que el Presidente, que lo preside, no está en el País y no se ha designado un Encargado de la Presidencia.
ARTICULO 188. El Presidente de la República podrá ausentarse del territorio nacional, en cada ocasión, sin pedir licencia de su cargo:
1. Por un periodo máximo de hasta diez días, sin necesidad de autorización alguna.
2. Por un periodo que exceda de diez días y no sea mayor de treinta días, con autorización del Consejo de Gabinete.
3. Por un periodo mayor de treinta días, con la autorización de la Asamblea Nacional.
Si el Presidente se ausentara por más de diez días, se encargará de la Presidencia el Vicepresidente y, en defecto de este, lo hará un Ministro de Estado, según lo establecido en esta Constitución.
Quien ejerza el cargo tendrá el título de Encargado de la Presidencia de la República. (Constitución).
ARTICULO 199. El Consejo de Gabinete es la reunión del Presidente de la República, quien lo presidirá, o del Encargado de la Presidencia, con el Vicepresidente de la República y los Ministros de Estado. (Constitución).
  1. Si se acuerda en Gabinete, derogar del todo, la Ley 72, tiene que revivirse, por ley,  la normativa  vetusta  de la Zona Libre de Colón, que ya no existe.
Constitución
ARTICULO 165. Las leyes serán propuestas:
1. Cuando sean orgánicas:
a. Por Comisiones Permanentes de la Asamblea Nacional.
b. Por los Ministros de Estado, en virtud de autorización del Consejo de Gabinete.
  1. Si se acuerda en Gabinete, derogar en parte la Ley 72, la Asamblea podría cumplir el cometido, eliminando lo objetado y modificando lo propio.
Mi deseo es que haya la reunión entre los ministros de Estado y las fuerzas vivas de Colón, y demás, con tolerancia, para llegar a acuerdos, mismos que a la postre, los podría prohijar el Consejo de gabinete, y ratificarse en ley de la República.

PANAMA SIN POLITICA SOBRE VENTAS DE TIERRAS

Argentina ha limitado la compra de tierras por empresas y gobiernos extranjeros, inclusive

El Senado aprobó, casi por unanimidad, con el apoyo de la mayoría de la oposición, una ley que impedirá que los extranjeros posean más del 15% del territorio de Argentina, el octavo país más extenso del mundo y uno de los más ricos en producción de alimentos y reservas de aguas.


Un informe de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO, en sus siglas en inglés) había advertido hace unas semanas sobre la creciente concentración y extranjerización de las tierras en Latinoamérica.
El documento señalaba que China, Arabia Saudí, Catar y Corea del Sur, han empezado a comprar o alquilar propiedades en Argentina y Brasil para asegurarse la producción de alimentos.
Brasil ya había reaccionado ante esta situación con una ley que limitó la propiedad extranjera de tierras. Ahora lo hace Argentina.
Uruguay también analiza poner límites a la compra de tierras por parte de Estados extranjeros.

Canadá, y  EE.UU., ya han hecho lo propio.
Si embargo en Panamá, no hay ninguna norma legal que limite la adquisición de tierras estratégicas, por lo que el gobierno permite la compra de todo, hasta de bienes inadjudicables, por limitación constitucional, como por ejemplo: los rellenos de la zona libre de colón, etc.
Como país, no tenemos visión de futuro, en este sentido, como en otras latitudes, y a nadie le interesa al parecer, el futro de nuestras generaciones que no tendrán, de seguir la política de venta abierta, la oportunidad de adquirir, a la postre, alguna porción de tierra para cultivar, para producir y hasta para vivir; ya que todo inmueble, podría estar en manos de los acaudalados de hoy.