Archive en noviembre 2012

El deber del Estado en la ejecución de una obra pública

Independientemente de que un contratista de una obra pública del Estado debe garantizar la calidad de su trabajo  realizado, pues de lo contrario, sería sujeto de demanda por daños y perjuicios, el Estado también tiene una importante responsabilidad y es la de inspeccionar y fiscalizar, en cada etapa,  la obra que se vaya construyendo. Su omisión acarrea igual responsabilidad.
En sentencia del 21 de diciembre de 2009, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, promulgó que el MOP; “incumplió de alguna manera con su obligación legal de inspeccionar y fiscalizar la obra. Pues como hemos expresado ya el ejercicio de esa función debe tener finalidad preventiva, teniendo en cuenta la posición garante del Estado, lo que quiere decir, que la Administración debe realizar actividades en todas las fases de la actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo, lo cual debe ser una de (sic)  razón de ser del deber de la Administración al desarrollar sus funciones… En el presente caso, analizando la conducta de la Administración y del contratista, se puede apreciar que el Estado no adoptó las medidas de seguridad adecuadas a través de sus facultades de vigilancia y supervisión que le competían y del concesionario por el ejercicio inadecuado de la obra dada en concesión, no obstante, este último no forma parte de esta análisis”.
En este caso la Corte condenó al Estado a indemnizar por los daños y perjuicios causados a consecuencia del derrumbe por la construcción de la segunda fase del Corredor Norte, en la que perdieron la vida varios menores de edad.
Si la destrucción de una obra es producto de la naturaleza, ningún humano seria  responsable, por los eventos del caso fortuito, no obstante, si para la misma, contribuyó el hombre, por su obrar imprudente o negligente, entonces el mismo tendría que responsabilizarse y para eso se requiere que se instauren, los diversos procesos correspondientes, en procura de deslindar las responsabilidades pertinentes.

La Militarización

El fenómeno de la militarización es la intervención y control militar sobre la vida social y política civil. A mi juicio Panamá no vive eso, ni se puede argumentar que por la dotación de los aparejos de la fuerza pública, que bien lo necesita, nos estamos re-militarizando.
No obstante si existe una estructura jurídica que tiene parte de la filosofía militarista que debe adecuarse en forma perentoria y me refiero a la Ley 15 de 2010 que crea el Ministerio de Seguridad Pública.
1.      En su artículo 2 dice que es una función del comentado ministerio mantener y defender la soberanía nacional. La soberanía tiene dos  componentes uno interno, que guarda relación con la autoridad suprema del Estado, en la cual no habría problema alguno, pero en lo que sí es un exabrupto,  es en la externa, por que se manifiesta ésta en las relaciones internacionales, que la lleva hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores, por la vía diplomática, por una parte y por la otra (elucubrar la bélica) es inconstitucional, debido a que no se puede erigir un ente permanente para defendernos contra ataques de extranjeros. El artículo 310 Constitucional lo prohíbe expresamente. He aquí una raíz militarista.
ARTICULO 310. La República de Panamá no tendrá ejército.
Todos los panameños están obligados a tomar las armas para defender la independencia nacional y la integridad territorial del Estado.
Para la conservación del orden público, la protección de la vida, honra y bienes de quienes se encuentren bajo jurisdicción del Estado y para la prevención de hechos delictivos, la Ley
La ley organizará los servicios de policía necesarios, con mandos y escalafón separados.
Ante amenaza de agresión externa podrán organizarse temporalmente, en virtud de ley, servicios especiales de policía para la protección de las fronteras y espacios jurisdiccionales de la República. El Presidente de la República es el jefe de todos los servicios establecidos en el presente Título; y éstos, como agentes de la autoridad, estarán subordinados al poder civil; por tanto, acatarán las órdenes que emitan las autoridades nacionales, provinciales o municipales en el ejercicio de sus funciones legales.
2.     Según la enciclopedia WIKIPEDIA el significado de la palabra ejercito es un tipo de unidad militar de gran tamaño, formada por la unión de varios cuerpos de ejército y puesta bajo el mando de un general o rango superior. Este concepto militarista está inmerso en el artículo 11 de la ley 15 que sujeta dentro del nivel operativo, hacia el ministerio en comento, a todos los estamentos de la fuerza pública, bajo la dirección de un ministro, cuando la Carta Magna reza que todos deben más bien sujetarse es al Presidente de la República, en el artículo 310 citado
Este súper poder hacia un ministro, que le confiere la norma legal a un hombre, que no es el mandatario de la nación, es otro componente militarista  de ley bajo examen, que debe erradicarse para adecuarlo al sentido de la filosofía anti-ejército del constituyente, según mi concepto.

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

En estos días, las personas, en un nutrido grupo, defienden y protestan en contra de los abusos más palpables hacia las mujeres, no obstante, soslayan, que nuestras mujeres también sufren, otros tipos de abusos, agresiones y violencia, menos conocidas pero que si son materializadas y estas son; de naturaleza política, en Panamá.

En mi País, poco o nada se ha hecho para eliminar las agresiones u obstáculos señalados, que impiden a la mujer panameña al acceder a las posiciones de eminencia. Esto, en alguna medida por la falta de voluntad de nuestros políticos y de muchas personas, que no desean darle el valor que le corresponde a la mujer nacional, por derecho ganado.
¿Qué se puede hacer al respecto?
 

1. Crear leyes y políticas públicas especiales, dirigidas a mujeres indígenas y afrodescendientes, que tomen en cuenta sus necesidades y obstáculos para ingresar a la vida política.


2. El adoptar todas las medidas necesarias, incluidas las reformas legislativas y constitucionales, necesarias y las asignaciones presupuestarias, para garantizar la plena participación de las mujeres en cargos públicos y de representación política con el fin de alcanzar la paridad en todos los ámbitos y niveles de gobierno.

3. El cambiar la cultura política de los partidos políticos para lograr una distribución más equitativa del poder, que requiere sensibilizar a las dirigencias políticas e invertir en la formación de liderazgos femeninos.

4. Institucionalizar canales de participación en donde las mujeres puedan contribuir de forma sustantiva en el diseño, desarrollo e implementación de políticas públicas y programas a favor de la igualdad de género, en los distintos ámbitos de gobierno e instancias del poder público.

5. Que el gobierno adopte medidas públicas para redefinir las concepciones tradicionales sobre el rol de las mujeres en la sociedad, y promover la erradicación de patrones socioculturales discriminatorios que impiden su acceso pleno a los cargos públicos y las instancias de decisión.

El Gobierno no puede privatizar tres aeropuertos

En los medios de comunicación social se ha informado que el Gobierno concesionará la administración de los aeropuertos de David, Colón y Río Hato, a pesar de que hace cinco meses se había decidido que las tres terminales estarían bajo el control de Tocumen S.A
A mi juicio esta idea sería hoy ilegal por lo que dice la ley 23 de 2003, modificada por la ley 71 de 2009, en su artículo 1, que permite la administración de los aeropuertos, pero a las empresas públicas que pueda crear, como sociedades anónimas, el Estado.
Por su parte, el artículo 3 Ibídem dice que las comentadas empresas deberán tener un capital accionario del 100% DE PROPIEDAD DEL ESTADO.

El gobierno y el pacto ético electoral

Hoy en día, algún sector de la ciudadanía está pidiendo que se concretice, un pacto ético electoral, para fomentar la cultura de la paz, en la comunidad.
En mi concepto, uno de los principales suscriptores del mismo, debe ser gobierno, para que se comprometan a lo siguiente:
1.     Para que  consolide el respeto a las decisiones de los órganos electorales.
2.     Para que no utilice los recursos del Estado en promoción y/o cuñas, propagandas y programas, que pudieran proyectar a funcionarios aspirantes a cargos de elección popular.
3.     Para que no presione, directa o indirectamente, a los medios de comunicación social, que le sean adverso, en algún sentido.
4.     Para que permita, en los medios de comunicación social estatal, la participación democrática, de los diversos candidatos, en igualdad de condiciones.
5.      Para que garantice el trabajo de los funcionarios, que son militantes en diversas corrientes políticas.
6.     Para que garantice, el resultado de las elecciones del 2014.
7.      Para que no utilice, los actos de inauguración de obras públicas, para propaganda política.

Fusión: Autoridad Nacional de Aduanas- Servicio Nacional de Migración

Confusión, por falta de comunicación efectiva y/o difusión incorrecta del Decreto Ejecutivo No. 871 de 2012, existe en la comunidad, pues se cree que ya esta materializada la fusión entre las entidades en comentario.
El instrumento jurídico en cita no fusiona absolutamente nada, sino que lo que hace es crear la Comisión Técnica que se encargará de la estructuración de ambas instituciones.
Se implementan varias subcomisiones de trabajo, como la legal, la técnica, etc., que contarán con un término de hasta 180 días calendario, para rendir un informe que luego de avalado, si es el caso, tendrá que ir al Consejo de Gabinete, si se continua con la idea futura de fusionar instituciones, para que a la postre presente un proyecto de ley a la Asamblea Nacional de Diputados, para que se haga viable, la ley de rigor.
Como se ve legalmente hoy, la fusión de marras es hipotética, por lo que mal hacen los que tergiversan el Decreto Ejecutivo ut supra (arriba descrito). Puede que en la Asamblea se concretice la idea, o puede que no; ya que el proyecto de ley,  le llegará en un periodo pre-electoral y se conceptué por tanto, que no conviene por el momento.  
¿Y que de la renuncia de la antigua Directora?
Me pareció extemporánea la dimisión, habida cuenta, de que el Decreto Ejecutivo bajo estudio, no integra nada, por lo que debió esperar, reposadamente hasta que se promulgara la ley  integradora, para tomar luego la decisión férrea; si es que la renuncia era por controvertir, la supuesta acumulación de poderes en un único funcionario.
La renuncia materializada es lamentable, por que la directora era una mujer de gran valía e insustituible, sin embargo, la renuncia, a la luz de la explicación que se vertió en los medios de comunicación, no tiene sustento técnico –legal  en este instante.

Los medios de comunicación y el pacto ético electoral

Hoy en día, algún sector de la ciudadanía está pidiendo que se concretice, un pacto ético electoral, para fomentar la cultura de la paz, en la comunidad.
En mi concepto, uno de los principales suscriptores del mismo, deben ser los medios de comunicación social, para que se comprometan a lo siguiente:
1.     A minimizar la proliferación de programas que promueven la violencia, las acciones que riñen con la moral y las conductas delictivas; para sembrar  con ello, valores y el buen ejemplo en la sociedad.
2.     A permitir en sus programas de opinión, la igualdad de condiciones, a todas las corrientes políticas. Se ven y/ oyen a menudo  programas en donde gravita una desproporción en cuanto a la filosofía de los oradores activos y esto, directa o indirectamente, pudiera inclinar la balanza en la formación de criterio, en el oyente o en el televidente.
3.     A difundir las noticias políticas con objetividad y sin favoritismo.
4.     A promover el debate democrático de ideas entre los actores.
5.     A fortalecer, en la medida de lo posible, la paridad de género, entre los entrevistados.
6.     A permitirle (los dueños) a los conductores de programas noticiosos, sin ejercer presión alguna, a que inviten con libertad a sus entrevistados.

Los medios de comunicación y el pacto ético electoral

Hoy en día, algún sector de la ciudadanía está pidiendo que se concretice, un pacto ético electoral, para fomentar la cultura de la paz, en la comunidad.
En mi concepto, uno de los principales suscriptores del mismo, deben ser los medios de comunicación social, para que se comprometan a lo siguiente:
1.     A minimizar la proliferación de programas que promueven la violencia, las acciones que riñen con la moral y las conductas delictivas; para sembrar  con ello, valores y el buen ejemplo en la sociedad.
2.     A permitir en sus programas de opinión, la igualdad de condiciones, a todas las corrientes políticas. Se ven y/ oyen a menudo  programas en donde gravita una desproporción en cuanto a la filosofía de los oradores activos y esto, directa o indirectamente, pudiera inclinar la balanza en la formación de criterio, en el oyente o en el televidente.
3.     A difundir las noticias políticas con objetividad y sin favoritismo.
4.     A promover el debate democrático de ideas entre los actores.
5.     A fortalecer, en la medida de lo posible, la paridad de género, entre los entrevistados.
6.     A permitirle (los dueños) a los conductores de programas noticiosos, sin ejercer presión alguna, a que inviten con libertad a sus entrevistados.

Programa Mi Primera Oportunidad

Con el Decreto Ejecutivo No. 159 de 2012, se crea el programa Mi Primera Oportunidad, con la finalidad de incorporar a los sectores en riesgo social y vulnerabilidad al sector productivo.
Bondades
1.     Promueve la capacitación para la mejora de las competencias e inserción laboral del individuo.
2.     Capacita para optar al empleo por cuenta propia.
3.     Otorga una gratificación anual al beneficiado.
4.     Otorga un bono alimentario anual al beneficiado.
Amenazas.
1.     El programa lo administrará la AMPYME, cuya representante legal, aspira a un cargo de elección popular y podría politizarlo para proyectarse.
2.      No establece unos parámetros claros de cuantía para establecer la cifra para la gratificación o del pago de bono, por lo que podría, beneficiar a unos, con un monto y ante la misma vulnerabilidad, otorgar, en tanto un beneficio diferente a otros.
Sugerencias
1.     Trasladar el programa en comento, al Ministerio de Trabajo y Bienestar Social,  cuya representante legal, ha mostrado capacidad laboral, por un lado y por el otro, no aspira aún (por lo menos no lo ha dicho) a ningún cargo de elección popular.
2.     Motivar a la Contraloría General, a que elabore a la brevedad, un manual de procedimiento, para el uso adecuado de los dineros de este programa.

Pacto ético electoral y sus actores, en Panamá

En Panamá, hay una corriente, que sugiere la implementación de un pacto ético electoral, para los comicios del año 2014.
Los actores, de acuerdo a los temas, que debieran concurrir para tal fin, son los siguientes.
Los medios de comunicación.
Para que difundan programas que promuevan valores.
Para que otorguen, igualdad de condiciones, a todas las corrientes políticas.
Para que los periodistas difundan las noticias políticas con objetividad.
El gobierno.
Para que no utilice, directa o indirectamente, los recursos del Estado a favor de Partidos Políticos y/o candidatos.
Para que no ejerza presión sobre las personas y/o instituciones que no le sean afines.
Para que no utilice las propagandas sobre sus obras y/o programas, para promover sus candidatos.
Fiscalía Electoral
Para que cumpla su misión con imparcialidad y dentro de los términos que el derecho dispone.
Tribunal Electoral.
Para que cumpla su papel con transparencia y rectitud.
Los partidos políticos y los precandidatos por la libre postulación, acreditados en el Tribunal Electoral.
Para que no difundan directamente o por interpuestas personas o agrupaciones, mensajes, que ofendan la dignidad humana; incurran en uso de diatribas, irrespeto, calumnia, injuria, violencia o atente contra las leyes de la República.
Para centrar las campañas electorales, al debate de las ideas y programas a implementarse, para solucionar problemas detectados.
Para promover, dentro de los colectivos mismos, (según se al el caso) la realización de sus campañas internas, en la que predomine, el respeto recíproco entre los candidatos y sus equipos de trabajo.
Para concretar la idea,  un tercero imparcial y con grandes valores éticos, podría ser el receptor del pacto y capacitado por las partes, para llamar al orden a los infractores del compromiso.