Archive en junio 2013

INTERCEPTACIONES TELÉFONICAS



El artículo 29 constitucional panameño es clave para entender parte del ritual necesario, para que se lleven a cabo las mismas.

Artículo 29- La correspondencia y demás documentos privados son inviolables y no pueden ser examinados ni retenidos, sino por mandato de autoridad competente y para fines específicos, de acuerdo con las formalidades legales. En todo caso, se guardará absoluta reserva sobre los asuntos ajenos al objeto del examen o de la retención.
El registro de cartas y demás documentos o papeles se practicará siempre en presencia del interesado o de una persona de su familia o, en su defecto de dos vecinos honorables del mismo lugar.
Todas las comunicaciones privadas son inviolables y no podrán ser interceptadas o grabadas, sino por mandato de autoridad judicial.
El incumplimiento de esta disposición impedirá la utilización de sus resultados como pruebas, sin perjuicio de las responsabilidades penales en que incurran los autores.

Según la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 24 de agosto de 2007, el desglose del contenido del artículo 29 de la Constitución Política de la República de Panamá, permite entender que el constituyente conceptualizó que la reserva sobre las comunicaciones particulares alcanza a todo tipo de comunicación, por lo que no puede ser limitado exclusivamente a la comunicación por medios postales, telegráficos o telefónicos. Siendo así, la protección que abriga el derecho fundamental incluye cualquier tipo de comunicación, como lo sería en la actualidad aquellas que se auxilian en la telemática o informática, verbigracia correo electrónico; dejando abierta la puerta para incluir, dentro de ese listado, aquellas formas de comunicación que utilicen como soporte los instrumentos, herramientas o medios, que en su momento, suministren los avances científicos y tecnológicos.

Para que se lleven a cabo las interceptaciones o grabaciones de las comunicaciones, se debe contar con la aprobación del Órgano Judicial, sino las mismas, serían ilegales.

¿Cuál es la sanción penal para los que incumplen con este mandato constitucional, al interceptar telecomunicaciones o al utilizar artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción de conversaciones no dirigidas al público?
Conforme al artículo 167 del código penal, la de una pena de prisión de dos a cuatro años.

¿Quiénes podrían interceptar ilegalmente una comunicación?
Todo el que cuente con aparatos tecnológicos para tal fin. Ejemplo: empresas de comunicaciones, particulares, etc. Otrora, salio en los medios de comunicación de Panamá, una persona que aseveraba que con un equipo de tecnología, que mostraba, y adquirido en el comercio local, interceptaba las comunicaciones en la Procuraduría de la Administración.

¿Puede el gobierno interceptar las comunicaciones?
El gobierno lo podría hacer con el aval judicial y siguiendo el procedimiento constitucional y legal. Si quisiera bloquear en todo o en parte las comunicaciones, podría hacerlo al decretar un estado de urgencia, al tenor de lo que dispone el artículo 55 de la Carta Magna.

Artículo 55- En caso de guerra exterior o de perturbación interna que amenace la paz y el orden público, se podrá declarar en estado de urgencia toda la República o parte de ella y suspender temporalmente, de modo parcial o total, los efectos de los artículos 21. 22, 23, 26, 27, 29, 37, 38 y 47 de la Constitución.
El Estado de urgencia y la suspensión de los efectos de las normas constitucionales citadas serán declarados por el Organo Ejecutivo mediante decreto acordado en Consejo de Gabinete. El Organo Legislativo, por derecho propio o a instancia del Presidente de la República, deberá conocer de la declaratoria del estado referido si el mismo se prolonga por más de diez días y confirmar o revocar, total o parcialmente, las declaraciones adoptadas por el Consejo de Gabinete, relacionadas con el estado de urgencia.
Al cesar la causa que haya motivado la declaratoria del estado de urgencia, el Organo Legislativo, si estuviese reunido, o, si no lo estuviera, el Consejo de Gabinete levantará el estado de urgencia.

Decretado un estado de urgencia, se podría restringir temporalmente, las comunicaciones y los aparatos para su difusión, conforme a una interpretación correcta, del numeral 3 del artículo 13 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos que está en rango constitucional, por la prominencia de la doctrina del bloque de la constitucionalidad, que se acopla al derecho a la libertad de expresión en Panamá.

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1.
2.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

Se deja claro que para interceptar y/o bloquear en todo o en parte las comunicaciones, debe seguirse el procedimiento reglado y anteriormente exteriorizado, para preservar con ello, el estado de derecho en Panamá. No debe violarse la Constitución panameña libremente. Dura es la ley, pero es la ley.

Se debe considerar viable, la contratación de extranjeros profesionales y técnicos extranjeros de la salud.


 

En la Asamblea Nacional de Diputados reposa para la evaluación de rigor,
el proyecto de Ley No. 611, que permite al Ministerio de Salud y la
Caja del Seguro Social, a contratar profesionales y técnicos
extranjeros de la salud.
El proyecto se ve potable debido al déficit de médicos,
odontólogos, enfermeras y técnicos en enfermería, en la geografía nacional.
Con la iniciativa se busca minimizar la alta mora existente en la
prestación de servicios de la salud pública.
Conforme a la normativa, las plazas vacantes serán adjudicadas con
prioridad a los profesionales y técnicos de la salud panameños.
Dado el caso que la plaza vacante no sea ocupada por personal panameño, la
misma será concedida a profesionales y técnicos extranjeros de la
salud.
El personal extranjero de la salud, para obtener su idoneidad temporal,
deberá cumplir con
todos los requisitos establecidos por el Consejo Técnico de
Salud
, que se les exige a los profesionales nacionales de la salud, por lo que
no debiera gravitar ningún tipo de inseguridad profesional, para con la
población que se vaya atender, con los profesionales foráneos contratados.
(Véase el artículo 5).
Los profesionales o técnicos extranjeros de la salud, serán contratados
por el período de dos años.
El contratado no podrá gozar de beneficios de estabilidad, ascensos,
indemnización en el caso de separación, jubilación o pensiones especiales,
sobresueldos y otros que la ley otorga a los profesionales panameños.
RECOMENDACIÓN PROPIA.
Que se implemente en la normativa, porque no existe, la filosofía que
recoge el código laboral en su artículo 18, que obliga a sustituir al
extranjero, en un tiempo determinado, que podría hacerse viable, si se plasma
que el Estado, se obliga a capacitar y/o formar, profesionales de la salud, a
través de becas a los nacionales, para que llenen las vacantes dejadas, por el
contratado. Si esto no se hace así, difícilmente un nacional, que paga sus
estudios, querrá ir voluntariamente, a trabajar, al sector rural. En el
contrato de beca, el Estado obligaría al becado a cumplir tal función.
Código Laboral
Artículo 18.
Los empleadores que fueren autorizados por el Ministerio de Trabajo y
Desarrollo Laboral para contratar los servicios de trabajadores extranjeros
especializados o técnicos, conforme el artículo anteriortendrán la
obligación de sustituir al trabajador especializado extranjero por uno panameño
en un término máximo de cinco años, a partir de la fecha en que sea extendida
la autorización a que se refiere esta norma.

Denuncian al Presidente, por violación al pacto ético electoral

La Comisión de Justicia y Paz no es competente para atender ninguna
denuncia contra el Presidente por violaciones al Pacto Ético Electoral,  ya que el pacto ético electoral, solo obliga a
los actores suscriptores del mismo, únicamente.
Actuaría políticamente la comisión de justicia y paz, si emite
algún grado de exhortación al Presidente, no siendo competente para esto.

El comentado pacto, si bien en un documento que impulsa valores,
éste, en cuanto a los compromisos
insertos en él
,  es de libre aceptación
y aplicación para con los suscriptores del documento, pero no, para toda la
sociedad panameña.

Algunos derechos políticos, que pudieran estar siendo violados, en Panamá

1. Nadie podrá ser molestado a
causa de sus opiniones. Art. 19 Pacto
internacional de derechos civiles y políticos
2.   Toda persona tiene derecho
a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Art. 5 Convención Americana sobre Derechos Humanos
 
3. De votar y ser elegidos en
elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por
voto secreto
que garantice la libre expresión de la voluntad de los
electores. Art. 23 Convención Americana sobre
Derechos Humanos
4. Toda
persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su
dignidad. Art. 11 Convención Americana sobre Derechos Humanos
5. Nadie
puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en
la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques
ilegales a su honra o reputación. Art. 11 Convención Americana sobre
Derechos Humanos
6. Toda persona tiene derecho a la
protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. Art. 11 Convención Americana sobre Derechos Humanos

Grabaciones a políticos, irrespetan la Constitución

¿Quiénes
pueden cometer este tipo de delitos?
R: Cualquiera,
con la tecnología adecuada. Otrora un ex funcionario, -ex jefe de seguridad de Ceville- señalaba en los medios
de comunicación social,  el equipo que
supuestamente el instaló, para pinchar, en la Procuraduría de la Administración.
El hecho de que la prueba de la grabación sea ilícita,
en lo legal; no exonera al candidato afectado por la misma,  por
efectos de la ética
, el de aclararle a los votantes, la veracidad o no del
contenido de la grabación, toda vez que la ciudadanía, tiene el legitimo derecho de conocer la realidad
que rodea a quienes optan por los cargos de elección popular.

Topes para el financiamiento privado, en una campaña electoral

Los
costos electorales altos, en mi concepto, para nada benefician la democracia y
hace gravitar entonces, varias preguntas:
¿Por
qué no se incluyó en el famoso pacto ético electoral, como medida de
autorregulación, el tope en los gastos de campaña, por parte de los partidos
políticos suscriptores, del documento?
¿Cómo
recuperará el candidato, la suma por él invertida en campaña?
¿Se
beneficiará de algún modo, a la postre, el donante privado, de un candidato
ganador?
Un
tope en los gastos de campaña, pudiera garantizar que en los espacios políticos
exista una verdadera y efectiva contienda electoral, permitiendo que candidatos
de distintas organizaciones políticas e independientes, accedieran a los cargos
públicos de elección popular en condiciones de equidad.
Con
el tope en los gastos de campaña, se impide que los partidos que cuentan con
fondos económicos, restrinjan las posibilidades de acceso al poder de los
partidos pequeños o de las nuevas fuerzas políticas, y evitaría que los
candidatos, tuviesen que salir en búsqueda de excesivas sumas de dinero
convirtiéndose en blancos fáciles de los dineros ilícitos y de la corrupción.
En
Colombia, el incumplimiento de los topes máximos de gastos de campañas, es
sancionado con pérdida de la investidura o el cargo, exclusión del
financiamiento por vía de reposición de votos, y multas. La Ley 130 de 1994,
dispone que “…ningún candidato a cargo de elección popular podrá invertir en la
respectiva campaña suma que sobrepase la que fije el Consejo Nacional Electoral,
bien sea de su propio peculio, del de su familia o de contribuciones de
particulares”.
En
Argentina con la Ley 26.215 de 2007, los partidos políticos o alianzas con
motivo de la campaña electoral, no podrán recibir un total de recursos privados
que supere el monto equivalente a la diferencia entre el tope máximo de gastos
de campaña fijado por la ley y el monto del aporte extraordinario para campaña
electoral correspondiente al partido o alianza. El presidente y tesorero del
partido y los responsables políticos y económico financiero de campaña serán
pasibles de inhabilitación de seis (6) meses a diez (10) años, para el
ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegido en las elecciones a cargos
públicos nacionales, y en las elecciones de autoridades de los partidos
políticos y para el ejercicio de cargos públicos y partidarios, cuando: a)
autoricen o consientan la utilización de cuentas distintas de las establecidas
en esta ley para el financiamiento de la actividad del partido político o de la
campaña electoral. b) no puedan acreditar debidamente el origen y/o destino de
los fondos recibidos.

En Panamá no existe el tope para el
financiamiento privado. El proyecto de Ley 292, de reformas electorales,
pretendía hacerlo.

Espacios libres para alianzas

Los partidos políticos han
iniciado el proceso de primaria para los diversos cargos de elección popular,
dejando espacios libres para futuras alianzas con independientes u otros  partidos políticos.
¿Pero procederían las mismas?

Alianza con independientes.
Un partido no puede postular a
candidatos de la libre postulación, conforme a la ley electoral.
Código Electoral.
Artículo
257. Cada partido político podrá postular un candidato a Alcalde y a
Representante de Corregimiento.
Igualmente
podrán presentarse candidatos por libre postulación.
Dos o más
partidos políticos podrán postular a los mismos candidatos para principal y
suplente a Alcaldes, y para principal y suplente a Representante de
Corregimiento, caso en el cual los candidatos aparecerán en la columna de cada
partido en la boleta única de votación.
Los candidatos principales o suplentes por libre
postulación, no podrán ser postulados por partidos políticos.
Por su
parte, la ley 31 de 2013, dice que sólo podrán ser postulados por los partidos
políticos, los candidatos que formen parte de la misma alianza nacional, hecha
previamente, únicamente por partidos.
La única
posibilidad  de que un partido pueda
postular a un independiente, (para diputado, alcalde y/o representante) es que
éste, se inscriba en el colectivo y una vez inscrito, se le puede revocar su
mandato, si viola gravemente los estatutos del partido y la plataforma
ideológica, política o programática del partido que lo postuló. (Art. 361, 369
y 376-A Ibídem).
La ley 54
de 2012, permite la postulación de un independiente por un partido, pero sólo
para el cargo presidencial y no para los otros cargos. (Art. 246-G óp. cit.)
Alianza con otros partidos.
De
acuerdo a lo que reza la ley 31 de 2013, sólo podrán ser postulados por los
partidos políticos, los candidatos que formen parte de la misma alianza
nacional, constituida para postular candidatos comunes al cargo de Presidente y
Vicepresidente de la República, por lo que están vedadas las alianzas
circuitales o distritales, que se hacían otrora, para cargos específicos, si
los partidos, no postulan a la misma nómina presidencial.

Por
lo antes expuesto, se desconoce la efectividad de los espacios libres, que
están dejando los partidos en sus comicios internos.

Se debe considerar viable, la contratación de extranjeros profesionales y técnicos extranjeros de la salud.

 

 

En la Asamblea Nacional de Diputados reposa para la
evaluación de rigor, el proyecto de Ley No. 611, que permite al Ministerio de
Salud y la
Caja del Seguro Social, a contratar profesionales y técnicos
extranjeros de la salud.

 

El proyecto se ve potable debido al déficit de médicos,
odontólogos, enfermeras y técnicos en enfermería, en la geografía nacional.

 

Con la iniciativa se
busca minimizar la alta mora existente en la prestación de servicios de la
salud pública.

 

Conforme a la normativa, las plazas vacantes serán
adjudicadas con prioridad a los profesionales y técnicos de la salud panameños. Dado el caso que la plaza vacante no sea ocupada por personal
panameño, la misma será concedida a profesionales y técnicos
extranjeros de la salud.

 

El personal extranjero de la salud, para obtener su
idoneidad temporal, deberá cumplir con

todos los requisitos establecidos por el Consejo Técnico de Salud, que se les
exige a los profesionales nacionales de la salud, por lo que no debiera gravitar
ningún tipo de inseguridad profesional, para con la población que se vaya atender,
con los profesionales foráneos contratados. (Véase el artículo 5).

 

Los profesionales o técnicos extranjeros de la
salud, serán contratados por el período de dos años.

 

El contratado no podrá gozar de beneficios de
estabilidad, ascensos, indemnización en el caso de separación, jubilación o
pensiones especiales, sobresueldos y otros que la ley otorga a los
profesionales panameños.

 

RECOMENDACIÓN PROPIA.

 

Que se implemente en la normativa, porque no
existe, la filosofía que recoge el código laboral en su artículo 18, que obliga
a sustituir al extranjero, en un tiempo determinado, que podría hacerse viable,
si se plasma que el Estado, se obliga a capacitar y/o formar, profesionales de
la salud, a través de becas a los nacionales, para que llenen las vacantes
dejadas, por el contratado. Si esto no se hace así, difícilmente un nacional,
que paga sus estudios, querrá ir voluntariamente, a trabajar, al sector rural. En
el contrato de beca, el Estado obligaría al becado a cumplir tal función.

 

Código Laboral

 

Artículo 18.

Los empleadores que fueren
autorizados por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral para contratar
los servicios de trabajadores extranjeros especializados o técnicos, conforme
el artículo anterior, tendrán la obligación de sustituir al
trabajador especializado extranjero por uno panameño en un término máximo de
cinco años, a partir de la fecha en que sea extendida la autorización a que se
refiere esta norma.

El nuevo presidente de Panamá en el 2014, no puede despedir a ciertas autoridades nacionales, a su antojo

Algunos consideran que el nuevo
presidente electo en el año 2014, tiene potestad libre para remover a las
autoridades nacionales, recientemente nombradas, a su libre albedrío, cuando
jurídicamente no es verdad. No tiene potestad legal para ello, conforme a lo
expuesto, por las normas escritas, que son ley de la república.
Veamos las causales para
removerlos, conforme a las disposiciones legales pertinentes.
AUTORIDAD DE INGRESOS PÚBLICOS,
Ley 24 de 2013.  Artículo 18, sólo se
puede remover, al representante legal, por impedimento físico o mental; por
renuncia o por la comisión de delito doloso.
AUTORIDAD DE PASAPORTES DE PANAMÁ.
Ley 32 de 2013. Artículo 13, sólo se puede 
remover, al representante legal, por razones de incapacidad física o
mental y por la comisión de delitos dolosos o contra la administración pública.
AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.
Ley 33 de 2013. Artículo 19 sólo se puede remover, a la representante legal,
ante la Sala Tercera
de la Corte Suprema
de Justicia,  por razones de incapacidad médica
permanente para cumplir sus funciones, 
incumplimiento de los requisitos para ocupar el cargo, incumplimiento de
sus funciones, obligaciones y prohibiciones.
ASEP. Decreto ley 10 de 2006. Articulo
18, sólo se puede remover, a la representante legal, por la incapacidad
permanente para el ejercicio del cargo, falta de probidad o conducta
negligente, incumplimiento de sus funciones, obligaciones y prohibiciones,
comprobación de haber cometido delito contra el patrimonio, la fe pública o la
administración pública, haber cometido incompatibilidades de sus funciones y la
declaratoria de concurso de acreedores.