Archive en julio 2013

La resolución (extinción) del contrato a la empresa MI BUS

 La empresa MI
BUS sigue incumpliendo el contrato concedido.
¿Qué está
provocando, las violaciones de la empresa MI BUS?
·        
El debilitamiento en la calidad de vida, de muchos usuarios y/o
clientes.
·        
Que la empresa privada  e instituciones públicas, se
vean  perjudicadas,  por las tardanzas de sus
colaboradores.
·        
Que haya gente que anhele, la vuelta en acción de los diablos rojos, que
per se, eran trampa de muerte.
·        
Que graviten cuestionamientos hacia el gobierno, por parte de personas
afectadas por el mal servicio brindado.
·        
Que políticos electoreros,  utilicen la problemática
existente, como principal bastión de lucha y oportunismo.
·        
Que las prioridades de muchas personas, se hayan volcado hacia la
consecución de un auto propio.
·        
Que personas del mal vivir, estén aprovechándose de las aglomeraciones
espontáneas, para cometer actos impropios.
·        
Que algunas reglas de urbanidad, se hayan puesto al soslayo.
Por lo anterior,  el gobierno debe ponderar seriamente,  la posibilidad de resolverle el contrato a la
empresa MI BUS, en base a lo que dispone la ley 22 de 2006 (de
contratación pública) y el contrato de concesión No. 21-10, en sus cláusulas
trigésima y trigésima primera.
MI BUS no ha
puesto de su parte y un sector importante de la población, sufre
inmisericordemente a diario.
La causal
para iniciar el proceso podría ser; la del incumplimiento de las cláusulas del
contrato y/o, la reiteración de faltas graves.
¿Este proceso
de resolució0n (extinción) traumaría el sistema?
En lo más
mínimo, ya que la cláusula trigésima primera ibídem, reza que todos los bienes,
buses y demás, revertirán al Estado a fin de mantener la continuidad de la
prestación del servicio público de transporte. El Estado, por
justicia,  le pagaría por los bienes revertidos, al concesionario,
mediando un proceso de liquidación de contrato público y en los términos que
subyacen en la adenda 2.
El Estado
podría administrar el sistema per se, o mediante la creación de una empresa
mixta, como hizo con los corredores, o podría llamar, a un proceso de libre
concurrencia, a otros operadores.
Se deja claro
que la fiadora del contrato, antes de hacer efectivo su fianza, por el monto de
B/. 46, 250,000.00 y antes de que todos los bienes pasen al
Estado,  podría sustituir o subrogarse, si lo quisiera, de todos los
derechos del concesionario, pudiendo efectuar el contrato a sus expensas.

Proceso Administrativo de la Defensora del Pueblo.

Nada tiene que ver el resultado del proceso penal
con el administrativo, de la actual Defensora del Pueblo (suspendida), debido a
que Patria Portugal, está sujeta a dos procesos diferentes e independientes uno
del otro, aunque la génesis de los mismos, son el producto de los mismos hechos
contractuales.
En el penal se ventila, si hubo la comisión de
algún delito, mientras que en el administrativo, si en su conducta gravitó,
negligencia notoria en el cumplimiento de los deberes del cargo. (Artículo 11-B
de la Ley 7 de 1997).
En el proceso administrativo, la comisión
pertinente de diputados, que analizó el caso, recomendó la remoción del cargo
de la aludida. No obstante, se requiere del aval de 47 diputados, para que se
concretice la decisión sugerida.
¿Qué han dicho algunos padres de la patria? Que la
directiva del colectivo político al cual pertenecen, les ha controlado el voto
y se someterán por tanto, a tal designio.
Conclusiones propias.
1.    Que
existen diputados que violan el espíritu de la Constitución, debido a que no
actúan en interés de la Nación, sino conforme a lo que les orientan
políticamente.
Constitución
ARTICULO 150. Los Diputados actuarán en interés de la Nación y representan en la Asamblea
Nacional a sus respectivos partidos políticos y a los electores de su Circuito
Electoral.
2.    Que existen diputados que han
soslayado, la verdadera representación y el deseo de los electores que los
eligieron, en detrimento de la Constitución.
3.    Que obliga al elector en las
elecciones del año 2014, a escudriñar no tan solo a sus candidatos a diputados,
sino a las personas que ostentan los cargos directivos al cual pertenecen
éstos, debido a que les terminaran girando instrucciones de forzoso
acatamiento.
4.    Que hay procesos que se ventilan
en la Asamblea Nacional, que no se sujetan a las reglas de la justicia, el
derecho y la equidad.
5.    Que urge una reingeniería en la
Asamblea Nacional.
6.    Que en la Asamblea Nacional, no
se ponderan mucho, los valores ni la ética.
7.    Que al parecer, el
futuro de la Defensora del Pueblo, podría no estar sujeta en su
totalidad, a la correcta interpretación y aplicación de las leyes, como debe
ser, sino más bien, a factores de naturaleza externa.

Caso Mejía

Parto diciendo que no hay norma jurídica que
faculte a un juez, a llevarse los expedientes para su casa, para seguir
trabajándolos. Por tal motivo, tal práctica no cuenta con el asidero legal
idóneo, ni mucho menos del constitucional; toda vez que los funcionarios solo
pueden hacer lo que la ley permite hacer. (Principio de estricta legalidad, en
rango constitucional en los artículos 17 y 18).
En ese sentido, el presidente de la Corte Suprema,
instruyó a que se presentara una denuncia contra una magistrada en el interior,
por la presunta sustracción de expedientes judiciales, misma que se presentó,
en base al artículo 363 del código penal.
En la audiencia propia del sistema acusatorio,
cuentan los medios, que el magistrado Jerónimo Mejía  dijo que era una práctica de los jueces y
funcionarios, sacar expedientes para adelantar el trabajo en casa. De allí que
un ciudadano, presenta denuncia en la Asamblea contra él, en donde el delito
principal, que se le endilga, es la apología del delito.
Mi criterio.
Aunque es irregular y peligroso,  que los jueces se lleven expedientes para
trabajarlos en sus casas, esa apreciación del magistrado Mejía, no constituye
apología del delito, ni delito alguno, por lo siguiente:
1.   El magistrado dijo su opinión, en una audiencia en
donde su criterio no decidió nada, ya que el mismo, no fue vinculante, ya que
los otros dos magistrados, (estaban los tres magistrados en la audiencia), no
dijeron nada, y en la sala penal, las decisiones las toman entre los tres.
Puede ser sólo una opinión disidente y minoritaria sobre un tema y por eso,
nadie debiera ser juzgado ante ningún tribunal ni foro.
2.      El Presidente la Corte, que es el representante
legal del órgano judicial, ya ha enviado una circular a los jueces en donde les
dice que no pueden llevarse los expedientes a las casas; de tal suerte que a
nadie, se le está alentando a violar la ley.
3.      En sentencia de 24 de junio de 2008, de la Sala
Segunda de lo Penal, se prohijó la tesis de que “la
apología es la exaltación o elogio de lo ilícito. Implica conspirar hacia la
desobediencia pública en contra del Estado y el orden establecido.” De lo
expuesto se colige que la opinión del magistrado Mejía, no encuadra dentro del
tipo penal aclarado por la Corte, ya que su criterio, fue sólo un criterio que
no causó estado, ni exalta la irreverencia del no cumplimiento de la ley.
La denuncia a mi juicio, no debiera ser admitida,
en la Asamblea Nacional por el criterio antes expuesto por el suscrito.  Admitir la misma, crearía un precedente
funesto, para el estado de derecho, que podría hacer sucumbir la paz social.

Revive el debate constitucional

La idea de impulsar cambios a la Constitución
Nacional revivió recientemente en boca del presidente de la República, Ricardo
Martinelli.
Métodos para reformar la Constitución de acuerdo a
la Constitución, son los siguientes:
1.    Por un
Acto Constitucional aprobado en tres debates por la mayoría absoluta de los
miembros de la Asamblea Nacional, el cual debe ser publicado en la Gaceta
Oficial y transmitido por el Órgano Ejecutivo a dicha Asamblea, dentro de los
primeros cinco días de las sesiones ordinarias siguientes a la instalación de
la Asamblea Nacional electa en las últimas elecciones generales, a efecto de
que en su primera legislatura sea debatido y aprobado sin modificación, en un
solo debate, por la mayoría absoluta de los miembros que la integran.
2.    Por un
Acto Constitucional aprobado en tres debates por la mayoría absoluta de los
miembros de la Asamblea Nacional, en una legislatura, y aprobado, igualmente,
en tres debates, por mayoría absoluta de los miembros de la mencionada
Asamblea, en la legislatura inmediatamente siguiente. En esta se podrá
modificar el texto aprobado en la legislatura anterior. El Acto Constitucional
aprobado de esta forma deberá ser publicado en la Gaceta Oficial y sometido a
consulta popular directa mediante referéndum que se celebrará en la fecha que
señale la Asamblea Nacional, dentro de un plazo que no podrá ser menor de tres
meses ni exceder de seis meses, contados desde la aprobación del Acto
Constitucional por la segunda legislatura.
3.    A
través de una Asamblea Constituyente Paralela.
No estoy de acuerdo de
que en estos momentos, se discuta el tema, por lo siguiente:
1.    Si se
pretende aplicar el método 2 o 3, ut supra (antes descrito) para reformar
la Carta Magna, se requeriría, de la participación ciudadana en votación
directa y éstas coincidirían, más o menos con los tiempos de las elecciones
generales del 2014, y los esfuerzos económicos y de organización del Tribunal
Electoral, deben ir dirigidos, al éxito de tal evento electoral, únicamente.
2.    El
método que pareciera factible es el 1, ibídem y no lo considero potable, en
estos momentos, por el descrédito que gravita en la Asamblea Nacional, como
Órgano del Estado y en donde, algún número de diputados, sigue agendas
personales y partidarias. Corolario de lo anterior, se necesita de un acuerdo
nacional, para materializar la idea, que pareciera difícil lograrlo en un año
pre-electoral, además urgiría designar un lugar con credibilidad, en donde las
personas pudieran acudir con el convencimiento de que sus aportes, serán
ponderados y la Asamblea Nacional hoy, no pareciera ser precisamente ese lugar
de acopio. Lo razonable sería esperar a discutir el tema con los
nuevos diputados que salgan en el 2014, tomando en cuenta para discusión
primaria, el documento base que hizo la comisión de notables, que laboró en la
administración Martinelli.

Revive el debate constitucional

La
idea de impulsar cambios a la Constitución Nacional revivió recientemente en
boca del presidente de la República, Ricardo Martinelli.

Métodos
para reformar la Constitución de acuerdo a la Constitución, son los siguientes:

1.    Por un Acto Constitucional aprobado en tres debates
por la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, el cual debe
ser publicado en la Gaceta Oficial y transmitido por el Órgano Ejecutivo a
dicha Asamblea, dentro de los primeros cinco días de las sesiones ordinarias
siguientes a la instalación de la Asamblea Nacional electa en las últimas
elecciones generales, a efecto de que en su primera legislatura sea debatido y
aprobado sin modificación, en un solo debate, por la mayoría absoluta de los
miembros que la integran.
2.    Por un Acto Constitucional aprobado en tres debates
por la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, en una
legislatura, y aprobado, igualmente, en tres debates, por mayoría absoluta de
los miembros de la mencionada Asamblea, en la legislatura inmediatamente
siguiente. En esta se podrá modificar el texto aprobado en la legislatura
anterior. El Acto Constitucional aprobado de esta forma deberá ser publicado en
la Gaceta Oficial y sometido a consulta popular directa mediante referéndum que
se celebrará en la fecha que señale la Asamblea Nacional, dentro de un plazo
que no podrá ser menor de tres meses ni exceder de seis meses, contados desde
la aprobación del Acto Constitucional por la segunda legislatura.
3.    A través de una Asamblea Constituyente Paralela.
No estoy de acuerdo de que en
estos momentos, se discuta el tema, por lo siguiente:
1.    Si se pretende aplicar el método 2 o 3, ut supra
(antes descrito) para reformar la Carta Magna, se requeriría, de la
participación ciudadana en votación directa y éstas coincidirían, más o menos
con los tiempos de las elecciones generales del 2014, y los esfuerzos
económicos y de organización del Tribunal Electoral, deben ir dirigidos, al
éxito de tal evento electoral, únicamente.
2.    El método que pareciera factible es el 1, ibídem y
no lo considero potable, en estos momentos, por el descrédito que gravita en la
Asamblea Nacional, como Órgano del Estado y en donde, algún número de
diputados, sigue agendas personales y partidarias. Corolario de lo anterior, se
necesita de un acuerdo nacional, para materializar la idea, que pareciera
difícil lograrlo en un año pre-electoral, además urgiría designar un lugar con
credibilidad, en donde las personas pudieran acudir con el convencimiento de que
sus aportes, serán ponderados y la Asamblea Nacional hoy, no pareciera ser
precisamente ese lugar de acopio. Lo razonable sería esperar a discutir el tema
con los nuevos diputados que salgan en el 2014, tomando en cuenta para
discusión primaria, el documento base que hizo la comisión de notables, que
laboró en la administración Martinelli.

¿La Contralora debe seguir la misma suerte que la Defensora del Pueblo?

Es
un hecho público y notorio que a la Defensora del Pueblo se le suspendió de su
cargo, por imputaciones hechas por el Ministerio Público, producto de unos
contratos directos por un monto inferior a los 300,000.00, dólares, llevados a
cargo con el refrendo de la Contraloría General de la República.
Sobre
el tema, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario
Democrático (PRD) instruyó a su bancada de diputados para que cite a la
defensora del pueblo, Patria Portugal, así como a la Contralora, Gioconda de
Bianchini, y de comprobarse las irregularidades denunciadas que voten a favor
de la destitución de ambas funcionarias. (Noticia salida en los medios)
¿La
Contralora debe seguir la misma suerte que la Defensora del Pueblo?
Respuesta:
Jurídicamente no; debido a que por el monto de las contrataciones refrendadas,
ella no refrendó tales instrumentos, sino un Jefe Sectorial, delegado por ella:
Por  consiguiente, la Contralora General,
no es responsable directa ni solidaria de tales contrataciones, sino su
personal delegado, que participó en los actos cuestionados. Lo que dicen lo
contrario, ignoran el régimen interno de la Contraloría General.
El
artículo 55 de la ley 32 de 1984, (orgánica de la Contraloría)  permite a la Contralora, el  delegar algunas atribuciones en otros
funcionarios, por lo que serán éstos los responsables directos, por el
ejercicio de tal encomienda y no el delegante contralor.
Hoy
en día, hay varios casos de ex ministros del MEDUCA, del gobierno anterior, que
son sujeto de procesos penales juntamente con el Jefe Sectorial de la
Contraloría  y personal delegado de la
comentada entidad fiscalizadora, por que participaron en los actos,  pero nunca, se procesó al Contralor, de esa
época, por los términos que vengo exponiendo. 
No
me parece objetivo que algunos pretendan, en estos momentos, exigir
responsabilidad a la Contralora, en el caso de la Defensoría del Pueblo, por
actos que ejecutaron sus subalternos, por delegación administrativa de
funciones; si ayer no exigieron esa misma responsabilidad, al Contralor de los
gobiernos anteriores, que también delegó sus atribuciones en otros
funcionarios, que cometieron actos cuestionados.
Finalmente
comento, que si estoy de acuerdo que la responsabilidad que se le endilgue a la
Defensora del Pueblo, sea extendida a los funcionarios de la Contraloría, que
participaron en la evaluación y suscripción de los actos sujeto a
investigación. En tal sentido, si la Defensora resulta inocente o culpable en
el proceso penal; esa misma suerte, deben correr los funcionarios de la
Contraloría, que participaron en los actos.

Propaganda de Curundú

 
Se ha convertido en un hecho noticioso, el hecho de que la testigo que sale en la propaganda del gobierno, ha dicho que la engañaron.
Desde el punto de vista legal, toda persona es dueña de su imagen; por lo tanto, independientemente de que testifique, sobre vivencias de su corazón, se requiere de su aceptación, para que sea adecuada su transmisión, en términos generales.
¿Qué dice la ley al respecto?
Código de la Familia

 

Artículo 577. Toda persona tiene derecho exclusivo sobre su propia imagen, la que no podrá ser reproducida públicamente, en forma alguna, sin el consentimiento de su titular, aun cuando hubiese sido captada en lugar público.
Se exceptúa de lo anterior las imágenes que se difundan con fines noticiosos, de interés público o cultural, con base en el respeto a la dignidad humana.
A mi criterio, la empresa que hizo la propagada, erró al trasmitir un testimonio, sin haber contado previamente con el consentimiento de la testigo, ya que la propaganda del gobierno, no debe considerarse como dentro de las excepciones del consentimiento, que reza la ley citada, debido a que ni es una noticia, ni es documental cultural, ni mucho menos un hecho que debe ser considerado de interés público, para toda la Nación.

Propagada de Curundú

Se ha convertido en un hecho noticioso, el hecho de que la testigo que
sale en la propaganda del gobierno, ha dicho que la engañaron.
Desde el punto de vista legal, toda persona es dueña de su imagen; por lo
tanto, independientemente  de que
testifique, sobre vivencias de su corazón, se requiere de su aceptación, para
que sea adecuada su transmisión, en términos generales.
¿Qué dice la ley al respecto?
Código de la Familia
Artículo 577. Toda persona tiene
derecho exclusivo sobre su propia imagen, la que no podrá ser reproducida
públicamente, en forma alguna, sin el consentimiento de su titular, aun cuando
hubiese sido captada en lugar público.
Se exceptúa de lo
anterior las imágenes que se difundan con fines noticiosos, de interés público
o cultural, con base en el respeto a la dignidad humana.

A mi criterio, la
empresa que hizo la propagada, erró al trasmitir un testimonio, sin haber
contado previamente con el consentimiento de la testigo, ya que la propaganda
del gobierno, no debe considerarse como dentro de las excepciones del
consentimiento, que reza la ley citada, debido a que ni es una noticia, ni es documental
cultural, ni mucho menos un hecho que debe ser considerado de interés público,
para toda la Nación. 

El juez de garantía en derecho, no podía suspender del cargo a la Defensora del Pueblo

El juez de garantía ordenó la suspensión del cargo a la Defensora del Pueblo y esto a mi juicio, es inconstitucional.
De igual forma la Ley 41 de 2005, consagra en el artículo 7, que sólo por el voto de los dos tercios de los miembros de la Asamblea Nacional, es que se podría suspender o remover, a la Defensora del Pueblo.
De igual forma la Ley 41 de 2005, consagra en el artículo 7, que sólo por el voto de los dos tercios de los miembros de la Asamblea Nacional, es que se podría suspender o remover, a la Defensora del Pueblo.
¿Qué dice la Constitución?
ARTICULO 129. La Defensoría del Pueblo velará por la protección de los derechos y las garantías fundamentales consagradas en esta Constitución, así como los previstos en los convenios internacionales de derechos humanos y la Ley, mediante el control no jurisdiccional de los hechos, actos u omisiones de los servidores públicos y de quienes presten servicios públicos, y actuará para que ellos se respeten.
La Defensoría del Pueblo actuará bajo la dirección y responsabilidad del Defensor del Pueblo, quien será nombrado por el Órgano Legislativo para un periodo de cinco años, dentro del cual no podrá ser suspendido ni removido, sino por el voto de dos tercios de los miembros de la Asamblea Nacional, en virtud de causas definidas previamente por la Ley.
La Corte si bien puede juzgar a la Defensora, por delitos y faltas, no la puede suspender del cargo. (Artículos 11 y 15 de la ley 7 de 1997).
Donde el constituyente no distinguió, no le era dable el distinguir, al juez de garantía. (La norma Suprema en nada hace diferencia del ámbito administrativo, del penal) o de ningún otro.
Es inadmisible que un solo magistrado se arrogue la interpretación constitucional de una norma, cuando lo debe hacer el PLENO de la Corte.
Finalmente explico que la Junta Directiva Ampliada de la Asamblea Nacional, no tiene facultad legal para separar a nadie, ni para designar a nadie de la Defensoría del Pueblo ni mucho menos, al Adjunto de la Defensoría del Pueblo. Al Adjunto lo nombra el Defensor del Pueblo,
de acuerdo al artículo 17 de la ley 7 de 1997.

Nuevo crisol de razas

De manera inexplicable el Servicio Nacional
de Migración, proyecta realizar el XII proceso de regularizan extraordinaria,
denominado “Panamá crisol de razas”, desde el 6 de octubre del año en curso,
conforme reza en la Resolución No. 12765 de 15 de julio de 2013. Esto busca
beneficiar a extranjeros, generalmente de escasos recursos, que residen en
Panamá.
Los requisitos que solicita el SNM,
durante estas jornadas son muy flexibles.
Efectos que podría tener esta
apertura, a corto o a mediano plazo, en Panamá:
  • Que colapse el sistema de salud, por la
    atención a los menesterosos foráneos.
  • Que haya una competencia desleal laboral del
    extranjero, hacia el nacional panameño. (Suele dárseles, permiso de
    trabajo por dos años prorrogables)
  • Que nuestras tradiciones se vayan perdiendo,
    para abrirle paso a las fiestas y costumbres extranjeras.
  • Que se vayan practicando, nuevas figuras
    delictivas.
  • Que vaya aumentando el comercio informal, en
    manos ahora de un grupo de extranjeros.
  • Que aumente la población en el país, pero no
    por los nacimientos de nativos, sino por la afluencia extranjera.