Archive en octubre 2013

¿Qué no debe haber en el acuerdo de levantamiento de la huelga médica?

Respuesta: la obligación de pagarles
el salario a los médicos huelguistas, mientras estuvieron en la huelga, debido
a que se quebrantaría el ordenamiento legal positivo.
¿Qué dice el código penal?
Código penal
Artículo 349. El servidor público que acepte un nombramiento para
un cargo público o perciba remuneración
del Estado sin prestar el servicio al cual ha sido designado, sin causa
justificada, será sancionado con ciento cincuenta a trescientos días-multa o
trabajo comunitario.


A mi juicio, se podría pactar en un acuerdo de finiquito, que los
gremios médicos en huelga, repondrían sus labores dejadas de ejecutar y
mediante auditoría de trabajo, se podría pagar sólo después de que logren el
cometido y no antes, pues sería corrupción.

El indulto en Panamá

El indulto es una facultad que el constituyente le ha dispensado al Presidente de la República, para los delitos políticos.

El artículo constitucional que lo posibilita, reza lo que sigue:

Artículo 184- Son atribuciones que ejerce el Presidente de la República con la participación del Ministro respectivo:

12. Decretar indultos por delitos políticos, rebajar penas y conceder libertad condicional a los reos de delitos comunes.

Sabido es que el indulto extingue la pena

En sentencia de 30 de junio de 2008 El Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales, varios Decretos Ejecutivos, por que los indultos promulgados excedieron el mandato constitucional, al extender su aplicación a delitos comunes y por que los beneficiados, sin estar vinculados, muchos de ellos, y muchos menos condenados por la comisión de un delito de rasgo político, con la emisión de la medida resultan, en la realidad social, calificados como delincuentes políticos, violándose con esto la presunción de inocencia.

En el fallo, a mi juicio excelente, determina que es lo que se considera delito político así. “esta Corporación de Justicia, en ausencia de una norma legal que desarrolle el concepto constitucional de delito político, interpreta que los delitos a los que hace alusión la frase “delitos políticos” en el numeral 12 del artículo 184 de la Constitución Política de la República de Panamá, se refiere a los delitos contra la personalidad interna del Estado y los delitos electorales.” Siguió planteando la Corte que solo se podría considerar dentro del rubro, de los delitos políticos, a los comunes, cuando en éstos “se acredite que la comisión del injusto penal es consecuencia de las circunstancias socio políticas del momento o que la intención del agente estuvo dirigida a transformar ideologías o prácticas afines a la política estatal.”

Por lo anterior, afirmo que cualquier indulto promulgado por el Ejecutivo o que se llegare a promulgar en el futuro, que colisione con la definición jurisprudencial citada, podría considerarse con visos de inconstitucionalidad y contrario a derecho en Panamá.

anteproyecto médico dado al gobierno

ANTEPROYECTO
DE LEY ___
QUE
MODIFICA DISPOSICIONES, DE LA LEY 69 DE 2013 QUE AUTORIZA AL MINISTERIO DE
SALUD Y A LA CAJA DE SEGURO SOCIAL PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD
EXTRANJERO DE FORMA TEMPORAL POR SERVICIOS PROFESIONALES
Artículo 1: El Ministerio
de Salud y la Caja de Seguro Social 
podrán contratar profesionales y técnicos de la salud extranjeros de manera temporal. Solo  el Ministerio de Salud como la máxima
autoridad del sector salud podrá autorizar esta contratación cuando exista una
necesidad debidamente comprobada, basada en un diagnóstico de salud, sustentado por la Región Sanitaria correspondiente.  Se exceptúan las Regiones Sanitarias
Metropolitana, San Miguelito y Panamá Oeste.
Artículo 2: Solo las Instituciones del Sistema Público de Salud,
del Ministerio de Salud incluyendo sus Patronatos y Caja de Seguro Social, cuando demuestren que existe la necesidad de este recurso humano,  se
tengan  las plazas vacantes y a las convocatorias de las mismas no se
presenten nacionales,  ni haya en
vías de graduarse profesionales y técnicos de la salud en los próximos 6 (seis)
meses, solicitarán a la autoridad sanitaria 
por conducto de la Dirección General de Salud, la contratación de
profesionales y técnicos de la
salud extranjeros.
Artículo 3. El Estado
panameño solamente contratará personal extranjero a través de un contrato
individual de trabajo por tiempo definido para la prestación del servicio en el
área de comprobada necesidad. Deberá 
cumplir con  las normas  migratorias vigentes y el permiso de trabajo
respectivo y especificará que ante la existencia de un profesional o técnico de
la salud nacional que pueda ocupar la plaza, el extranjero será reubicado  en otra área de necesidad. No  podrá hacerse 
en grupos o contingentes, ni a través de concesiones o tercerización.
Artículo 4. Los profesionales y técnicos de la salud extranjeros, para obtener su 
registro temporal, por el periodo que dure la contratación, deberán cumplir
con todos los requisitos que les exigen a los profesionales y técnicos de salud
nacionales, la disciplina correspondiente y el Consejo Técnico de Salud:
1.  Presentar original y copia autenticada del
título académico que lo acredita como profesional o técnico de la disciplina de
salud respectiva.
2.  Presentar original y copia
autenticada de los créditos correspondientes a la disciplina de la salud respectiva.
3.   Presentar original y copia
autenticada de la idoneidad, la licencia o la certificación profesional de su
país de origen con certificación de su vigencia.
4.   Presentar certificación de haber estado activo
en el área de su especialidad o área de experticia durante los últimos tres
años.
5.    Presentar
historial penal, policivo y documentación de no haber sido sancionado por
delitos y faltas a la ética profesional.
6.    Homologar los créditos de su
formación profesional o técnica equivalente al 100% con los nacionales, con la
Universidad de Panamá, salvo los
casos en que la ley faculte a otra universidad oficial especializada para que
realice estas funciones en determinadas áreas del conocimiento que sean de su
competencia.
7.   Realizar un examen
teórico-práctico de cada área de experticia acreditada, que será aplicado por
la autoridad académica correspondiente, sociedades de especialistas de la
disciplina respectiva, con nota mínima de aprobación según lo establecido
por  cada disciplina en la República de
Panamá.
8.   Certificado de buena salud física
expedido por un médico idóneo nacional, procedente de una institución pública
panameña.
9.   Certificado de salud mental
expedido por un médico psiquiatra idóneo nacional, que indique que es apto  para ejercer el cargo para el cual aspira,
expedido por una institución pública panameña.
10. Debe dominar el idioma español
escrito y hablado.
11. Ser apto para trabajar en áreas
apartadas del país y de difícil acceso.
12. Los títulos y créditos expedidos
por universidades extrajeras serán evaluados, homologados, convalidados o
revalidados, según sea el caso por la Universidad de Panamá, salvo los casos en
que la ley faculte a otra universidad oficial especializada para que realice
estas funciones en determinadas áreas del conocimiento.
Artículo 5. El Ministerio de Salud, a
través de la Dirección General de Salud, dará a conocer las necesidades requeridas en las diferentes
instalaciones de salud del interior del país, al gremio, a la asociación, sociedad, comité o la entidad de la  disciplina respectiva, mediante
comunicación directa y a través de la publicación en tres diarios de circulación nacional por tres días hábiles consecutivos.
Parágrafo:
La Caja del Seguro Social deberá  seguir
estas directrices para  la Contratación
de los  Profesionales y  Técnicos de la Salud extranjeros.
Artículo 6.  Los profesionales y técnicos de la salud extranjeros interesados   presentarán los requisitos establecidos en el
Artículo 4 de la presente ley, de la siguiente forma: en primera instancia a la
Dirección General de Salud, la cual verificará  su  validez 
y lo remitirá al organismo auto regulador de cada disciplina de no
existir el mismo se hará a través de la
sociedad, asociación, comité o entidad de disciplina profesional
correspondiente, para que en un término no mayor de 30 días hábiles, verifique
los mismos, evalúe la documentación correspondiente con el dictamen   y 
remita los documentos al Consejo Técnico de Salud a través de un informe
de aprobación o rechazo. Cumplido este trámite, si es viable, el Consejo
Técnico de Salud le expedirá un registro temporal mientras dure su período de
contratación. Nadie podrá iniciar labores hasta ser aprobado y tener registro
temporal.
Parágrafo: Se cumplirán las
disposiciones legales y reglamentaciones de las disciplinas que tengan
regulaciones al respecto.
Artículo 7. Las plazas vacantes serán adjudicadas en primer lugar a los profesionales y técnicos de la salud panameños.
De no haber profesionales y técnicos de
la salud panameños interesados para ocupar la vacante, la misma podrá
ser concedida a profesionales y técnicos de la salud  extranjeros que hayan cumplido los artículos
4 y 6, para ser contratados en la forma
y por el tiempo que establece la presente ley.
Artículo 8. Los profesionales y
técnicos de la salud extranjeros serán contratados por  el período de un año.
Dos (2) meses antes de la finalización del contrato, la Dirección General de Salud dará a
conocer las plazas vacantes en la forma dispuesta de este texto a fin de constatar si existen profesionales y
técnicos  panameños para ocupar las
plazas.
De no presentarse interesado panameño, se podrá contratar por igual
término, no prorrogable, al profesional o técnico de la salud extranjero que ya
ocupaba dicha posición, siempre y
cuando haya aprobado la evaluación.
Parágrafo: Cumplido dicho término, estos
profesionales o técnicos de la salud no podrán volver a ser contratados bajo el
amparo de esta Ley.
Artículo 9.
Los profesionales y técnicos de la salud extranjeros sólo serán
contratados para atender las regiones sanitarias  del interior del país, dentro de las cuales
tendrán prioridad las áreas de pobreza y extrema pobreza, áreas marginadas,
áreas indígenas y áreas de difícil y muy difícil acceso. No podrán ejercer funciones directivas,
administrativas o de asesoría. Tan pronto un profesional o técnico de la salud
panameño pueda ocupar la plaza, debe ser nombrado en dicha posición.
Artículo 10. 
El Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social,  garantizarán un plan de inducción en
procedimientos técnico-administrativos, adecuación cultural y de bioseguridad
ejecutado por la disciplina correspondiente, por un periodo de treinta (30)
días, en el área de conocimiento y de experticia en la especialidad del
profesional y /o técnico de salud que se contrate.                              
Artículo 11. Cada tres meses, posterior al período de
inducción, los profesionales y técnicos de la salud extranjeros  contratados serán objeto de una evaluación
según las normas establecidas en cada disciplina. Corresponde al jefe inmediato de la disciplina realizar la evaluación. Si la evaluación es deficiente se le
rescindirá el contrato, sin responsabilidad alguna para el Estado.
Artículo 12. El salario devengado por los profesionales y técnicos extranjeros de la
salud será especificado en el contrato y será equivalente al salario base
devengado por un profesional  y/o técnico
panameño por igual función.
Los turnos extras serán distribuidos
equitativamente y será sujeto de la reglamentación de la presente ley y la
reglamentación de turnos vigente.
Artículo 13. Los profesionales y técnicos de la salud extranjeros contratados
gozarán de los beneficios y condiciones 
que estén contemplados en su contrato de trabajo.
Artículo  14. Queda prohibido a los profesionales y técnicos
de la salud extranjeros contratados en la Republica de Panamá  el ejercicio privado de la profesión o
cualquier otra forma de prestación de servicio distinto al contemplado en la
presente ley.
                                                           
Artículo 15.  El tiempo laborado bajo contrato
por los profesionales y técnicos de la salud extranjeros, no
será válido para llenar requisitos exigidos por las leyes y decretos vigentes,
que regulan la obtención de idoneidad y libre ejercicio, para los profesionales
y técnicos nacionales de la salud.
Artículo 16.  El Estado garantizará el nombramiento y la estabilidad laboral de todos los
profesionales, técnicos de la salud y especialistas nacionales  que
necesite el Sistema Público de Salud,
en el momento en que lo soliciten y en los lugares requeridos, tanto por el
Ministerio de Salud como por la Caja de Seguro Social, siempre y cuando exista la necesidad de ese recurso y de la
especialidad.
Parágrafo: Todos los profesionales y técnicos panameños
que al inicio de la vigencia de la presente ley se encuentren laborando en la
modalidad de contrato por tiempo definido, se les nombrará de forma permanente,
a tiempo completo de acuerdo a su solicitud.
Artículo 17.  El
Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social desarrollarán, de forma
simultánea,  inmediata y permanente, un
programa de reordenamiento, habilitación y equipamiento de todas sus
instalaciones, dotándolas de recursos humanos, financieros e insumos.  Además, mejorarán las condiciones laborales
(alimentación, vivienda y transporte) del personal con prioridad en las áreas
sanitarias postergadas.
Artículo 18. El Ministerio de Salud como ente rector,  con el fin de garantizar la formación de
profesionales y carreras técnicas de Salud, instalará en un plazo no mayor de
30 días a la entrada en vigencia de esta ley, 
una Comisión Técnica permanente 
para la formulación de planes quinquenales para la formación, desarrollo
de competencias  y producción de la fuerza laboral de salud, fundamentado
en un diagnóstico integral del recurso humano en Salud (MINSA y CSS),  de forma tal 
que el país elimine el déficit de recurso humano y se garantice el
remplazo total de las plazas ofertadas a extranjeros en un periodo no mayor a
cinco (5) años. Dichos planes serán de obligatorio cumplimiento para las
instituciones que conforman dicha Comisión Técnica.
Esta
comisión estará conformada por el Ministerio de Salud, la  Caja de
Seguro Social, Universidades oficiales, los organismos auto reguladores, los
gremios y sociedades especializadas correspondientes a las disciplinas en
cuestión. Podrá participar en categoría de observador un representante de la
Dirección de enseñanza del tercer nivel superior del Ministerio de Educación,
mientras haya formación de técnicos de las diferentes disciplinas de la salud
en este nivel.
 La Comisión Técnica deberá entregar dichos planes en
un periodo no mayor a seis (6) meses y deberá rendir un informe anual de su
implementación al Ministerio de Salud.
Artículo 19. 
La Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud crearán un programa de
becas, auxilios, pasantías y/o licencias con sueldo, extensiones de residencia,
estudios técnicos, de licenciatura, postgrados, maestrías y doctorados, para la
formación de recurso humano nacional en salud, en lugares con nivel académico
equivalente o superior a la formación nacional, que serán ofertadas a los
profesionales y técnicos de la salud nacionales de todo el país, con énfasis a
los que ejercen o ejercerán en el interior de la República, independientemente
de las ofertas que se brinden a los profesionales y técnicos nacionales de la
capital. 
Garantizará el cumplimiento de las normas que al respecto tengan las
instituciones de salud sobre los tiempos para capacitación y formación,
dotándole de los recursos y logística para la asistencia a congresos nacionales
e internacionales a todos los profesionales y técnicos de la salud nacionales
del interior de la República de Panamá.
Parágrafo: Como incentivo para la capacitación y formación continua de
los médicos internos y residentes se les reconocerá iguales condiciones que
todos los otros profesionales y técnicos de salud en lo concerniente a bonos y
pago de turnos.
Artículo 20. El Ministerio de Salud fundamentados en un diagnóstico
situacional de Recursos Humanos  en
salud, elaborará, coordinará, acordará y planificará con la Caja de Seguro
Social, Gremios de Salud, las facultades del área de salud de la Universidad de
Panamá y otras universidades oficiales, un plan nacional de becas e incentivos,
para que  estudiantes panameños,
egresados de la secundaria y prioritariamente que provengan de las áreas con
déficit de oferta de profesionales o técnicos de la salud, se comprometan a
estudiar eficientemente en las universidades nacionales y una vez egresados
deberán obligatoriamente  servir el doble
del tiempo de formación  a dichas
comunidades como parte del sistema público de salud.
Artículo 21. 
Garantizar un incentivo del 50 al 100% sobre el salario a los profesionales
y técnicos de la salud nacionales, que necesite el sistema público de salud en
el interior de la República,  como
sobresueldos, según las distancias de los centros urbanos. Se aplicará este
incentivo a los profesionales y técnicos de la salud panameños que ejerzan
actualmente en áreas del interior de la República y de difícil acceso que
residan o no en el área. (iniciativa presidencial)
Artículo 22. 
El Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social a  partir de la promulgación de esta ley,  desarrollará un programa para  fortalecer el primer nivel de atención,
dotando a estos centros del recurso humano, equipo, insumos y medicamentos de
calidad garantizada.
Artículo 23. Se prohíbe dar en
contratos de gerencia, leasing, asociaciones público privadas, tercerización,
externalización, concesiones administrativas, y/o privatización  los servicios de salud nacionales, tanto del
MINSA como de la Caja de Seguro Social; salvo situaciones excepcionales de
urgencia notoria de un servicio de salud que pongan en  riesgo la vida de pacientes, se podrá
externalizar temporalmente mientras las instituciones se encuentren
momentáneamente imposibilitadas y superen la causa.
Artículo
24.
A los profesionales y
técnicos de la salud extranjeros se les aplicarán las normas y leyes vigentes
en el país. 
Artículo
25.
Quien incumpla con las disposiciones contenidas en esta ley, será
sancionado de conformidad con las  leyes
vigentes de la República de Panamá. 
Artículo 26. Para evitar el déficit del recurso humano en salud, los
profesionales y técnicos de la salud nacionales, que gocen del derecho de
jubilación o de pensión de retiro por vejez, no podrán ser removidos de sus
puestos en razón de la ley No 18 del 18 de Febrero de 2008. Tendrán derecho a
estabilidad laboral y geográfica y al escalafón o etapa que le corresponda a su
disciplina. Se reglamentará la actualización de las normas de competencia y
productividad por cada disciplina.
Artículo 27.  La presente Ley será reglamentada a través de
un Decreto Ejecutivo en colaboración con los gremios y sociedades de los
profesionales y técnicos de la Salud, en un término no mayor de 60 días.
Artículo 28. Se modifican los
artículos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 de la Ley 69 del 2 de
octubre del 2013 y se adiciona los artículos del 20 al 30; deja sin efecto la
resolución No. 2 del 15 de abril de 1985 y cualquier otra norma legal que le
sea contraria.
Artículo 29.  Esta ley comenzará a regir a partir de su
promulgación y  será  revisada en cinco (5) años por Ministerio de
Salud, Caja del Seguro Social, organismos autorreguladores de las disciplinas,
Gremios y Sociedades de Profesionales y Técnicos de la Salud.

Propuesta Médica

He leído la propuesta de la dirigencia médica que le presentaron al gobierno, para modificar la ley 69 y me parece descabellada e intransigente, en algunos puntos, por lo siguiente:

1. No se circunscribe el proyecto, hacia médicos especialistas, como abogaban en la huelga, sino que siguen con la línea de profesionales y técnicos de la salud y eso abarca a varias disciplinas. (Art. 1 y siguientes)

2. Permiten contratar a extranjeros, cuando no haya en vías de graduarse profesionales y técnicos de la salud en los próximos 6 (seis) meses. Increíble esto, ya que el hecho de que uno este por graduarse, no garantiza siquiera la graduación ni mucho menos su idoneidad ejemplar. (Art. 2)

3. Dice que el extranjero contratado, deberá cumplir con las normas migratorias vigentes y el permiso de trabajo respectivo, no obstante para el derecho público no se requiere de permiso de trabajo según el código laboral que se aplica sólo en el sector privado, según el artículo 2 del código de trabajo. (Art. 3)

4. Se exigen requisitos exagerados, que pareciera que lo que se busca es impedir la contratación de foráneos, de manera poco seria.

Ejemplo: A) el de Realizar un examen teórico-práctico de cada área de experticia acreditada, que será aplicado por la autoridad académica correspondiente, sociedades de especialistas de la disciplina respectiva, con nota mínima de aprobación según lo establecido por cada disciplina en la República de Panamá. (Un especialista con idoneidad no se va a someter a esto. B) Certificado de salud mental expedido por un médico psiquiatra idóneo nacional, que indique que es apto para ejercer el cargo para el cual aspira, expedido por una institución pública panameña. (Aquí no sólo se duda de los certificado médicos foráneos, sino que piensan que el gobierno va a contratar a enajenados mentales). C) Debe dominar el idioma español escrito y hablado. (Aquí se discrimina cuando perfectamente existen traductores ¿Y que es lo que pasa con nuestros pueblos originarios?). D) Los títulos y créditos expedidos por universidades extrajeras serán evaluados, homologados, convalidados o revalidados, según sea el caso por la Universidad de Panamá. (Este proceso demora en la práctica). (Art. 4)

5. Permite que los profesionales y técnicos de la salud extranjeros sean contratados por el período de un año. De no presentarse interesados panameños, se podrá contratar por igual término, no prorrogable. (¿Qué pasa si no hay reemplazo del nacional?) (Art. 8).

6. Se habla de pago del salario al profesional cuando debe ser honorario profesional. (Art. 12).

7. Buscan darle estabilidad laboral a todos los profesionales, técnicos de la salud y especialistas nacionales que necesite el Sistema Público de Salud cuando la idea que se nos presentó, era la de la contratación sólo de especialistas. (Art. 16)

Normas de carácter procesal, penal y penitenciario de la Policía



En democracia, ha habido una evolución normativa en torno a las garantías de los miembros de la Policía Nacional, que han cometido faltas, por motivo del uso de la fuerza, por la presunta comisión de un delito ejecutado en acto del servicio o en cumplimiento del deber. (Artículos 127 y 128 de la ley de la Policía nacional)

1. Ley 18 de 1997, sancionada por Ernesto Pérez Balladares. Aquí a los miembros de la Policía, no se le decretaba la suspensión provisional del cargo, mientras no se dictara la sentencia condenatoria. Se le podía decretar la detención preventiva, pero se cumplían dentro de las instalaciones policiales. Durante la detención preventiva, al sindicado se le asignaban funciones administrativas, dentro de las instalaciones policiales. Igualmente la ejecución de las penas, por delitos culposos, se cumplían en las instalaciones policiales.

2. Ley 74 de 2010, que subrogó los artículos pertinentes de la Ley 30 de 2010, sancionada por Ricardo Martinelli. Aquí no se decreta la detención preventiva. Sigue la misma garantía de la no suspensión del cargo hasta contar con la sentencia en firme y lo de la posibilidad de realizar funciones administrativas, hasta que haya condena en firme, pero ahora se aclara que las funciones se han de cumplir fuera del área donde ocurrieron los hechos, sin tener ninguna participación directa en operaciones de campo.

Como se puede apreciar, no son sustanciales los cambios entre norma y norma; a mi juicio, no obstante, por los hechos acaecidos, sobre abusos policiales, se abre el compás para debatir sobre si es viable mantener las garantías expresadas o no.

Las estadísticas que pudieran existir, sobre abusos policiales, nos podrían orientar, (si se publicaran éstas), en base a la cantidad de las mismas, para decidir lo que mejor conviene para los ciudadanos en justicia e igualdad, y poniendo al soslayo, el elemento político, que a veces daña el balance objetivo de los casos.

Normas de carácter procesal, penal y penitenciario de la Policía

En democracia, ha habido una evolución normativa en torno a las garantías de los miembros de la Policía Nacional, que han cometido faltas, por motivo del uso de la fuerza, por la presunta comisión de un delito ejecutado en acto del servicio o en cumplimiento del deber. (Artículos 127 y 128 de la ley de la Policía nacional)

1. Ley 18 de 1997, sancionada por Ernesto Pérez Balladares. Aquí a los miembros de la Policía, no se le decretaba la suspensión provisional del cargo, mientras no se dictara la sentencia condenatoria. Se le podía decretar la detención preventiva, pero se cumplían dentro de las instalaciones policiales. Durante la detención preventiva, al sindicado se le asignaban funciones administrativas, dentro de las instalaciones policiales. Igualmente la ejecución de las penas, por delitos culposos, se cumplían en las instalaciones policiales.

2. Ley 74 de 2010, que subrogó los artículos pertinentes de la Ley 30 de 2010, sancionada por Ricardo Martinelli. Aquí no se decreta la detención preventiva. Sigue la misma garantía de la no suspensión del cargo hasta contar con la sentencia en firme y lo de la posibilidad de realizar funciones administrativas, hasta que haya condena en firme, pero ahora se aclara que las funciones se han de cumplir fuera del área donde ocurrieron los hechos, sin tener ninguna participación directa en operaciones de campo.

Como se puede apreciar, no son sustanciales los cambios entre norma y norma; a mi juicio, debido a que la detención del policía, que permitía otrora la ley 18, era una especie de ripio legal, debido a que seguía en funciones administrativas en las instalaciones de la Policía, no obstante, por los hechos acaecidos, sobre abusos policiales, se abre el compás para debatir sobre si es viable mantener las garantías expresadas o no.

Las estadísticas que pudieran existir, sobre abusos policiales, nos podrían orientar, (si se publicaran éstas), en base a la cantidad de las mismas, para decidir lo que mejor conviene para los ciudadanos en justicia e igualdad, y poniendo al soslayo, el elemento político, que a veces daña el balance objetivo de los casos.

Normas de carácter procesal, penal y penitenciario de la Policía

En democracia, ha habido una evolución normativa en torno a las garantías de los miembros de la Policía Nacional, que han cometido faltas, por motivo del uso de la fuerza, por la presunta comisión de un delito ejecutado en acto del servicio o en cumplimiento del deber. (Artículos 127 y 128 de la ley de la Policía nacional)

1. Ley 18 de 1997, sancionada por Ernesto Pérez Balladares. Aquí a los miembros de la Policía, no se le decretaba la suspensión provisional del cargo, mientras no se dictara la sentencia condenatoria. Se le podía decretar la detención preventiva, pero se cumplían dentro de las instalaciones policiales. Durante la detención preventiva, al sindicado se le asignaban funciones administrativas, dentro de las instalaciones policiales. Igualmente la ejecución de las penas, por delitos culposos, se cumplían en las instalaciones policiales.

2. Ley 74 de 2010, que subrogó los artículos pertinentes de la Ley 30 de 2010, sancionada por Ricardo Martinelli. Aquí no se decreta la detención preventiva. Sigue la misma garantía de la no suspensión del cargo hasta contar con la sentencia en firme y lo de la posibilidad de realizar funciones administrativas, hasta que haya condena en firme, pero ahora se aclara que las funciones se han de cumplir fuera del área donde ocurrieron los hechos, sin tener ninguna participación directa en operaciones de campo. Igualmente la ejecución de las penas, por delitos culposos se deben cumplir en las instalaciones policiales. También se incorporó, con esta ley, el cumplimiento de las penas, por otros actos de servicio, ejecutados por el procesado.

Como se puede apreciar, no son sustanciales los cambios entre norma y norma; a mi juicio, debido a que la detención del policía, que permitía otrora la ley 18, era una especie de ripio legal, debido a que seguía en funciones administrativas en las instalaciones de la Policía, no obstante, por los hechos acaecidos, sobre abusos policiales, se abre el compás para debatir sobre si es viable mantener las garantías expresadas o no.

Las estadísticas que pudieran existir, sobre abusos policiales, nos podrían orientar, (si se publicaran éstas), en base a la cantidad de las mismas, para decidir lo que mejor conviene para los ciudadanos en justicia e igualdad, y poniendo al soslayo, el elemento político, que a veces daña el balance objetivo de los casos.

Los Retenes Policiales son Constitucionales en Panamá

El
Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia con entrada No. 951-11
determino la constitucionalidad de los retenes policiales en Panamá.
La
Corte dijo: La orden de impartir retenes policiales (como una de las formas de
ejercer la actividad policial) no constituye un acto arbitrario erigido por la
Policía Nacional, habida cuenta que la misma puede encontrar asidero legal en
la misión y funciones que debe cumplir este estamento del Estado, creado para
proteger la vida, honra, bienes y demás derechos y libertades de quienes se
encuentran bajo la jurisdicción del Estado, preservar el orden público,
mantener la paz y seguridad de los habitantes, reprimir las faltas y los hechos
delictivos, todo ello con garantía del fiel cumplimiento de la Constitución y
las Leyes de la República (art. 3 y 7 de la Ley N° 18 de 3 de junio de 1997,
Orgánica de la Policía Nacional).
Atribuciones
estas que también tiene su base constitucional, habida cuenta que nuestra
Constitución Nacional establece que en su artículo 17 que “las autoridades
de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a
los nacionales dondequiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su
jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y
sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley”.
De
igual forma el artículo 310, de esta misma excerta constitucional, refiere que
la Policía Nacional se instituye para la conservación del orden público, la
protección de la vida, honra y bienes de quienes se encuentren bajo
jurisdicción del Estado y para la prevención de los hechos delictivos.
Como
complemento de lo anterior, puede apreciarse que la Policía Nacional insertó en
el Manual de Procedimientos Policiales la forma en cómo debe realizarse o
ejecutarse los retenes policiales. De conformidad con este Manual de
Procedimiento un retén policial “es un dispositivo de seguridad que
se utiliza para prevenir, minimizar o neutralizar el alto índice delincuencial
o las transgresiones a la ley”. De igual manera se indica que los motivos
por los que se establecen los retenes son;
1.  Prevenir
la comisión de delitos o faltas.
2.  Ante
la comisión de un delito.
3.  Aumento
del índice delictivo.
4.   La proliferación de drogas,
armas de fuego, robos, vehículos hurtados, secuestros             e indocumentados.
5.  Fuga
de prófugos de centros penitenciarios.
6.    Actos
terroristas, etc.
Sigue
indicándose en este Manual que como instrucciones para activar un retén debe
observarse lo siguiente:
1.   La   activación
de un retén se realizará por orden del Jefe de Zona, y se reportará al Centro
de Operaciones Policiales, su inicio, motivos, lugar (es) exacto (s),
finalización del mismo; y se enviarán los resultados por escrito, a la
Dirección Nacional de Operaciones.
2.   Solamente
el Director General y/o Subdirector General de la Policía Nacional pueden
ordenar simultáneamente la implementación de retenes a nivel Nacional.
3.  Al
colocar retenes, se tomarán las medidas de seguridad, para evitar hechos
lamentables.
4.   El
personal que participe en retenes policiales, deberá demostrar en todo momento
la cortesía y el respeto, siendo enérgico en el cumplimiento de sus funciones.
5.   Las
Zonas y Áreas de Policía deben delimitar los retenes en sectores limítrofes de
su jurisdicción.
6.   Toda
persona relacionada a una falta o hecho delictivo, aprehendida en un retén,
deberá ser puesta a orden de la autoridad correspondiente.
7.    Todo
objeto decomisado debe constar en un acta y debe ser entregado a la autoridad
competente.
Como
puede apreciarse, los retenes policiales tienen una función preventiva cuando
se implementa para prevenir la ola delictiva; y una función práctica
cuando se ejecutan ante la comisión de un delito, fuga de detenidos de
centros penitenciarios y ante actos de terroristas.

¿Qué no debe haber en el acuerdo de levantamiento de la huelga médica?

Respuesta: la obligación de pagarles el salario a los médicos huelguistas,
mientras estuvieron en la huelga, debido a que se quebrantaría el ordenamiento
legal positivo.
¿Qué dice el código penal?
Código penal
Artículo 349. El servidor público
que acepte un nombramiento para un cargo público o perciba remuneración del
Estado sin prestar el servicio al cual ha sido designado, sin causa
justificada, será sancionado con ciento cincuenta a trescientos días-multa o
trabajo comunitario.

Balance normativo de la cadena de frío

Conforme al proyecto de Ley No. 658, aprobado en tercer debate en la Asamblea Nacional de Panamá; la Cadena de Frío tendrá como objetivo la promoción, construcción y gestión de mercados alimentarios mayoristas y minoristas y del Sistema Logístico Integral de Cadena de Frío, así como realizar otras iniciativas que contribuyan a mejorar la cadena de distribución y comercialización, de productos alimentarios, especialmente los perecederos, en beneficio del interés general con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población panameña.

Aspectos positivos

1. La Cadena de Frío, concretizada en una S.A. deberá manejarse con criterios de eficiencia, transparencia y trato igualitario para garantizar el mejor cumplimiento de sus objetivos y funciones y tendrá independencia en su bregar.

2. Las acciones de Cadena de Frío serán emitidas de forma nominativa y el 100% de ellas será propiedad del Estado.

3. La Cadena de Frío dispondrá de autonomía financiera, patrimonio propio y derecho de administrarlo.

4. La Cadena de Frío tendrá su propia auditoría interna respecto a las operaciones, empleando en su contabilidad las mejores prácticas internacionales, utilizando las Normas Internacionales de Información Financiera. Además, deberá contar con los servicios de auditoría externa.

5. La Cadena de Frío tiene facultad para evaluar, decidir y ejecutar el y/o los modelos de gestión de mercados tanto mayoristas como minoristas y del Sistema Logístico Integral de Cadena de Frío, que resulten más convenientes.

6. El ente tendrá capacidad de iniciativa propia y complementará la gestión municipal en materia de mercados alimentarios.

7. Existirá un Fondo Especial para la Administración y Operación de los Mercados Agropecuarios y el Sistema Logístico Integral de Cadena de Frío, para la República de Panamá, el cual será constituido a través de un fideicomiso en el Banco Nacional de Panamá, por una cifra aprobada por el Consejo de Gabinete, para un periodo de cinco años.

Aspectos negativos.

1. La idea de convertir la cadena de frío en una sociedad anónima con la facultad de poder vender, hasta el 49% del capital accionario, en un futuro, daría al traste con la iniciativa original comentada, (al momento de venderse) ya que al entrar el sector privado, en la sociedad, se tendría que establecer un plan de dividendos atractivos, para los inversionistas.

2. Cada miembro de la Junta Directiva recibirá como dieta mínima la suma de setecientos balboas (B/.700.00) por cada reunión de la Junta Directiva a la que asista. Nada impida que esta cifra se pueda aumentar vertiginosamente y las reuniones de igual forma.

3. La ciudadanía no está legitimado para pedir la remoción de un director del ente, sólo lo tiene el Presidente de la República, la Contraloría y la junta directiva.

4. El nuevo presidente que salga en el 2014, no tendrá facultad legal para remover al gerente general del ente. Es nombrado por 7 años y solo puede ser removido por causales específicas.

5. El gerente general del ente, puede disponer de una partida para gastos de imprevistos, hasta por la suma de B/. 250,000.00. No se define el concepto de este gasto en la norma.

6. Limita la función del Consejo de Gabinete, en materia de evaluación de empréstitos del ente y de emisión de bonos, solo para las sumas que excedan de los tres millones de dólares, cuando la Constitución en su artículo 200 numerales 3 y 7, no limita el monto.