Archive en noviembre 2013

Medidas contra la corrupción

Medidas contra la corrupción


Para ir mitigando cada día más, el flagelo de la corrupción,
debiéramos proponernos cumplir cabalmente con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobado en Panamá, mediante la Ley 15 de 10 de mayo de 2005. A mi juicio esto una tarea que no se ha cumplido a satisfacción. ¿El por qué?

1. No hay una correcta difusión pública de la información relativa a procedimientos de contratación pública y contratos, en violación del artículo 9, ya que el sistema “PanamaCompra” no es amigable y no se puede acceder libremente a los contratos firmados, primero porque las instituciones ni lo suben al portal, tan pronto se firman y por otro lado, debido a si uno no sabe el número exacto de la licitación, no se puede buscar la información.

Artículo 9
Contratación pública y gestión de la hacienda pública
1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, adoptará las medidas necesarias para establecer sistemas apropiados de contratación pública, basados en la transparencia, la competencia y criterios objetivos de adopción de decisiones, que sean eficaces, entre otras cosas, para prevenir la corrupción. Esos sistemas, en cuya aplicación se podrán tener en cuenta
valores mínimos apropiados, deberán abordar, entre otras cosas:
a) La difusión pública de información relativa a procedimientos de contratación pública y contratos, incluida información sobre licitaciones e información pertinente u oportuna sobre la adjudicación de contratos, a fin de que los licitadores potenciales dispongan de tiempo suficiente para preparar y presentar sus ofertas…

2. No hay un mecanismo eficaz de examen interno, incluido un sistema eficaz de apelación, para garantizar recursos y soluciones legales en el caso de que no se respeten las reglas, en materia de medicamentos, debido a que no se permiten los recursos por la vía gubernativa, ante el Tribunal de Contrataciones Públicas en la caso de la CSS. Esto debilita el artículo 9 Ibídem.
Artículo 9
Contratación pública y gestión de la hacienda pública
1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, adoptará las medidas necesarias para establecer sistemas apropiados de contratación pública, basados en la transparencia, la competencia y criterios objetivos de adopción de decisiones, que sean eficaces, entre otras cosas, para prevenir la corrupción. Esos sistemas, en cuya aplicación se podrán tener en cuenta
valores mínimos apropiados, deberán abordar, entre otras cosas:
d) Un mecanismo eficaz de examen interno, incluido un sistema eficaz de apelación, para garantizar recursos y soluciones legales en el caso de que no se respeten las reglas o los procedimientos establecidos conforme al presente párrafo;

3. Para honrar el artículo 7 de la Convención, debe Panamá adoptar las medidas legislativas y administrativas apropiadas, para aumentar la transparencia respecto de la financiación de candidaturas a cargos públicos electivos y, cuando proceda, respecto de la financiación de los partidos políticos.
Artículo 7
Sector público
1…
2…
3. Cada Estado Parte considerará asimismo la posibilidad de adoptar medidas legislativas y administrativas apropiadas, en consonancia con los objetivos de la presente Convención y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, para aumentar la transparencia respecto de la financiación de candidaturas a cargos públicos electivos y, cuando proceda, respecto de la financiación de los partidos políticos.
4. Ha faltado voluntad, a mi juicio, para cumplir todo el tenor de la ley.

A un postulado en Primarias, nadie lo puede bajar

Se habla incesantemente de que un
directorio de un colectivo quiere hacer cambios drásticos en el derrotero de una
campaña electoral, con el consiguiente desplazamiento de un candidato presidencial
que ganó en primarias.
La ley electoral es clara al decir,
en el artículo 33 del decreto reglamentario de las elecciones generales del 4 de
mayo de 2014, que ningún candidato postulado por un partido político que
hubiese obtenido su postulación en una primaria, puede ser reemplazado por otro
candidato, sin el consentimiento escrito de éste, salvo que el candidato haya renunciado
al partido
La norma precisa que en caso de fallecimiento
o renuncia del candidato a presidente, postulado por primarias,  y dado el caso que no hubiese tiempo para
realizar una nueva primaria, la nueva postulación, si la podría hacer la Convención
Nacional o el Directorio Nacional, según los estatutos del partido, pero sólo
en caso de renuncia o fallecimiento del candidato.

Dura es la ley pero es la ley.

La propaganda política en Panamá


La libertad de difusión de una opinión o material político informativo y de comunicación a través de los medios de comunicación, no debiera ser negociable y sólo pudiera ser obstaculizada por violación directa de las normas jurídicas positivas en materia electoral.

Fundamento legal supremo

Constitución panameña

ARTICULO 37. Toda persona puede emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito o por cualquier otro medio, sin sujeción a censura previa; pero existen las responsabilidades legales cuando por alguno de estos medios se atente contra la reputación o la honra de las personas o contra la seguridad social o el orden público.

Convención Americana sobre Derechos Humanos

ARTÍCULO 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

Limitaciones de esa libertad de información política.

1. No se debe irrespetar los derechos o a la reputación de los demás. (Artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos).

2. No se debe atacar de manera abusiva, la vida privada y familiar de un individuo. (Artículo V de la Declaración Americana de los Derechos Humanos).

3. Está vedado el utilizar los símbolos patrios, el uso no autorizado de símbolos de los partidos y de los candidatos; el uso no autorizado de la imagen personal; los mensajes que, de cualquier manera, irrespeten la dignidad humana, la seguridad de la familia, la moral y las buenas costumbres. (Artículo 202 del código electoral).

El Tribunal Electoral debe ser celoso y prudente en el cumplimiento de estas disposiciones transcritas, para no caer en abusos y en extralimitaciones, habida cuenta de que el máximo organismo electoral, debe hacer cumplir estrictamente la ley.

Huelga añadir que las campañas negativas, no son violatorias de ninguna norma legal; las sucias sí. Esto debe quedar muy claro. El ciudadano tiene todo el derecho de conocer el perfil real de sus candidatos, pues son figuras públicas.

Finalmente exteriorizo que en sentencia del PLENO de la Corte Suprema de Justicia, se estableció que: “La libertad de información y prensa constituye un derecho fundamental, previsto en el artículo 37 de la Constitución, el cual reconoce la posibilidad que tiene toda persona de poder emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito o por cualquier otro medio, sin sujeción a censura previa, salvo que se atente contra la reputación o la honra, la seguridad social o el orden público.”

Uso de la fuerza letal por el Policía

Conforme al Manual de Procedimiento Policial, el uso de la fuerza letal, por parte del policía, debe darse de la siguiente forma.

1. Debe aplicarse de manera racional y depende de la circunstancia y no de los niveles de intervención.

2. Puede usarse cuando se considere necesaria para la defensa de la vida e integridad personal propia o de terceros.

3. Contra el presunto delincuente en fuga, sólo cuando se tenga pleno conocimiento de que el sujeto esta armado o haya demostrado, mediante sus actos, tal peligrosidad.

4. Por orden superior, en defensa de la seguridad de la comunidad.

5. No debe usarse cuando exista peligro de herir a un tercero, tampoco en situaciones de secuestro o toma de rehenes, si el uso de la fuerza puede poner en peligro la seguridad de las víctimas.

6. Debe identificar donde se encuentra la amenaza y debe apuntar y anunciar verbalmente de su intención de disparar en caso de ser necesario.

7. Debe evitar hacer disparos de advertencia, cuando pueda estar en peligro la vida e integridad física de terceros.

8. El policía evitará hacer disparos hacia vehículos en marcha, cuando peligra la vida o la integridad física de terceros.

9. El policía no podrá disparar en dirección de un fogonazo proyectado, al escuchar un ruido, ni al percibir algo que se mueve, salvo que le estén disparando, y utilizará el arma de fuego, cuando haya identificado la amenaza, teniendo la seguridad de que el sospechoso fue el que disparó.

La judicialización de decisiones del TE

El magistrado del Tribunal Electoral
(TE) Eduardo Valdés Escoffery, se refirió en los medios, a la
posibilidad de un resultado estrecho en la elección presidencial. Dijo que este
resultado se podría “judicializar” ya que el perdedor presentaría un recurso de
inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia para “pretender revertir
el resultado electoral”.
El PLENO de la Corte Suprema de
Justicia, en función de tribunal constitucional, le es dable juzgar, ante
demanda de inconstitucionalidad que se le pudiera presentar, si esa decisión
emitida por el Tribunal Electoral, se ha compadecido o no, con los
lineamientos, de la Carta Magna y si es el caso, podrá revocar las decisiones
electorales promulgadas.
Esta decisión el PLENO de la Corte, no
debiera entenderse como pecaminosa, sino ajustada a los principios
constitucionales y al estado de derecho, cuenta habida que el Tribunal
Electoral, está sometido al control constitucional, en todos sus actos
electorales.
Constitución

Artículo 143.


Las decisiones en materia electoral del Tribunal Electoral únicamente son
recurribles ante él mismo y, una vez cumplidos los trámites de Ley, serán
definitivas, irrevocables y obligatorias.
Contra
estas decisiones solo podrá ser admitido el recurso de inconstitucionalidad.

ALGUNA JURISPRUDENCIA DE REVOCATORIA
DE DECISIONES DEL TRIBUNAL ELECTORAL, POR CONSIDERARSE INCONSTITUCIONALES.
1. Sentencia del 19 de enero de 2009.
Fallo unánime. Mag. Ponente JERÓNIMO
MEJÍA. Se declaró inconstitucional el Decreto No. 19 de 2003, del Tribunal
Electoral y demás actos que reconoció el acuerdo de alianza entre el PRD y el
PP respecto de la adjudicación de legisladores por residuo en las elecciones
del 2 de mayo de 2004. (Caso del DR. OSCAR AVILA).
La Corte dijo que le asistía la razón
al ex Fiscal Electoral al plantear que al dictarse el Decreto N° 19 en
contraposición con lo dispuesto en el Código Electoral, favoreciendo el interés
privado de los partidos políticos de la alianza Patria Nueva en detrimento del
interés de los electores se vulneró el principio de preminencia del interés
público sobre el interés particular.
El Pleno encontró que el Decreto N°
19 de 17 de junio de 2003 vulneró el artículo 141, numeral 6 de la
Constitución, pues creó la posibilidad de que efectivamente, en una elección de
legisladores, exista una alianza electoral y el partido menos votado sea
favorecido con una curul por declinación o renuncia previa del partido más
votado, rebasando la letra y espíritu del texto constitucional. Al asignarse la
curul por residuo al Partido Popular en lugar de al PRD como correspondía, se
omitió la recta aplicación de lo dispuesto en el artículo 141, numeral 6 de la
Constitución.

2. Sentencia del 16 de noviembre de 2009. Fallo
unánime
. Mag. Ponente ADÁN ARNULFO ARJONA. Se declaró inconstitucional la
Resolución de 30 de marzo de 2009. (Caso PARLACEN-CD). 
La Corte dijo que la
impugnación presentada en contra de la anulación de las credenciales fue
extemporánea y el Tribunal Electoral la admitió y dijo la Corte, además, que el
Tribunal Electoral no cumplió con la Constitución ni la ley, ni respeto el
principio de estricta legalidad. (Pág. 20). 
3. Sentencia del 13 
de mayo de 2010. Fallo unánime
Mag. Ponente Alejandro Moncada. Se declaró inconstitucional el artículo 7 del
Decreto No. 16 de 4 de septiembre de 2008, expedido por el Tribunal Electoral, que decía que el candidato que resultara ganador
en más de un cargo de elección, debería optar por uno de ellos.
El Pleno estimó que la norma cuya
inconstitucionalidad había sido demandada, había vulnerado la voluntad política
del electorado, quien tiene el deber y derecho de elegir a una persona para
determinados cargos políticos.
Dijo la Corte, que imponer a un candidato que
resulte ganador a más de un cargo de elección, la obligación de optar por uno
de ellos, dentro de un plazo específico, excede la potestad reglamentaria que
le otorga la constitución al Tribunal Electoral, toda vez que crea una nueva causal, no
contemplada en la ley (código electoral) que se reglamenta.

La publicidad estatal en tiempo electoral

Las cuñas o propagandas estatales,  se ejecutan a través de
contratos u órdenes de compras.
¿Cómo se lleva a la vida jurídica, un contrato de publicidad por la vía
normal?
La unidad gestora la proyecta (Ministerio, etc.) y se lo pasa a la
SECRETARIA DE COMUNICACIÓN DEL ESTADO para que lo apruebe.
¿Puede el gobierno
apoyar con propagandas, a un candidato a cargo de elección popular?
No. Lo prohíbe la Carta Magna.
Constitución.
ARTICULO 136. Las autoridades están obligadas a garantizar la
libertad y honradez del sufragio. Se prohíbe:
  1. El apoyo oficial, directo o
    indirecto, a candidatos a puestos de elección popular, aun cuando fueren
    velados los medios empleados a tal fin.
¿Hay un tope, para el gasto en la
publicidad estatal?
Si, de acuerdo a lo
que se aprobó en la ley de presupuesto general del Estado. Por otro lado, el
código electoral en su artículo 194 contempla un techo que debe honrarse.
Artículo 194. Con el fin de evitar la masificación de la propaganda o
la publicidad estatal durante el proceso electoral, las instituciones públicas
no podrán anunciar en un día y en un mes, en los medios de comunicación social,
más cuñas, anuncios o cualquier tipo de publicidad o propaganda, de las que
resulten del promedio que cada institución haya tenido durante los seis meses
anteriores a dicho proceso electoral.
Todo medio de comunicación social en los que se anuncien las
instituciones estatales deberá llevar un registro detallado de las cuñas, para
efectos de control y verificación por parte del Tribunal Electoral.
¿Cuál es la sanción
por la violación del techo económico?

Con una multa de cinco
mil a veinticinco mil balboas a los infractores. (Artículos 195 y 414 del
código electoral)

Panamá Avanza

“No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo”. Voltaire.

Esta máxima sobre la libertad de expresión, que todos los ciudadanos, amantes de la democracia, debemos ponderar, sirve para objetar la pretensión absurda de un grupo político que desea que el Tribunal Electoral, saque del registro de la entidad a Panamá Avanza y que se le prohíba que produzca o paute cuñas políticas.

Razones de la objeción.

1. La pretensión pudiera abrir el compás para que en el día de mañana, cualquier ente gubernativo, en este periodo o en el próximo, desee cancelar la programación o la concesión de banda, etc., de cualquier medio de comunicación social o comunicador o periodista, que le sea adverso en sus comentarios o análisis, como sucede en otros países.

2. El código electoral no contempla este tipo de sanción, sino la suspensión de la propaganda y si es el caso, una multa. (Art. 207 y 413). Si se accede a lo pedido, sería un acto arbitrario.

3. El sólo pedido es un acto grosero al libre ejercicio de la libertad de expresión, consagrado en el artículo 37 constitucional.

4. El Decreto 14 del Tribunal Electoral de 2012, que reglamenta la contratación de la propaganda electoral, no contempla la baja en el registro del Tribunal Electoral, de una ONG, que hubiese violado la normativa propagandística.

5. Los funcionarios sólo pueden hacer lo que la ley prevé, (principio de estricta legalidad en rango constitucional, en los artículos 17 y 18), razón por lo cual, los magistrados del Tribunal Electoral no podrían, en estricto derecho, eliminar del registro del ente, a ninguna ONG inscrita, debido a que no hay norma que posibilite esto.

Finalmente comento que el Tribunal Electoral, debe ser celoso en honrar la normativa electoral vigente sobre la propaganda electoral, y por ende, no debe con ello interpretar las disposiciones de tal manera, que vaya a desvirtuar el sagrado y constitucional principio de la libertad de expresión, que es uno de los pilares de nuestra democracia.

Problemas en los rellenos



Autoridades
panameñas han planteado que la ampliación del Corredor Sur se pagaría con la
cesión de los derechos de relleno de 44 hectáreas que posee actualmente Empresa
Nacional de Autopista (ENA) SUR, en virtud del contrato de concesión 70-96
de 6 de agosto de 1996.
Para
ello se ha presentado a la Asamblea Nacional el proyecto de ley Nº683 que posibilita al concesionario ceder en
todo o parte de los derechos de relleno del lecho marino que se le hayan
reconocido, sin que constituya limitación, a favor de acreedores, fiduciarios
y/o agentes de garantía locales o internacionales, para garantizar el
financiamiento de la construcción, expansión o mejoramiento de las obras
públicas objeto de la concesión. Igualmente, el Ministerio de Obras Públicas,
previa autorización del Consejo de Gabinete, podrá autorizar al concesionario
la cesión de los derechos de relleno de lecho marino a favor de terceros, una
vez el Consejo de Gabinete haya desafectado las mismas e
inscritas como bienes patrimoniales de la Nación, como medio de pago por la
ejecución de las obras y/o la prestación de los servicios correspondientes.
A
mi juicio ese proyecto podría tener visos de inconstitucionalidad, por lo
siguiente:
Ningún
relleno de fondo de mar, se puede dar en venta, por un impedimento
constitucional.

CONSTITUCIÓN

“ARTICULO 258. Pertenecen al Estado y son de uso público y, por consiguiente,
no pueden ser objeto de apropiación privada:


1. El mar territorial y las aguas lacustres y fluviales, las playas y riberas
de las mismas y de los ríos navegables, y los puertos y esteros. Todos estos
bienes son de aprovechamiento libre y común, sujetos a la reglamentación que
establezca la Ley.
2.
Las tierras y las aguas destinadas a servicios públicos y a toda clase de
comunicaciones.

3. Las tierras y las aguas destinadas o que el Estado destine a servicios
públicos de irrigación, de producción hidroeléctrica, de desagües y de
acueductos.

4. El espacio aéreo, la plataforma continental submarina, el lecho y el
subsuelo del mar territorial.

5. Los demás bienes que la Ley defina como de uso público. En todos
los casos en que los bienes de propiedad privada se conviertan por disposición
legal en bienes de uso público, el dueño de ellos será indemnizado.”
  
JURISPRUDENCIA
El
Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, en el caso ICA, en
sentencia de 30 de diciembre de 2004, resolvió un tema parecido profiriendo
que: “Si se está rellenando un bien de dominio público como lo es el lecho
marino, no es coherente indicar que estos rellenos automáticamente se
transforman en bienes patrimoniales. De ser así, el Estado perdería una de sus
más importantes potestades, como lo es la disposición que tiene el anterior con
respecto a los bienes de dominio público.


Si el Estado permite que los rellenos que se hagan sobre bienes de dominio
público sean propiedad privada, estará perdiendo parte del patrimonio y de los
elementos constitutivos del Estado, como lo es el mar territorial, playas, el
lecho marino, etc.”
En
Sentencia de la Sala Tercera de la Corte de 28 de agosto de
2012, en el caso del Hotel Miramar y los estacionamientos
soterrados,  que fueron rellenos de fondo de mar, dijo que si es
viable contratar en CONCESIÓN, los rellenos, (aquí no se habló de VENTA).
¿Qué
es la desafectación?
La
figura de la desafectación sobre terrenos de dominio público, permite que los
mismos puedan formar parte del dominio privado y opera por voluntad del Estado,
a través de un acto público, que pueda desafectar un bien de dominio público y convertirlo
a la postre, en bien patrimonial o fiscal del Estado, y por ende, susceptible
de enajenación.

No obstante, la desafectación debe aplicarse emitiendo los actos
administrativos, que afectaron un bien, es decir, si una ley afectó un bien en
dominio público, otra ley podría desafectarlo. Decir que una ley o peor, aún el
Consejo de Gabinete,  puede desafectar a un bien de dominio público
establecido por la Carta Magna, no solo sería contra natura, sino que
atentaría groseramente, contra la jerarquización de las normas que privan en
Panamá.

De lo expuesto se afirma que una ley no puede derogar lo precisado por la
Constitución, pues sería, inconstitucional, el hecho arbitrario.

Abanicar la idea de vender los terrenos rellenados sobre fondo de mar, por la
figura de la desafectación, que no debiera aplicar, para los bienes de dominio
público que están bajo la prohibición, del Artículo 258 de la Carta Magna,
podría a su vez, abrir la posibilidad de que en el futuro, con la promulgación
de otra ley, o con el aval del Consejo de Gabinete, cualquier gobierno, pudiera
también vender, la plataforma continental, los ríos navegables, el espacio
aéreo y demás bienes que están en el mismo artículo mencionado.

Insólito

Ayer se cuestionaba y con buen
tino, que la Sala Tercera de la Corte atendiera un caso contra el Tribunal
Electoral, en base al código judicial, por aquello de la violación supuesta, de
los derechos humanos, ya que la Carta Magna en su artículo 143 dice que sólo
caben contra las decisiones del Tribunal Electoral, las acciones de inconstitucionalidad
ante el Pleno de la Corte y la Constitución está por encima del código judicial.
Hoy se presenta una queja contra
un magistrado de la Corte, ante el Pleno de la Corte, por faltas a la ética judicial,
en base a lo que dispone el código judicial, no obstante, la Constitución dice
en su artículo 160 que es la Asamblea Nacional la idónea para atender los casos
contra los magistrados de la Corte por actos en violación de la ley y la Constitución,
pero ahora no se alega que la Carta Magna priva sobre el código judicial, como
se afirmaba otrora.
¿Quién entiende a algunas personas?
Mi opinión es que al magistrado Moncada
sólo lo puede juzgar la Asamblea, por actos ejecutados en el ejercicio de sus
funciones en perjuicio del libre funcionamiento del poder público o violatorios
de la Carta Magna o las leyes, si lo que se pretende con ello, es buscar su
destitución.
Dura es la ley pero es la ley. No
se debe trastocar el derecho.

Los Retenes Policiales en Panamá

La orden de
impartir retenes policiales (como una de las formas de ejercer la actividad
policial) no constituye un acto arbitrario erigido por la Policía Nacional,
siempre que honre el procedimiento establecido para tal fin.
La Policía
Nacional insertó en el Manual de Procedimientos Policiales la forma en
cómo debe realizarse o ejecutarse los retenes policiales. De
conformidad con este Manual de Procedimiento un retén policial “es un
dispositivo de seguridad que se utiliza para prevenir, minimizar o neutralizar
el alto índice delincuencial o las transgresiones a la ley”. De igual
manera se indica que los motivos por los que se establecen los retenes son;
1.  Prevenir
la comisión de delitos o faltas.
2.  Ante
la comisión de un delito.
3.  Aumento
del índice delictivo.
4.  La proliferación de drogas, armas de
fuego, robos, vehículos hurtados, secuestros  e   indocumentados.
5.  Fuga
de prófugos de centros penitenciarios.
6.    Actos
terroristas, etc.
¿Cómo se implementa un retén policial?
La activación
de un retén se realizará por orden del Jefe de Zona.
Al colocar
retenes, se tomarán las medidas de seguridad, para evitar hechos lamentables.
El personal que
participe en retenes policiales, deberá demostrar en todo momento la cortesía y
el respeto.
El dispositivo
policial lo deben integrar 8 unidades, con chaleco reflectivo de
identificación, linterna. Deberá haber conos reflectivos de tránsitos, etc.
El lugar
seleccionado debe contar con iluminación adecuada.
  
El Pleno de la
Corte Suprema de Justicia, en sentencia con entrada No. 951-11 determino la
constitucionalidad de los retenes policiales en Panamá.
Por otra lado, de
acuerdo a la Ley 18 de 1997, el policía no debe utilizar la fuerza letal,
cuando exista peligro de herir a un tercero y en situaciones de secuestro o
toma de rehenes, si el uso de la fuerza puede poner en peligro la seguridad de
la víctima.  En tales situaciones, de
requerirse el uso de fuerza letal, ésta deberá usarse discrecionalmente, pero
dando prioridad a la seguridad de las personas. (Art. 33).
Por su parte en el
artículo 37 Ibídem, se exterioriza que el policía, evitará en lo posible hacer disparos
hacia vehículos en fuga, cuando peligra la vida o la integridad física de
terceros y en caso de que deba responder a disparos que se efectúan dentro del vehículo
en fuga, debe adoptar todas las medias necearías que su buen juicio le indique,
para evitar daños y lesiones a terceros inocentes.