Archive en marzo 2014

El valor de las encuestas

La encuesta es un instrumento de medición, de un momento determinado.

Hay un hecho público y notorio en el resultado de todas las encuestas y es que la oposición en su conjunto, tiene al menos al día de hoy, el mayor nivel de aceptación de la ciudadanía, no obstante, cuando vamos al desglose individual porcentual de los candidatos, el que encabeza las encuestas, es el candidato del oficialismo.

¿Por qué se está dando este hecho, si se percibe que la presente administración, ha hecho dentro de su quinquenio, una gran cantidad de obras?

Algunas hipótesis.

1. Porque el candidato del oficialismo, no es lo suficientemente convincente, dentro de la ciudadanía, y es por eso que no ha logrado obtener hoy en día, la aceptación que tiene el Presidente de la República en la población.

2. Porque la ciudadanía no ve a los diversos candidatos, con el empuje necesario para liderar la oposición.

3. Porque para la ciudadanía, los diversos candidatos que han sido funcionarios, no han sobresalido en su gestión; de allí los resultados estrechos en las encuestas, para los primeros puestos. (La mayoría de los candidatos a presidentes, han sido servidores públicos: Arias, Varela, Navarro, Barroso y Jované)

4. Porque a un buen sector de la ciudadanía, les agrada votar por la oposición; avalando la alternancia en el poder.

5. Porque algunos de los funcionarios de la presente administración, no han rendido satisfactoriamente, las cuentas en el ejercicio del cargo.

6. Porque los voceros del gobierno, no han contado con la absoluta aceptación de la población, cuando exponen sus ideas en los medios de comunicación social.

7. Porque en varios medios de comunicación social, se resaltan más los aspectos negativos del gobierno, que los aciertos que realiza.

8. Porque un sector importante de la ciudadanía percibe, que no se han seguido los pasos adecuados que el derecho dispone, para llevar a cabo las decisiones del gobierno.

9. Porque algunos perciben, que la administración presente, no ha solucionado eficazmente por lo menos, algunos problemas básicos de la población, como por ejemplo; el alto costo de la vida y el trasporte público.

Finalmente hago hincapié que el ciudadano, debiera votar el 4 de mayo, no de acuerdo al dictamen de las encuestas, que son hechas por el ser humano, que a veces se equivoca, sino en base a su criterio libre e informado, debido a que es así, como se hará patria.

El deber del periodista


La libertad de expresión no es un derecho absoluto. El artículo 13.2 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa, también prevé la posibilidad de exigir responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este derecho. Estas restricciones tienen carácter excepcional y no deben limitar, más allá de lo estrictamente necesario, el pleno ejercicio de la libertad de expresión y convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura previa.
En tal sentido, el periodista conforme lo ha dicho la Corte Interamericana de los Derechos Humanos tiene deberes que debe honrar, para no abusar del ejercicio de la libertad de expresión e irrespetar por tanto, a las personas que reciben la información del comunicador.
Cita textual del fallo de la Corte.
“De otro lado, en el marco de la libertad de información, el Tribunal considera que existe un deber del periodista de constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en que fundamenta sus opiniones. Es decir, resulta válido reclamar equidad y diligencia en la confrontación de las fuentes y la búsqueda de información. Esto implica el derecho de las personas a no recibir una versión manipulada de los hechos.  En consecuencia, los periodistas tienen el deber de tomar alguna distancia crítica respecto a sus fuentes y contrastarlas con otros datos relevantes”.
(CASO KIMEL VS. ARGENTINA, página 279)
Pregunto: ¿En Panamá todos los periodistas cumplen el deber citado, por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos?

El libertinaje de expresión en Panamá

La libertad de expresión es el derecho que tiene la persona para emitir opiniones y expresiones diversas. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.  Artículo 19º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Ahora  bien, el libertinaje de expresión, es la facultad que tiene todo individuo de emitir expresiones diversas y opiniones sobre ideas, desenfrenadamente, es decir, sin importarle lo que dicen, como lo dicen y en qué momento lo dicen.
En mi país, galopan algunos sobre la cabalgadura del libertinaje de expresión, cuando a menudo, se percata uno, en los diversos medios de comunicación social, que hay personas, que por medio de éstos, denigran la imagen y la honra de otros congéneres, sin remordimiento alguno, y peor aún, sin contar, en algunas ocasiones, con las pruebas que corroboren sus dichos; violando con ello, la Convención Americana de los Derechos Humanos que reza que: “No se debe irrespetar los derechos o a la reputación de los demás”. (Artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos).
Ésta práctica es corrupta, no edifica y debiera cesar.

Movimiento pro voto útil

En los medios de comunicación está saliendo un comunicado de una agrupación que dice llamarse MOVIMIENTO NUEVA REPÚBLICA, que promueve lo que llaman el voto útil contra Martinelli. Ellos manifiestas que recomendarán, sobre la base de encuestas, cual de los candidatos de oposición, tiene mayor aceptación pública.

Esta filosofía que propugna este movimiento, es absurda a mi juicio, por lo siguiente.

1. Piensan hacer recomendaciones en base a encuestas, cuando en algunos países del área, ciertas casas encuestadoras han fallado.

2. Va en contra de la filosofía del pacto ético electoral que sugiere el voto no en contra de, sino en favor de las propuestas. Eso es lo que debemos impulsar como ciudadanos serios, “el voto informado”.

3. Promueve el clientelismos, ya que por un lado busca que el elector vote solo a ganador, y no en base a valores, y por el otro, puede propiciar el amañamiento de las encuestas, para que se obtengan beneficios directos.

4. Afecta la democracia electoral, debido a que los partidos han definido una propuesta electoral espontanea que merece respeto, al igual que algunos que corren a la libre postulación, para presidentes. Son sólo ellos, los postulados en el proceso electoral, los que debieran decidir si se alían o no.

5. Define absurdamente lo que para ellos, es el voto útil, cuando el significado que dan no existe. El voto útil debiera entenderse que es el que sufraga el elector a su conveniencia de manera libre, por el que ha tenido a bien hacer.

6. Establece una camisa de fuerza para el candidato a presidente que gane, hasta el punto de obligarlo a hacer una asamblea constituyente, entre otros puntos, y hasta nombrar a un Contralor sin afiliación política, por lo menos con tres años de antelación a su postulación, cuando a este último, no lo nombra el presidente, sino la Asamblea Nacional de Diputados, en separación de poderes.

El precio en el contrato público y el sobrecosto

Un sobrecosto, también
conocido como un incremento de costo o sobrepasar el
presupuesto
, es un costo inesperado que se incurre por sobre una cantidad
presupuestada debido a una subestimación del costo real durante el proceso de
cálculo del presupuesto. (Enciclopedia Libre).
Es obligatorio
para los servidores públicos, el establecer en las compras públicas, un buen
precio, para lograr el mayor beneficio para el Estado, de acuerdo a lo
que dispone la Constitución, en su artículo 266.
Establecer un
precio inflado, es ilegal y delictivo.
¿Cómo se establece generalmente, el
precio de referencia, en un proyecto u obra?
Las unidades administrativas suelen
buscar varios precios del producto, en el mercado, hacen una mediana y lo suben
un poco, de manera responsable, (como buen padre de familia)  para alentar
al oferente, a que participe en los actos públicos programados. Nunca
debe inflarse desproporcionadamente un precio, pues sería un sobrecosto.
La Corte,
dijo lo siguiente, sobre el tema de las adquisiciones públicas a buen precio:
 El mayor
beneficio para el Estado debe ser apreciado no sólo desde la perspectiva del
más bajo costo posible
 sino también de la mejor calidad en cuanto a la
obra, bien o servicio de que se trate. Igualmente, ese mayor beneficio 
que el Constituyente quiere que se alcance a través del trámite de selección de
contratista, del cual, se repite, la licitación es sólo una de sus modalidades,
debe permitir la escogencia objetiva de la mejor oferta, hecha por proponentes
calificados con credenciales de seriedad y cumplimiento para asegurar las
condiciones más beneficiosas al interés general.” Resolución del 27 de abril de
2009. Entrada No. 172-08.
La
contratación directa, de ningún modo exime del cumplimiento de precisar de
antemano, un buen precio, para el producto, que se pretende recibir de un
particular.  Mismo que se debe hacer, de acuerdo a los valores reales del
mercado, de manera referente.

Los funcionarios que
incumplen su labor, sobre este tema,  podrían sufrir los rigores de un
proceso administrativo, penal y patrimonial en su contra. Los particulares
beneficiados, podrían estar obligados a devolverle al Estado el monto del
sobrecosto, si media una sentencia en su contra, del Tribunal de Cuentas. 

Un contrato que genera derechos subjetivos, no puede ser desconocido, de forma arbitraria ni unilateral por el Estado.

Por seguridad jurídica, en rango constitucional, un contrato refrendado
por Contraloría, no puede ser anulado por el Estado, salvo que se demande su nulidad
ante los tribunales.
Una acción en contrario, no se sustentaría en el derecho
positivo panameño ya que flagelaría además, el Principio de Irrevocabilidad
de los Actos Administrativos.
 Jurisprudencia.
“Así los hechos, claramente evidencia que
al existir un derecho subjetivo conferido por un acto administrativo, como lo
fue el acto por el cual se concedió el Certificado de Operación para la
prestación del servicio del transporte terrestre en la ruta Vacamonte-Panamá en
la Provincia de Panamá, a la sociedad X, en el año 1998, mediante la Resolución
No. 004296 de 214 de septiembre de 1998, el Administrado adquiere un derecho
que crea una situación de exclusividad que podrá oponer contra la
Administración cuando se exceda en sus facultades. Debe, pues, la Administración recurrir a la vía jurisdiccional
ordinaria, a fin de anular sus propios actos que confieren esos derechos.
Por las consideraciones anotadas, no cabe duda que lo actuado
por la A.T.T.T.), con los actos demandados, evidentemente vulnera el Principio
de irrevocabilidad de los Actos Administrativos, uno de los Principios
Generales del Derecho que rige el Derecho Administrativo, y que fue invocado
por el demandante… ”
Sentencia de la
Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia del 27 de abril de 2010. 
  
  

El Tránsfuga

El nombre del  “Tránsfuga” en la política
panameña, se le endilga a aquella persona, que abandona un ideal profesado, por
una canonjía o por un beneficio prometido, y en tal sentido, pacta con otras
fuerzas políticas del momento, ya sea para coadyuvar o con la fuerza gobernante
o con el brazo opositor que procure dificultar la labor del que gobierna.
El transfuguismo tiene lugar no solo dentro de los partidos políticos,
cuando uno emigra de un colectivo a otro, sino también cuando un independiente,
se alinea con un partido político constituido.
Es un asunto de valores y suele ubicarse al tránsfuga, dentro del ejercicio
de la traición.
Existen varias circunstancias por las que motivan a los políticos, el abandonar
una causa defendida por otra nueva;  y no
todo cambio debe considerarse censurable. Ejemplo, discordia con la jefatura de
un partido, asunto de discriminación etc.; es cuando la dimisión se da por
motivo fútil, cuando se convierte en objetable el mismo, al menos dentro de una
parte de la sociedad, que percibe la mudanza, por la simple recepción de un
beneficio particular.
Es el elector, es el que valorará si le da el espaldarazo a un tránsfuga o
no, y como sociedad debemos respetar la voluntad popular que ha elegido a quien
quiso que lo gobernara.
(Un traidor es un hombre que dejó su partido para inscribirse en otro. Un
convertido es un traidor que abandonó su partido para inscribirse en el
nuestro. Georges Clemenceau (1841-1929)
Político y periodista francés).

La libertad de expresión en la política


El irrespeto campea en nuestra política criolla de parte y parte y eso no es bueno, no hace patria ni mucho menos fomenta la cultura de la paz, en medio de un proceso electoral que debe llevarse con tranquilidad, en la medida de lo posible.
La libertad de expresión, tiene limitaciones que deben ponderar los políticos al momento de pensar ejecutar y cualesquiera acciones, pues los ciudadanos honestos no se merecen el escuchar ni el leer, el vocabulario desproporcionado, ni tampoco la agresión verbal o el insulto.
Limitaciones legales que existen.
1. No se debe afectar la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. (Artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos).
2. No se debe irrespetar los derechos o la reputación de los demás. (Artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos).
3. No se debe promover la guerra. (Artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
4. No se debe hacer una apología al odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. (Artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
5. No se debe atacar de manera abusiva, la vida privada y familiar de un individuo. (Artículo V de la Declaración Americana de los Derechos Humanos).
6. No se debe atacar la vida privada, familiar, domicilio o correspondencia de un niño. (Artículos 15 y 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño).
El que afecte las disposiciones transcritas, podría afrontar, las consecuencias ulteriores de sus decisiones y/o acciones, ante los tribunales pertinentes, independientemente de que se haga llamar político.

Comentarios a la denuncia del Tribunal Electoral (SVI)

El
7 de marzo del año en curso el Tribunal Electoral denunció ante el Ministerio
Público, un uso supuestamente ilegal, de una base de datos por parte del equipo
de José Domingo Arias.
1.      De
la lectura del documento presentado, en el hecho 5 y en los párrafos
finales de la denuncia, en el numeral IV, se extrae que lo que se denuncia es
el presunto uso ilegal del Servicio de Verificación de Identidad, conocido por
sus siglas como  SVI, debido a que desde la  página web del candidato presidencial oficialista,
http://www.josedomingoarias.org
, se incluyó información contenida o
proveniente  del sistema.
Siendo
esto así, debió la denuncia contener, a mi criterio, todo el listado de las
entidades y empresas privadas a las que el Tribunal Electoral les ha dado el
libre acceso al SVI, que son muchas. El Tribunal dice casi al final de la
denuncia interpuesta: “Frente al escenario de los avances tecnológicos, es de
suma importancia la protección de los datos de carácter personal para las
libertades individuales, y que el sistema informático que brinda el SVI no sea
ilegalmente o espuriamente utilizados para otros fines distintos…”
El
Tribunal Electoral suministra el acceso a la base de datos del SVI, a
particulares, inclusive, por un pago monetario, conforme lo posibilita la
ley del Registro Civil en su artículo 83. A manera de ejemplo exteriorizo, que
en el Acuerdo de Sala 67-2 del Tribunal Electoral, se le autorizó la renovación
del contrato de afiliación para el acceso al SVI, a 28 empresas privadas.
La
información que se observa en el SVI, es el acceso a los nombres, número de
cédula de identidad personal, fecha y lugar de nacimiento, nombres de los
padres, así como la foto y firma cuando estén disponibles. (Artículo 4 del Decreto
28 del TE)
2.    En
el hecho séptimo de la denuncia, se enuncia,  de manera poco comprensible,
que sólo 6 entidades tienen acceso a la información del árbol
genealógico,  (Fiscalía Electoral, Ministerio de la Presidencia,
Ministerio de Gobierno, Ministerio Público, Policía Nacional y la Contraloría)
pero no se aclara si lo del árbol genealógico, es otra base de datos diferente
a la del SVI que se denuncia, y tampoco se adjunta como prueba ante el
Ministerio Público, la normativa de su existencia. Si esta es otra base de
datos diferente a la del SVI, debió especificarse en que consiste la exactitud
de la forma del árbol genealógico, con la que se encontró en la páginaweb.www.josedomingoarias.org.
Un árbol genealógico, según Wikipedia, es
una representación gráfica que enlista los antepasados y los descendientes de un individuo en una forma organizada y sistemática, sea
en forma de árbol o tabla.
3.      El
Ministerio Público no puede investigar al representante legal del CD, porque es
el señor Presidente de la República y por ende, no tiene competencia para ello.
De igual forma, está impedido para investigar al Ministerio de la Presidencia,
por igual criterio y al candidato presidencial oficialista, porque tiene fuero
penal electoral.
4.      Se
entiende  que las 6 entidades aludidas, pudieron haber filtrado la base de
datos del Tribunal Electoral, de manera ilegal, y siendo esto así, debió
aportarse entonces, la prueba sumaria del caso, como lo manda el código judicial
y a mi criterio, las copias simples que se adjuntaron con la denuncia
y los diarios, no llenan tal cometido.
5.      Por
último manifiesto que la presente denuncia, nos abre el entendimiento para
objetar las disposiciones que permiten al Estado, el suministro de la base de
datos de los ciudadanos, a los particulares, sin el consentimiento del
propietario de la información. Rechazo de plano que algún partido pueda tener
mi data, sin mi aval y las entidades sólo la debieran tener por asuntos de seguridad
nacional.
Los
diputados debieran legislar adecuadamente, la intimidad de la data 
del ciudadano, para honrar lo que dispone el artículo 42 de nuestra
Constitución.
Carta
Magna
ARTICULO
42. Toda persona tiene derecho a acceder a la información personal contenida en
bases de datos o registros públicos y privados, y a requerir su rectificación y
protección, así como su supresión, de conformidad con lo previsto en la Ley.
Esta
información sólo podrá ser recogida para fines específicos, mediante consentimiento
de su titular o por disposición de autoridad competente con fundamento en lo
previsto en la Ley.

Censura de la propaganda electoral

Con asombro he visto como el Tribunal Electoral, de oficio, y
sin permitirle la participación al fiscal general electoral,  ha ordenado sacar de los medios de comunicación,
algunas propagandas electorales, y eso a mi juicio está al margen de la ley.
El código electoral es claro en exigir el ruego de la persona
afectada o de la fiscalía general electoral, para proceder con la suspensión de
la propaganda y esto se ha puesto al soslayo, en algunas ocasiones. En mi concepto
se está violando la libertad de expresión, en rango constitucional.
Veamos.
Código Electoral.
Artículo 207. Las violaciones a las disposiciones sobre
propaganda electoral  serán de
competencia privativa del Tribunal Electoral. A tal efecto, la Fiscalía  General Electoral o quien se considere
afectado por la difusión de la propaganda  electoral, personalmente o mediante apoderado
legal, podrá presentar la denuncia  respectiva
ante el Tribunal Electoral.
Cuando la denuncia sea presentada por quien se considere
afectado, el Tribunal  Electoral dará
traslado inmediato a la Fiscalía General Electoral para que emita  concepto dentro de un término no mayor de
quince días.
Recibido el concepto emitido por la Fiscalía General
Electoral, el Tribunal  Electoral podrá
ordenar la suspensión provisional de la propaganda que haya  sido demandada por violatoria de la Ley
Electoral.
Durante el tiempo en que se permita la propaganda electoral,
el Tribunal Electoral y  la Fiscalía
General Electoral, sesionarán permanentemente para acoger las denuncias  respectivas, tomando las medidas necesarias a fin
de agilizar el trámite de éstas.
Las responsabilidades penales y civiles por calumnia e
injuria, cometidas en  propaganda
electoral, se exigirán ante la jurisdicción ordinaria.
No encuentro ninguna norma en el código electoral, que haga
viable la censura de la propaganda electoral en los medios de comunicación de
oficio,  por parte del Tribunal Electoral.
 Esto es peligroso, ya que no estamos
hablando de colocación propaganda electoral fija, en lugares prohibido por la
ley. Lo risible del punto es que el artículo 198 del código electoral,  reza que la propaganda electoral, no está sujeta
a censura previa.
Corolario de lo anterior, afirmo como delicado, que la
corporación electoral en cita, a mi manera de ver, desbordando su función privativa,
haya limitado, en el Decreto No. 14 de 2012,  la contratación de la propaganda electoral,
solo a los candidatos, a los partidos y a las ONGs, y en tal forma, ningún  ciudadano puede ejercitar su derecho a la
libertad de expresión, pautando en los medios propaganda electoral, como lo
facilita la constitución patria.
Mi deseo es que toda la normativa del país, se adecua a lo
que dice la Carta Magna.
Constitución

Artículo 37. Toda persona puede emitir libremente su pensamiento
de palabra, por escrito o por cualquier otro medio, sin sujeción a censura
previa; pero existen las responsabilidades legales cuando por alguno de estos
medios se atente contra la reputación o la honra de las personas o contra la
seguridad social o el orden público.