Archive en mayo 2014

Población LGBT y sus derechos

Los representantes de los países participantes en la primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, celebrada en Montevideo, del  12 al 15 de agosto de 2013, firmaron el CONSENSO DE MONTEVIDEO SOBRE POBLACIÓN Y DESARROLLO, en donde se destacan algunos derechos generales y en los que resalto, unos que pudieran ser la punta de lazan para que se pretenda variar puntos importantes Supremos en Panamá, flagelando los valores éticos y morales de la mayoría de los panameños, y esto no pudiera darse, debido a que el poder emana del pueblo, en base a lo que dispone el artículo 2 constitucional.
Consenso
36. Desarrollar políticas y programas tendientes a erradicar la discriminación basada en la  orientación sexual y la identidad de género en el ejercicio de los derechos sexuales y su  manifestación;
37. Garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y salud reproductiva de calidad,  tomando en consideración las necesidades específicas de hombres y mujeres, adolescentes y  jóvenes, personas LGTB, personas mayores y personas con discapacidad, prestando particular  atención a personas en condición de vulnerabilidad y personas que viven en zonas rurales y  remotas y promoviendo la participación ciudadana en el seguimiento de los compromisos;
Debe quedar claro, que la salud reproductiva implica que las personas puedan tener una vida sexual segura y satisfactoria, la capacidad de tener hijos y la libertad de decidir si quieren tenerlos, cuándo y con qué frecuencia(derechos reproductivos). (La enciclopedia libre.)
No objeto la elección de vida que haya hecho una persona en especial; opino que se debe respetar esto en derecho, no obstante, lo que me preocupa  y RECHAZO, es la interpretación que pudiera esgrimirse sobre el consenso antes descrito, en el sentido de procurar, el cambio de la normas legales y/o constitucionales vigentes, que hagan viable el matrimonio entre personas del mismo género y la adopción de personas, en uniones homosexuales.
Definitivamente que estos cambios, si se dieran, atentarían contra la moral cristina, inspiradora de nuestro derecho constitucional y legal y de la cual, yo soy partidario – defensor.
Constitución
ARTICULO 35. Es libre la profesión de todas las religiones, así como el ejercicio de todos los cultos, sin otra limitación que el respeto a la moral cristiana y al orden público. Se reconoce que la religión católica es la de la mayoría de los panameños.

El deber del periodista y el ejercicio abusivo de la libertad de expresión.


La libertad de expresión no es un derecho absoluto. El artículo 13.2 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa, también prevé la posibilidad de exigir responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este derecho. Estas restricciones tienen carácter excepcional y no deben limitar, más allá de lo estrictamente necesario, el pleno ejercicio de la libertad de expresión y convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura previa.
En tal sentido, el periodista conforme lo ha dicho la Corte Interamericana de los Derechos Humanos tiene deberes que debe honrar, para no abusar del ejercicio de la libertad de expresión e irrespetar por tanto, a las personas que reciben la información del comunicador.
Cita textual del fallo de la Corte.
“De otro lado, en el marco de la libertad de información, el Tribunal considera que existe un deber del periodista de constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en que fundamenta sus opiniones. Es decir, resulta válido reclamar equidad y diligencia en la confrontación de las fuentes y la búsqueda de información. Esto implica el derecho de las personas a no recibir una versión manipulada de los hechos.  En consecuencia, los periodistas tienen el deber de tomar alguna distancia crítica respecto a sus fuentes y contrastarlas con otros datos relevantes”.
(CASO KIMEL VS. ARGENTINA, página 279)
Pregunto: ¿En Panamá todos los periodistas cumplen el deber citado, por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos?

Instalación de diputados

El Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional de la asamblea posibilita la instalación de la Asamblea Nacional con la mayoría de los diputados aunque no sean los 71.

Artículo 3. Juramentación de miembros del Órgano Legislativo. En la sesión de instalación del periodo constitucional correspondiente, comprobada la existencia del quórum reglamentario, según el listado oficial del Tribunal Electoral, el Presidente o Presidenta provisional procederá a juramentar a los Diputados y Diputadas de la siguiente manera:

“¿JURAN USTEDES ANTE DIOS Y LA PATRIA RESPETAR LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO CUMPLIR CON LOS DEBERES QUE LES IMPONGA EL CARGO DE MIEMBROS DE LA ASAMBLEA NACIONAL?”

A lo que cada uno contestará: “SÍ, JURO”.

El Presidente o Presidenta provisional concluirá con la sentencia siguiente:

“SI ASÍ LO HICIEREN, QUE DIOS Y LA PATRIA OS LO PREMIEN; Y SI NO, OS LO DEMANDEN”.

Los Diputados o Diputadas que no hubieran sido juramentados en la sesión de instalación de la Asamblea Nacional y los Diputados o Diputadas Suplentes al ocupar por primera vez el cargo, deberán juramentarse ante el Pleno en la misma forma establecida en el presente artículo.

El crisol de razas


Mientras
que Brasil, inspirada en el modelo que aplican Canadá y Australia, adopta una
política de inmigración selectiva, para los profesionales extranjeros, altamente
calificados, propiciando así una “fuga de cerebros”; en Panamá, no se sabe aún,
a que estamos apostando.
Panamá
le ha abierto las puertas a muchos extranjeros de escasos recursos, para luego
regularizarlos extraordinariamente, en donde ni siquiera, tienen que probar per
se, su solvencia económica, porque no la tienen. Ejemplo los  procesos
extraordinarios denominados “Panamá Crisol de Razas”. (Decreto Ejecutivo No. 547
de 2012)
De
igual forma han facilitado la inmigración extranjera, permitiendo, que
ciudadanos de varias nacionalidades entren, a sus anchas, sin visa a Panamá,
independientemente, de que tengan o no, recursos económicas para invertir.
Ejemplo. Decreto Ejecutivo No. 380 de 2012.
Por
otro lado, también impulsa que extranjeros, esta vez con recursos, de 22 o más
países se establezcan aquí, para invertir. Ejemplo. Decreto Ejecutivo No. 343 de
2012.
Igualmente
el Decreto Ejecutivo No. 804 de 2012, crea la residencia permanente en calidad
de extranjero profesional, para el que aporte copia del diploma o título
universitario, licenciatura, maestría o doctorado, siempre que la profesión no
esté limitada por Constitución a los panameños. Para esta residencia no es
necesario que el que aporte el título, ejerza la profesión del diploma o que
cuente con mayores recursos.
¿Cómo
nos explicamos esto? ¿Es eso indispensable para el país?
Esta
falta de definición migratoria, está produciendo lo
siguiente:
Que
haya una competencia desleal laboral del extranjero, hacia el nacional
panameño.
Que
nuestras tradiciones se vayan perdiendo, para abrirle paso a las fiestas y
costumbres extranjeras.
Que
se vaya aumentando el alto costo de la vida, producto de servicios, que el
panameño no podrá pagar, fácilmente, pero algunos extranjeros sí. Ejemplo. El
empleo doméstico y los alquileres.
Que
muchas tierras vayan siendo de propiedad de extranjeros, sin limitación alguna.
Argentina, Brasil etc., ya han puesto límites para la extranjerización de
tierras, por efecto del agro, ganadería y otras
actividades.
Que
aumente la población en el país, pero no por los nacimientos de nativos, sino
por la afluencia extranjera.
Preocupaciones
propias, sobre el tema de la regularización
extraordinaria:
1.    No
se le está permitiendo a la Asamblea Nacional de Diputados, legislar sobre el
tema, toda vez que con el Decreto Ejecutivo de marras, se pretende ampliar el
marco legislativo regulatorio, que ya existe para los extranjeros, en el Decreto
Ley No. 3 de 2008.  
2.    Se
le está dando permanencia provisional hasta por 12 años, a extranjeros
menesterosos, en donde muchos de ellos, difícilmente podrán aportar mayores
avances científicos en el país.
3.    Se
está permitiendo que extranjeros regularizados extraordinariamente tengan un
mayor privilegio que los extranjeros que legalmente arribaron a nuestro
territorio para invertir y legalizarse, ya que no se les exige el cumplimiento
de los requisitos que a los otros se les pide.  
4.   Se
está fomentando que se pueble Panamá, con personas foráneas que, en determinada
proporción, no tendrán los recursos per se, para poder
subsistir.
5.  
Pudiera pensarse que la captación de dinero, producto del proceso de la
regularización extraordinaria, está pesando más que una visión de
país.
 
 


¿EL INDULTO PRESIDENCIAL PARA ANA MATILDE GOMEZ?

El indulto es una facultad que el constituyente le ha dispensado al Presidente de la República, para los delitos políticos, por lo tanto no podría utilizarse para beneficiar, si fuere el caso, para ANA MATILDE GOMEZ, pues la sentenciaron por la comisión de un delito común.

El artículo constitucional que posibilita el indulto, reza lo que sigue:

Artículo 184- Son atribuciones que ejerce el Presidente de la República con la participación del Ministro respectivo:…

12. Decretar indultos por delitos políticos, rebajar penas y conceder libertad condicional a los reos de delitos comunes.

Sabido es que el indulto extingue la pena.

En sentencia de 30 de junio de 2008 El Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales, varios Decretos Ejecutivos, porque los indultos promulgados excedieron el mandato constitucional, al extender su aplicación a delitos comunes y porque los beneficiados, sin estar vinculados, muchos de ellos, y muchos menos condenados por la comisión de un delito de rasgo político, con la emisión de la medida, resultaron calificados como delincuentes políticos, violándose con esto la presunción de inocencia.

En el fallo, a mi juicio excelente, determina que es lo que se considera delito político así.

“Esta Corporación de Justicia, en ausencia de una norma legal que desarrolle el concepto constitucional de delito político, interpreta que los delitos a los que hace alusión la frase “delitos políticos” en el numeral 12 del artículo 184 de la Constitución Política de la República de Panamá, se refiere a los delitos contra la personalidad interna del Estado y los delitos electorales.” Siguió planteando la Corte que solo se podría considerar dentro del rubro, de los delitos políticos, a los comunes, cuando en éstos “se acredite que la comisión del injusto penal es consecuencia de las circunstancias socio políticas del momento o que la intención del agente estuvo dirigida a transformar ideologías o prácticas afines a la política estatal.”

Por lo anterior, afirmo que cualquier indulto promulgado por el Ejecutivo o que se llegare a promulgar en el futuro, que colisione con la definición jurisprudencial citada, podría considerarse con visos de inconstitucionalidad y contrario a derecho en Panamá.

Lo que podría ser procedente, es decretar la rebaja de la pena accesoria, que podría imprimir el Presidente de la República, si lo tuviere a bien hacer, en el caso de ANA MATILDE GOMEZ, que ganó una curul, de forma amplia en su circuito.

El matrimonio entre homosexuales

 

 

El concepto de matrimonio
bien lo definió el Dr. Cesar Quintero en su obra “Derecho Constitucional”, Tomo
1, 1967, pág. 265: “ Es un acto jurídico de carácter convencional por el cual un varón y una mujer adquieren un
status civil -el de casados- que les permite llevar vida en común de manera
estable, socialmente aprobada y jurídicamente protegida.

 

Nuestra Constitución
protege el matrimonio ente cónyuges de sexos diferentes, por lo cual, nuestras
leyes, (que son de inferior grado), no deben prohijar los matrimonios
celebrados en el extranjero, que estén atentando, contra este postulado supremo;
como lo pretende hacer, el proyecto de ley 718 que acaba de presentar el gobierno
de turno.

 

Constitución

 

ARTICULO 57. El matrimonio es el
fundamento legal de la familia, descansa en la igualdad de derechos de los
cónyuges y puede ser disuelto de acuerdo con la Ley.

 

ARTICULO 58. La unión de hecho entre personas de distinto sexo
legalmente capacitadas para contraer matrimonio, mantenida durante cinco años
consecutivos en condiciones de singularidad y estabilidad, surtirá todos los
efectos del matrimonio civil. Para este fin, bastará que las partes interesadas
soliciten conjuntamente al Registro Civil la inscripción del matrimonio de
hecho.

 

La exposición de motivo del proyecto de ley de marras, es clara al
afirmar que lo que se  busca con la
iniciativa, es cambiar lo que llaman, “conceptos estereotipados con relación a
la aprobación de materializar, bajo la figura del matrimonio, la unión de dos
personas del mismo sexo.”

 

Mi tesis es que el matrimonio entre personas del mismo sexo está vedado
por nuestra Constitución; por lo que se necesitaría de una reforma a la Carta
Magna, para pretender aceptar los matrimonios celebrados en el extranjero, en
contravención de esta institución como ha sido concebida hoy, por nuestros
constituyentes, que abordaron el tema en acatamiento de nuestra moral cristiana.

 

 

 

 

 

El negocio de los estacionamientos

  
Hay una nueva forma que utiliza el
empresario para meterle la mano en el bolsillo al pobre y es a través del cobro
de los estacionamientos.
La paradoja es que el usuario utiliza
el local comercial, le paga al empresario por un bien o servicio que presta,
pero también paga por el estacionamiento que utiliza.
Esta práctica abusiva se ve en los
hospitales, restaurantes, centros comerciales etc., sin que se proteja al
consumidor adecuadamente por esto.
En la Asamblea Nacional reposa el
anteproyecto de ley  No. 072 que dicta medidas sobre el derecho de los
consumidores al uso de estacionamientos en locales y centros comerciales, que
pretendía en alguna medida disipar esta medida empresarial desproporcionada y
usurera, pero como fue presentado por diputados de la oposición, durmió el
sueño de los justos.
Una ley como la que contemplaba el
presente proyecto urge,  ya que el pueblo se siente abusado por los
empresarios inescrupulosos.

Convocatoria a sesiones extraordinarias en la asamblea

El país no debe considerarse que está en piloto automático
hasta el 1 de julio del año en curso, por lo tanto,  si se convocó a sesiones extraordinarias en la
Asamblea Nacional, los Honorables Diputados debieran ir y cumplir con ello, su
papel controlador.
El diputado que no vaya a sesionar en las sesiones
extraordinarias, no tendría autoridad moral a mi juicio, para objetar luego, las
leyes que pudieran considerarse injustas o inadmisibles, pero fueron aprobadas en
tales sesiones, por la mayoría.
Es una imprudencia el motivar a que la oposición no vaya
a las extraordinarias. El contrapeso deben ejercerlo con dignidad y gallardía.
Los que plantean no ir a sesionar, es como si dijeran que para
el próximo periodo constitucional, la bancada minoritaria de diputados en la Asamblea
Nacional, debiera abstenerse de asistir al pleno legislativo, por considerarse
innecesario.
Vale la pena destacar, que el artículo 150 de la Carta Magna
reza que, los Diputados actuarán en interés de la Nación y representan en la
Asamblea Nacional a sus respectivos partidos políticos y a los electores de su Circuito Electoral, por
tanto, tienen un deber que cumplir.
Finalmente me inquietan algunos temas que incluyeron para
debatir, en estos periodos extraordinarios, que no revisten para mí, de la
urgencia debida, como  por ejemplo: el de
declarar el área protegida denominada “Refugio de Vida Silvestre de Juan Hombrón”
pero la convocatoria se hizo y varios temas fueron incluidos, por lo que debieran
evacuarse los mismos, como corresponde.

Dinero del Narcotráfico, en la política panameña

En los medios de comunicación social,
han salido cuestionamientos sobre posible vinculación de dinero sucio, en la
campaña electoral para el año 2014.
El  tema en referencia, ha causado
preocupación, en las personas serias de Panamá.
¿Qué debe hacerse?
1.      Publicar las donaciones.
Desde el punto de vista del pacto ético,
que suscribieron algunos colectivos, se hace viable  la publicación de las
donaciones, pero nadie lo ha hecho, porque no les conviene, ni les interesa.
Leamos lo pertinente del pacto.
II. COMPROMISO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
5. Vigilar la legítima y lícita
procedencia de los fondos o donaciones de personas naturales o jurídicas en
beneficio de los partidos políticos, así como de los candidatos, para evitar el
clientelismo; y que las donaciones y gastos realizados sean de acceso público,
mediante su publicación a través de los medios impresos, radiales, televisivos
e Internet, preferiblemente antes de las elecciones y a más
tardar sesenta días después de ellas.
2.  Presentándose las denuncias a los entes
correspondientes, para que se sancionen, a los participantes.
Código Judicial
Artículo 1995.
El que, por cualquier medio, tuviere
noticias de la perpetración de un delito perseguible de oficio, está
obligado a poner el hecho en conocimiento del funcionario de instrucción más
próximo al sitio en que se hallare, y si se tratare de un delito infraganti, a
la autoridad de policía o al agente de la autoridad más próximo al sitio en que
hubiere sido ejecutado. En este supuesto, la autoridad de policía o el agente
de la autoridad tomará inmediatamente las medidas necesarias para poner al
detenido, si lo hubiere, a disposición del funcionario de instrucción
competente.
Artículo 1996.
Todo empleado público que en el
ejercicio de sus funciones descubra de cualquier modo que se ha cometido un
delito de aquellos en que deba procederse de oficio, pasará o promoverá que se
pasen todos los datos que sean conducentes y lo denunciará ante la autoridad
competente, para que se proceda al juzgamiento del culpable o culpables.
3.   Hacer una campaña sobre la adopción de valores, dentro
de la sociedad; por parte del gobierno, de la empresa privada y de la
ciudadanía en general.

¿Qué debe mejorarse, para blindar el sistema de compras del Estado, de actos impropios?

1.                  Eliminar el precio oculto, en la licitación
pública, con evaluación separada. Podría prestarse esto para corrupción, ya que
la entidad pudiera filtrarle el precio de referencia a algún proponente, para
beneficiarlo. Esto lo podría hacer, la nueva Asamblea Nacional de Diputados.
2.                  Eliminar la contratación libre a discreción, que
introdujo la ley 48 de 2011 y que permite la renovación de contratos a un mismo
proveedor, de manera directa y sin limitación de periodo. Esto lo podría hacer,
la nueva Asamblea Nacional de Diputados.
3.                  Hacer un sistema unitario de compras, para todo el
Estado panameño, eliminando en consecuencia, con ello, la ley del PAN y de la
CSS, en materia de contratación pública. Esto lo podría hacer, la nueva
Asamblea Nacional de Diputados.
4.                  Que la DGCP (Dirección General de Contrataciones
Públicas) empiece a imponer multas a los servidores públicos, que violen los
principios y las normas de contratación pública, como lo mandata la ley. Hoy no
lo hacen, pudiéndolo hacer, por ley.
5.                  Que todas las consultorías, se sometan a actos
públicos y con ello se eliminaría la aberración existente, que gravita en muchos
entes públicos. Esto lo podría hacer, la nueva Asamblea Nacional de Diputados.
6.                  Que se establezca un sistema de rendición de
cuentas, en algunos procesos de compras. Esto lo podría hacer, la nueva
Asamblea Nacional de Diputados.
7.                  Que el sistema electrónico “PanamaCompra” tenga un
buscador más amigable. Nadie puede encontrar información en el sistema con
facilidad, salvo que uno conozca exactamente el número del acto público
realizado.