Archive en junio 2014

Lo feo de las partidas circuitales


Adverso la utilización de las partidas circuitales, llamadas popularmente así
en Panamá, que corresponde al apoyo económico estatal, otorgado a los
diputados, para proyectos sociales, ejecutados a través de las juntas comunales
y/o municipios; debido a lo siguiente:

1. A mi juicio esto debilita el artículo 136 de la Carta Magna, que prohíbe, el
apoyo oficial, directo o indirecto, a candidatos a puestos de elección popular,
aun cuando fueren velados los medios empleados a tal fin. Con las mismas se
beneficiaron a todos los diputados de Panamá, si bien unos con más apoyo que a
otros, pero se les apoyó a todos, con recursos del Estado.

2. Estos recursos no se les da en igualdad de condiciones a todos los
candidatos, que corren en un circuito, sino principalmente, a los diputados
electos.

3. Esta ayuda crea un desbalance en la competencia entre los diversos
candidatos.

4. Esta ayuda dada históricamente está corroyendo la democracia, sumiéndola al
clientelismo absurdo.

5. Esto puede minar la voluntad del electorado que debiera votar producto de un
sufragio libre y honrado.


El gran cambio que hará el nuevo gobierno, según POPI Varela a los
medios,  es que el manejo de las mismas, las tendrá el Órgano Legislativo
per se y no el Órgano Ejecutivo. Interesante cambio.

Lo feo de las partidas circuitales


Adverso la utilización de las partidas circuitales, llamadas popularmente así
en Panamá, que corresponde al apoyo económico estatal, otorgado a los
diputados, para proyectos sociales, ejecutados a través de las juntas comunales
y/o municipios; debido a lo siguiente:

1. A mi juicio esto debilita el artículo 136 de la Carta Magna, que prohíbe, el
apoyo oficial, directo o indirecto, a candidatos a puestos de elección popular,
aun cuando fueren velados los medios empleados a tal fin. Con las mismas se
beneficiaron a todos los diputados de Panamá, si bien unos con más apoyo que a
otros, pero se les apoyó a todos, con recursos del Estado.

2. Estos recursos no se les da en igualdad de condiciones a todos los
candidatos, que corren en un circuito, sino principalmente, a los diputados
electos.

3. Esta ayuda crea un desbalance en la competencia entre los diversos
candidatos.

4. Esta ayuda dada históricamente está corroyendo la democracia, sumiéndola al
clientelismo absurdo.

5. Esto puede minar la voluntad del electorado que debiera votar producto de un
sufragio libre y honrado.


El gran cambio que hará el nuevo gobierno, según POPI Varela a los
medios,  es que el manejo de las mismas, las tendrá el Órgano Legislativo
per

Lo feo de las partidas circuitales




Adverso la utilización de las partidas circuitales, llamadas popularmente así en Panamá, que corresponde al apoyo económico estatal, otorgado a los diputados, para proyectos sociales, ejecutados a través de las juntas comunales y/o municipios; debido a lo siguiente:

1. A mi juicio esto debilita el artículo 136 de la Carta Magna, que prohíbe, el apoyo oficial, directo o indirecto, a candidatos a puestos de elección popular, aun cuando fueren velados los medios empleados a tal fin. Con las mismas se beneficiaron a todos los diputados de Panamá, si bien unos con más apoyo que a otros, pero se les apoyó a todos, con recursos del Estado.

2. Estos recursos no se les da en igualdad de condiciones a todos los candidatos, que corren en un circuito, sino principalmente, a los diputados electos.

3. Esta ayuda crea un desbalance en la competencia entre los diversos candidatos.

4. Esta ayuda dada históricamente esta corroyendo la democracia, sumiéndola al clientelismo absurdo.

5. Esto puede minar la voluntad del electorado que debiera votar producto de un sufragio libre y honrado.

 

El gran cambio que hará el nuevo gobierno, según POPI Varela a los medios,  es que el manejo de las mismas, las tendrá el Órgano Legislativo per se y no el Órgano Ejecutivo. Increíble. Los diputados no desean eliminar las mieles de estas partidas. 

Lo feo de las partidas circuitales




Adverso la utilización de las partidas
circuitales, llamadas popularmente así en Panamá, que corresponde al apoyo
económico estatal, otorgado a los diputados, para proyectos sociales, ejecutados
a través de las juntas comunales y/o municipios; debido a lo
siguiente:

1. A mi juicio esto debilita el artículo 136 de la
Carta Magna, que prohíbe, el apoyo oficial, directo o indirecto, a candidatos a
puestos de elección popular, aun cuando fueren velados los medios empleados a
tal fin. Con las mismas se beneficiaron a todos los diputados de Panamá, si bien
unos con más apoyo que a otros, pero se les apoyó a todos, con recursos del
Estado.

2. Estos recursos no se les da en igualdad de condiciones a todos
los candidatos, que corren en un circuito, sino principalmente, a los diputados
electos.

3. Esta ayuda crea un desbalance en la competencia entre los
diversos candidatos.

4. Esta ayuda dada históricamente esta corroyendo la
democracia, sumiéndola al clientelismo absurdo.

5. Esto puede minar la
voluntad del electorado que debiera votar producto de un sufragio libre y
honrado.

 

El gran cambio que hará el nuevo gobierno, según POPI
Varela a los medios,  es que el manejo de las mismas, las tendrá el Órgano
Legislativo per se y no el Órgano Ejecutivo. Increíble. Los diputados no desean
eliminar las mieles de estas partidas. 

Principales retos para el presidente 2014-2019 de Panamá y su nuevo gobierno

Que
su gobierno,  cumpla con la mayoría de sus promesas de campaña.
Que
ejecute planes que permita a Panamá seguir en el sitial que ostenta, a nivel
internacional, en cuanto a bonanza financiera.
Que
impulse restricciones gubernativas, a fin de que no se elaboren contratos
directos, para favorecer exclusivamente a empresas  o a personas
definidas.
Que
administre los bienes del Estado, como buen padre de familia.
Que
impulse normas para el fortalecimiento de la transparencia en el uso de la cosa
pública y la consecuente rendición de cuenta de los funcionarios nombrados.
Que
conjugue planes creíbles y prácticos para minimizar la desigualdad económica y
de género.
Que
nombre a personas íntegras, dentro de la administración de justicia,  que
hagan viable que ésta cumpla su papel, con independencia, transparencia y
eficacia.
Que
permita el ejercicio sin censura, de la libertad de expresión, en todas sus
facetas.
Que
respete con sus acciones, la separación de los otros poderes del Estado.

Que impulse una política
gubernamental que tienda a fortalecer a la familia, como el principal núcleo en
la sociedad.

Los principales retos de la nueva Asamblea de Diputados del 2014-2019

Nombrar a un contralor o contralora, no afín al ejecutivo con carácter y entereza,
para que logre el cometido controlador que se debe, máxime que los padres de la
patria desean seguir con el uso de las llamadas partidas circuitales.

Permitir la gobernabilidad del país,
que será dirigido por un presidente electo democráticamente por el pueblo.

Apoyar los buenos proyectos que les mande el Órgano Ejecutivo.

Impedir iniciativas que atenten contra la Constitución y que desfavorezcan a
las mayorías.

Nombrar a un magistrado del tribunal electoral imparcial y con credibilidad.

Nombrar a un defensor del pueblo capaz e independiente.

Implementar la rebaja del sueldo, a los diputados que no asistan a sesionar.

Modificar la ley del etanol, para que esto no sea obligatorio para los residentes,
sino optativo.

Tramitar los casos que se presenten contra los magistrados de la corte suprema
de justicia, apegados a la ley y sin agendas partidarias.

Requerir ante la Asamblea, la
rendición de cuentas de todos los funcionarios, que nombre o que ratifique o
que le corresponda, sobre las materias propias de su competencia.

Un Indulto no lo puede revocar el propio Ejecutivo

El indulto es una facultad que el constituyente le ha dispensado al Presidente de la República, para los delitos políticos.

El artículo constitucional que lo posibilita, reza lo que sigue:
Artículo 184- Son atribuciones que ejerce el Presidente de la República con la participación del Ministro respectivo:

12. Decretar indultos por delitos políticos, rebajar penas y conceder libertad condicional a los reos de delitos comunes.

El indulto se promulga por vía de un acto administrativo (decreto ejecutivo) y por lo tanto, al generar derechos subjetivos, no puede ser desconocido, de forma arbitraria ni unilateral por el mismo órgano que lo expidió.

¿Qué ha dicho la Corte sobre la irrevocabilidad del acto administrativo?

“Así los hechos, claramente evidencia que al existir un derecho subjetivo conferido por un acto administrativo, como lo fue el acto por el cual se concedió el Certificado de Operación para la prestación del servicio del transporte terrestre en la ruta Vacamonte-Panamá en la Provincia de Panamá, a la sociedad X, en el año 1998, mediante la Resolución No. 004296 de 214 de septiembre de 1998, el Administrado adquiere un derecho que crea una situación de exclusividad que podrá oponer contra la Administración cuando se exceda en sus facultades. Debe, pues, la Administración recurrir a la vía jurisdiccional ordinaria, a fin de anular sus propios actos que confieren esos derechos.

Por las consideraciones anotadas, no cabe duda que lo actuado por la A.T.T.T.), con los actos demandados, evidentemente vulnera el Principio de irrevocabilidad de los Actos Administrativos, uno de los Principios Generales del Derecho que rige el Derecho Administrativo, y que fue invocado por el demandante… ” Sentencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia del 27 de abril de 2010.

Afirmo que el ejecutivo nuevo, si quiere anular un acto administrativo de su antecesor, que produjo derechos subjetivos, debe demandar su nulidad ante la Corte, respetando el estado de derecho.

¿Cuándo un ente administrativo puede anular su propio acto de oficio?

Únicamente, cuando gravita el cumplimiento de alguna de las causales, que reza la Ley 38 de 2000, a saber:

Ley 38 de 2000

Artículo 62. Las entidades públicas solamente podrán revocar o anular de oficio una resolución en firme en la que reconozcan o declaren derechos a favor de terceros, en los siguientes supuestos:

1. Si fuese emitida sin competencia para ello;

2. Cuando el beneficiario de ella haya incurrido en declaraciones o haya aportado pruebas falsas para obtenerla;

3. Si el afectado consiente en la revocatoria; y

4. Cuando así lo disponga una norma especial.

En contra de la decisión de revocatoria o anulación, el interesado puede interponer, dentro de los términos correspondientes, los recursos que le reconoce la ley.

La facultad de revocar o anular de oficio un acto administrativo no impide que cualquier tercero interesado pueda solicitarla, fundado en causa legal, cuando el organismo o funcionario administrativo no lo haya hecho.” (Modificado por el artículo 3 de la ley 62 de 23 de octubre de 2009)

Artículo 63. Tampoco podrán revocarse de oficio los actos administrativos emitidos para dar cumplimiento a una orden de un tribunal o de una agencia del Ministerio Público.

Sentencia de la Corte sobre el periodismo en Panamá

1.      Cómo debe ser el
accionar de un servidor público.
“Precisamente, el servidor público debe actuar con pleno conocimiento en
el ejercicio de la función pública inspirada en transparencia, respeto,
probidad, justicia, que son algunos de los principios generales del Código de
Ética de los servidores públicos que trabajan en las entidades del Gobierno.
Así lo establece el Decreto Ejecutivo No. 246 de 16 de diciembre de 2004 (G. O.
25,199)”
2.      La libertad de prensa e información,
está por encima de la protección  de la honra y la dignidad de un funcionario.
“Por lo tanto, la libertad de información y prensa, relacionado a un
asunto de interés público desplaza la protección de la honra y la dignidad,
sólo cuando se trata de situaciones, discusiones, críticas y opiniones, sobre
los actos u omisiones de los servidores públicos, así como la crítica
literaria, artística, histórica, científica o profesional; de allí, que esta
excepción de responsabilidad no se aplica a las personas que no ostentan un
cargo público.”
3.      Limitaciones al ejercicio de la
libertad de prensa.
“Al respecto, nuestra Constitución Política en su artículo 37, así como
en los Pactos y Convenios Internacionales sobre derechos humanos, imponen
limitaciones al ejercicio de la libertad de prensa, que guardan relación con la
protección de la Honra de la personas, entendiéndose que no se permite el
ejercicio abusivo de las libertades de información y de prensa es decir, que es
imprescindible considerar en cada Proceso si hubo una conducta desleal y
abusiva, de parte del periodista…”
4.      La libertad de información y prensa,
constituye un derecho fundamental.
“La libertad de información y prensa
constituye un derecho fundamental, previsto en el artículo 37 de la
Constitución, el cual reconoce la posibilidad que tiene toda persona de poder
emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito o por cualquier otro
medio, sin sujeción a censura previa, salvo que se atente contra la reputación
o la honra, la seguridad social o el orden público.”
(Fuente. Sentencia del PLENO de la Corte Suprema de Justicia, en el caso de los
periodistas de TVN, Canal 2)

EL INDULTO PRESIDENCIAL EN PANAMÁ

El indulto es una facultad que el constituyente le ha dispensado al Presidente de la República, para los delitos políticos. 


El artículo constitucional que lo posibilita, reza lo que sigue:
Artículo 184- Son atribuciones que ejerce el Presidente de la República con la participación del Ministro respectivo:…
12. Decretar indultos por delitos políticos, rebajar penas y conceder libertad condicional a los reos de delitos comunes. 

Sabido es que el indulto extingue la pena. 

En sentencia de 30 de junio de 2008 El Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales, varios Decretos Ejecutivos, porque los indultos promulgados excedieron el mandato constitucional, al extender su aplicación a delitos comunes y porque los beneficiados, sin estar vinculados, muchos de ellos, y muchos menos condenados por la comisión de un delito de rasgo político, con la emisión de la medida resultan, en la realidad social, calificados como delincuentes políticos, violándose con esto la presunción de inocencia. 

En el fallo, a mi juicio excelente, determina que es lo que se considera delito político así. “esta Corporación de Justicia, en ausencia de una norma legal que desarrolle el conceptoconstitucional de delito político, interpreta que los delitos a los que hace alusión la frase “delitos políticos” en el numeral 12 del artículo 184 de la Constitución Política de la República de Panamá, se refiere a los delitos contra la personalidad interna del Estado y los delitos electorales.” 
Siguió planteando la Corte que solo se podría considerar dentro del rubro, de los delitos políticos, a los comunes, cuando en éstos “se acredite que la comisión del injusto penal es consecuencia de las circunstancias socio políticas del momento o que la intención del agente estuvo dirigida a transformar ideologías o prácticas afines a la política estatal.” 

Por lo anterior, afirmo que cualquier indulto promulgado por el Ejecutivo o que se llegare a promulgar en el futuro, que colisione con la definición jurisprudencial citada, podría considerarse con visos de inconstitucionalidad y contrario a derecho en Panamá.

El indulto en Panamá

EL INDULTO PRESIDENCIAL EN PANAMÁ
Por. DR. ERNESTO CEDEÑO ALVARADO

El indulto es una facultad que el constituyente le ha dispensado al Presidente de la República,
para los delitos políticos.

El artículo constitucional que lo posibilita, reza lo que sigue:

Artículo 184- Son atribuciones que ejerce el Presidente de la República con la participación del
Ministro respectivo:…

12. Decretar indultos por delitos políticos, rebajar penas y conceder libertad condicional a los reos
de delitos comunes.

Sabido es que el indulto extingue la pena.

En sentencia de 30 de junio de 2008 El Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró
inconstitucionales, varios Decretos Ejecutivos, porque los indultos promulgados excedieron el
mandato constitucional, al extender su aplicación a delitos comunes y porque los beneficiados, sin
estar vinculados, muchos de ellos, y muchos menos condenados por la comisión de un delito de
rasgo político, con la emisión de la medida resultan, en la realidad social, calificados como
delincuentes políticos, violándose con esto la presunción de inocencia.

En el fallo, a mi juicio excelente, determina que es lo que se considera delito político así.
“esta Corporación de Justicia, en ausencia de una norma legal que desarrolle el concepto
constitucional de delito político, interpreta que los delitos a los que hace alusión la frase “delitos
políticos” en el numeral 12 del artículo 184 de la Constitución Política de la República de Panamá,
se refiere a los delitos contra la personalidad interna del Estado y los delitos electorales.” Siguió
planteando la Corte que solo se podría considerar dentro del rubro, de los delitos políticos, a los
comunes, cuando en éstos “se acredite que la comisión del injusto penal es consecuencia de las
circunstancias socio políticas del momento o que la intención del agente estuvo dirigida a
transformar ideologías o prácticas afines a la política estatal.”

Por lo anterior, afirmo que cualquier indulto promulgado por el Ejecutivo o que se llegare a
promulgar en el futuro, que colisione con la definición jurisprudencial citada, podría considerarse
con visos de inconstitucionalidad y contrario a derecho en Panamá.

Saludos,

Doctor Ernesto Cedeño Alvarado