Archive en septiembre 2, 2014

Magistrados del TE presentan proyecto de reformas electorales en la Asamblea

El magistrado presidente del Tribunal Electoral (TE) Erasmo
Pinilla presentó el 2 de septiembre, el proyecto de ley que reforma el código electoral, ante la
Asamblea Nacional.
El documento es el mismo que fue aprobado en la Comisión
Nacional de Reformas Electorales durante el 2010.
Tal paquete de reformas, a mi juicio,
 no es la panacea.
Aspectos preocupantes del mismo son.

Esa reforma impide el voto directo del electorado, de manera inconstitucional,
al candidato de su predilección, en los circuitos plurinominales, ya que los
obliga a votar por la lista del partido, que impone su orden de elegibles en la
papeleta.

Establece un privilegio exacerbado y desigual a los candidatos presidenciales,
que serán los dos primeros en las listas de candidatos a Diputados del Circuito
Nacional, de los partidos que los postulen, en el caso de que no ganen. Es una
especie de premio de consolación. Es inaudita esta idea.

Permite la fiscalización del pueblo sobre el origen de las contribuciones
privadas, pero luego de los sesenta días calendarios siguientes a la fecha en
que se celebraron las elecciones. Esta información se verá de manera desfasada.
Debe implementarse una adecuación que permita la fiscalización de los fondos de
manera más inmediata, aunque fuese mes a mes.

En fin, el Proyecto de paquete de reformas electorales, que presentaron los
Magistrados del Tribunal Electoral, debe ser sujeto a un sereno debate, y
adecuarse a los principios constitucionales, con la aquiescencia de la
ciudadanía, antes de entrar a regir en Panamá.

Panamá y el crisol de razas


Mientras que Brasil, inspirada en el modelo que aplican Canadá y Australia, adopta una política de inmigración selectiva, para los profesionales extranjeros, altamente calificados, propiciando así una “fuga de cerebros”; en Panamá, no se sabe aún, a que estamos apostando.
Panamá le ha abierto las puertas a muchos extranjeros de escasos recursos, para luego regularizarlos extraordinariamente, en donde ni siquiera, tienen que probar per se, su solvencia económica, porque no la tienen. Ejemplo los  procesos extraordinarios denominados “Panamá Crisol de Razas”. (Decreto Ejecutivo No. 547 de 2012)
Desde el 2 hasta el 12 de octubre, se estará llevando a cabo el próximo proceso de regularización migratoria extraordinaria para extranjeros. 
De igual forma han facilitado la inmigración extranjera, permitiendo, que ciudadanos de varias nacionalidades entren, a sus anchas, sin visa a Panamá, independientemente, de que tengan o no, recursos económicas para invertir. Ejemplo. Decreto Ejecutivo No. 380 de 2012.
Por otro lado, también impulsa que extranjeros, esta vez con recursos, de 22 o más países se establezcan aquí, para invertir. Ejemplo. Decreto Ejecutivo No. 343 de 2012.
Igualmente el Decreto Ejecutivo No. 804 de 2012, crea la residencia permanente en calidad de extranjero profesional, para el que aporte copia del diploma o título universitario, licenciatura, maestría o doctorado, siempre que la profesión no esté limitada por Constitución a los panameños. Para esta residencia no es necesario que el que aporte el título, ejerza la profesión del diploma o que cuente con mayores recursos. ¿Cómo nos explicamos esto? ¿Es eso indispensable para el país?
Esta falta de definición migratoria, está produciendo lo siguiente:
Que haya una competencia desleal laboral del extranjero, hacia el nacional panameño.
Que nuestras tradiciones se vayan perdiendo, para abrirle paso a las fiestas y costumbres extranjeras.
Que se vayan practicando, nuevas figuras delictivas.
Que se vaya aumentando el alto costo de la vida, producto de servicios, que el panameño no podrá pagar, fácilmente, pero algunos extranjeros sí. Ejemplo. El empleo doméstico y los alquileres.
Que muchas tierras vayan siendo de propiedad de extranjeros, sin limitación alguna. Argentina, Brasil etc., ya han puesto límites para la extranjerización de tierras, por efecto del agro, ganadería y otras actividades.
Que aumente la población en el país, pero no por los nacimientos de nativos, sino por la afluencia extranjera.
Preocupaciones propias, sobre el tema de la regularización extraordinaria:
1.    No se le está permitiendo a la Asamblea Nacional de Diputados, legislar sobre el tema, toda vez que con el Decreto Ejecutivo de marras, se pretende ampliar el marco legislativo regulatorio, que ya existe para los extranjeros, en el Decreto Ley No. 3 de 2008.  
2.    Se le está dando permanencia provisional hasta por 12 años, a extranjeros menesterosos, en donde muchos de ellos, difícilmente podrán aportar mayores avances científicos en el país.
3.    Se está permitiendo que extranjeros regularizados extraordinariamente tengan un mayor privilegio que los extranjeros que legalmente arribaron a nuestro territorio para invertir y legalizarse, ya que no se les exige el cumplimiento de los requisitos que a los otros se les pide.  
4.   Se está fomentando que se pueble Panamá, con personas foráneas que, en determinada proporción, no tendrán los recursos per se, para poder subsistir.
5.   Pudiera pensarse que la captación de dinero, producto del proceso de la regularización extraordinaria, está pesando más que una visión de país.

Fallo sobre las curules del PRD


Si bien el fallo del Tribunal Electoral, que resuelve incidentes de exclusión a favor del PRD y que aplica en alguna medida, un grado de justicia a favor de candidatos que no fueron impugnados pero que fueron proclamados; podría endilgársele que salió a la vida jurídica debilitando un par de normas electorales existentes, según mi análisis, a saber:

Código Electoral

Artículo 347. No se podrán extender credenciales a ningún candidato cuyo derecho a ser proclamado pudiera resultar afectado por demandas de nulidad, instituidas por este Código y pendientes de decisión por el Tribunal Electoral.

Artículo 349. El Tribunal Electoral, después de haber decidido todas las demandas de nulidad instituidas por este Código, entregará a los candidatos ganadores sus respectivas credenciales.

Comentario.

El Tribunal Electoral ha ordenado la entrega de credenciales, a los candidatos no impugnados-proclamados, sin haber decidido previamente el fondo de las demandas de nulidad interpuestas. A mi juicio, se apresuró y no debió hacerlo. Pareciera que no fue estricto en la legalidad y el debido proceso.

El Tribunal Electoral, por otro lado, no explica bien, como emitió el artículo 253 del Reglamento de las Elecciones de mayo del 2014, desarrollando los artículos 266 y 345 del código electoral, estableciendo un fianza para el impugnante en los circuitos plurinominales, por cada candidato proclamado en la circunscripción, independientemente de que hayan sido o no objeto de impugnación, siguiendo la tesis existente de que una anulación afecta a todos los candidatos, pero ahora, determina variar la filosofía dada, en la decisión sobre los incidentes.

La Corte, por imprudencia del Tribunal Electoral, a veces les ha judicializado sus decisiones, cuando se percata que se deshonró el lineamiento legal.

Sentencia del 16 de noviembre de 2009. Fallo unánime. Mag. Ponente ADÁN ARNULFO ARJONA. Se declaró inconstitucional la Resolución de 30 de marzo de 2009. (Caso PARLACEN-CD).

La Corte dijo que la impugnación presentada en contra de la anulación de las credenciales fue extemporánea y el Tribunal Electoral la admitió y dijo la Corte, además, que el Tribunal Electoral no cumplió con la Constitución ni la ley, ni respeto el principio de estricta legalidad. (Pág. 20).

Sentencia del 13 de mayo de 2010. Fallo unánime Mag. Ponente Alejandro Moncada. Se declaró inconstitucional el artículo 7 del Decreto No. 16 de 4 de septiembre de 2008, expedido por el Tribunal Electoral, que decía que el candidato que resultara ganador en más de un cargo de elección, debería optar por uno de ellos.

El Pleno estimó que la norma cuya inconstitucionalidad había sido demandada, había vulnerado la voluntad política del electorado, quien tiene el deber y derecho de elegir a una persona para determinados cargos políticos.

Dijo la Corte, que imponer a un candidato que resulte ganador a más de un cargo de elección, la obligación de optar por uno de ellos, dentro de un plazo específico, excede la potestad reglamentaria que le otorga la constitución al Tribunal Electoral, toda vez que crea una nueva causal, no contemplada en la ley (código electoral) que se reglamenta.