Archive en septiembre 2014

El perfil del Contralor

Conforme al artículo 161 constitucional, es la Asamblea Nacional la que tiene la potestad exclusiva de nombrar al Contralor General de la República.

¿Cuál podría ser el perfil de un buen contralor?

Características.

1. Que se comprometa públicamente a ejercer con eficacia, el control previo. Un buen ejercicio de éste, evita los contratos con sobrecostos y fortalece la buena administración de la cosa pública. La Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera, en sentencia del (7) DE ABRIL DE DOS MIL CUATRO (2004), ratifico la potestad que tiene la Contraloría para rechazar previamente un contrato con sobrecosto. La Corte dijo lo que sigue:

“Para concluir, la Sala debe agregar que las objeciones de índole económica que puede argumentar la entidad fiscalizadora para no refrendar un contrato u otro acto administrativo que afecte el patrimonio público, no se limitan a la inexistencia de una partida presupuestaria o la insuficiencia de fondos. Como bien afirma la señora Procuradora de la Administración, la compra de un producto o la contratación de un servicio más oneroso que otros similares en el mercado, que igualmente sirven a la adecuada satisfacción de las necesidades que animaron la celebración del acto público, constituye una obvia razón de orden económico, que permite a la Contraloría negar su refrendo”.

2. Que no se perciba que desee acceder al puesto, con el único propósito que el de ser un trancador de actos administrativos a ultranza. Uno puede trancar la administración pública, o para ganar canonjías para sí o para sus amigos o para su colectivo, o por ignorancia, o por ínfulas de poder etc. Otrora un Contralor pretendía, de manera abusiva, intervenir en la aprobación o desaprobación de los pliegos de cargos y especificaciones de los actos públicos de todas las entidades del Estado, como co-administrador y la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera le dijo, que no tenía facultades para ello. Sentencia del 13 de octubre de 1993.

3. Que no se perciba que desee acceder al puesto, con el único propósito que el de ser un avalador libre de actos administrativos del Órgano Ejecutivo. Seria más de lo mismo.

4. Que tenga sobrada solvencia moral. Es inadmisible que hayan candidatos para tan digno cargo, que estén en la picota pública, por actos cuestionables de su pasado.

5. Que tenga ejecutorias probadas. La ciudadanía merece conocer la trayectoria pública y privada del candidato. Deseamos saber por ejemplo, su pensamiento o filosofía, para no ser sorprendidos en nuestra buena fe.

6. Que se perciba que tiene independencia de criterio. La independencia no radica en pertenecer o no a algún colectivo político, sino más bien a no estar ligado a cualquier factor real de poder de la sociedad, para que pueda ejercer su función de manera objetiva y transparente.

7. Que conozca las funciones que desarrolla la Contraloría General de la República a nivel constitucional y legal, para que pueda hacer una reingeniería en esa entidad, desde el inicio del ejercicio del cargo.

El sistema ‘Pele- Police’

Si bien la Corte Suprema de Justicia, en dos sentencias  del
PLENO, con números de entradas  972-11 y 951-11, ha dicho que el uso
del Pele Police no es inconstitucional, lo hizo argumentando que el Pele Police
no hace más que simplificar un procedimiento que es habitual entre las tareas
propias de la Policía Nacional, pues mientras otrora se tenía que mantener a
las personas retenidas hasta que el agente policial llamara a las respectivas
sedes de los estamentos de seguridad, de investigación, a fin que se verificase
en la base de datos, ahora con esta herramienta, se agiliza dicho trámite; no
obstante, recomendó en el expediente con entrada No. 972-11, el establecerse
una reglamentación que de manera específica detalle cómo debe usarse el “pele
police” por los miembros de la Policía Nacional, las consecuencias de su uso y
las responsabilidades por el mal uso del mismo, entre otros.
Ello en atención a los compromisos internacionales ratificados por
Panamá, en materia de libertad de una persona o personas producto de un retén
policial, sin una orden escrita y sin formalidades legales y constitucionales.
Dijo la Corte, que la utilización de la herramienta denominada “pele
police” para verificar datos o información personal más allá de los permitidos
y para los cuales se ha implementado su uso, constituyen actos autónomos que
pueden reñir con derechos fundamentales constitucionales y legales, que pueden
ser impugnados por quien se considere afectados y por las vías, mecanismos,
remedios o acciones legales.
La administración anterior, hizo caso
omiso a la recomendación de la Corte, esperamos que la presente, acuse recibo inmediato
del dictamen bajo cita, como buen padre de familia.

Pistolas eléctricas

El
Ministerio Público (MP) abrió una investigación de oficio por la muerte de un
ciudadano dominicano en el mercado San Felipe Neri, luego de que un funcionario
de la Policía Municipal utilizara una pistola eléctrica (Taser) para reducirlo.
El
Municipio de Panamá adquirió en el año 2011 un lote de Taser, al igual que el
Servicio de Protección Institucional (SPI) y la Policía Nacional.
Aunque parezca loable la adquisición de equipo para reducir la
delincuencia, para la utilización sensitiva de éstos instrumentos, a mi juicio,
debe establecerse una regulación, en donde se precise lo concerniente a su
aplicación, las responsabilidades del que las porte y especialmente, que
se usarán,  únicamente para reducir a individuos peligrosos
atrincherados en el interior de domicilios o comercios, pero no en
manifestaciones callejeras ni en labores de seguridad ciudadana.
Conforme al principio de estricta legalidad que impera en el derecho
público, los funcionarios sólo pueden hacer lo que la ley prevé, por lo que
resulta necesario determinar regulaciones y controles, al menos en una  legislación
administrativa.

La utilización de una descarga eléctrica para reducir a una persona no
puede ser considerada inofensiva. Tiene dos riesgos: primero las condiciones
físicas del sujeto, que se ignora y, por tanto, no se podrá vaticinar los
resultados físicos sobre el mismo; y segundo, la situación psicológica del
policía que usa el arma, que si mantiene un equilibrio en todo momento, podrá
reprimir un uso abusivo de la herramienta.

Las auditorias privadas al PAN son un despilfarro

El
Ministerio Público (MP) informó que se giraron los oficios correspondientes
para que la Contraloría realice las auditorías, sobre supuestas irregularidades
y sobrecostos en obras y servicios pagados con fondos del Programa de Ayuda
Nacional (PAN) durante el gobierno del presidente Ricardo Martinelli.
Por
lo antes expuesto, las auditorias privadas que se pudieran hacer en el PAN, se
convierten en ineficaces y podrian ser catalogadas como UNA LESION AL PATRIMONIO
DEL ESTADO, sujeto al rigor investigativo y sancionador por las autoridades
competentes, ya que serán inofensivas y sin ningún valor probatorio.
La Ley No. 32 de 1984, publicada en la Gaceta
Oficial Nº 20188 del 20 de noviembre de 1984, desarrolla las funciones de la
Contraloría General y entre las cuales, está la siguiente:

“Realizará inspecciones e investigaciones tendientes a determinar la corrección
o incorrección de las operaciones que afecten patrimonios públicos y, en su
caso, presentará las denuncias respectivas. Estas investigaciones pueden
iniciarse por denuncia o de oficio, cuando la Contraloría lo juzgue oportuno.


Al instruir una investigación, la Contraloría practicará las diligencias
tendientes a reunir los elementos de juicio que esclarezcan los hechos, pudiendo
recibir testimonios, designar peritos, realizar inspecciones y practicar
cualesquiera otras pruebas instituidas por la ley.”

No puede una empresa privada entrometerse en las funciones de un ente estatal,
con rango constitucional, que ya va investigar un caso, en acatamiento de lo
que le pidió, el Ministerio Público. 

El cierre del PAN no es la solución.

El PAN es el Programa de Ayuda Nacional, adscrito al Ministerio de la Presidencia. Fue creado con el Decreto Ejecutivo No. 690 de 2010, con el propósito de:

· Concentrar los esfuerzos del Estado a la atención de las necesidades socioeconómicas de la población más necesitada, con el objetivo de lograr descender el nivel de pobreza,

· Lograr el desarrollo sostenible de las comunidades marginadas y rurales, que carecen de los servicios básicos,

· Brindar oportunidades de capacitación, con énfasis en grupos pobres y marginados, con el fin de satisfacer sus necesidades básicas,

· Fortalecer la capacidad de autogestión de sectores informales de la economía y de los grupos más necesitados,

· Contribuir a la expansión y al mejoramiento de la infraestructura económica y social,

· Promover y fortalecer la capacidad de gestión de los Organismos No Gubernamentales que tengan como objetivo la promoción social, deportiva, cultural y económica,

· Fortalecer las estructuras de los gobiernos provinciales, locales y de las agrupaciones naturales en las comunidades, para aumentar su capacidad de atender las necesidades de su población,

· Responder a las demandas de las poblaciones no resueltas por programas sociales vigentes e invertir en obras de interés social de los programas de la Presidencia de la República

· Promover y realizar proyectos de asistencia social, beneficencia y apoyo en las comunidades estimulando su organización y participación, y

· Promover la inversión en proyectos de interés social.

Este ente a mi juicio no es malo, otrora se llamaba FIS y antes el FES, en los gobiernos anteriores, y ha sido la punta de lanza para satisfacer las necesidades inmediata de los pobres.

No obstante, lo antes dicho, esta institución si hay que hacerle algunos ajustes, para eliminarle lo que yo denomino “los hallazgos históricos del Programa”.

Hallazgos históricos.

1. Ha servido para que algunas instituciones con el fin de eludir la ley de contratación pública, hagan convenios de administración con el PAN, para que este último, desarrolle sus proyectos.

2. Tiene un régimen de adquisición de bienes poco transparente, en donde se puede contratar, vía invitación directa, inclusive.

3. Sus adquisiciones no suben a “Panamá Compra” como el resto de las instituciones.

4. No se puede demandar la nulidad de las adquisiciones ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, como los demás entes de Estado.

5. Se ha utilizado en los procesos electorales, afectando su esencia normativa.

Los problemas del PAN no se resuelven con la eliminación del programa, sino adecuando el proyecto, al derrotero de la transparencia y uniformidad, en mi concepto.

Glosas jurídicas

1. El magistrado Alejandro Moncada es el ponente en el caso No. 876-14 de la denuncia remitida por la procuraduría general de la nación, producto del Decreto No. 472 que derogo los indultos. El caso se le repartió el 5 de septiembre del año en curso.

En este Decreto, el señor presidente Varela remitía el caso al Ministerio Público para la determinación de responsabilidades de los firmantes de los indultos. La procuradora remite el caso a la Corte porque el expresidente Ricardo Martinelli, uno de los firmantes, es diputado del Parlacen y tiene protección procesal especial por ello. La corte debe ahora determinar si admite o no la denuncia y si la admite, debe implementarle la garantía del sistema procesal penal acusatorio, al señor expresidente.

2. Con resolución del 29 de agosto de 2014, firmada por todos los magistrados, pero con dos salvamentos de votos, el 5 de septiembre del año 2014; la Corte en Pleno determinó remitir la denuncia que yo presente hace dos años, por considerar que se violó la ley de contratación pública, al haberse adquirido 30,000 unidades de jamones ahumados, para ser distribuidos entre los residentes del circuito 8-7, a la Procuraduría General de la Nación, para que ésta inicie finalmente la investigación y en caso de que resulte vinculado un diputado, entonces se remita lo actuado ante ellos. En la denuncia precisaba que la que llevo a cabo todo el acto público, fue la representante de El Chorrillo, Keira Navarro, administradora de la Junta Comunal.

Programa Vale de Transporte

El Consejo de Gabinete creo el Programa Vale de Transporte, con el objeto de transferir a los servidores públicos y trabajadores de la empresa privada que participen en este Programa, un beneficio que les permita un aumento en la disponibilidad salarial, al incentivar a los empleadores a contribuir en el costo del pasaje del servidor público o trabajador de la empresa privada.

Si en uno de los considerandos de la exposición de motivos del proyecto de ley que se presentó a la Asamblea, se indica que debido al aumento del costo de la vida se implementa esta iniciativa como paliativo a los gastos de movilización en que incurren los trabajadores , no se entiende porqué, solo se circunscribe el proyecto, al área metropolitana.

En el interior del país, también gravita el alto consto de la vida.

Sugerencia.

Imprentar la tecnología del Vale de Transporte, mediante entrega de tarjetas inteligentes y/o cualquier otro tipo de documento inteligente, previamente aprobado por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, al sector urbano pues el transporte aquí es costoso, pero para el interior, se pondere adoptar el mismo concepto mediante el Vale de Alimentos, o entrega de cupones, tarjeta electrónica u otra idea mejor; mismo que pueda ser utilizado en los supermercados para adquirir alimentos.

Aunque el Programa, Vale de Transporte, lo veo muy bueno, la selectividad hacia el sector urbano, lo veo un poco desigual y pudiera corregirse.

Caricia positiva para el gobierno por la idea del “Vale de Transporte” pues denota el deseo de ayudar al necesitado.

Magistrados del TE presentan proyecto de reformas electorales en la Asamblea

El magistrado presidente del Tribunal Electoral (TE) Erasmo
Pinilla presentó el 2 de septiembre, el proyecto de ley que reforma el código electoral, ante la
Asamblea Nacional.
El documento es el mismo que fue aprobado en la Comisión
Nacional de Reformas Electorales durante el 2010.
Tal paquete de reformas, a mi juicio,
 no es la panacea.
Aspectos preocupantes del mismo son.

Esa reforma impide el voto directo del electorado, de manera inconstitucional,
al candidato de su predilección, en los circuitos plurinominales, ya que los
obliga a votar por la lista del partido, que impone su orden de elegibles en la
papeleta.

Establece un privilegio exacerbado y desigual a los candidatos presidenciales,
que serán los dos primeros en las listas de candidatos a Diputados del Circuito
Nacional, de los partidos que los postulen, en el caso de que no ganen. Es una
especie de premio de consolación. Es inaudita esta idea.

Permite la fiscalización del pueblo sobre el origen de las contribuciones
privadas, pero luego de los sesenta días calendarios siguientes a la fecha en
que se celebraron las elecciones. Esta información se verá de manera desfasada.
Debe implementarse una adecuación que permita la fiscalización de los fondos de
manera más inmediata, aunque fuese mes a mes.

En fin, el Proyecto de paquete de reformas electorales, que presentaron los
Magistrados del Tribunal Electoral, debe ser sujeto a un sereno debate, y
adecuarse a los principios constitucionales, con la aquiescencia de la
ciudadanía, antes de entrar a regir en Panamá.

Panamá y el crisol de razas


Mientras que Brasil, inspirada en el modelo que aplican Canadá y Australia, adopta una política de inmigración selectiva, para los profesionales extranjeros, altamente calificados, propiciando así una “fuga de cerebros”; en Panamá, no se sabe aún, a que estamos apostando.
Panamá le ha abierto las puertas a muchos extranjeros de escasos recursos, para luego regularizarlos extraordinariamente, en donde ni siquiera, tienen que probar per se, su solvencia económica, porque no la tienen. Ejemplo los  procesos extraordinarios denominados “Panamá Crisol de Razas”. (Decreto Ejecutivo No. 547 de 2012)
Desde el 2 hasta el 12 de octubre, se estará llevando a cabo el próximo proceso de regularización migratoria extraordinaria para extranjeros. 
De igual forma han facilitado la inmigración extranjera, permitiendo, que ciudadanos de varias nacionalidades entren, a sus anchas, sin visa a Panamá, independientemente, de que tengan o no, recursos económicas para invertir. Ejemplo. Decreto Ejecutivo No. 380 de 2012.
Por otro lado, también impulsa que extranjeros, esta vez con recursos, de 22 o más países se establezcan aquí, para invertir. Ejemplo. Decreto Ejecutivo No. 343 de 2012.
Igualmente el Decreto Ejecutivo No. 804 de 2012, crea la residencia permanente en calidad de extranjero profesional, para el que aporte copia del diploma o título universitario, licenciatura, maestría o doctorado, siempre que la profesión no esté limitada por Constitución a los panameños. Para esta residencia no es necesario que el que aporte el título, ejerza la profesión del diploma o que cuente con mayores recursos. ¿Cómo nos explicamos esto? ¿Es eso indispensable para el país?
Esta falta de definición migratoria, está produciendo lo siguiente:
Que haya una competencia desleal laboral del extranjero, hacia el nacional panameño.
Que nuestras tradiciones se vayan perdiendo, para abrirle paso a las fiestas y costumbres extranjeras.
Que se vayan practicando, nuevas figuras delictivas.
Que se vaya aumentando el alto costo de la vida, producto de servicios, que el panameño no podrá pagar, fácilmente, pero algunos extranjeros sí. Ejemplo. El empleo doméstico y los alquileres.
Que muchas tierras vayan siendo de propiedad de extranjeros, sin limitación alguna. Argentina, Brasil etc., ya han puesto límites para la extranjerización de tierras, por efecto del agro, ganadería y otras actividades.
Que aumente la población en el país, pero no por los nacimientos de nativos, sino por la afluencia extranjera.
Preocupaciones propias, sobre el tema de la regularización extraordinaria:
1.    No se le está permitiendo a la Asamblea Nacional de Diputados, legislar sobre el tema, toda vez que con el Decreto Ejecutivo de marras, se pretende ampliar el marco legislativo regulatorio, que ya existe para los extranjeros, en el Decreto Ley No. 3 de 2008.  
2.    Se le está dando permanencia provisional hasta por 12 años, a extranjeros menesterosos, en donde muchos de ellos, difícilmente podrán aportar mayores avances científicos en el país.
3.    Se está permitiendo que extranjeros regularizados extraordinariamente tengan un mayor privilegio que los extranjeros que legalmente arribaron a nuestro territorio para invertir y legalizarse, ya que no se les exige el cumplimiento de los requisitos que a los otros se les pide.  
4.   Se está fomentando que se pueble Panamá, con personas foráneas que, en determinada proporción, no tendrán los recursos per se, para poder subsistir.
5.   Pudiera pensarse que la captación de dinero, producto del proceso de la regularización extraordinaria, está pesando más que una visión de país.

Fallo sobre las curules del PRD


Si bien el fallo del Tribunal Electoral, que resuelve incidentes de exclusión a favor del PRD y que aplica en alguna medida, un grado de justicia a favor de candidatos que no fueron impugnados pero que fueron proclamados; podría endilgársele que salió a la vida jurídica debilitando un par de normas electorales existentes, según mi análisis, a saber:

Código Electoral

Artículo 347. No se podrán extender credenciales a ningún candidato cuyo derecho a ser proclamado pudiera resultar afectado por demandas de nulidad, instituidas por este Código y pendientes de decisión por el Tribunal Electoral.

Artículo 349. El Tribunal Electoral, después de haber decidido todas las demandas de nulidad instituidas por este Código, entregará a los candidatos ganadores sus respectivas credenciales.

Comentario.

El Tribunal Electoral ha ordenado la entrega de credenciales, a los candidatos no impugnados-proclamados, sin haber decidido previamente el fondo de las demandas de nulidad interpuestas. A mi juicio, se apresuró y no debió hacerlo. Pareciera que no fue estricto en la legalidad y el debido proceso.

El Tribunal Electoral, por otro lado, no explica bien, como emitió el artículo 253 del Reglamento de las Elecciones de mayo del 2014, desarrollando los artículos 266 y 345 del código electoral, estableciendo un fianza para el impugnante en los circuitos plurinominales, por cada candidato proclamado en la circunscripción, independientemente de que hayan sido o no objeto de impugnación, siguiendo la tesis existente de que una anulación afecta a todos los candidatos, pero ahora, determina variar la filosofía dada, en la decisión sobre los incidentes.

La Corte, por imprudencia del Tribunal Electoral, a veces les ha judicializado sus decisiones, cuando se percata que se deshonró el lineamiento legal.

Sentencia del 16 de noviembre de 2009. Fallo unánime. Mag. Ponente ADÁN ARNULFO ARJONA. Se declaró inconstitucional la Resolución de 30 de marzo de 2009. (Caso PARLACEN-CD).

La Corte dijo que la impugnación presentada en contra de la anulación de las credenciales fue extemporánea y el Tribunal Electoral la admitió y dijo la Corte, además, que el Tribunal Electoral no cumplió con la Constitución ni la ley, ni respeto el principio de estricta legalidad. (Pág. 20).

Sentencia del 13 de mayo de 2010. Fallo unánime Mag. Ponente Alejandro Moncada. Se declaró inconstitucional el artículo 7 del Decreto No. 16 de 4 de septiembre de 2008, expedido por el Tribunal Electoral, que decía que el candidato que resultara ganador en más de un cargo de elección, debería optar por uno de ellos.

El Pleno estimó que la norma cuya inconstitucionalidad había sido demandada, había vulnerado la voluntad política del electorado, quien tiene el deber y derecho de elegir a una persona para determinados cargos políticos.

Dijo la Corte, que imponer a un candidato que resulte ganador a más de un cargo de elección, la obligación de optar por uno de ellos, dentro de un plazo específico, excede la potestad reglamentaria que le otorga la constitución al Tribunal Electoral, toda vez que crea una nueva causal, no contemplada en la ley (código electoral) que se reglamenta.