Archive en octubre 2014

Absolución de Martín Torrijos Espino


El Pleno de la Corte Suprema de Justicia en decisión del 7 de agosto de 2014, pero
que acaba de salir en limpio a la luz jurídica, decretó la nulidad del sumario
seguido en el caso CEMIS, sólo en lo que respecta al señor Martín Torrijos
Espino.
El ponente del fallo fue, Efrén Tello
y lo avalaron Luis Fábrega, Delia Carrizo de Martínez, (con voto razonado),
Luis Mario Carrasco (con voto razonado),  Oyden Ortega (con voto razonado), Víctor
Benavides (con voto razonado), Secundino Mendieta, Gabriel Elías Fernández (con
voto razonado),  y salvaron su voto, Harry
Díaz y Luis Mario Carrasco.

Fundamento técnico.

No se le garantizó el respeto a la garantía del fuero penal electoral de que
gozaba otrora, como Secretario General del PRD, no obstante, se ordenó la
reapertura de la investigación y hasta se le indagó, aunque ni él invoco la
prerrogativa en tiempo oportuno, ni mucho menos su abogado.

Fundamento legal.

Decreto 11 de 28 de abril de 2008 del Tribunal Electoral.

Artículo 5: El fuero penal electoral surtirá efectos en todos los procesos
judiciales, policivos y administrativos cuando estos últimos involucren la
imposición de una pena de arresto, y por lo tanto, las autoridades encargadas
de investigar y administrar justicia deberán tomar las medulas pertinentes para
garantizar el respeto a dicha garantía procesal, so pena de viciar de nulidad
lo actuado.

Artículo 10: Tan pronto una persona amparada por el fuero penal electoral, lo
invoque, o la autoridad a cargo del expediente correspondiente tome
conocimiento del mismo por cualquier vía, deberá suspender el proceso y
solicitar al Tribunal Electoral el levantamiento del fuero, so pena de viciar
de nulidad lo actuado.

La Corte interpretó que el Fiscal- Magistrado debía haber aplicado el beneficio
del investigado pues era un hecho notorio su condición como secretario general
del PRD, independientemente de que no se rogó la aplicación de su garantía
procesal, en el tiempo debido.

Dijo la Corte “En ese sentido, para una autoridad que representa la más alta
Magistratura Judicial de la República, y que tiene sede en la propia capital,
debe constituir un hecho cierto, y de su pleno conocimiento, la realización de
procesos electorales tanto generales, como de los partidos políticos (llámese
elecciones primarias o internas). La notoriedad de ello evidentemente deriva de
la publicidad que reciben dichos eventos, cuya trascendencia es debidamente
documentada por los distintos medios de prensa (lo que hoy en día se eleva con
la cantidad y calidad de información que fácilmente se obtiene a través del
internet); más a ello se suma que el inicio, adelanto, cierre, e incluso
detalles de sus participantes (como autoridades o candidatos), es comunicado,
de forma continua y permanente, a través del Boletín del Tribunal Electoral,
órgano oficial de divulgación de dicha entidad…”

“…De lo anterior se concluye, sin mayor esfuerzo,
que lo que produce la nulidad de lo actuado es la negligencia de la autoridad
competente para procurar el respeto del fuero penal electoral del sujeto
respectivo, lo que implica un acto omisivo por parte de ésta, es decir que conociendo
la existencia de un hecho, obvia la aplicación de la norma correspondiente, y
así se configuraría la violación sugerida por el letrado que antagoniza la
investigación, y sobre esto regresaremos más adelante”
“Reiteramos que nuestras consideraciones (para
poder considerar notorios los hechos en mención, por tanto evidente el deber
del investigador de prevenir la transgresión de una garantía procesal y en
consecuencia una decisión inhibitoria como a la que nos aprestamos), parten de
los niveles críticos que demandan el escenario material que hemos descrito a lo
largo de esta resolución, en donde resulta sumamente cuestionable, al punto de
ser censurable, que ante la envergadura de los sujetos procesales (el imputado,
y la Corte a través del Fiscal comisionado) se pasen por alto cuestiones tan
elementales para la concreción de un debido proceso; pues, sin duda alguna, los
criterios evaluativos de la notoriedad, y por tanto del conocimiento de la autoridad
por cualquier vía, muy distintos serían ante un diferente cuadro fáctico y
frente a otros sujetos procesales, sin que ello constituya una dualidad de
criterios, sino una ponderación que, a partir de la sana crítica, procura
apegarse a los derechos y garantías que rigen el proceso”.

Discrepancia de quien escribe.

A mi juicio el investigado Torrijos había renunciado tácitamente a su
prerrogativa y no debía haberse admitido su incidente presentado. 


La secretaría general del Tribunal Electoral informó a la Corte que Torrijos
del 5 de octubre del 2009 hasta el 13 de marzo de 2011 tenía fuero penal
electoral, sin embargo, ni él, ni su defensa le advirtieron a la Corte tal
condición, dentro del proceso en tiempo oportuno, sino que fue el 12 de junio
del 2012 cuando se interpuso el incidente de controversia, para pedir la
nulidad de lo actuado, por su antigua condición.

Cuando se pierde el derecho del fuero.


Decreto 11 de 28 de abril de 2008 del Tribunal Electoral

Artículo 4: El fuero Penal Electoral se pierde en los siguientes casos:

1;…

2)…

3)…

4) Cuando el amparado no lo invoque en la primera comparecencia ante la
autoridad, y, en caso de los procesos en curso, cuando no lo alegue por escrito
en el término de 10 días hábiles siguientes a la fecha en que lo adquirió.

Artículo 7…

La renuncia tácita se da cuando el amparado no la invoca en la primera
comparecencia ante la autoridad, y, en los procesos en curso, cuando no la
alegue por escrito dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que
adquirió el fuero.

Contraste con un precedente anterior de la misma Corte.

“Frente a las consideraciones emitidas por el Tribunal Electoral, el
Despacho advierte que el señor Rogelio Ramos rindió indagatoria el 24 de abril
de 2008, dentro del proceso seguido en su contra por el delito contra la vida y
la integridad personal en perjuicio de Osvaldo Lorenzo Pérez (q.e.p.d.), tal
como se señala en la diligencia de 10 de julio de 2008 (fs. 38-53), es decir,
antes de candidatizarse como diputado, y a pesar de ello, esto es, después de
haber sido postulado por el Partido Liberal al cargo de Diputado el 1 de
septiembre de 2009, a pesar de tener conocimiento que gozaba de fuero
electoral, no presentó su solicitud por escrito dentro del término que se
establece en el cuarto párrafo del artículo 7 del decreto 11 de 28 de abril de
2008, por lo que se entiende que renunció tácitamente al fuero electoral”
(Sentencia de 20 de enero de 2010)

Aunque respeto el fallo del Pleno en el caso CEMIS, mi humilde criterio es que
se le debió haber aplicado el mismo precedente ut supra (antes citado) de la
Corte al señor Torrijos y negarle por tanto, su incidente presentado y no se
entiende bien hoy, el cambio de la Corte en la interpretación del fuero penal
electoral.

Las auditorias privadas son insuficientes


En reciente sentencia del PLENO de la Corte Suprema de Justicia del 3 de julio de 2014, determinó que las únicas auditorias que tienen valor para acreditar un delito contra la administración pública, son las que hace la Contraloría.
Este era el caso de la denuncia que se presentó por unas publicaciones que se hicieron en los medios, por el resultado de la auditoría privada hecha por Consultoría Financiera López Consultores, a los programas del otrora  FIS.
La Corte dijo:
“Ahora bien, tratándose de la presunta comisión de un delito Contra La Administración Pública, en la modalidad de Peculado, es necesario indicar que para acreditar la existencia de un faltante o perjuicio patrimonial a las finanzas del Estado, es menester que la Contraloría General de la República realice la auditoría correspondiente por intermedio de su personal idóneo, en este caso los auditores, quienes luego de concluida su investigación determinarán si efectivamente se ha cometido un hecho irregular que produjo como resultado una lesión al patrimonio del Estado, y quiénes estarían relacionados a esa irregularidad. En el presente caso, advierte el Pleno no se cuenta con dicho informe de auditoría, por lo que únicamente la denuncia se sustenta en esas versiones periodísticas”.
Por lo ante expuesto, afirmo que las auditorias privadas que se han anunciado que se harán, en algunas entidades públicas, se convierten en ineficaces y podrían ser catalogadas como UNA LESIÓN AL PATRIMONIO DEL ESTADO, sujeto al rigor investigativo y sancionador por las autoridades competentes, ya que serán inofensivas y sin ningún valor probatorio.

Encrucijada del Tribunal Electoral

El Tribunal
Electoral decidió recientemente en varias resoluciones, excluir al PRD y a tres
 de sus candidatos como impugnados y resolvió entregarles las credenciales
pertinentes, como diputados, de manera anticipada, violentado a mi juicio el
debido proceso y las normas existentes, sin ponderar las consecuencias de fondo
de su decisión y ahora tiene un problema técnico por eso.
¿Qué dice el Código Electoral?
Código Electoral

Artículo 347. No se podrán extender credenciales a ningún candidato cuyo
derecho a ser proclamado pudiera resultar afectado por demandas de nulidad,
instituidas por este Código y pendientes de decisión por el Tribunal Electoral.

Artículo 349. El Tribunal Electoral, después de haber decidido todas las
demandas de nulidad instituidas por este Código, entregará a los candidatos
ganadores sus respectivas credenciales.

El Tribunal Electoral ordenó la entrega de credenciales, a los candidatos no
impugnados-proclamados, sin que hubiese decidido previamente el fondo de las demandas
de nulidad interpuestas, que lo hizo a posteriori.


El Tribunal Electoral, había emitido para las elecciones pasadas, el artículo
253 del Reglamento de las Elecciones de mayo del 2014, desarrollando los
artículos 266 y 345 del Código Electoral, estableciendo un fianza para el
impugnante en los circuitos plurinominales, por cada candidato proclamado en la
circunscripción, independientemente de que hubiesen sido o no objeto de
impugnación, siguiendo la tesis existente de que una anulación afecta a todos
los candidatos; pero en beneficio del PRD, determinó dentro de un proceso,
variar la filosofía dada, en la decisión sobre los incidentes.
¿Ahora, qué no podría hacer el Tribunal
Electoral?
Impedir la participación del PRD en
los nuevos comicios, pues les estaría violando el derecho político de sus
candidatos, en rango constitucional. Artículo 132.
Anular las credenciales anticipadas otorgadas,
pues las mismas están hoy en firme, por lo que sería el Pleno de la Corte Suprema,
las que la pudiera invalidar, en demanda de inconstitucionalidad, únicamente.
No hay norma que le permita al Tribunal Electoral anular de oficio, una
credencial en firme.
¿Qué problema existe hoy?
Que se hará viable el doble voto,
vedado por ley.
Código Electoral.
Artículo 392. Se sancionará con pena de prisión de
seis meses a tres años y suspensión de los derechos ciudadanos e inhabilitación
para el ejercicio de funciones públicas por uno a tres años, a las personas
que:
4. Voten más de una vez en la misma
elección.
Ante este escenario, que es lo menos traumático
que se podría hacer, en el circuito 4-1, ante el escenario aciago, en mi
opinión.
Respuesta. Permitir al PRD participar en los nuevos comicios,
aspirando sólo al residuo o al candidato más votado, impidiendo ganar por cociente
o medio cociente, pues ya tiene una curul.

Inquietud en la Corte

El magistrado de
la Corte Suprema de Justicia Harley Mitchell, remitió una carta formal al
presidente de la Asamblea Nacional, para que esa instancia determine qué acciones
caben luego de las declaraciones de Harry Díaz  que dijo que  las malas prácticas de los magistrados eran archivar
expedientes y vender fallos y que Moncada solo
es la punta del iceberg.
¿Qué difícilmente podría hacer la Asamblea?
Citar al
magistrado Díaz a la Asamblea, por una interpretación que ha dado la Corte Suprema,
sobre el tema de las citaciones de los magistrados de la corte, a la Asamblea,
en donde no ven viable las citaciones por la independencia judicial.  

Jurisprudencia.

“Y es que los Magistrados de la Corte integran,
como sus autoridades superiores, uno de los Órganos del Estado, a diferencia de
los Directores Generales o Gerentes de las Entidades Autónomas, Semiautónomas,
Organismos Descentralizados, Empresas Industriales o Comerciales del Estado,
que son autoridades importantes del Órgano Ejecutivo, pero no son las
autoridades superiores de ese Órgano del Estado. En el presente caso el que
está siendo citado es el Representante del Órgano Judicial. Además el
nombramiento de los Magistrados de la Corte, normalmente exceden el término de
duración de una Asamblea Legislativa, en tanto que los Directores Generales o
Gerentes de Instituciones Autónomas se designan generalmente por el mismo
término de duración de la Asamblea Legislativa que los ratifica.” Sentencia del
24 de noviembre de 1995 de la Sala Tercera.

¿Qué podría hacer
la Asamblea?
Juzgar al
magistrado Díaz si alguien presentara una denuncia contra él, por violación de
la ley.
Constitución
ARTICULO
160. Es función judicial de la Asamblea Nacional conocer de las acusaciones o
denuncias que se presenten contra el Presidente de la República y los
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y juzgarlos, si a ello diere
lugar, por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones en perjuicio del
libre funcionamiento del poder público o violatorios de esta Constitución o las
leyes.
El
magistrado Díaz al no dar los nombres de los magistrados corruptos, podría
estar violando directamente, el código judicial que debe honrar, entre otras normas.
Código
judicial
Artículo
1996. Todo empleado público que en el ejercicio de sus funciones descubra de
cualquier modo que se ha cometido un delito de aquellos en que deba procederse
de oficio, pasará o promoverá que se pasen todos los datos que sean conducentes
y lo denunciará ante la autoridad competente, para que se proceda al
juzgamiento del culpable o culpables.

Lo
cierto es que las declaraciones libres del magistrado Díaz, han maculado integralmente
toda la administración de justicia y no resulta justo haber hecho la generalización.
Urge que el prenombrado haga la denuncia formal y que aporte las pruebas del
caso.

Orden contra los invasores

Un
grupo de personas de manera inexplicable, se han tomado varias calles de
Panamá, exigiendo expropiaciones de propiedades privadas.
El
gobierno debe poner orden ipso facto, sobre este punto, pues las leyes nacionales
sancionan tales actos y no debe haber anarquía, en este sentido y mucho menos
por cuestiones políticas, si fuere el caso.
Código penal
Delitos contra la Libertad de Reunión y
de Prensa
Artículo 170. Quien,
abusando de su derecho de reunión o manifestación, mediante uso de violencia,
impida u obstaculice el libre tránsito de vehículos por las vías públicas del
país y cause daños a la propiedad pública o privada será sancionado con prisión
de seis meses a dos años.
Artículo 229-A. Quien, sin autorización, ocupe total
o parcialmente un inmueble, terreno  o  edificación ajeno será
sancionado con prisión de uno a tres años o su equivalente en  días-multa
o arresto de fines de semana.
La sanción será de tres a seis años de prisión a
quien promueva, patrocine,  induzca, financie, facilite, colabore o incite
la ocupación del inmueble, terreno o  edificación ajeno.
Cuando el hecho se cometa en áreas colindantes con
quebradas, ríos o fuentes de  agua o en zona declarada como área
protegida, zona de preservación ambiental y  ecológica dotada de atributos
excepcionales que tengan limitaciones y condiciones que justifiquen su
inalienabilidad e indisponibilidad, áreas de reservas para la construcción de
obras públicas, zonas de contaminación ambiental o zonas vulnerables a riesgo
de  fenómenos naturales adversos u otros provocados por el hombre, la
sanción se aumentará  de un tercio a la mitad. 

Sumario del fallo Moncada

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia fallo un Habeas Corpus, en el caso Moncada.

Acto seguido, los aspectos característicos del fallo, según mi óptica.

1. La defensa puede ejercer el pleno ejercicio del contradictorio en la audiencia de imputación.

2. La Corte dijo que lo que cabía era la advertencia de inconstitucionalidad en el acto de audiencia, cuando le trasladaron a la defensa, el pedido de medidas cautelares del fiscal.

3. El pedido de las medidas cautelares debe corrérsele siempre a la defensa, para que se oponga si gusta.

4. La advertencia de inconstitucionalidad se formula en la audiencia oral y debió interponerse antes de que la subcomisión fallara allí, sobre las medias cautelares rogadas.

5. El arresto domiciliario no le priva a Moncada de una buena defensa, pues su abogado ha recurrido en diversas ocasiones, su derecho a la defensa.

6. Las medidas cautelares no siempre se ponen en la audiencia de imputación. Existe también la audiencia para medidas cautelares.

7. No se rechazó el Habeas Corpus, sino que se declaró no viable, pues según la Corte, lo que se pedía era la inconstitucionalidad de la norma legal que le permite a la Subcomisión de Garantías atribuirse competencias para arrestar en su domicilio a un Magistrado.

8. No se declaró tampoco legal, la detención domiciliaria de marras.

9. Si se hubiese presentado oportunamente una advertencia de inconstitucionalidad de la norma que asigna competencia a la Subcomisión de Garantías, para aplicar una medida cautelar, según la Corte, ésta, estaba en la obligación constitucional de no decidir la petición y remitir la correspondiente advertencia al Pleno de la Corte, para que decidiera sobre el caso.

Ironías

1. Existe preocupación para algunas personas, por el nombramiento del Contralor por pate del Legislativo, pero no por los que haga a su prudente arbitrio el Ejecutivo, para los dos procuradores (el de la Administración y el General de la Nación) y para un magistrado del Tribunal Electoral, de similar importancia. Todos deben hacerse antes de que finalice diciembre del 2014.

2. Se han venido eliminado las credenciales de los que ganaron con el apoyo de las partidas circuitales y fueron impugnados ante el Tribunal Electoral, pero existen diputados que no fueron impugnados, pero también usaron de las mismas, sin embargo, están ejerciendo el cargo, sin problema alguno. ¡Habrá justicia electoral en Panamá!

3. Colombia nos ha puesto dentro de una la lista de paraísos fiscales, no obstante, somos como Nación, el sueño americano para muchos de ese hermano país, a tal punto, que un número ha migrado a nuestro suelo patrio, por un mejor futuro y esto indirectamente le genera beneficios, a ese país del sur.

4. Algunos líderes comunitarios y cívicos que otrora, enarbolaban el bastión de la lucha social en Panamá, han encontrado buena acogida en el sector gubernamental, y no sabemos si es por eso, que ya no se les oye, ni se les ve, con sus arengas y militancia acostumbrada.

5. Una pareja de ancianos fue asaltada; los vecinos llamaron por horas a la Policía para que actuara, pero llegó al día siguiente; sin embargo, si es efectiva cuando se trata de la protección de personas de alto perfil, como en el caso más reciente de un antiguo exministro, pues para esta clase de personas, si existe el “barrio seguro.”

6. Algunos políticos cuando estaban en campaña, asistían a todos los medios noticiosos, a tiempo y fuera de tiempo, ahora en el cargo que ejercen, no solo los ignoran, sino hasta les impiden su cobertura.

El Contralor que todos queremos



Conforme al artículo 161 constitucional, es la Asamblea Nacional la que tiene la potestad exclusiva de nombrar al Contralor General de la República.

¿Cuál podría ser el perfil de un buen contralor?

Características.

1. Que se comprometa públicamente a ejercer con eficacia, el control previo. Un buen ejercicio de éste, evita los contratos con sobrecostos y fortalece la buena administración de la cosa pública. La Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera, en sentencia del (7) DE ABRIL DE DOS MIL CUATRO (2004), ratifico la potestad que tiene la Contraloría para rechazar previamente un contrato con sobrecosto. La Corte dijo lo que sigue:

“Para concluir, la Sala debe agregar que las objeciones de índole económica que puede argumentar la entidad fiscalizadora para no refrendar un contrato u otro acto administrativo que afecte el patrimonio público, no se limitan a la inexistencia de una partida presupuestaria o la insuficiencia de fondos. Como bien afirma la señora Procuradora de la Administración, la compra de un producto o la contratación de un servicio más oneroso que otros similares en el mercado, que igualmente sirven a la adecuada satisfacción de las necesidades que animaron la celebración del acto público, constituye una obvia razón de orden económico, que permite a la Contraloría negar su refrendo”.

2. Que no se perciba que desee acceder al puesto, con el único propósito que el de ser un trancador de actos administrativos a ultranza. Uno puede trancar la administración pública, o para ganar canonjías para sí o para sus amigos o para su colectivo, o por ignorancia, o por ínfulas de poder etc. Otrora un Contralor pretendía, de manera abusiva, intervenir en la aprobación o desaprobación de los pliegos de cargos y especificaciones de los actos públicos de todas las entidades del Estado, como co-administrador y la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera le dijo, que no tenía facultades para ello. Sentencia del 13 de octubre de 1993.

3. Que no se perciba que desee acceder al puesto, con el único propósito que el de ser un avalador libre de actos administrativos del Órgano Ejecutivo. Seria más de lo mismo.

4. Que tenga sobrada solvencia moral. Es inadmisible que hayan candidatos para tan digno cargo, que estén en la picota pública, por actos cuestionables de su pasado.

5. Que tenga ejecutorias probadas. La ciudadanía merece conocer la trayectoria pública y privada del candidato. Deseamos saber por ejemplo, su pensamiento o filosofía, para no ser sorprendidos en nuestra buena fe.

6. Que se perciba que tiene independencia de criterio. La independencia no radica en pertenecer o no a algún colectivo político, sino más bien a no estar ligado a cualquier factor real de poder de la sociedad, para que pueda ejercer su función de manera objetiva y transparente.

7. Que conozca las funciones que desarrolla la Contraloría General de la República a nivel constitucional y legal, para que pueda hacer una reingeniería en esa entidad, desde el inicio del ejercicio del cargo. 

MI BUS DEJARA DE OPERAR El METROBUS

El gobierno dijo que Mi Bus, la
concesionaria del Metrobús, se “retirará” del lucrativo negocio y su
contrato será eliminado.
No se anunció cual fórmula se
utilizará para sacar del sistema a MI BUS
Conforme
a la ley y el contrato hay, varias fórmulas para sacar del sistema a una
empresa contratista.

1. La resolución administrativa del contrato
La
posibilidad de resolverle el contrato a la empresa, es en base a lo que dispone
la ley 22 de 2006 (de contratación pública) y el contrato de concesión No.
21-10, en sus Cláusulas Trigésima y Trigésima Primera.
El
concesionario nunca puso de su parte y un sector importante de la
población, sufrió inmisericordemente a diario.
La
causal para iniciar el proceso podría ser; la del incumplimiento de las
cláusulas del contrato y/o, la reiteración de faltas graves.
¿Este
proceso de resolución (extinción) traumaría el sistema?
En
lo más mínimo, ya que la cláusula trigésima primera ibídem, reza que todos los
bienes, buses y demás, revertirán al Estado a fin de mantener la continuidad de
la prestación del servicio público de transporte. El Estado, por
justicia,  le pagaría por los bienes revertidos, al concesionario,
mediando un proceso de liquidación de contrato público y en los términos que
subyacen en la adenda 2.
El
Estado podría administrar el sistema per se, o mediante la creación de una
empresa mixta, como hizo con los corredores, o podría llamar, a un proceso de
libre concurrencia, a otros operadores.
Se
deja claro que la fiadora del contrato, antes de hacer efectivo su fianza, por
el monto de B/. 46, 250,000.00 y antes de que todos los bienes pasen al
Estado,  podría sustituir o subrogarse, si lo quisiera, de todos los
derechos del concesionario, pudiendo efectuar el contrato a sus expensas.
2. Aplicando el
rescate administrativo del METROBUS

Esta idea la veo descabellada y fuera de orden. ¿El porqué de mi afirmación?

Debido a que el rescate administrativo, lleva aparejado la obligación de
indemnizar al afectado.

Esta figura lo contempla la ley de contrataciones públicas en su artículo 114,
y permite al Estado, por razones de interés público, el rescate de los bienes y
las obras dadas en concesión, previa autorización del Consejo de Gabinete.

El mismo artículo obliga a indemnizar y/o compensar al contratista
–concesionario. Esto quiere decir, que sería un beneficio para el contratista
que se aplique el rescate administrativo, pues nunca perderá su inversión, ni
su ganancia proyectada en el tiempo.

Recordemos el pago millonario que tuvo que hacer el Estado, cuando pretendió
rescatar los corredores.

¿Qué dice el contrato de Concesión No. 21-10, (METROBUS) sobre el rescate
administrativo?

En su Cláusula Trigésima Tercera, reza que en caso de producirse el rescate
administrativo de la concesión, el concesionario recibirá del Estado por
concepto de indemnización, un monto que será determinado por la vía de la
valoración de la empresa, a partir de todos los parámetros que sea necesario
considerar.

Concluyo que con el rescate administrativo, se beneficiaría a la concesionaria,
de manera integral en una proyección de ganar-ganar y esto sería inadmisible,
por el mal servicio que muchos pensamos que está dándole a los ciudadanos.

3. Por mutuo acuerdo.

En ésta fórmula, se
ponen de acuerdo las partes por escrito,  en base a los términos que se exponen y se
adecua a la ley civil y a la ley 22 de 2006. El contrato también contempla esta
figura en la Cláusula Trigésima Tercera A. Puede incluir,  lo que las partes dispongan libremente.
4. La
empresa también podría ceder los efectos de este contrato, a
otra empresa, si el gobierno lo acepta. La ley 22 de 2006 lo
posibilita y la Cláusula Vigésima Novena del contrato, lo incluye.
Como ciudadanos nos
merecemos leer los términos para la conclusión del contrato con MI BUS.

Sería inadmisible
que el gobierno pensara en indemnizar en todo o en parte, a la
empresa de marras, debido al pésimo servicio que presta.

MI BUS DEJARA DE OPERAR El METROBUS

El gobierno dijo que Mi Bus, la concesionaria del metrobús, se “retirará” del lucrativo negocio y su contrato será eliminado.
No se anunció cual fórmula se utilizará para sacar del sistema a MI BUS
Conforme a la ley y el contrato hay, 3 fórmulas para sacar del sistema a una empresa contratista.

1. La resolución administrativa del contrato
La posibilidad de resolverle el contrato a la empresa, es en base a lo que dispone la ley 22 de 2006 (de contratación pública) y el contrato de concesión No. 21-10, en sus cláusulas trigésima y trigésima primera.
El concesionario nunca puso de su parte y un sector importante de la población, sufrió inmisericordemente a diario.
La causal para iniciar el proceso podría ser; la del incumplimiento de las cláusulas del contrato y/o, la reiteración de faltas graves.
¿Este proceso de resolución (extinción) traumaría el sistema?
En lo más mínimo, ya que la cláusula trigésima primera ibídem, reza que todos los bienes, buses y demás, revertirán al Estado a fin de mantener la continuidad de la prestación del servicio público de transporte. El Estado, por justicia,  le pagaría por los bienes revertidos, al concesionario, mediando un proceso de liquidación de contrato público y en los términos que subyacen en la adenda 2.
El Estado podría administrar el sistema per se, o mediante la creación de una empresa mixta, como hizo con los corredores, o podría llamar, a un proceso de libre concurrencia, a otros operadores.
Se deja claro que la fiadora del contrato, antes de hacer efectivo su fianza, por el monto de B/. 46, 250,000.00 y antes de que todos los bienes pasen al Estado,  podría sustituir o subrogarse, si lo quisiera, de todos los derechos del concesionario, pudiendo efectuar el contrato a sus expensas.
2. Aplicando el rescate administrativo del METROBUS

Esta idea la veo descabellada y fuera de orden. ¿El porqué de mi afirmación?

Debido a que el rescate administrativo, lleva aparejado la obligación de indemnizar al afectado.

Esta figura lo contempla la ley de contrataciones públicas en su artículo 114, y permite al Estado, por razones de interés público, el rescate de los bienes y las obras dadas en concesión, previa autorización del Consejo de Gabinete.

El mismo artículo obliga a indemnizar y/o compensar al contratista –concesionario. Esto quiere decir, que sería un beneficio para el contratista que se aplique el rescate administrativo, pues nunca perderá su inversión, ni su ganancia proyectada en el tiempo.

Recordemos el pago millonario que tuvo que hacer el Estado, cuando pretendió rescatar los corredores.

¿Qué dice el contrato de Concesión No. 21-10, (METROBUS) sobre el rescate administrativo?

En su Cláusula Trigésima Tercera, reza que en caso de producirse el rescate administrativo de la concesión, el concesionario recibirá del Estado por concepto de indemnización, un monto que será determinado por la vía de la valoración de la empresa, a partir de todos los parámetros que sea necesario considerar.

Concluyo que con el rescate administrativo, se beneficiaría a la concesionaria, de manera integral en una proyección de ganar-ganar y esto sería inadmisible, por el mal servicio que muchos pensamos que está dándole a los ciudadanos.

3. Por mutuo acuerdo.

En ésta fórmula, se ponen de acuerdo las partes en base a los términos que se exponen y se adecua a la ley civil y a la ley 22 de 2006. El contrato también contempla esta figura.
La empresa también podría ceder los efectos de este contrato, a otra empresa, si el gobierno lo acepta.
Como ciudadanos nos merecemos leer los términos para la conclusión del contrato con MI BUS.
Sería inadmisible que el gobierno pensara en indemnizar en todo o en parte, a la empresa de marras, debido al pésimo servicio que presta.