Archive en abril 2015

La imagen de nuestra corte suprema

Hoy la corte no tiene una buena percepción en la sociedad. Deben los magistrados tomar acciones concretas para elevar ese Órgano del Estado.

Sugerencias propias.

1. Que cada uno de los magistrados de la corte suprema, denunciados ante la Asamblea Nacional, no esperen hasta que se evacuen las acciones ante el órgano legislativo, sino que aclaren los temas de inmediato, ante la sociedad, en una rendición de cuentas amplia y espontánea en donde se permitan las preguntas.

2. Que la corte se autorregule, estableciendo un método que permita fiscalizar los expedientes en cada despacho, de tal manera que prohíba que un magistrado se quede mucho tiempo con un expediente en su escritorio. Se debe fortalecer la transparencia. Es inadmisible que algunos casos en la corte, se demoren años.

3. Que exista en la página web del órgano judicial, y que se puedan ver por todos, los casos que tienen asignados, cada uno de los magistrados de la corte.

4. Que alguno de los 8 magistrados de la corte, le exija formalmente y de manera enérgica, al magistrado Harry Díaz (el 9), que exponga ante la asamblea nacional y el país, el o los nombres, de los magistrados que según él, venden los fallos y archivan expedientes. Esta declaración hecha por el prenombrado otrora, ha maculado todo el sistema de justicia y no debe quedar inadvertido en nuestra democracia.

5. Que la corte impida que se judicialice la política. Es decir, que actué procesalmente y de manera independiente, bajo los tiempos de la ley, evacuando los casos que le lleguen, sin temor ni presión política alguna; bajo el lineamiento de la uniformidad y de la justicia.

6. Que los magistrados de la corte, hagan pública su lista de bienes (de propiedad de la familia inmediata), de manera voluntaria y anualmente.

La Constituyente paralela. ¿Broma política?

En campaña electoral
nuestro presidente Juan Carlos Varela nos prometió una constituyente paralela,
no obstante, este es el día, y no se concretiza ningún llamado para tal fin.
La administración de justicia
(compuesta por el Ministerio Público y el Órgano Judicial) necesita una reingeniería
que pudiera ajustarse a futuro, por una constituyente.
La
Constituyente paralela
es una de las formas que existe en Panamá, para
reformar la Constitución.
Como se adopta
Podrá adoptarse una nueva
Constitución, a través de una Asamblea Constituyente Paralela, que podrá ser
convocada por decisión del Órgano Ejecutivo, ratificada por la mayoría absoluta
del Órgano Legislativo, o por el Órgano Legislativo con el voto favorable de
dos terceras partes de sus miembros, o por iniciativa ciudadana, la cual deberá
ser acompañada por las firmas de, por lo menos, el veinte por ciento de los
integrantes del Registro Electoral correspondiente al 31 de diciembre del año
anterior a la solicitud.
Quien la convoca
Le corresponderá al Tribunal
Electoral acoger la iniciativa propuesta y hacer la convocatoria a la elección
de constituyentes, en un término no menor de tres meses ni mayor de seis meses
desde la formalización de la solicitud de convocatoria.
Deliberaciones
Realizada la elección, la Asamblea
Constituyente Paralela se instalará formalmente e iniciará sus deliberaciones
por derecho propio, tan pronto el Tribunal Electoral entregue las
credenciales  respectivas a sus integrantes.
Composición
La Asamblea Constituyente Paralela
estará integrada por sesenta constituyentes, quienes deberán representar
proporcionalmente a los panameños de todas las provincias y comarcas, de
acuerdo con la población electoral, y se permitirá, además de la postulación
partidaria, la libre postulación. Para estos efectos, el Tribunal Electoral
deberá establecer en la convocatoria el sistema electoral aplicable a la
elección de constituyentes.
Limitaciones
La Asamblea Constituyente Paralela
podrá reformar la actual Constitución de forma total o parcial, pero en ningún
caso las decisiones que adopte tendrán efectos retroactivos, ni podrán alterar
los periodos de los funcionarios electos o designados, que estén ejerciendo su
cargo al momento en que entre en vigencia la nueva Constitución.
Tiempo de funcionamiento
La Asamblea Constituyente Paralela
tendrá un periodo no menor de seis meses ni mayor de nueve meses, para cumplir
con su labor y entregar al Tribunal Electoral el texto de la Nueva Constitución
Política aprobada, la cual será publicada de inmediato en el Boletín del
Tribunal Electoral.
Obligación de hacer Referéndum
El nuevo Acto Constitucional aprobado
con arreglo a este método será sometido a referéndum convocado por el Tribunal
Electoral en un periodo no menor de tres meses, ni mayor de seis meses, contado
a partir de la fecha de su publicación en el Boletín del Tribunal Electoral.
Cuando comienza a regir la nueva
Constitución.
El Acto Constitucional aprobado empezará a regir desde su publicación en
la Gaceta Oficial, la cual deberá hacerse por el Órgano Ejecutivo, dentro de
los treinta días hábiles siguientes a su aprobación mediante referéndum, sin
que la publicación posterior a dichos plazos sea causa de inconstitucionalidad.

La Constituyente paralela. ¿Broma política?

La Constituyente paralela. ¿Broma política?
En campaña electoral
nuestro presidente Juan Carlos Varela nos prometió una constituyente paralela,
no obstante, este es el día, y no se concretiza ningún llamado para tal fin.
La administración de justicia
(compuesta por el Ministerio Público y el Órgano Judicial) necesita una reingeniería
que pudiera ajustarse a futuro, por una constituyente.
La
Constituyente paralela
es una de las formas que existe en Panamá, para
reformar la Constitución.
Como se adopta
Podrá adoptarse una nueva
Constitución, a través de una Asamblea Constituyente Paralela, que podrá ser
convocada por decisión del Órgano Ejecutivo, ratificada por la mayoría absoluta
del Órgano Legislativo, o por el Órgano Legislativo con el voto favorable de
dos terceras partes de sus miembros, o por iniciativa ciudadana, la cual deberá
ser acompañada por las firmas de, por lo menos, el veinte por ciento de los
integrantes del Registro Electoral correspondiente al 31 de diciembre del año
anterior a la solicitud.
Quien la convoca
Le corresponderá al Tribunal
Electoral acoger la iniciativa propuesta y hacer la convocatoria a la elección
de constituyentes, en un término no menor de tres meses ni mayor de seis meses
desde la formalización de la solicitud de convocatoria.
Deliberaciones
Realizada la elección, la Asamblea
Constituyente Paralela se instalará formalmente e iniciará sus deliberaciones
por derecho propio, tan pronto el Tribunal Electoral entregue las
credenciales  respectivas a sus integrantes.
Composición
La Asamblea Constituyente Paralela
estará integrada por sesenta constituyentes, quienes deberán representar
proporcionalmente a los panameños de todas las provincias y comarcas, de
acuerdo con la población electoral, y se permitirá, además de la postulación
partidaria, la libre postulación. Para estos efectos, el Tribunal Electoral
deberá establecer en la convocatoria el sistema electoral aplicable a la
elección de constituyentes.
Limitaciones
La Asamblea Constituyente Paralela
podrá reformar la actual Constitución de forma total o parcial, pero en ningún
caso las decisiones que adopte tendrán efectos retroactivos, ni podrán alterar
los periodos de los funcionarios electos o designados, que estén ejerciendo su
cargo al momento en que entre en vigencia la nueva Constitución.
Tiempo de funcionamiento
La Asamblea Constituyente Paralela
tendrá un periodo no menor de seis meses ni mayor de nueve meses, para cumplir
con su labor y entregar al Tribunal Electoral el texto de la Nueva Constitución
Política aprobada, la cual será publicada de inmediato en el Boletín del
Tribunal Electoral.
Obligación de hacer Referéndum
El nuevo Acto Constitucional aprobado
con arreglo a este método será sometido a referéndum convocado por el Tribunal
Electoral en un periodo no menor de tres meses, ni mayor de seis meses, contado
a partir de la fecha de su publicación en el Boletín del Tribunal Electoral.
Cuando comienza a regir la nueva
Constitución.
El Acto Constitucional aprobado empezará a regir desde su publicación en
la Gaceta Oficial, la cual deberá hacerse por el Órgano Ejecutivo, dentro de
los treinta días hábiles siguientes a su aprobación mediante referéndum, sin
que la publicación posterior a dichos plazos sea causa de inconstitucionalidad.

El IMA y el control previo de la Contraloría.

La Contraloría General de la República,
con la Resolución No. 217-DFG  de 9 de
abril de 2015, publicada en la gaceta oficial No. 27758 de 13 de abril de 2015,
ha establecido el control previo a todos los contratos y desembolsos del programa
de solidaridad alimentaria, pues desde el 2007 solo se practicaba el control
posterior en el IMA, para los contratos, y órdenes de compra del programa para
la Solidaridad Alimentaria y el control previo, sólo para las órdenes de
desembolso del programa en cita.
La Contraloría tomó esta decisión por
los hechos reportados sobre el manejo de este programa.
Es sabido que el IMA realizó
múltiples contratos en favor de un sólo proveedor (los medios así lo han dicho),
por medio del programa de solidaridad alimentaria.
El reglamento del programa para la
solidaridad alimentaria, creado mediante Decreto Ejecutivo No. 64 de 2007, por
el otrora presidente Martín Torrijos y que ha permitido
contrataciones directas por invitación, tiene visos de ilegalidad, a mi
juicio, ya que la ley de contratación pública, (ley 22 de 2006) no permite
esto.  
Se deja claro que los entes públicos,
no pueden expedir actos para favorecer o para desfavorecer, a alguien en
especial. Esto es ilegal.
La Sala Tercera de la Corte ha dicho
que las autoridades administrativas actúan con una finalidad ilegítima al
expedir actos de su competencia, al menos en los siguientes casos:
1.-Cuando
el acto se expida obedeciendo a un móvil de tipo personal, como un interés
privado o el espíritu de venganza.
2.-
Cuando el acto se expide por un móvil político ilegítimo como cuando, se toma
la decisión con el único objeto de perjudicar a un adversario político y
3.-
Cuando el móvil del acto es el interés de un tercero, lo cual se produce cuando
la decisión está dirigida a favorecer a un particular en detrimento de otro.

(Cfr. Sentencia de 3 de mayo de 1994
de la Sala Tercera).

MI BUS DEJARA DE OPERAR El METROBUS

El
gobierno dijo que Mi Bus, la concesionaria del Metrobús, se
“retirará” del lucrativo negocio y su contrato será eliminado. Hay
negociaciones sobre el tema.
No
se anunció cual fórmula se utilizará para sacar del sistema a MI BUS.
Conforme a la ley y el contrato hay,
varias fórmulas para sacar del sistema a una empresa contratista.

1. La resolución administrativa del contrato
La posibilidad de resolverle el
contrato a la empresa, es en base a lo que dispone la ley 22 de 2006 (de
contratación pública) y el contrato de concesión No. 21-10, en sus Cláusulas
Trigésima y Trigésima Primera.
El concesionario nunca puso de
su parte y un sector importante de la población, sufre inmisericordemente a
diario.
La causal para iniciar el proceso
podría ser; la del incumplimiento de las cláusulas del contrato y/o, la
reiteración de faltas graves.
¿Este proceso de resolución
(extinción) traumaría el sistema?
En lo más mínimo, ya que la cláusula
trigésima primera ibídem, reza que todos los bienes, buses y demás, revertirán
al Estado a fin de mantener la continuidad de la prestación del servicio
público de transporte. El Estado, por justicia,  le pagaría por los
bienes revertidos, al concesionario, mediando un proceso de liquidación de
contrato público y en los términos que subyacen en la adenda 2.
El Estado podría administrar el
sistema per se, o mediante la creación de una empresa mixta, como hizo con los
corredores, o podría llamar, a un proceso de libre concurrencia, a otros
operadores, etc.
Se deja claro que la fiadora del
contrato, antes de hacer efectivo su fianza, por el monto de B/. 46, 250,000.00
y antes de que todos los bienes pasen al Estado,  podría sustituir o
subrogarse, si lo quisiera, de todos los derechos del concesionario, pudiendo
efectuar el contrato a sus expensas.
2. Aplicando el rescate
administrativo del METROBUS

Esta idea la veo descabellada y fuera de orden. ¿El porqué de mi afirmación?

Debido a que el rescate administrativo, lleva aparejado la obligación de
indemnizar al afectado.

Esta figura lo contempla la ley de contrataciones públicas en su artículo 114,
y permite al Estado, por razones de interés público, el rescate de los bienes y
las obras dadas en concesión, previa autorización del Consejo de Gabinete.

El mismo artículo obliga a indemnizar y/o compensar al contratista
–concesionario. Esto quiere decir, que sería un beneficio para el contratista
que se aplique el rescate administrativo, pues nunca perderá su inversión, ni
su ganancia proyectada en el tiempo.

Recordemos el pago millonario que tuvo que hacer el Estado, cuando pretendió
rescatar los corredores.

¿Qué dice el contrato de Concesión No. 21-10, (METROBUS) sobre el rescate
administrativo?

En su Cláusula Trigésima Tercera, reza que en caso de producirse el rescate
administrativo de la concesión, el concesionario recibirá del Estado por
concepto de indemnización, un monto que será determinado por la vía de la
valoración de la empresa, a partir de todos los parámetros que sea necesario
considerar.

Concluyo que con el rescate administrativo, se beneficiaría a la concesionaria,
de manera integral en una proyección de ganar-ganar y esto sería inadmisible,
por el mal servicio que muchos pensamos que está dándole a los ciudadanos.

3. Por mutuo acuerdo.

En ésta fórmula, se ponen de acuerdo
las partes por escrito,  en base a los términos que se exponen y se adecua
a la ley civil y a la ley 22 de 2006. El contrato también contempla esta
figura en la Cláusula Trigésima Tercera A. Puede incluir,  lo que las
partes dispongan libremente.
4. La
empresa también podría ceder los efectos de este contrato, a
otra empresa, si el gobierno lo acepta. La ley 22 de 2006 lo
posibilita y la Cláusula Vigésima Novena del contrato, lo incluye.

Sería
inadmisible que el gobierno pensara en indemnizar en todo o en parte,
a la empresa de marras, debido al pésimo servicio que presta.

El IMA y sus contratos

El IMA realizó múltiples contratos en
favor de un sólo proveedor (los medios así lo han dicho) y el Ministerio Público
(Procuraduría General) y/o las fiscalías, no han abierto ninguna investigación
sobre el particular (al menos no se ha informado a la ciudadanía). Esto es
inaudito.
Por el asunto del nepotismo que se practicó
allí, el Procurador de la Administración está investigando, pero no tiene competencia
para incursionar en el área penal.
Los entes públicos, no pueden expedir
actos para favorecer o para desfavorecer, a alguien en especial. Esto es ilegal.
La Sala Tercera de la Corte ha dicho
que las autoridades administrativas actúan con una finalidad ilegítima al
expedir actos de su competencia, al menos en los siguientes casos:
1.-Cuando
el acto se expida obedeciendo a un móvil de tipo personal, como un interés
privado o el espíritu de venganza.
2.-
Cuando el acto se expide por un móvil político ilegítimo como cuando, se toma
la decisión con el único objeto de perjudicar a un adversario político y
3.-
Cuando el móvil del acto es el interés de un tercero, lo cual se produce cuando
la decisión está dirigida a favorecer a un particular en detrimento de otro.
(Cfr. Sentencia de 3 de mayo de 1994
de la Sala Tercera).

El reglamento del programa para la
solidaridad alimentaria, creado mediante Decreto Ejecutivo No. 64 de 2007, por
el otrora presidente Martín Torrijos y que ha permitido contrataciones directas
por invitación, tiene visos de ilegalidad, ya que la ley de contratación
pública, (ley 22 de 2006) no permite esto.  
La Asamblea Nacional, tampoco quiere jugar su
papel sobre el tema contractual en el IMA. No le pone coto a ésta entidad, que pudiera
convertirse en el nuevo PAN.

Acuerdo entre el Gobierno y el sindicato del METROBUS

El sindicato del METROBUS (sitmapa) con el gobierno en turno, firmaron un acuerdo en enero del año en curso, que logró terminar con una huelga que gravitaba en ese momento con el METROBUS. 
Lo curioso es que hoy exigen, los trabajadores, puntos que no estaban en ese aludido acuerdo, a mi juicio, con visos de ilegalidad, inclusive.
No resulta comprensible y es hasta censurable, que el gobierno se comprometa a pagar una indemnización a los trabajadores del METROBUS; cuando compre las acciones de MI BUS. (Ver el punto 1 del Acuerdo).
En derecho, la absorción del pasivo laboral de una empresa, no entraña la obligación de pagar indemnización alguna, pues la relación laboral no termina.
El punto 2 del Acuerdo obliga al Estado a recontratar a los trabajadores de manera indefinida, mismos que ya fueron indemnizados. Esto no tiene sustento legal idóneo. 
En ninguna empresa privada pasaría esto, entonces, ¿por qué en la empresa pública si se da esta figura, si los bienes del Estado hay que cuidarlos como buen padre de familia?
¿A qué se expone el gobierno con este Acuerdo?
A ser denunciado penalmente, por peculado entre otras figuras, al momento en que se dé el pago indemnizatorio.
El Estado no puede indemnizar a un trabajador de empresa pública, salvo que lo liquide, y si hace esto, no estaría obligado a recontratarlo.
El funcionario sólo puede hacer lo que la ley prevé (Principio de estricta legalidad, consagrado en el artículo 18 constitucional); ¿cómo entonces pretende el gobierno indemnizar a los trabajadores, si se obliga en el Acuerdo, a asumir el pasivo laboral de la empresa MI BUS, de igual forma?
Dura es la ley pero es la ley. Si existiese una ley que hiciera viable, este pago idemnizatorio, entonces se podría hacer, pero como no hay, no resulta viable este pago. 
¡Ministerio Público; juegue su papel en este asunto ¡

Comentarios al anteproyecto que pretende reformar la contratación pública

Mi opinión sobre el anteproyecto de ley 193, que pretende reformar la ley 22 de 2006, sobre contratación públicas. El documento es insuficiente y puede producir un caos en el gobierno.

Algunas objeciones.

1. Crucifica la licitación abreviada, que era el mecanismo que utilizan los gobiernos para agilizar sus compras cuando gravitaba el interés social o estado de urgencia, (obviado la contratación directa) cuando lo que debía hacerse era modificarlo para hacerlo más transparente.

2. Ahora se busca que todos los recursos interpuestos, suspendan los actos impugnados, cuando la ley actual no permite esto, para no traumatizar al Estado.

3. Sigue con el blindaje hacia a las compras de medicamentos, impidiendo (como igual lo hace la ley actual) que se presenten recursos en la vía gubernativa, contra las decisiones. Como hay las quejas sobre el particular.

4. Sigue con el arraigo de las notificaciones en tableros, olvidando que cuando se permitía en el 2006 esto, en “los avisos”, era por el inicio del sistema electrónico “PanamaCompra”. Hoy debiera ser historia el edicto; e impide el anteproyecto, que se ejecutoríen los actos, hasta que se notifiquen por las dos vías; la electrónica y la edictal. Retroceso total.

5. No se sabe por qué en el anteproyecto, se insiste en beneficiar a la CSS en sus adquisiciones de equipos médicos y no al MINSA ni a patronatos de la salud, que compran lo mismo. (Véase el artículo 1)

6. No prohíbe el anteproyecto, las contrataciones de solidaridad alimentaria del IMA, que se hacen hoy, muchas de ellas, de manera directa por invitación, pero si sujeta al PAN en la normativa. No se entiende esto.

7. No resuelve el problema que hay en las órdenes de compra, su creación, refrendo anticipado, anulación y notificación.