Archive en mayo 2015

La justicia selectiva en Panamá

Mi percepción ciudadana, es que en Panamá, la justicia es selectiva en algún sentido.

Factores que influyen:

1. El político. No se entiende, como a personas investigadas, por la comisión de supuestos delitos con pena de hasta cuatro años de prisión, estén en preventiva, (Pérez y Garuz, por ejemplo, sin embargo, otros con igual o mayor, gravedad de pena, no tienen, similar condición; (Grimaldo y Bosco Vallarino, a guisa de ejemplo).

2. El moral. No se entiende, como por una misma investigación de un hecho, a una indagada se le impuso medida cautelar, pero a la otra no. (Caso: Molinar- Morales y las mochilas, por ejemplo).

3. El social. No se entiende, como los hijos del pueblo, que cometen infracciones, no gozan de las mismas medidas cautelares y de domicilio preventivo transitorio, que los acaudalados investigados.

Por qué se da esto, en mi opinión:

1. La politización de la justicia. A veces la justicia selectiva, responde sólo a casos concretos.

2. La falta de capacidad de los organismos encargados de administrar la justicia.

3. La falta de unificación en los organismos rectores, para la imposición de las medidas cautelares.

4. La falta de rendición de cuentas de las autoridades, hacía la ciudadanía.

5. Las instituciones penales y penitenciarias, no funcionan bien.

6. La falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades, cuando se conoce por los medios de comunicación social, que se ha resquebrajado el orden legal. (Se desconoce de la investigación oficiosa del Ministerio Público, por algunos actos).

Pérdida de la curul de los diputados

En Panamá ningún diputado suplente puede recibir dos remuneraciones del Estado, pues violentaría las “INCOMPATIBILIDADES PARLAMENTARIAS”, que ha sido definida como una institución que prohíbe a Diputados y Senadores durante el período de su encargo, el desempeño de ninguna otra función o empleo a la vez. Los objetivos primordiales de las incompatibilidades parlamentarias son: garantizar el cumplimiento del principio de la división de poderes, asegurar y preservar la independencia y control político que el legislativo ejerce sobre el ejecutivo, y evitar que los representantes populares distraigan su atención en otras ocupaciones ajenas a su cargo.

Las incompatibilidades parlamentarias o legislativas son establecidas por el ordenamiento positivo, principalmente en la Constitución, aunque también en la legislación electoral, las leyes orgánicas y los reglamentos de los órganos legislativos. Estas incompatibilidades traen como consecuencia la necesidad del legislador de optar por uno u otro cargo.

En nuestro país, ha dicho nuestra Corte Suprema de Justicia, Pleno en sentencia de (28) DE MAYO DE DOS MIL CATORCE (2014) que el artículo 156 de nuestra Constitución Política instituye la incompatibilidad parlamentaria, cuando señala:

“Artículo 156 CN: Los Diputados Principales o suplentes, cuando estos últimos estén ejerciendo el cargo, no podrán aceptar ningún empleo público remunerado. Si lo hicieren, se producirá la vacante absoluta del cargo de Diputado principal o suplente, según sea el caso. Se exceptúan los nombramientos de Ministro, Viceministro, Director General o Gerente de entidades autónomas y Semiautónomas y Agentes Diplomáticos, cuya aceptación solo produce vacante transitoria por el tiempo que se desempeñe el cargo”…

De lo expuesto se colige que los diputados suplentes (hoy son noticia) sólo pueden cobrar del Estado, lo que les da la Asamblea Nacional, cuando ejercen el cargo. Y si reciben otra remuneración adicional por el Estado, se produce la pérdida de la curul, con la consiguiente obligación de devolver lo cobrado por el otro ente del Estado, que no es la Asamblea Nacional; pues no fue constitucional ese pago.

Dura es la ley, pero es la ley.

El coimero

El coimero es el que acepta soborno.

Por razones que desconocemos, la Asamblea Nacional de Diputados ha penalizado esta figura de la manera más suave posible, que hasta incentiva el mal accionar del funcionario.

¿Sabía usted que la máxima sanción para un coimero, es de cuatro años de prisión y conforme al código penal, ésta se puede convertir en días-multa, para obviar la cárcel?

Los diputados deben jugar su papel de forma digna y promover las leyes que lleven un mensaje contundente al destinatario, a saber; “la corrupción no será tolerada en Panamá”.

Sanción del coimero.

Código penal

Artículo 345. Será sancionado con prisión de dos a cuatro años el servidor público que, personalmente o por persona interpuesta, incurra en las siguientes conductas:

1. Acepte, reciba o solicite donativo, promesa, dinero o cualquier beneficio o ventaja, para realizar, omitir o retardar un acto en violación de sus obligaciones, o quien las acepte a consecuencia de haber faltado a ellas.

2. Acepte, reciba o solicite donativo, promesa, dinero o cualquier ventaja o beneficio indebido, para realizar un acto propio de su cargo o empleo, sin faltar a sus obligaciones, o como consecuencia del acto ya realizado.

Reemplazo de la pena de prisión.

Código penal

Artículo 102. El Juez de Conocimiento, al dictar sentencia definitiva, podrá reemplazar las penas cortas privativas de la libertad, siempre que se trate de delincuente primario, por una de las siguientes:

1. La pena de prisión no mayor de cuatro años, por arresto de fines de semana, días-multa o trabajo comunitario.

2. La pena de arresto de fines de semana por trabajo comunitario o días-multa y viceversa.

Si la pena de prisión impuesta no excede de un año, podrá ser reemplazada por reprensión pública o privada.

Para los efectos de la ley penal, será considerado delincuente primario quien no ha sido sancionado o sentenciado por autoridad judicial competente dentro de los últimos diez años.

Qué debe mejorarse, para blindar el sistema de compras del Estado

1.                               
Eliminar el precio oculto, en la licitación pública, con evaluación
separada. Podría prestarse esto para corrupción, ya que la entidad pudiera
filtrarle el precio de referencia a algún proponente, para beneficiarlo.
2.                               
Eliminar la contratación libre a discreción, que introdujo la ley 48 de
2011 y que permite la renovación de contratos a un mismo proveedor, de manera
directa y sin limitación de periodo.
3.                               
Hacer un sistema unitario de compras, para todo el Estado panameño,
eliminando en consecuencia, con ello, la ley del PAN y de la CSS, en materia de
contratación pública.
4.                               
Que la DGCP (Dirección General de Contrataciones Públicas) empiece a
imponer multas a los servidores públicos, que violen los principios y las
normas de contratación pública, como lo mandata la ley.
5.                               
Que todas las consultorías, se sometan a actos públicos y con ello se
eliminaría la aberración existente, que gravita en muchos entes públicos.
6.                               
Que se establezca un sistema de rendición de cuentas, en algunos
procesos de compras.
7.                               
Que el sistema electrónico “PanamaCompra” tenga un buscador más
amigable. Nadie puede encontrar información en el sistema con facilidad, salvo
que uno conozca exactamente el número del acto público realizado.

Las nulidades y las investigaciones contra Ricardo Martinelli

El código procesal penal dice que las
nulidades se fallan en la etapa intermedia y no en la etapa de investigación.
(Artículos  342 y 345 del código procesal penal).
Artículo 342. Traslado de la
acusación a la defensa. Recibida la acusación del Fiscal, el Juez de Garantías
la comunicará, junto con su adhesión o acusación autónoma, si la hubiera y la
acción resarcitoria, a la defensa para que la examine, junto con los elementos
probatorios presentados.
La defensa podrá:
1. Objetar la
acusación por defectos formales.
2. Oponer
excepciones.
3. Solicitar el
saneamiento o la declaración de nulidad
de un acto.
4. Proponer una
reparación concreta siempre que no hubiera fracasado antes una conciliación.
5. Solicitar que
se unifiquen los hechos objeto de las acusaciones cuando la diversidad de enfoques
o circunstancias perjudiquen la defensa.
6. Oponerse a la
reclamación civil.
7. Ofrecer pruebas
para el juicio.
8.
Proponer acuerdos o convenciones probatorias.
Artículo 345. Audiencia. El Juez
de Garantías le dará la palabra a la defensa, al Fiscal y al querellante para
posibles alegaciones previas de incompetencias, nulidades, impedimentos y recusaciones. Si el querellante no
asiste, se tendrá por desistida su acción penal.
Corolario de lo anterior, en
sentencia  del 11 de octubre de 2013, el pleno de la Corte, ratificó este
criterio.
Se está mal interpretando la
sentencia del 31 de marzo de 2015, sobre el caso del diputado Pedro Miguel
González. En este caso se resolvió, que no se aplicaba el código procesal
penal, sino el código judicial, porque el proceso se inició con la vigencia de
la excerta judicial y no la procesal penal. El caso Martinelli, se inició (la
investigación), con la vigencia del código procesal penal, por lo que no se
aplica a mi juicio, el código judicial, como argumenta su defensa.
Código procesal penal

Artículo
554. Procesos iniciados. Los procesos penales iniciados con anterioridad a la
entrada en vigencia de este Código continuarán su trámite con arreglo a los
preceptos legales vigentes al momento de su investigación.

Nadie tiene fuero penal electoral hoy

De acuerdo a la interpretación literal del código electoral, nadie
debe considerarse aforado hoy, pues ya terminó el proceso electoral en Panamá.
Código electoral
Artículo 143. Gozarán de
fuero penal electoral, por lo que no podrán ser detenidos, arrestados o
procesados sin autorización del Tribunal Electoral, excepto en caso de flagrante
delito, las siguientes personas:
1. Los
funcionarios electorales, así como los representantes ante las corporaciones electorales
de los partidos y de los candidatos de libre postulación, por el tiempo que
ejerzan funciones durante el proceso
electoral y hasta tres meses después del cierre de este.
2. Los
candidatos, los Presidentes y Vicepresidentes, Secretarios y Subsecretarios
Generales de los partidos legalmente constituidos, desde la convocatoria a consultas populares y hasta tres meses
después del cierre del proceso electoral.
Las personas
que ejerzan los cargos anteriores podrán renunciar expresamente al derecho
consignado en este artículo. Se entiende por renuncia expresa al fuero penal electoral
la manifestada por el interesado ante las autoridades, la cual será
irrevocable.
Las consultas populares que permiten la protección de
un fuero penal electoral, a mi juicio, son las que se hacen dentro del proceso electoral
y hasta tres meses después del cierre del mismo  y no las que se celebran después de cerrado el
proceso electoral.

Cualquier interpretación
extensiva que haga el Tribunal Electoral, seria contra lege (contrario a la
ley) y estaría blindando a los políticos de atender los casos judiciales con prontitud.

Audiencia de control en el caso Martinelli

Mi criterio es que el magistrado Jerónimo Mejía honró el
debido proceso, con su decisión de inhibirse sobre la petición de nulidad
pedida por la defensa del expresidente Martinelli,  ya que de haber fallado otra cosa, hubiese podido
ser procesado por extralimitación de funciones.
El código procesal penal dice que las nulidades se fallan en
la etapa intermedia y no en la etapa de investigación. (Artículos  342 y 345 del código procesal penal).
Corolario de lo anterior, en sentencia 
del 11 de octubre de 2013, el pleno de la Corte, ratificó este criterio.
Se está mal interpretando la sentencia del 31 de marzo de
2015, sobre el caso del diputado Pedro Miguel González. En este caso se
resolvió, que no se aplicaba el código procesal penal, sino el código judicial,
por que el proceso se inició con la vigencia de la excerta judicial y no la
procesal penal. El caso Martinelli, se inició (la investigación), con la
vigencia del código procesal penal, por lo que no se aplica a mi juicio, el
código judicial, como argumenta su defensa.
Código procesal penal
Artículo 554. Procesos iniciados. Los procesos penales
iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de este Código continuarán
su trámite con arreglo a los preceptos legales vigentes al momento de su
investigación.
Cómo los jueces hablan con sus fallos, no se les oirá en los
medios aclarando sus conceptos exteriorizados, como se vio en el caso Moncada Luna,
pues los diputados son políticos.
Mi diagnóstico procesal del por qué la defensa de Martinelli está
pidiendo que le rija el código judicial, es porque según esta norma, la sola
mención de un diputado, en una investigación, no da pie para que la Corte lo
investigue, pues se requiere de una vinculación con pruebas para esto.
Estrategia.

Usted encontrará el fallo de Pedro Miguel González en el siguiente
link. Vaya a la página 10 y vera que el espíritu, es precisar el momento que en
que se inicia la investigación y/o proceso. http://ernestocedeno.com/PedroMGonzalez.pdf

Audiencia de control en el caso Martinelli

Mi criterio es que el magistrado Jerónimo Mejía honró el debido proceso, con su decisión de inhibirse sobre la petición de nulidad pedida por la defensa del expresidente Martinelli, ya que de haber fallado otra cosa, hubiese podido ser procesado por extralimitación de funciones.

El código procesal penal dice que las nulidades se fallan en la etapa intermedia y no en la etapa de investigación. (Artículos 342 y 345 del código procesal penal). Corolario de lo anterior, en sentencia del 11 de octubre de 2013, el pleno de la Corte, ratificó este criterio.

Se está mal interpretado la sentencia del 31 de marzo de 2015, sobre el caso del diputado Pedro Miguel González. En este caso se resolvió, que no se aplicaba el código procesal penal, sino el código judicial, por que el proceso se inició con la vigencia de la excerta judicial y no la procesal penal. El caso Martinelli, se inició (la investigación) con la vigencia del código procesal penal, por lo que no se aplica a mi juicio, el código judicial, como argumenta su defensa.

Código procesal penal

Artículo 554. Procesos iniciados. Los procesos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de este Código continuarán su trámite con arreglo a los preceptos legales vigentes al momento de su investigación.

Cómo los jueces hablan con sus fallos, no se les oirá en los medios aclarando sus conceptos exteriorizados, como se vio en el caso Moncada Luna, pues los diputados son políticos.

Mi diagnostico procesal del por qué la defensa de Martinelli está pidiendo que le rija el código judicial, es porque según esta norma, la sola mención de un diputado, en una investigación, no da pie para que la Corte lo investigue, pues se requiere de una vinculación con pruebas para esto. Estrategia.

Audiencia de control en el caso Martinelli

Mi criterio es que el magistrado Jerónimo Mejía honró el debido proceso, con su decisión de inhibirse sobre la petición de nulidad pedida por la defensa del expresidente Martinelli, ya que de haber fallado otra cosa, hubiese podido ser procesado por extralimitación de funciones.

El código procesal penal dice que las nulidades se fallan en la etapa intermedia y no en la etapa de investigación. (Artículos 342 y 345 del código procesal penal). Corolario de lo anterior, en sentencia del 11 de enero de 2013, el pleno de la Corte, ratificó este criterio.

Se está mal interpretado la sentencia del 31 de marzo de 2015, sobre el caso del diputado Pedro Miguel González. En este caso se resolvió, que no se aplicaba el código procesal penal, sino el código judicial, por que el proceso se inició con la vigencia de la excerta judicial y no la procesal penal. El caso Martinelli, se inició (la investigación) con la vigencia del código procesal penal, por lo que no se aplica a mi juicio, el código judicial, como argumenta su defensa.

Código procesal penal

Artículo 554. Procesos iniciados. Los procesos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de este Código continuarán su trámite con arreglo a los preceptos legales vigentes al momento de su investigación.

Cómo los jueces hablan con sus fallos, no se les oirá en los medios aclarando sus conceptos exteriorizados, como se vio en el caso Moncada Luna, pues los diputados son políticos.

Mi diagnostico procesal del por qué la defensa de Martinelli está pidiendo que le rija el código judicial, es porque según esta norma, la sola mención de un diputado, en una investigación, no da pie para que la Corte lo investigue, pues se requiere de una vinculación con pruebas para esto. Estrategia.

Denuncia contra los magistrados de la corte

Creo firmemente que cada uno de los magistrados de la corte suprema, denunciados ante la Asamblea Nacional, no debieran esperar hasta que se evacuen las acciones ante el órgano legislativo, sino que pudieran aclarar a la mayor brevedad posible, los temas de inmediato, ante la sociedad, en una rendición de cuentas amplia y espontánea en donde se permitan las preguntas.

No obstante, me parece inoportuno y peligroso, que se hubiera admitido una denuncia penal contra el magistrado de la corte suprema de justicia, Víctor Benavides, con tan solo existir un relato de un recluso. Esto abre la puerta para permitir, en el futuro, la apertura de investigaciones contra sus homólogos y hasta contra el presidente de la república o la vicepresidenta, pues se aplica para todos, el mismo procedimiento que consta en el código procesal penal. (Artículos 467 y siguientes).

Debió exigirse la prueba sumaria para admitir la investigación, en acatamiento a lo que dispone el código judicial; es mi opinión.

No resulta comprensible exigir en un sistema, la prueba sumaria, para poder investigar a cualquier servidor público, pero no es necesaria, cuando se trata de investigaciones contra un magistrado de la corte suprema de justicia y/o presidente o vicepresidente de la República, cómo parece haber dictaminado la Asamblea con la admisión en cita.

Código judicial

Artículo 2464.

Se sujetarán a los trámites ordinarios los procesos que se sigan contra servidores públicos por abuso en el ejercicio de sus funciones oficiales o por falta de cumplimiento de los deberes de su destino, para el efecto de imponerles la sanción correspondiente, y de que resarzan los perjuicios que hayan causado con sus abusos y omisiones, con excepción de los que tienen señalado un procedimiento especial en este Código.

Artículo 2467.

El que promueva querella por delito o denuncia de la clase a que se refiere el artículo 2464, deberá acompañar la prueba sumaria de su relato. En caso contrario o si tal prueba no constara por otro medio cualquiera, se ordenará su archivo. Para efectos de este artículo se entiende por prueba sumaria cualquier medio probatorio que acredite el hecho punible atribuido.