Archive en junio 2015

Glosa constitucional

“El deber de las
autoridades en Panamá”

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 29 de abril de 2015, determinó sobre la interpretación que le daba al artículo 17 constitucional; que esa norma, no sólo establece la obligación que tienen las autoridades de proteger en su vida, honra y bienes a quienes se encuentren bajo su jurisdicción, sino el deber que tienen las autoridades de sujetarse al orden (constitucional y legal) y de asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales.

Dijo la Corte que se trataba de un precepto de contenido normativo y por ende, no requería de un desarrollo ulterior para tener eficacia.

El Gobierno no debe pagar las deudas de MI BUS

Medios
de comunicación social han informado que el
Estado panameño asumirá el pago aproximado de 13 millones de dólares en
concepto de prestaciones y horas extras que se les adeuda a los operadores del
metrobús. Señalan como fuente de la noticia, las declaraciones del ministro de
Trabajo y Desarrollo Laboral, Luis Ernesto Carles.
No
resulta comprensible y es hasta censurable, que el gobierno se comprometa a
pagar una indemnización o pago de pasivo laboral a los trabajadores del
METROBUS; si es una deuda de una empresa privada.
En
derecho, la absorción del pasivo laboral de una empresa, no entraña la
obligación de pagar indemnización alguna, pues la relación laboral no termina.
¿A
qué se expone el gobierno si paga una deuda de una empresa privada?
A
ser denunciado penalmente, por peculado entre otras figuras, al momento en que
se dé el pago reclamado por los trabajadores.
El
Estado no puede indemnizar a un trabajador de una empresa privada.
El
funcionario sólo puede hacer lo que la ley prevé (Principio de estricta
legalidad, consagrado en el artículo 18 constitucional); ¿cómo entonces
pretende el gobierno indemnizar y/o pagar deudas laborales dejadas por una
empresa privada, a los trabajadores, si no existe una ley que posibilite esto?
Dura
es la ley pero es la ley. Si existiese una ley que hiciera viable, este pago,
entonces se podría hacer, pero como no hay, no resulta viable este pago. 
Diferente
sería, que del pago que pudiera tocarle como compensación a MI BUS por parte
del Estado, el gobierno le deduzca de esta cifra, lo adeudado a los
trabajadores, pero en este caso, el gobierno no es el que tuviera pagando sino
MI BUS, o sea, la empresa privada.

Medidas contra la corrupción

Para ir mitigando cada día más, el flagelo de la corrupción en Panamá, pudiéramos hacer lo que sigue, como idea:

· Una mejor rendición de cuenta de parte de los funcionarios que ejercen mando y jurisdicción.

· Una mejor fiscalización de parte de la Contraloría, sobre los actos de manejo de fondos y bienes públicos.

· Una mejor política jurídica en cuanto a las adquisiciones de bienes y servicios.

· Una adecuada estrategia de información, sobre la necesidad de cultivar los valores, en la comunidad.

· Una política gubernamental que tienda a fortalecer a la familia, como el principal núcleo en la sociedad.

· Permitir en mejor medida a la sociedad, a que participe en calidad propositiva, en las políticas de estado.

· Incentivar al funcionario a que cumpla el código de ética de su entidad y a las empresas particulares a crearlo.

· Fortalecer las vías, para que los medios de comunicación social, puedan seguir divulgando, sin presión alguna, los hallazgos que encuentre, de manera veraz y objetiva.

· Motivando a los ministros de Estado y a todos los directores y administradores de entidades, a hacer pública su declaración jurada de bienes patrimoniales, para que el pueblo las fiscalice.

· Modificando la ley 35 de 2013 que redujo los términos de prescripción para el enriquecimiento injustificado, peculado y los delitos patrimoniales contra cualquier entidad pública.

· Modificando la ley 59 de 1999 para que permita la fiscalización ciudadana, de las declaraciones jurada de bienes patrimoniales, de todos los funcionarios con mando y jurisdicción.

· Que por transparencia, la Corte Suprema de Justicia, suba a la web, la cantidad de los expedientes que estén en los despachos de los magistrados de la Corte Suprema, así como el tiempo en que están allí.

Qué debe mejorarse ya, en el sistema de compras del Estado

1. Eliminar el precio oculto, en la licitación pública, con evaluación separada. Podría prestarse esto para corrupción, ya que la entidad pudiera filtrarle el precio de referencia a algún proponente, para beneficiarlo.

2. Eliminar la contratación libre a discreción, que introdujo la ley 48 de 2011 y que permite la renovación de contratos a un mismo proveedor, de manera directa y sin limitación de periodo.

3. Hacer un sistema unitario de compras, para todo el Estado panameño, eliminando en consecuencia, con ello la ley del PAN y de la CSS, en materia de contratación pública.

4. Que la DGCP (Dirección General de Contrataciones Públicas) empiece a imponer multas a los servidores públicos, que violen los principios y las normas de contratación pública, como lo mandata la ley.

5. Que todas las consultorías, se sometan a actos públicos y con ello se eliminaría la aberración existente, que gravita en muchos entes públicos.

6. Que se establezca un sistema de rendición de cuentas, en algunos procesos de compras.

7. Que el sistema electrónico “PanamaCompra” tenga un buscador más amigable. Nadie puede encontrar información en el sistema con facilidad, salvo que uno conozca exactamente el número del acto público realizado.

El poder del transportista

Con la resolución del 12 de febrero de 2015, de la sala tercera de la corte suprema, se declaró ilegal el incremento de hasta un 21% de las tarifas del transporte colectivo y selectivo, en todas las rutas y en las diversas modalidades a nivel nacional, con excepción del transporte colectivo, en los distritos de Panamá y San Miguelito, aprobadas en la Resolución AL-No. 235 de 31 de marzo de 2011, ya que ésta última fue declarada ilegal con la sentencia de marras.

¿Y que hizo la ATTT sobre el particular?

No ajustó la tarifa en beneficio del usuario, sino que salió corriendo en marzo del 2015 a hacer las consultas que no hizo en el 2011, para así subsanar la omisión administrativa y no afectar a los transportistas.

Hoy publica la Resolución AL-141 de 17 de junio de 2015, redactada de muy mala manera que en vez de mantener el aumento del 21 % bajo comentario (anulado por ilegal), da a entender que fija un nuevo incremento de otro 21%.

La verdad sea dicha, el usuario nunca fue beneficiado por la ATTT, por que más peso el transportista.

La justicia selectiva y podrida

¿Por qué se da esto en Panamá?

La falta de capacidad de los
organismos encargados de administrar la justicia.

La falta de unificación en los organismos rectores, para la imposición de las
medidas cautelares.


La falta de rendición de cuentas de las autoridades, hacía la ciudadanía.

Las instituciones penales y penitenciarias, no funcionan bien.

La falta de respuesta efectiva por parte de las
autoridades, cuando se conoce por los medios de comunicación social, que se ha
resquebrajado el orden legal.
¿Y qué debería que hacer ya, el Órgano Judicial?

Que cada uno de los magistrados de la corte
suprema, denunciados ante la Asamblea Nacional, no esperen hasta que se evacuen
las acciones ante el órgano legislativo, sino que aclaren los temas de
inmediato, ante la sociedad.


Que la corte establezca un método que permita
fiscalizarle a los magistrados,  los
expedientes que tienen en cada despacho.

Que los magistrados de la corte, hagan pública
su lista de bienes (de propiedad de la familia inmediata), de manera voluntaria.

La justicia selectiva


¿Por qué se da esto en Panamá?

La falta de capacidad de los
organismos encargados de administrar la justicia.

La falta de unificación en los organismos rectores, para la imposición de las
medidas cautelares.


La falta de rendición de cuentas de las autoridades, hacía la ciudadanía.

Las instituciones penales y penitenciarias, no funcionan bien.

La falta de respuesta efectiva por parte de las
autoridades, cuando se conoce por los medios de comunicación social, que se ha
resquebrajado el orden legal.
¿Y qué debería que hacer ya, el Órgano Judicial?

Que cada uno de los magistrados de la corte
suprema, denunciados ante la Asamblea Nacional, no esperen hasta que se evacuen
las acciones ante el órgano legislativo, sino que aclaren los temas de
inmediato, ante la sociedad.


Que la corte establezca un método que permita
fiscalizarle a los magistrados,  los
expedientes que tienen en cada despacho.

Que los magistrados de la corte, hagan pública
su lista de bienes (de propiedad de la familia inmediata), de manera voluntaria.

INFORME NOTICIOSO

En el día de hoy le pedí por
escrito al director de la ATTT, que cumpla con la resolución del 12 de febrero
de 2015, de la sala tercera de la corte suprema, que declara ilegal el incremento
de hasta un 21% de las tarifas del transporte colectivo y selectivo, en todas
las rutas y en las diversas modalidades a nivel nacional, con excepción del
transporte colectivo, en los distritos de Panamá y San Miguelito, aprobadas en
la Resolución AL-No. 235 de 31 de marzo de 2012, ya que ésta última fue
declarada ilegal con la sentencia de marras.
En la semana pasada se le
notificó a la ATTT que la resolución de la corte estaba en firme y ejecutoriada.
Le dije que debía cumplir la
sentencia, so pena de desacato.
Yo fui el demandante en este caso.

El Hedor de las medidas cautelares

Conforme a la ley, nadie puede ser
sometido a medidas cautelares si no existen graves indicios de responsabilidad
en su contra.
El problema de las medidas cautelares
es que cada funcionario de instrucción, a su prudente arbitrio, las impone a
veces de manera, hasta desproporcionada y sin honrar la uniformidad en muchos
casos.
La ley dice que: salvo que existan
exigencias cautelares de excepcional relevancia, no se decretará la detención
preventiva cuando la persona imputada sea mujer embarazada o que amamante a su
prole, o sea una persona que se encuentre en grave estado de salud, o una
persona con discapacidad y un grado de vulnerabilidad, o que haya cumplido los sesenta y cinco años de edad. (Artículo
2129 del código judicial). 
No obstante, en el caso del Tío Pipo,
se decretó inicialmente  la detención
preventiva en su contra, pudiendo obviarse esto, por lo antes expuesto; sin
embargo, tan pronto amplió su declaración indagatoria (mencionando nombres) y
reintegró 5 millones, le dan casa por cárcel, ¿Cómo se digiere esto en un sistema
de justicia?

Definitivamente que la administración de justicia no huele bien hoy y afecta la
marca país.

Debemos cultivar en nuestra justicia también,  la cultura de la transparencia que es la que
va a mitigar la corrupción en todas sus formas.

Que debe hacer el Ministerio Público, para fortalecer y hacer objetiva y
transparente su función.

1. Capacitar a sus funcionarios.

2. Unificar mejor sus criterios en
las diversas fiscalías. 

3. Rendirle cuentas a la ciudadanía.

La corte en crisis

Las declaraciones del magistrado Harry Díaz, que otrora afirmaba que había magistrados que según él, vendían los fallos y archivaban expedientes; la sentencia contra el ex magistrado Moncada Luna y ahora la renuncia del magistrado Benavides, evidencia la crisis que gravita hoy en el órgano judicial, que no debe pasar desapercibida.

Huelga añadir, por otro lado, que si llegaren a ser ciertos los cargos, sobre venta de fallos, se desprendería que las sentencias son colegiadas en las salas y en el pleno, y por lo tanto, no son de responsabilidad de una sola persona, sino de varios.

Esto para mi es grave, por lo que debe aclararse e investigarse.

Urge lo que sigue:

1. La proyección de una constituyente, para depurar en el futuro, ese órgano.

2. Que la corte se autorregule, estableciendo un método que permita fiscalizar los expedientes en cada despacho, de tal manera que prohíba que un magistrado se quede mucho tiempo con un expediente en su escritorio.

3. Que en la página web del órgano judicial, se puedan ver por todos, los casos que tienen asignados, cada uno de los magistrados de la corte.

4. Que los magistrados de la corte, hagan pública su lista de bienes (de propiedad de la familia inmediata), de manera voluntaria.