Archive en septiembre 9, 2015

Luchemos contra la corrupción

Para mitigar el flagelo de la corrupción en Panamá, hagamos esto:

· Una mejor rendición de cuenta de parte de los funcionarios que ejercen mando
y jurisdicción.

· Una mejor fiscalización de parte de la Contraloría, sobre los actos de manejo
de fondos y bienes públicos.

· Una mejor política jurídica en cuanto a las adquisiciones de bienes y
servicios.

· Una adecuada estrategia de información, sobre la necesidad de cultivar los
valores, en la comunidad.

· Una política gubernamental que tienda a fortalecer a la familia, como el
principal núcleo en la sociedad.

· Permitir en mejor medida a la sociedad, a que participe en calidad propositiva,
en las políticas de Estado.

· Incentivar al funcionario a que cumpla el código de ética de su entidad y a
las empresas particulares a crearlo.

· Fortalecer las vías, para que los medios de comunicación social, puedan
seguir divulgando, sin presión alguna, los hallazgos que encuentre, de manera
veraz y objetiva.

· Motivar a los ministros de Estado y a todos los directores y administradores
de entidades, a hacer pública su declaración jurada de bienes patrimoniales,
para que el pueblo las fiscalice.

· Que por transparencia, la Corte Suprema de Justicia, suba a la web, la
cantidad de los expedientes que estén en los despachos de los magistrados de la
Corte Suprema, así como el tiempo en que están allí. 

Luchemos contra la corrupción


Para ir mitigar el flagelo de la corrupción en Panamá, hagamos esto:

· Una mejor rendición de cuenta de parte de los funcionarios que ejercen mando
y jurisdicción.

· Una mejor fiscalización de parte de la Contraloría, sobre los actos de manejo
de fondos y bienes públicos.

· Una mejor política jurídica en cuanto a las adquisiciones de bienes y
servicios.

· Una adecuada estrategia de información, sobre la necesidad de cultivar los
valores, en la comunidad.

· Una política gubernamental que tienda a fortalecer a la familia, como el
principal núcleo en la sociedad.

· Permitir en mejor medida a la sociedad, a que participe en calidad propositiva,
en las políticas de Estado.

· Incentivar al funcionario a que cumpla el código de ética de su entidad y a
las empresas particulares a crearlo.

· Fortalecer las vías, para que los medios de comunicación social, puedan
seguir divulgando, sin presión alguna, los hallazgos que encuentre, de manera
veraz y objetiva.

· Motivar a los ministros de Estado y a todos los directores y administradores
de entidades, a hacer pública su declaración jurada de bienes patrimoniales,
para que el pueblo las fiscalice.

· Que por transparencia, la Corte Suprema de Justicia, suba a la web, la
cantidad de los expedientes que estén en los despachos de los magistrados de la
Corte Suprema, así como el tiempo en que están allí. 

La compra de MI BUS

La
Presidencia de la República anunció que alcanzó un acuerdo para la adquisición
de las acciones de Mi Bus, por $49.7 millones por el 100% de las acciones de la
sociedad, más todos los pasivos.  Al 30 de junio de 2015, la empresa mantenía
financiamientos bancarios para la adquisición de la flota de buses con un saldo
de aproximadamente 195 millones de balboas pagadera en hasta 7 años, los cuales
se anticipa se pagarán con el flujo operativo de la empresa; por lo que la
operación total tendrá un valor calculado en $245 millones,
aproximadamente, en mi concepto.
Hubiese sugerido mejor, explorar la
posibilidad de aplicar la resolución administrativa del contrato.
La posibilidad de resolverle el
contrato a la empresa, era en base a lo que dispone la ley 22 de 2006 (de
contratación pública) y el contrato de concesión No. 21-10, en sus Cláusulas
Trigésima y Trigésima Primera.
El concesionario nunca puso de
su parte y un sector importante de la población, sufre inmisericordemente a
diario.
La causal para iniciar el proceso
podría ser; la del incumplimiento de las cláusulas del contrato y/o, la
reiteración de faltas graves.
¿Este proceso de resolución
(extinción) traumaría el sistema?
En lo más mínimo, ya que la cláusula trigésima
primera ibídem, reza que todos los bienes, buses y demás, revertirán al Estado
a fin de mantener la continuidad de la prestación del servicio público de
transporte. El Estado, por justicia,  le pagaría por los bienes
revertidos, al concesionario, mediando un proceso de liquidación de contrato.
Finalmente, no me queda claro el por
qué se pretende contratar directamente como administradora de la concesión en
el futuro, a la empresa estadounidense First Transit y no se abre mejor a
licitación pública tal servicio.