Archive en octubre 2015

Propuesta inconstitucional.

En la Comisión de Reformas Electorales, el Tribunal Electoral ha planteado una iniciativa perturbadora de la libertad de expresión.

Se trata de un artículo nuevo que pretende se convierta en ley de la república, dentro del código electoral patrio, en un futuro.

Artículo nuevo.

Artículo 198-L. Las sanciones por las violaciones a las prohibiciones dispuestas en este título, serán las siguientes:

1. Al medio, el cierre inmediato por 24 horas; y, en caso de reincidencia, el cierre por 72 horas, en cada caso.

2. Si el que pautó es un candidato, su inhabilitación, aplicando el procedimiento previsto en el artículo 28 de este código.

3. Si el que pautó es un partido o un tercero, multa de diez veces el valor de la pauta; y en caso de reincidencia, multa de cien veces por cada caso.

No es comprensible que del Tribunal Electoral haya salido una iniciativa que pudiera afectar la libertad expresión, la libre empresa y la propiedad privada, en rango constitucional.

CONSTITUCIÓN

ARTICULO 37. Toda persona puede emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito o por cualquier otro medio, sin sujeción a censura previa; pero existen las responsabilidades legales cuando por alguno de estos medios se atente contra la reputación o la honra de las personas o contra la seguridad social o el orden público.

ARTICULO 47. Se garantiza la propiedad privada adquirida con arreglo a la Ley por personas jurídicas o naturales.

CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José)

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

Propuesta inconstitucional.

En la Comisión de Reformas
Electorales, el Tribunal Electoral  ha planteado
una iniciativa perturbadora de la libertad de expresión.
Se trata de un artículo nuevo
que pretende se convierta en ley de la república, dentro del código electoral
patrio, en un futuro.
Artículo nuevo.
Artículo 198-L. Las sanciones por las violaciones
a las prohibiciones dispuestas en este título, serán las siguientes:
1. Al
medio, el cierre inmediato por 24 horas; y, en caso de reincidencia, el cierre
por 72 horas, en cada caso.
2. Si el que pautó es un candidato, su
inhabilitación, aplicando el procedimiento previsto en el artículo 28 de este
código.
3. Si el que pautó es un partido o un
tercero, multa de diez veces el valor de la pauta; y en caso de reincidencia,
multa de cien veces por cada caso.
No es comprensible que del Tribunal Electoral
haya salido una iniciativa que pudiera afectar la libertad expresión,  la libre empresa y la propiedad privada, en
rango constitucional.
CONSTITUCIÓN
ARTICULO 37. Toda persona puede
emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito o por cualquier otro
medio, sin sujeción a censura previa; pero existen las responsabilidades legales
cuando por alguno de estos medios se atente contra la reputación o la honra de
las personas o contra la seguridad social o el orden público.
ARTICULO 47. Se garantiza la
propiedad privada adquirida con arreglo a la Ley por personas jurídicas o
naturales.
CONVENCION
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José)
Artículo
13.  Libertad de Pensamiento y de Expresión
 1. Toda persona tiene derecho a la
libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la libertad
de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
 2. El ejercicio del derecho previsto en
el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a
responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la
ley y ser necesarias para asegurar:
 a)  el respeto a los derechos o a
la reputación de los demás, o
 b) la protección de la seguridad
nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
 3. No se puede restringir el derecho de
expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles
oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias
radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o
por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la
circulación de ideas y opiniones.

Conforme a la ley, nadie puede ser
sometido a medidas cautelares si no existen graves indicios de responsabilidad
en su contra.

Serán aplicables las medidas cautelares, conforme al código judicial, en
términos generales:

a. Cuando existan exigencias inaplazables relativas a las investigaciones,
relacionadas con situaciones concretas de peligro para la adquisición o la
autenticidad de las pruebas;

b. Cuando el imputado se dé a la fuga o exista peligro evidente de que intenta
hacerlo;


c. Cuando, por circunstancias especiales o por la personalidad del imputado,
exista peligro concreto de que éste cometa delitos graves mediante el uso de
armas u otros medios de violencia personal.

¿Cuándo se puede decretar la detención preventiva en la cárcel?

La detención preventiva en establecimientos carcelarios, sólo podrá decretarse
cuando todas las otras medidas cautelares resultaren inadecuadas.

El problema de las medidas cautelares es que cada funcionario de instrucción, a
su prudente arbitrio, las impone a veces de manera, hasta desproporcionada y
sin honrar la uniformidad en muchos casos. No todo indagado, merece la
cárcel preventiva.

Las Medidas Cautelares Personales

Conforme a la ley, nadie puede ser
sometido a medidas cautelares si no existen graves indicios de responsabilidad
en su contra.

Serán aplicables las medidas cautelares, conforme al código judicial, en
términos generales:

a. Cuando existan exigencias inaplazables relativas a las investigaciones,
relacionadas con situaciones concretas de peligro para la adquisición o la
autenticidad de las pruebas;

b. Cuando el imputado se dé a la fuga o exista peligro evidente de que intenta
hacerlo;


c. Cuando, por circunstancias especiales o por la personalidad del imputado,
exista peligro concreto de que éste cometa delitos graves mediante el uso de
armas u otros medios de violencia personal.

¿Cuándo se puede decretar la detención preventiva en la cárcel?

La detención preventiva en establecimientos carcelarios, sólo podrá decretarse
cuando todas las otras medidas cautelares resultaren inadecuadas.

El problema de las medidas cautelares es que cada funcionario de instrucción, a
su prudente arbitrio, las impone a veces de manera, hasta desproporcionada y
sin honrar la uniformidad en muchos casos. No todo indagado, merece la
cárcel preventiva.

Los problemas en los PHs

La ley 31 de 2010 establece el Régimen
de Propiedad Horizontal en Panamá, sin embargo, la normativa cuenta con lagunas
serias por lo que ha posibilitado actos abusivos, por un lado y por el otro,
algunos jueces están permitiendo procesos contrarios a la lealtad y buena fe
procesal de manera indigna, por una mala interpretación de la ley, analizando benignamente
el accionar del operador judicial.
Ejemplos a superar en el futuro, por
una modificación a la normativa que debe hacerse ya.
El promotor de los dos condohoteles de Ibiza,
que segregó áreas comunes de los proyectos en fincas independientes para
ponerlas en venta. Y tras lograr la comercialización de estas zonas, las mismas
fueron hipotecadas y ahora han sido secuestradas.
El PH BAHIA DEL GOLF, que ha sido
secuestrado no solo en su administración sino que a toda la Junta Directiva de
la Asamblea de Propietarios del PH, el promotor de un proyecto, les secuestro su
bienes personales, de manera abusiva e inusual, porque la JD, ejerciendo su función
social, ejecutó acciones ante las autoridades púbicas en beneficio de los
propietarios, pero que la promotora interpretó que iban en contra de sus intereses
comerciales y por eso hasta los demandó y pretende quitarles sus bienes
familiares.
Si no se ajusta la normativa, difícilmente
habrá personas deseosas de participar en los órganos de gobierno de un PH, por
el temor de perder sus bienes personales,  y esto trastocaría el régimen de la propiedad
horizontal y su funcionamiento.

El método para el nombramiento, de los magistrados en la Corte Suprema

El Consejo de Gabinete se ha querido autorregular, estableciendo un método para la selección de los magistrados de la corte suprema; consistente en recibir todas las hojas de vida de los aspirantes, hacer una lista corta y pasarlo a algunos integrantes de la sociedad civil organizada, para su ponderación.

A mi parecer este método ya se prostituyó; cuenta habida de que ya existen dirigentes de grupo, que han manifestado a los medios de comunicación, que si no aparecen algunos nombres en la lista corta del Gabinete, que ellos consideran potables, cuestionarían el porqué de la ausencia (ejemplo el dirigente del colegio de abogados), por tal razón, la idea noble del Consejo de Gabinete, se ha tergiversado y no fortalecería la democracia en el evento de que los otros gremios a ser consultados, sigan con similares agendas.

Abogaría mejor que la lista corta ut supra (antes citada), sea consultada por todos los integrantes de la sociedad, vía web; previo a la decisión final y se elimine la consulta a algunos gremios, debido a lo expuesto.

La extraña administración de justicia

No se entiende,
como a personas investigadas, por la misma comisión de supuestos delitos, estén
en detención preventiva unos y otros investigados no.

No se entiende, como los hijos del pueblo, que cometen infracciones, no gozan
de las mismas medidas cautelares y de domicilio preventivo transitorio, que los
de alto perfil investigados.
No se entiende,
como los casos contra los Diputados, en la corte suprema de justicia, se
demoran en exceso.
No se entiende,
como las denuncias contra los magistrados de la corte suprema de justicia, que
están radicadas en la Asamblea Nacional, no avanzan rápidamente.

No se entiende, como el funcionario de instrucción, en el Ministerio Público,
impone las medidas cautelares severas, sin honrar la uniformidad en muchos
casos.
No se entiende, como el señor
contralor, no ha auditado aún la administración de las partidas circuitales,
para saber si alguien tendría que comparecer en el futuro ante la justicia,
para responder por sus actos.
No se entiende, como algunas personas
de alto perfil, involucrados en la otrora administración pública cuestionada,
no son sometidos a los rigores procesales, como otros, en similares causas.
No se entiende como la corte para un
caso de un diputado, si aplica la imputación cargos, pero para otro diputado no,
sino que se va directo a la acusación.
  
Posibles causas de esto.

La politización de la justicia. A veces la justicia selectiva, responde sólo a
casos concretos.
La falta de capacidad de los organismos encargados de administrar la justicia.
La falta de unificación de criterios, en los organismos rectores.
La falta de rendición de cuentas de
las autoridades, hacía la ciudadanía.
Las instituciones penales y
penitenciarias, no funcionan bien.

El reglamento del sistema ‘Pele- Police’

La Corte Suprema de Justicia, en dos sentencias  del PLENO,
con números de entradas  972-11 y 951-11, ha dicho que el uso del
Pele Police no es inconstitucional.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, Pleno, en el expediente con
entrada No. 972-11, recomendó establecerse una reglamentación que de manera
específica detalle cómo debe usarse el “pele police” por los miembros de la
Policía Nacional, las consecuencias de su uso y las responsabilidades por el
mal uso del mismo, entre otros. Ello en atención a los compromisos
internacionales ratificados por Panamá, en materia de libertad de una persona o
personas producto de un retén policial, sin una orden escrita y sin
formalidades legales y constitucionales.
Dijo la Corte, que la utilización de la herramienta denominada “pele
police” para verificar datos o información personal más allá de los permitidos
y para los cuales se ha implementado su uso, constituyen actos autónomos que
pueden reñir con derechos fundamentales constitucionales y legales, que pueden
ser impugnados por quien se considere afectados y por las vías, mecanismos,
remedios o acciones legales.

No obstante lo antes dicho, hasta el momento no se conoce que haya
salido a la luz pública, la expedición del reglamento sugerido por la más alta
corporación de justicia.

El gas pimienta


El gas pimienta es un compuesto químico que irrita los ojos, puede causar lágrimas, dolor e incluso ceguera momentánea.
Usualmente se usa o para la defensa personal o para preservar el orden público.
La Comisión de Opciones Tecnológicas y Científicas del Parlamento Europeo (STOA) publicó en 1998 “Una evaluación de las tecnologías de control político”, una extensa información del aerosol de pimienta y el gas lacrimógeno Escribieron:
“Los efectos del aerosol de pimienta son bastante más severos, incluyendo ceguera temporal con duraciones de 15-30 minutos, una sensación ardiente de la piel que dura de 45 a 60 minutos, espasmos de la parte superior del cuerpo que fuerzan a la persona a doblarse hacia delante y provoca una tos incontrolable dificultando la respiración y el habla de 3 a 15 minutos.”
Según Wikipedia, para las personas que tienen asma, que están tomando medicamentos o son objeto de técnicas restrictivas que restringen la cantidad de aire al respirar, hay riesgos de muerte. El Los Angeles Times informó que al menos hay 61 muertes asociadas con el uso policial del aerosol de pimienta desde 1990 en EE.UU.
En Panamá no existe un instrumento jurídico, conocido por la población, sobre el uso de este gas; sobre quienes lo pueden usar (si por policía y particulares)  y bajo que condiciones, es permitido su aplicación.
En algunos países, si existe regulación al respecto.
Mi criterio es que debe existir una normativa promulgada,  que restrinja su uso sólo para la policía  y para cuando resulte imprescindible, porque ya se agotaron todos los medios no violentos para proteger el bien jurídico, que está a punto de ser lesionado o está siendo lesionado o porque no existe en el caso, una opción no violenta para protegerlo o restituirlo eficazmente.

El extraño debido proceso


La administración de justicia debe mejorar ya.
En los procesos que se surten ante la Asamblea Nacional (ejemplo;
investigaciones contra los magistrados de la corte suprema) los diputados hacen
audiencia de imputación de cargos, aplicando la regla general del código
procesal penal que así lo exige, que no está en el procedimiento especial
(ejemplo: el caso del exmagistrado Moncada Luna).
En la corte, para el caso del diputado del Parlacen Ricardo Martinelli,
no se hará audiencia de imputación de cargos, aplicando estrictamente el
procedimiento especial que no contempla esta posibilidad. No aplicaran al
parecer, el procedimiento general como aplicó la Asamblea Nacional otrora, en
los términos expuestos y se dará paso a la Audiencia de Formulación de
Acusación.
No obstante, en el caso del diputado suplente de Colón Samuel Bennett,
en la corte, otrora el magistrado José Ayú Prado, fiscal del caso, si solicitó
la audiencia para imputar cargos a Bennett y legalizar las pruebas recabadas en
la investigación por enriquecimiento ilícito y blanqueo de
capitales. El juez de garantías en este proceso fue el magistrado Harry
Díaz.

Que alguien nos explique a los panameños, de una manera que entendamos, que
es lo que esta pasando con nuestro sistema de administración de justicia en
Panamá.