Archive en noviembre 2015

Métodos para reformar la Constitución

La administración de justicia (compuesta por el Ministerio Público y el
Órgano Judicial) necesita una reingeniería que pudiera ajustarse a futuro, por
una reforma constitucional.
Métodos para reformar la Constitución de acuerdo a la Constitución, son
los siguientes:
1.    Por un Acto
Constitucional aprobado en tres debates por la mayoría absoluta de los miembros
de la Asamblea Nacional, el cual debe ser publicado en la Gaceta Oficial y
transmitido por el Órgano Ejecutivo a dicha Asamblea, dentro de los primeros
cinco días de las sesiones ordinarias siguientes a la instalación de la
Asamblea Nacional electa en las últimas elecciones generales, a efecto de que
en su primera legislatura sea debatido y aprobado sin modificación, en un solo
debate, por la mayoría absoluta de los miembros que la integran.
2.    Por un Acto
Constitucional aprobado en tres debates por la mayoría absoluta de los miembros
de la Asamblea Nacional, en una legislatura, y aprobado, igualmente, en tres
debates, por mayoría absoluta de los miembros de la mencionada Asamblea, en la
legislatura inmediatamente siguiente. En esta se podrá modificar el texto
aprobado en la legislatura anterior. El Acto Constitucional aprobado de esta
forma deberá ser publicado en la Gaceta Oficial y sometido a consulta popular
directa mediante referéndum que se celebrará en la fecha que señale la Asamblea
Nacional, dentro de un plazo que no podrá ser menor de tres meses ni exceder de
seis meses, contados desde la aprobación del Acto Constitucional por la segunda
legislatura.

3.    A través de una Asamblea Constituyente Paralela,
que podrá ser convocada por decisión del Órgano Ejecutivo, ratificada por la
mayoría absoluta del Órgano Legislativo, o por el Órgano Legislativo con el
voto favorable de dos terceras partes de sus miembros, o por iniciativa
ciudadana, la cual deberá ser acompañada por las firmas de, por lo menos, el
veinte por ciento de los integrantes del Registro Electoral correspondiente al
31 de diciembre del año anterior a la solicitud. La Asamblea Constituyente
Paralela estará integrada por sesenta constituyentes, quienes deberán
representar proporcionalmente a los panameños de todas las provincias y
comarcas, de acuerdo con la población electoral, y se permitirá, además de la
postulación partidaria, la libre postulación. Para estos efectos, el Tribunal
Electoral deberá establecer en la convocatoria el sistema electoral aplicable a
la elección de constituyentes.

Presunción de inocencia y medida cautelar

El principio de presunción de inocencia, según la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, establece que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que la carga de la prueba recae en la parte acusadora. (Corte IDH. Caso Ricardo Canese vs. Paraguay).

Del consabido principio, se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia. (Corte IDH. Caso Suárez Rosero vs. Ecuador).

La Corte IDH en el caso Lori Berenson vs. Perú, dijo que la Convención Americana de los Derechos Humanos exige que el Estado no condene informalmente a una persona o emita juicio ante la sociedad, contribuyendo así a formar una opinión pública, mientras no se acredite conforme a la ley, la responsabilidad penal de aquella.

Debe quedar claro, que las medidas cautelares que afectan, entre otras, la libertad personal del procesado tienen un carácter excepcional, ya que se encuentran limitadas por el derecho a la presunción de inocencia y los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática. (Corte IDH. Caso Palamara Iribarne vs. Chile).

Proceso de selección de los magistrados

El Poder Ejecutivo, motu proprio, ha querido que previo a la designación, que por constitución le compete hacer, de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia, los integrantes del pacto por la justicia, entrevisten libremente, a los 10 candidatos preseleccionados por ese poder del Estado.

El proceso de selección, ha sido viciado éticamente, en mi concepto, debido a lo siguiente:

1. Miembros del pacto por la justicia que pudieran ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo al Código Procesal Penal, son los que están interviniendo activamente, en el ciclo de entrevistas con los aspirantes y no se han declarado impedidos. Gravita un conflicto de interés evidente, sobre este tema.

Código Procesal penal

Artículo 39. Competencia del Pleno de la Corte Suprema. La Corte Suprema de Justicia será competente para conocer, en Pleno, de los siguientes negocios penales:

1. De los procesos penales y medidas cautelares contra los Diputados, el Procurador General de la Nación, el Procurador de la Administración, los Ministros de Estado, los Magistrados del Tribunal Electoral o el Contralor General de la República, o de los cometidos en cualquier época por personas que, al tiempo de su juzgamiento, ejerzan alguno de estos cargos.

Artículo 40. Competencia de la Sala Penal. La Sala Penal tendrá competencia para conocer:

1. De los procesos penales que se sigan contra los Embajadores, los Cónsules, los Viceministros de Estado, los Magistrados de los Tribunales Superiores, el Defensor del Pueblo, los Fiscales Superiores, el Director y Subdirector de la Policía Nacional, los Directores y Gerentes de Entidades Autónomas y Semiautónomas y quienes desempeñan cualquier otro cargo con mando y jurisdicción en todo el territorio de la República o en dos o más provincias que no formen parte de un mismo distrito judicial.

2. Una diputada participa en el ciclo de entrevistas de los que van a ser magistrados de la corte, a sabiendas de que los magistrados son los que juzgan a los diputados, conforme a la constitución y a la ley. ¿Es ético esto?

Galería de los diputados


Sería bueno, crear una galería de los diputados en Panamá, con realce en su
actuación en el tiempo, así:

1. Sección del Kama Sutra. Destinado para aquellos diputados que facilitaron la
conversión de un lugar del parlamento, en un lugar de solaz personal privado.

2. Sección del Tránsfuga. Destinado para aquellos que decidieron inscribirse en
un partido político, al cual no pertenecían cuando fueron electos.

3. Sección del Arlequín. Destinado para aquellos que se caracterizaron por sus
gracias permanentes.

4. Sección del Yes Man. Destinado
para todos aquellos que se la pasaron aprobando las líneas que les mandaban,
sin pensar en el electorado.

5. Sección del Inculto. Destinado para aquellos diputados que no se expresaban
bien en sus intervenciones, destruyendo el idioma de Cervantes.


6. Sección del Vulgar. Destinado para aquellos que promovieron obscenidades.

7. Sección del Artista. Destinado para aquellos que salieron de un medio de
comunicación hacia el parlamento, pero que nadie se acuerda de sus ejecutorias
como diputados.
8. Sección del Paviolo. Destinado
para aquellos que faltaban al parlamento, pero que cobraban puntualmente su
sueldo.

9. Sección del Negociante. Destinado para aquellos que habiendo invertido una
fortuna en sus campañas, sólo decían que cobraban únicamente, su salario
mensual.

10. Sección de Trabajador Honrado. Destinado para los padres de la patria, que
si cumplieron su misión de hacer leyes adecuadas para el país.


11. Sección del Mudo. Destinado para aquellos, que pudiendo hablar, nunca se
les oyó hablar en el parlamento nada.


12. Sección del Pendenciero. Destinado para aquellos que fueron notables, por
la violencia que practicaron.

13. Sección del Opositor. Destinado para aquellos que se oponían a toda idea
que no viniera de su partido, aunque fuera buena la misma.

14. Sección del Acaudalado. Destinado para aquellos, que se la pasaban
regalando bienes, a cuanto elector hubiese en su circuito.

15. Sección del Olvidadizo. Destinado para aquellos diputados que nunca
propusieron ni una sola ley, aunque el elector los eligió para hacer normas.

16. Sección de Los Eternos.
Destinados a aquellos padres de la patria que llevan décadas siendo diputados y
que no creen en el relevo generacional.

Constitucionalmente no se pueden vender los terrenos del fondo de mar

Medios de comunicación social informan, que en
Panamá se están haciendo construcciones sobre el fondo de mar. Estas acciones
son contrarias a derecho; deben cesar y los funcionarios que pudieron haber avalado
esto, deben ser investigados por el Ministerio Público.
Se deja claro que ningún relleno de
fondo de mar, se puede dar en venta, por un impedimento constitucional.

CONSTITUCIÓN

“ARTICULO 258. Pertenecen al Estado y son de uso público y, por consiguiente,
no pueden ser objeto de apropiación privada:


1. El mar territorial y las aguas lacustres y fluviales, las playas y riberas
de las mismas y de los ríos navegables, y los puertos y esteros. Todos estos bienes
son de aprovechamiento libre y común, sujetos a la reglamentación que
establezca la Ley.
2. Las tierras y las aguas destinadas
a servicios públicos y a toda clase de comunicaciones.

3. Las tierras y las aguas destinadas o que el Estado destine a servicios
públicos de irrigación, de producción hidroeléctrica, de desagües y de
acueductos.

4. El espacio aéreo, la plataforma continental submarina, el lecho y el
subsuelo del mar territorial.

5. Los demás bienes que la Ley defina como de uso público. En todos
los casos en que los bienes de propiedad privada se conviertan por disposición
legal en bienes de uso público, el dueño de ellos será indemnizado.”
JURISPRUDENCIA
El Pleno de la Corte Suprema de
Justicia de Panamá, en el caso ICA, en sentencia de 30 de diciembre de 2004,
resolvió un tema parecido profiriendo que: “Si se está rellenando un bien de
dominio público como lo es el lecho marino, no es coherente indicar que estos
rellenos automáticamente se transforman en bienes patrimoniales. De ser así, el
Estado perdería una de sus más importantes potestades, como lo es la
disposición que tiene el anterior con respecto a los bienes de dominio público.


Si el Estado permite que los rellenos
que se hagan sobre bienes de dominio público sean propiedad privada, estará
perdiendo parte del patrimonio y de los elementos constitutivos del Estado,
como lo es el mar territorial, playas, el lecho marino, etc.
En Sentencia de la Sala Tercera de la
Corte de 28 de agosto de 2012, en el caso del Hotel Miramar y los
estacionamientos soterrados,  que fueron rellenos de fondo de mar, dijo
que si es viable contratar en CONCESIÓN, los rellenos, (no se habló de VENTA).
Un permiso de construcción,  no puede derogar lo precisado por la
Constitución, pues sería, inconstitucional, el hecho arbitrario.

La justicia selectiva en Panamá

Mi percepción
ciudadana, es que en Panamá, la justicia es selectiva en algún sentido.

Factores que influyen:

1. El político.  Algunas personas investigadas, por la comisión de
supuestos delitos están en preventiva mientras que otros investigados, por
casos similares, no.

Conforme a la ley, nadie puede ser sometido a medidas cautelares serias, si no
existen graves indicios de responsabilidad en su contra.

Código Judicial
Artículo 2140.
Cuando se proceda por delito que
tenga señalada pena mínima de cuatro años de prisión y
esté  acreditado el delito y la vinculación del imputado, a través de un
medio probatorio que produzca certeza jurídica de ese acto y exista, además,
posibilidad de fuga, desatención al proceso, peligro de destrucción de pruebas,
o que pueda atentar contra la vida o salud de otra persona o contra sí mismo,
se decretará su detención preventiva.
El problema de las medidas cautelares
es que cada funcionario de instrucción, a su prudente arbitrio, las impone a
veces de manera, hasta desproporcionada y sin honrar la uniformidad en muchos
casos. 

2. El moral. Por una misma investigación de un hecho, a unos indagados se les
ha impuesto una medida cautelar más severa, mientras que a otros no.

3. El social. Los hijos del pueblo, que cometen infracciones, no gozan del
domicilio preventivo transitorio, que los acaudalados investigados gozan.

El perfil del magistrado

Se hace viable
considerar muy bien el perfil que deben tener, los próximos Magistrados de la
Corte, que se nombren en el futuro, para que procuren levantarle la imagen a
ese órgano del Estado.

En mi opinión, quedaría el status actual debilitado incólume, si se escogen
para tales cargos, a las personas que le sean más conocidas al Presidente o a
sus allegados, de acuerdo a lo que si permite, la Carta Magna patria actual.

Mientras tanto, sería saludable ponderar el perfil mínimo, que a mi criterio,
debería tener un magistrado de la corte suprema en Panamá.

·         Méritos académicos.
Debiera tener al menos, varios títulos académicos. El de licenciatura es sólo
uno básico en nuestros tiempos.
·         Docencia
universitaria. Debiera tener experiencia, en la enseñanza de la ciencia del
derecho a nivel universitario.
·         No debiera ser
huérfano en ensayos y  publicaciones de autoría propia, en temas de
derecho.
·         Debiera tener méritos
de ética profesional comprobada.
·         Debe contar con
méritos propios de proyección humana ante la sociedad.

·         Debe comprometerse
a hacer pública su lista de bienes (de propiedad de la familia inmediata), de
manera voluntaria y anualmente.

La notificación en el SPA

Las
notificaciones de las partes, en el Sistema Penal Acusatorio (SPA), se harán
por regla general en estrados.
Si
la parte, el interviniente o la persona citada no comparecen, se entenderá
hecha la notificación, salvo que justifique fuerza mayor o caso fortuito.
La
notificación de las decisiones que no sean adoptadas en audiencia se realizará
por telegrama, teléfono, fax, correo
electrónico o cualquier medio idóneo
. Al privado de libertad se le
notificará personalmente en su sitio de detención.
La
Oficina Judicial llevará el registro de las notificaciones.
Efectos
de la notificación. Ninguna resolución judicial puede comenzar a surtir efectos
antes de haberse notificado legalmente a las partes.
¿Qué
sucedería si un notificado no se apersona a un proceso requerido?
La
persona imputada que ha sido requerida y no comparezca sin justa causa, la que
se evada del establecimiento en donde esté detenida, así como la que no es
presentada oportunamente por su fiador, a pesar de habérsele hecho a esta el requerimiento
correspondiente, o de la que se ignora su paradero, será declarada en rebeldía y se expedirá orden de detención si
procediera.
La
ausencia de la persona imputada no afectará la fase de investigación y quedará suspendida
la prescripción de la acción penal hasta que dicha persona sea aprehendida o comparezca.
¿Cuál
es la autoridad que pudiera ordenar la detención de algún diputado, declarado
en rebeldía?
El
Pleno de la Corte Suprema de Justicia, a requerimiento del fiscal de la causa, únicamente.
El juez de garantías, no puede hacerlo, cuenta habida, que no está habilitado
por la ley, para tal acto.
Código
Procesal Penal.

Artículo 490. Medidas
cautelares. En la fase de investigación y en la fase de juicio, corresponderá
al Pleno de la Corte Suprema de Justicia autorizar la aplicación de toda medida
cautelar restrictiva de la libertad del Diputado y la que ordene aprehensión o
secuestro contra los bienes de estos.  

Cambios en la administración de justicia

Se hace viable
considerar muy bien el perfil que deben tener, los próximos Magistrados de la
Corte, que se nombren en el futuro, para que procuren levantarle la imagen a
ese órgano del Estado.

En mi opinión, quedaría el status actual debilitado incólume, si se escogen
para tales cargos, a las personas que le sean más conocidas al Presidente o a
sus allegados, de acuerdo a lo que si permite, la Carta Magna patria actual.

Mientras tanto, sería saludable ponderar el perfil mínimo, que a mi criterio, debería
tener un magistrado de la corte suprema en Panamá.

·        
Méritos académicos. Debiera tener al menos, varios títulos académicos.
El de licenciatura es sólo uno básico en nuestros tiempos.
·        
Docencia universitaria. Debiera tener experiencia, en la enseñanza de la
ciencia del derecho a nivel universitario.
·        
No
debiera ser huérfano en ensayos y  publicaciones de autoría propia, en temas de derecho.
·        
Debiera tener méritos
de ética profesional comprobada.
·        
Debe
contar con méritos propios de proyección humana ante la sociedad.

·        
Debe comprometerse a hacer pública su lista de bienes (de propiedad de
la familia inmediata), de manera voluntaria y anualmente.

La justicia selectiva en Panamá

Mi percepción ciudadana, es que
en Panamá, la justicia es selectiva en algún sentido.

Factores que influyen:

1. El político.  Algunas personas
investigadas, por la comisión de supuestos delitos están en preventiva mientras
que otros investigados, por casos similares, no.

Conforme
a la ley, nadie puede ser sometido a medidas cautelares serias, si no existen
graves indicios de responsabilidad en su contra.

Código Judicial
Artículo 2140.
Cuando se proceda por delito que
tenga señalada pena mínima de cuatro años de prisión y
esté  acreditado el delito y la vinculación del imputado, a través de un
medio probatorio que produzca certeza jurídica de ese acto y exista, además,
posibilidad de fuga, desatención al proceso, peligro de destrucción de pruebas,
o que pueda atentar contra la vida o salud de otra persona o contra sí mismo,
se decretará su detención preventiva.
El problema de las medidas cautelares
es que cada funcionario de instrucción, a su prudente arbitrio, las impone a
veces de manera, hasta desproporcionada y sin honrar la uniformidad en muchos
casos. 

2. El moral. Por una misma investigación de un hecho, a unos indagados se les
ha impuesto una medida cautelar más severa, mientras que a otros no.

3. El social. Los hijos del pueblo, que cometen infracciones, no gozan del
domicilio preventivo transitorio, que los acaudalados investigados gozan.