Archive en marzo 2016

Vuelve el voto en plancha

Las reformas electorales fueron presentadas por el Tribunal Electoral, el 18 de enero de 2016 ante la Asamblea Nacional. Es el Proyecto de Ley No. 292, a debatirse en los próximos días.
Se aprobó las formas de votación y de adjudicación de curules en los circuitos plurinominales. Se reincorpora el “voto plancha” y también se deja la opción del “voto selectivo”.
En cuanto a la forma de adjudicación de curules, se aprobó restar del residuo electoral el medio cociente de los partidos que han obtenido el cociente y el medio cociente, es decir a los que ya han obtenido escaños en la Asamblea, y esto lo que busca es darle, según la CNRE, más participación a las minorías.
La idea del voto en plancha a mi juicio, es un retroceso de nuestro sistema electoral, debido a lo siguiente:

 

  1. Elimina el principio de cada votante un voto.
  2. Pone en desventaja al candidato de las minorías partidarias e
  3. Fortalece la partidocracia. Algunos otros temas beneficiosos para los partidos, son los siguientes: Logró mantener el 1% de los ingresos corrientes del gobierno central presupuestados en el año anterior al de las elecciones, como la fuente del financiamiento público correspondiente al periodo de cinco años que correrá de 2019-2024; de la contribución del Estado para el financiamiento previo de las elecciones, del 60% del total de este financiamiento, sólo a los de libre postulación le corresponderá el 2%, lo demás a los partidos; hizo que permaneciera la fórmula para escoger a los diputados centroamericanos, (en el orden en que fueron postulados por los partidos) en donde en elector no podrá escoger directamente a sus candidatos.

 

La selectividad en las auditorías de la Contraloría

De manera inaudita la Contraloría General,  con la Nota No. 22-16-DS de 28 de marzo de 2016, de manera elegante le informa al Procurador de la Administración que para realizar las auditorías  rogadas sobre los contratos públicos, ejecutados por la empresa Odebrecht, requiere le proporcione una serie de información  que debe entenderse que es de competencia de la misma Contraloría y no del señor Procurador en cita.

La Contraloría ibídem le informa que realizará las acciones “una vez nos suministre (el Procurador) la información requerida”.

La Ley No. 32 de 1984, publicada en la Gaceta Oficial Nº 0188 del 20 de noviembre de 1984, desarrolla las funciones de la Contraloría General  que debe realizar per se, (sin la supeditación de la investigación previa de otro ente del Estado) y entre las cuales, está la siguiente:

“Realizará inspecciones e investigaciones tendientes a determinar la corrección o incorrección de las operaciones que afecten patrimonios públicos y, en su caso, presentará las denuncias respectivas. Estas investigaciones pueden iniciarse por denuncia o de oficio, cuando la Contraloría lo juzgue oportuno…”

Si se analiza esta respuesta  con la desatención de la Resolución del 12 de marzo de 2015, del PLENO de la Corte Suprema de Justicia, que exteriorizó que le corresponde a la Contraloría General de la República el exigir la rendición de cuentas por el manejo de los fondos o bienes públicos a los 71 diputados que administraron las partidas circuitales en el quinquenio 2009-2014 y que al día de hoy, la Contraloría General no ha hecho nada al respecto, se podría concluir que la Contraloría General practica hoy una especie de selectividad en las auditorías y esto no es conveniente para el manejo transparente de los fondos y bienes públicos.

Hay que elevar la imagen de la Asamblea Nacional

 

A continuación, algunas sugerencias para elevar la imagen del llamado primer Órgano del Estado en Panamá.

  1. Que los Diputados de la Asamblea Nacional, por su condición de servidores públicos, a quienes se les confió la asignación de partidas circuitales en el pasado, le rindan cuentas al país, del manejo de dichos fondos.
  2. Que limiten los llamados viajes en misiones oficiales hacia el extranjero, por parte de los Diputados, salvo los que sean estrictamente necesarios.
  3. Que eleven el tono en sus discursos.
  4. Que modifiquen las normas de tal manera, que se permita el descuento del sueldo a los diputados que no van a las sesiones y limiten los privilegios que gravitan en pos de ellos.
  5. Que practiquen la tolerancia.
  6. Que evacuen las denuncias que existen contra los magistrados de la corte prontamente, conforme a lo que el derecho dispone.
  7. Las bancadas deben formarse una mejor identidad propia que sirva de contrapeso al Órgano Ejecutivo, cuando corresponda.
  8. Que le hagan entender al pueblo, por medio de sus actos, que los diputados no son una clase privilegiada, sino servidores al servicio del Estado.
  9. Que los Diputados fortalezcan los valores personales llevándolos al servicio público, ya que como son formadores de opinión, debieran ser dignos de imitar por la ciudadanía.
  10. Que los Honorables Diputados, sean portavoces en la Asamblea Nacional, del querer de la comunidad que los eligió, aunque esto vaya en contra de los propios intereses personales y/o partidarios.

Las causas de la justicia selectiva en Panamá

 

  1. La politización de la justicia. A veces la justicia responde sólo a casos
  2. La falta de capacidad de los organismos encargados de administrar la
  3. La falta de unificación en los organismos rectores, para la imposición de
    las medidas cautelares.
  4. La falta de rendición de cuentas de las autoridades, hacía la ciudadanía.
  5. Las instituciones penales y penitenciarias, no funcionan bien.
  6. La falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades, cuando se
    conoce por los medios de comunicación social, que se ha resquebrajado el orden legal.
  7. La falta de integridad de los operadores judiciales e investigativos.

 

El precio en el contrato público y el sobrecosto

Un sobrecosto, también conocido como un incremento de costo o sobrepasar el presupuesto, es un costo inesperado que se incurre por sobre una cantidad presupuestada debido a una subestimación del costo real durante el proceso de cálculo del presupuesto. (Enciclopedia Libre).

Es obligatorio para los servidores públicos, el establecer en las compras públicas, un buen precio, para lograr el mayor beneficio para el Estado, de acuerdo a lo que dispone la Constitución, en su artículo 266.

Establecer un precio inflado, es ilegal y delictivo.

¿Cómo se establece generalmente, el precio de referencia, en un proyecto u obra?

Las unidades administrativas suelen buscar varios precios del producto, en el mercado, hacen una mediana y lo suben un poco, de manera responsable, (como buen padre de familia)  para alentar al oferente, a que participe en los actos públicos programados. Nunca debe inflarse desproporcionadamente un precio, pues sería un sobrecosto.

La Corte, dijo lo siguiente, sobre el tema de las adquisiciones públicas a buen precio:

 El mayor beneficio para el Estado debe ser apreciado no sólo desde la perspectiva del más bajo costo posible sino también de la mejor calidad en cuanto a la obra, bien o servicio de que se trate. Igualmente, ese mayor beneficio  que el Constituyente quiere que se alcance a través del trámite de selección de contratista, del cual, se repite, la licitación es sólo una de sus modalidades, debe permitir la escogencia objetiva de la mejor oferta, hecha por proponentes calificados con credenciales de seriedad y cumplimiento para asegurar las condiciones más beneficiosas al interés general.” Resolución del 27 de abril de 2009. Entrada No. 172-08.

La contratación directa, de ningún modo exime del cumplimiento de precisar de antemano, un buen precio, para el producto, que se pretende recibir de un particular.  Mismo que se debe hacer, de acuerdo a los valores reales del mercado, de manera referente.

Los funcionarios que incumplen su labor, sobre este tema,  podrían sufrir los rigores de un proceso administrativo, penal y patrimonial en su contra. Los particulares beneficiados, podrían estar obligados a devolverle al Estado el monto del sobrecosto, si media una sentencia en su contra, del Tribunal de Cuentas.

La Ley No. 32 de 1984, publicada en la Gaceta Oficial Nº 0188 del 20 de noviembre de 1984, desarrolla las funciones de la Contraloría General y entre las cuales, está la siguiente:

“Realizará inspecciones e investigaciones tendientes a determinar la corrección o incorrección de las operaciones que afecten patrimonios públicos y, en su caso, presentará las denuncias respectivas. Estas investigaciones pueden iniciarse por denuncia o de oficio, cuando la Contraloría lo juzgue oportuno…”

La Contraloría debe empezar a auditar de oficio, contratos y obras ejecutadas, tildadas de escandalosas,   para ver si gravitan  o no, sobrecostos.

Reseña de la Jurisprudencia Desarrollada por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en Materia de Libertad de Expresión  

 

Papel de los medios de comunicación social en la libertad de expresión

Así, si en principio la libertad de expresión requiere que los medios de comunicación social estén virtualmente abiertos a todos sin discriminación, o, más exactamente, que no haya individuos o grupos que, a priori, estén excluidos del acceso a tales medios, exige igualmente ciertas condiciones respecto de éstos, de manera que, en la práctica, sean verdaderos instrumentos de esa libertad y no vehículos para restringirla. Son los medios de comunicación social los que sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión, de tal modo que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad. Para ello es indispensable, inter alia, la pluralidad de medios, la prohibición de todo monopolio respecto de ellos, cualquiera sea la forma que pretenda adoptar, y la garantía de protección a la libertad e independencia de los periodistas.

Periodismo y libertad de expresión

Dentro de este contexto el periodismo es la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión del pensamiento y, por esa razón, no puede concebirse meramente como la prestación de un servicio al público a través de la aplicación de unos conocimientos o capacitación adquiridos en una universidad o por quienes están inscritos en un determinado colegio profesional, como podría suceder con otras profesiones, pues está vinculado con la libertad de expresión que es inherente a todo ser humano.

Caracteres y dimensiones de la libertad de expresión

En su dimensión social la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones y para la comunicación masiva entre los seres humanos. Así como comprende el derecho de cada uno a tratar de comunicar a los otros sus propios puntos de vista implica también el derecho de todos a conocer opiniones y noticias. Para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros como el derecho a difundir la propia.

Libertad de expresión y el derecho a proteger el derecho a la honra y dignidad de las personas

“…Por tal motivo la Comisión no puede aceptar el punto de vista del Gobierno de Chile en el sentido de que el derecho al honor tendría una jerarquía superior que la que tiene el derecho a la libertad de expresión”.

Libertad de expresión y democracia
La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública.

Libertad de expresión, censura previa y responsabilidades ulteriores

En virtud de los razonamientos expuestos la Comisión considera que la decisión de prohibir la entrada, la circulación y la distribución del libro “Impunidad diplomática”, en Chile, infringe el derecho a difundir “informaciones e ideas de toda índole” que Chile está obligado a respetar como Estado Parte en la Convención Americana. Dicho en otros términos, tal decisión constituye una restricción ilegítima del derecho a la libertad de expresión, mediante un acto de censura previa, que no está autorizado por el artículo 13 de la Convención.

Fuente: El Relator/OEA. http://www.cidh.oas.org/annualrep/98span/Volumen%20III%20Capitulo%202.htm#27

El Tránsfuga

El nombre del  “Tránsfuga” en la política panameña, se le endilga a aquella persona, que abandona un ideal profesado, por una canonjía o por un beneficio prometido, y en tal sentido, pacta con otras fuerzas políticas del momento, ya sea para coadyuvar o con la fuerza gobernante o con el brazo opositor que procure dificultar la labor del que gobierna.

 

El transfuguismo tiene lugar no solo dentro de los partidos políticos, cuando uno emigra de un colectivo a otro, sino también cuando un independiente, se alinea con un partido político constituido.

 

Es un asunto de valores y suele ubicarse al tránsfuga, dentro del ejercicio de la traición.

 

Existen varias circunstancias por las que motivan a los políticos, el abandonar
una causa defendida por otra nueva;  y no todo cambio debe considerarse censurable. Ejemplo, discordia con la jefatura de un partido, asunto de discriminación etc.; es cuando la dimisión se da por motivo fútil, cuando se convierte en objetable el mismo, al menos dentro de una parte de la sociedad, que percibe la mudanza, por la simple recepción de un beneficio particular.

 

Es el elector, es el que valorará si le da el espaldarazo a un tránsfuga o
no, y como sociedad debemos respetar la voluntad popular que ha elegido a quien quiso que lo gobernara.

 

(Un traidor es un hombre que dejó su partido para inscribirse en otro. Un
convertido es un traidor que abandonó su partido para inscribirse en el
nuestro. Georges Clemenceau (1841-1929) Político y periodista francés).

El estado fallido judicial en Panamá

El término estado fallido se utiliza  para describir a un Estado que, se considera, ha fallado en las garantías de sus servicios básicos fundamentales.

En el campo de lo judicial en Panamá  se circunscribe a la ausencia de castigo procesal en las causas de alto perfil.

A mi juicio, la República de Panamá transita hacia un estado fallido judicial, en las causas de alto perfil.

Evidencias que motivan el planteamiento.

  1. Los casos contra los Diputados, en la corte suprema de justicia, se
    demoran en exceso.
  2. Las denuncias y/o querellas contra los magistrados de la corte suprema de justicia, que están radicadas en la Asamblea Nacional, no avanzan rápidamente en su atención.
  3. Algunas personas de alto perfil, involucrados en la otrora administración pública cuestionada, no son sometidos a los rigores procesales, como otros, en similares causas.
  4. Los hijos del pueblo, que cometen infracciones, no gozan de las mismas medidas cautelares y de domicilio preventivo transitorio, que los de alto perfil investigados.
  5. El señor contralor, no ha auditado aún la administración de las partidas circuitales, para saber si alguien tendría que comparecer en el futuro ante la justicia, para responder por sus actos.
  6. La Corte Suprema de Justicia en PLENO, ha determinado que el Tribunal Electoral es el ente idóneo para juzgar, los delitos electorales, independientemente de quien sea el infractor de la norma electoral,  en acatamiento a lo que dispone el artículo 143 constitucional, sin embargo, la jurisdicción electoral se resiste en ejecutar este mandato en el caso de los Diputados.

La reactivación del Pacto de Estado por la Justicia, urge para tocar este tema, en pro del mejoramiento de la justicia, de manera pacífica.

OBSERVACIONES al Proyecto de ley No. 305 de 2016, que pretende reformar la Ley 22 de 2006 que regula la contratación pública.

 

  1. Crea una súper figura pública, la Dirección General de Contrataciones Públicas, que puede imponer multas de hasta un 30% del salario bruto mensual del servidor que se considere responsable de infraccionar la normativa, pero no se contemplan los recursos que correspondan contra la decisión.
  2. Relaja la seriedad en la presentación de la propuesta, al punto de permitirse la subsanación de aquellos documentos no aportados, siempre y cuando no se trate de documentos ponderables.
  3. Afecta la libre empresa dedicada a la capacitación, debido a que sólo la Dirección General de Contrataciones Públicas, será la única habilitada para certificar las horas de capacitación al año, de los funcionarios de compras.
  4. Incapacita para contratar con los nacionales condenados por delitos en Panamá, más allá del tiempo de la inhabilitación que da un juzgado penal.
  5. Aumenta el monto de la contratación menor hasta los 50,000.00, en donde los requisitos de exigencias, son mínimos.
  6. Reduce el monto para la fianza de recurso de impugnación al 10%, para los bienes y servicios, haciendo viable la proliferación de recursos en el Tribunal.
  7. Aumenta los días hábiles para notificar un acto en el sistema virtual, de un día a dos días ahora con la reforma.
  8. Relaja la seriedad en la presentación de la propuesta, al punto de permitirse la subsanación de aquellos documentos no aportados, siempre y cuando no se trate de documentos ponderables.
  9. Puede crear un caos en la salud pública, ya que todos los actos públicos de medicamentos, podrían ser impugnados y suspendidos a la libre, por la sola interposición de un recurso de impugnación.
  10. Podría demorar la ejecución presupuestaria, ya que por la interposición de un recurso, se suspendería todo, hasta contar con el fallo final del caso.
  11. Incapacita para contratar, el haber sido condenado por delitos en Panamá, por sentencia judicial definitiva, no así en el extranjero.
  12. En la Licitación por Mejor Valor no se pone el puntaje mínimo necesario, para poder adjudicar.
  13. En el procedimiento especial de contratación, se facilita la renovación del contrato a perpetuidad, cuyos montos no excedan de 300,000.00 por razones de normalización o por la necesidad de asegurar la compatibilidad con los bienes, el equipo, la tecnología o los servicios.
  14. Impide el subcontrato para los inhabilitados, obstaculizando la viabilidad futura de la subrogación del contrato, para las aseguradoras que generalmente subcontratan a los que se les ha resuelto el contrato.
  15. Impone un silencio administrativo positivo en favor de la administración, ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, funesto para la decencia en las adjudicaciones de los actos públicos.
  16. No establece sanciones para las entidades que no cumplan las decisiones del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas.

 

 

 

Las auditorias de la Contraloría

En sentencia del PLENO de la Corte Suprema de Justicia del 3 de julio de 2014, se determinó que las únicas auditorias que tienen valor para acreditar un delito contra la administración pública, son las que hace la Contraloría.

Este era el caso de la denuncia que se presentó por unas publicaciones que se hicieron en los medios, por el resultado de la auditoría privada hecha a los programas del otrora  FIS.

La Corte dijo:

“Ahora bien, tratándose de la presunta comisión de un delito Contra La Administración Pública, en la modalidad de Peculado, es necesario indicar que para acreditar la existencia de un faltante o perjuicio patrimonial a las finanzas del Estado, es menester que la Contraloría General de la República realice la auditoría correspondiente por intermedio de su personal idóneo, en este caso los auditores, quienes luego de concluida su investigación determinarán si efectivamente se ha cometido un hecho irregular que produjo como resultado una lesión al patrimonio del Estado, y quiénes estarían relacionados a esa irregularidad…”.

Por lo ante expuesto, afirmo que ni las auditorias privadas ni las que pudiera hacer cualquier otro ente público, ajeno a la Contraloría General,  tienen contundencia para acreditar un ilícito como plena prueba, por consiguiente; la Contraloría debe esforzarse para cumplir al 100% su labor auditora, que la puede realizar de oficio o a pedido de parte.

La Ley No. 32 de 1984, publicada en la Gaceta Oficial Nº 0188 del 20 de noviembre de 1984, desarrolla las funciones de la Contraloría General y entre las cuales, está la siguiente:

“Realizará inspecciones e investigaciones tendientes a determinar la corrección o incorrección de las operaciones que afecten patrimonios públicos y, en su caso, presentará las denuncias respectivas. Estas investigaciones pueden iniciarse por denuncia o de oficio, cuando la Contraloría lo juzgue oportuno…”