Archive en abril 2016

Improcedencia de la reforma de contratación pública

 

Ha sido avalado en la Asamblea Nacional, el proyecto de Ley 305, que modifica las normas de contratación pública.

 

  1. El crear la figura de un emperador en el área de contratación pública, tiene visos de inconstitucionalidad, a mi juicio. El proyecto de ley 305 violenta el principio de la separación de poderes, posibilitando a la Dirección General de Contrataciones Públicas, un ente público de rango legal, para sancionar con multas por el equivalente al 30% del salario bruto, inclusive, a funcionarios públicos, sin limitación, incluyéndose en estos, perfectamente, a los que ostentan rango constitucional, como por ejemplo; a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, (del Órgano Judicial) la Contralora General (de la Contraloría General de la República), los Procuradores (del Ministerio Público), la Defensora del Pueblo (de la Defensoría del Pueblo), etc., si consideran que estos, a su juicio amplio, han violado las normas  de contratación pública.

 

  1. El proyecto de ley 305 minimiza la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, cuando este tratado tiene superior jerarquía; ya que posibilita contratar con empresas sentenciadas por corrupción en el extranjero, violando el tratado en cuestión. Conforme a la Ley 15 de 2005, que aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Panamá no debiera contratar con personas naturales o jurídicas corruptas, en el ámbito local ni internacional.

 

Artículo 34 Consecuencias de los actos de corrupción.

Con la debida consideración de los derechos adquiridos de buena fe por terceros, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará medidas para eliminar las consecuencias de los actos de corrupción. En este contexto, los Estados Parte podrán considerar la corrupción un factor pertinente en procedimientos jurídicos encaminados a anular o dejar sin efecto un contrato o a revocar una concesión u otro instrumento semejante, o adoptar cualquier otra medida correctiva.

La presunción de inocencia

El principio de presunción de inocencia, según la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, establece que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que la carga de la prueba recae en la parte acusadora. (Corte IDH. Caso Ricardo Canese vs. Paraguay).

Del consabido principio, se deriva la obligación estatal de no restringir la
libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para
asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia. (Corte IDH. Caso Suárez Rosero vs.
Ecuador).

Nuestra Carta Magna dice en su artículo 22, que las personas acusadas de haber cometido un delito, tienen derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad en juicio público, que le haya asegurado todas las garantías establecidas para su defensa.

La Corte IDH en el caso Lori Berenson vs. Perú, dijo que la Convención Americana de los Derechos Humanos exige que el Estado no condene informalmente a una persona o emita juicio ante la sociedad, contribuyendo así a formar una opinión pública, mientras no se acredite conforme a la ley, la responsabilidad penal de aquella.

Debe quedar claro, que las medidas cautelares que afectan, entre otras, la
libertad personal del procesado tienen un carácter excepcional, ya que se
encuentran limitadas por el derecho a la presunción de inocencia y los
principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática. (Corte IDH. Caso Palamara Iribarne vs. Chile).

El hecho de que en Panamá, un 60 por ciento de los privados de libertad, no cuentan con sentencias condenatorias en firme, refuerza la tesis de que en mi país, se encuentra debilitado el principio de presunción de inocencia.

Delirio a lo panameño

Es carente de sentido común lo siguiente:

 

  1. Que a personas investigadas, por la misma comisión de supuestos delitos, estén con medidas cautelares graves unos y otros investigados no.
  2. Que los hijos del pueblo, que cometen infracciones, no gozan
    de las mismas medidas cautelares y de domicilio preventivo transitorio, que los de alto perfil investigados.
  3. Que los casos contra los diputados, en la Corte Suprema de Justicia, se
    demoran en exceso.
  4. Que las denuncias contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que están radicadas en la Asamblea Nacional, no avanzan rápidamente.
  5. Que el funcionario de instrucción, en el Ministerio Público, impone las medidas cautelares severas, sin honrar la uniformidad en muchos casos.
  6. Que no se han llenado aún,  las vacantes de los magistrados en
    la Corte Suprema de Justicia, que corresponden.
  7. Que el señor contralor, no ha auditado aún la administración de las
    partidas circuitales, para saber si alguien tendría que comparecer en el futuro ante la justicia, para responder por sus actos.
  8. Que algunas personas de alto perfil, involucrados en la otrora administración pública cuestionada, no son sometidos a los rigores procesales, como otros, en similares causas.

 

Posibles causas del desvarío.

 

  1. La politización de la justicia. A veces la justicia selectiva, responde sólo a casos concretos.
  2. La falta de capacidad de los organismos encargados de administrar la justicia.
  3. La falta de unificación en los organismos rectores, para la imposición de las medidas cautelares.
  4. Las instituciones penales y penitenciarias, no funcionan bien.
  5. La falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades, cuando se conoce por los medios de comunicación social, que se ha resquebrajado el orden legal.
  6. La falta de rendición de cuentas de las autoridades, hacía la ciudadanía.

La Transparencia en los Órganos del Estado

La transparencia en el Estado, significa dar a conocer la información de carácter público que radica en cada ente público. De igual forma, tiene que ver con la rendición de cuenta gubernamental.

¿Por qué no somos transparentes, como humanos?

A lo mejor, porque tenemos algo que esconder y en el Estado la omisión, afecta la imagen fuertemente.

Razones de la falta de transparencia, pueden ser varias, como por ejemplo; el miedo, arrogancia, falla en la ponderación de valores, ignorancia, dificultad para cumplir las metas, etc., pero lo que sí es cierto, que esta falencia, puede generar “actos de corrupción” que debe evitarse.

En una reciente encuesta de la empresa Dichter & Neira en Panamá, se determinó un índice negativo de la  transparencia del gobierno, en donde un 75% de los encuestados, piensan que hay poca a ninguna transparencia.

La honestidad debe obligar a tomar medidas radicales ya.

Los cambios de las medidas cautelares

Los cambios que ha hecho el órgano judicial sobre algunas medidas cautelares severas establecidas por el Ministerio Público, podría significar que está mitigando los excesos cometidos por éste, de manera poco profesional.

El hecho de que en Panamá, un 60 por ciento de los privados de libertad, no cuentan con sentencias condenatorias en firme, refuerza la tesis de que en mi país, se encuentra debilitado el principio de presunción de inocencia.

Nuestra Carta Magna dice en su artículo 22, que las personas acusadas de haber cometido un delito, tienen derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad en juicio público, que le haya asegurado todas las garantías establecidas para su defensa.

Del consabido principio, de presunción de inocencia, se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia. (Corte IDH. Caso Suárez Rosero vs. Ecuador).

La corrupción

 

Dejar de luchar, por culpa de la corrupción que hay en tu alrededor, es como cortarte el cuello porque hay barro afuera. Nicolae Iorga

 

Para ir mitigando cada día más, el flagelo de la corrupción, pudiéramos hacer lo que sigue, en mi concepto:

 

  1. Una mejor rendición de cuenta de parte de los funcionarios que ejercen mando y jurisdicción.

 

  1. Una ideal política de transparencia en el uso de los fondos públicos y divulgación de esa información al ciudadano.

 

  1. Una mejor fiscalización de parte de la Contraloría, sobre los actos de manejo de fondos y bienes públicos.

 

  1. Una mejor política jurídica en cuanto a las adquisiciones de bienes y
    servicios.

 

  1. Una adecuada estrategia de información, sobre la necesidad de cultivar los valores, en la comunidad.

 

  1. Una política gubernamental que tienda a fortalecer a la familia, como el principal núcleo en la sociedad.

 

  1. Permitir en mejor medida a la sociedad, a que participe en calidad propositiva, en las políticas de estado.

 

  1. Incentivar al funcionario a que cumpla el código de ética de su entidad y a las empresas particulares a crearlo.

 

  1. Fortalecer las vías, para que los medios de comunicación social, puedan seguir divulgando, sin presión alguna,  los hallazgos que encuentre, de manera veraz y objetiva.

 

  1. Incentivar a las empresas a que premien, cada cierto tiempo, la bondad y la honradez de sus empleados.

Lo negativo de  las reformas a la ley de contratación pública

 

El Proyecto de Ley No. 305 de 18 de febrero de 2016 ha sido aprobado en primer debate en la Asamblea Nacional y espera los próximos debates en el futuro inmediato.

  1. Crea una súper figura pública, la Dirección General de Contrataciones Públicas, que puede imponer multas de hasta un 30% del salario bruto mensual del servidor que se considere responsable de infraccionar la normativa.
  2. Relaja la seriedad en la presentación de la propuesta, al punto de permitirse la subsanación de aquellos documentos no aportados, siempre y cuando no se trate de documentos ponderables.
  3. Afecta la libre empresa dedicada a la capacitación, debido a que sólo la Dirección General de Contrataciones Públicas, será la única habilitada para certificar las horas de capacitación al año, de los funcionarios de compras.
  4. Aumenta el monto de la contratación menor hasta los 50,000.00, en donde los requisitos de exigencias, son mínimos.
  5. Reduce el monto para la fianza de recurso de impugnación al 10%, para los bienes y servicios, haciendo viable la proliferación de recursos en el Tribunal.
  6. Aumenta los días hábiles para notificar un acto en el sistema virtual, de un día a dos días ahora con la reforma.
  7. Relaja la seriedad en la presentación de la propuesta, al punto de permitirse la subsanación de aquellos documentos no aportados, siempre y cuando no se trate de documentos ponderables.
  8. Podría demorar la ejecución presupuestaria, ya que por la interposición de un recurso, se suspendería todo, hasta contar con el fallo final del caso.
  9. Incapacita para contratar, el haber sido condenado por delitos en Panamá, por sentencia judicial definitiva, no así en el extranjero.
  10. Crea un sistema centralista de las compras en la Dirección General de Contrataciones Públicas, para los convenios marco.

Radiografía de algunos políticos panameños

 

  1. El político Serrucho. Es el que le pone la zancadilla a su semejante para escalar.
  2. El político Novelista. Es el que promete cosas que nunca cumplirá.
  3. El político Santa Claus. Lo único que sabe hacer es regalar, para mantenerse en vigencia.
  4. El político Boxeador. Es el que quiere obtener y/o mantener un buen puesto, por medio de
    la fuerza física y bruta.
  5. El político Amoroso. Es el que besa y aprieta a las personas sólo para que lo vean y le tomen fotos.
  6. El político Alzheimer. Es el que se le olvida, las cosas malas que hizo en el pasado.
  7. El político Walt Disney. Es el que divulga una clase de proyectos irreales para cumplir, que entran dentro del género de la fantasía.
  8. El político mal clon de Martin Luther King. Es el que se la pasa soñando y
    diciendo que sueña cosas, para procurar acceder a un puesto y no despierta a la
    realidad.
  9. El político Pacman. Es el que recoge plata de donde sea, para sus intereses
    propios, sin importarle la ilicitud del mismo.
  10. El político Tutankamón. Es el político que vive pensando que
    estará en un puesto a perpetuidad, por lo que nunca piensa y estará de acuerdo
    con el relevo generacional.
  11. El político Envenenado. Es el político que siempre habla mal de todo y no ve nada bueno en el país.
  12. El político Estadista. Es el político que trabaja con una visión de futuro para su país.
  13. El político Laborioso. Es el político que trabaja por el bien del país, por vocación.
  14. El político Botella. Es el que acepta un nombramiento y cobra, sin prestar el servicio al cual ha sido designado.
  15. El político Tránsfuga. Es aquella persona, que abandonó un ideal profesado, por una canonjía o por un beneficio prometido.
  16. El político Taquilla. Es el que aprovecha las circunstancias, de modo, tiempo y lugar en el país, para figurar públicamente.

Los papeles de Panamá

El hecho público y notorio antes citado, ha sacado a la luz, la frágil sanción que gravita contra de los Defraudadores del Fisco en Panama.

Lamentablemente hasta el día de hoy, la defraudación fiscal no es delito, sino una falta administrativa.

Sería sana, su tipificación delictiva.

Código Fiscal panameño.

Artículo 752.- Defraudación fiscal – Definición.

Incurre en defraudación fiscal el contribuyente que se halle en alguno de los casos siguientes, previa comprobación de los mismos:

 

  1. El que simule un acto jurídico o pérdidas que implique omisión parcial o total del pago de los impuestos.

 

  1. El que declare ante las autoridades fiscales ingresos o utilidades menores que los realmente obtenidos o haga deducciones falsas en las declaraciones presentadas para fines fiscales.

 

  1. El que no entregue a las autoridades fiscales, dentro del plazo señalado en el requerimiento legal de pago, las cantidades retenidas por concepto de impuesto.

 

  1. El que se resista a proporcionar a las autoridades fiscales los datos necesarios para la determinación de la renta gravable o los proporcione con falsedad.

 

  1. El que para registrar sus operaciones contables lleva dolosamente, con distintos asientos o datos, dos (2) o más libros similares autorizados o no.

 

  1. El que por acción u omisión voluntaria, destruye o semidestruye, dejando en estado de ilegibilidad los libros de contabilidad.

 

  1. El que sustituye o cambie las páginas foliadas de sus libros de contabilidad o utilice las encuadernaciones o las páginas en que conste la legalización de los mismos.

 

  1. El que de cualquier otro modo defraude o trate de defraudar al Fisco por razón de este impuesto.

 

  1. El que se preste como cómplice, padrino o encubridor para ayudar a efectuar algunas de las acciones establecidas en los ordinales anteriores.

 

  1. El que haga declaraciones falsas para acogerse al régimen fiscal previsto en el Artículo 699-a de este Código o para obtener cualquier otro incentivo, exención, desgravación, deducción o crédito fiscal.

 

La defraudación fiscal de que trata este Artículo se sancionará con multa no menor de cinco (5) veces ni mayor de diez (10) veces la suma defraudada, o arresto de un (1) mes a un (1) año, excepto cuando tenga señalada una sanción especial en los Artículos siguientes de este Capítulo. Cuando el contribuyente tenga un cómplice, padrino o encubridor, la pena será dividida por partes iguales.

 

En España  se tipifica como delito la defraudación fiscal. El artículo 305 del Código Penal establece que comete este delito, el que por acción u omisión defrauda a la Hacienda Pública.

 

Artículo 305

El que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de ciento veinte mil euros será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía,

…”

 

Dejo claro que si las conductas desplegadas no exceden la cifra antes escrita, se cometerá una infracción administrativa y no delito.

Considero que una de las formas de neutralizar las malas prácticas de la delincuencia de  cuello blanco internacional, es tipificando el delito de defraudación fiscal en Panamá.

Para tal fin, se requiere de voluntad, valentía y transparencia, debido a que se le estaría quitando el negocio a algunos “empresarios y profesionales” locales con mucho poder.

Radiografía de algunos políticos panameños

 

  1. El político Serrucho. Es el que le pone la zancadilla a su semejante para escalar.
  2. El político Novelista. Es el que promete cosas que nunca cumplirá.
  3. El político Santa Claus. Lo único que sabe hacer es regalar, para mantenerse en vigencia.
  4. El político Boxeador. Es el que quiere obtener y/o mantener un buen puesto, por medio de
    la fuerza física y bruta.
  5. El político Amoroso. Es el que besa y aprieta a las personas sólo para que lo vean y le tomen fotos.
  6. El político Alzheimer. Es el que se le olvida, las cosas malas que hizo en el pasado.
  7. El político Walt Disney. Es el que divulga una clase de proyectos irreales para cumplir, que entran dentro del género de la fantasía.
  8. El político mal clon de Martin Luther King. Es el que se la pasa soñando y
    diciendo que sueña cosas, para procurar acceder a un puesto y no despierta a la
    realidad.
  9. El político Pacman. Es el que recoge plata de donde sea, para sus intereses
    propios, sin importarle la ilicitud del mismo.
  10. El político Tutankamón. Es el político que vive pensando que
    estará en un puesto a perpetuidad, por lo que nunca piensa y estará de acuerdo
    con el relevo generacional.
  11. El político Envenenado. Es el político que siempre habla mal de todo y no ve nada bueno en el país.
  12. El político Estadista. Es el político que trabaja con una visión de futuro para su país.
  13. El político Laborioso. Es el político que trabaja por el bien del país, por vocación.
  14. El político Botella. Es el que acepta un nombramiento y cobra, sin prestar el servicio al cual ha sido designado.