Archive en junio 2016

Retos de la Asamblea Nacional

El próximo 1 de julio del año en curso,  inicia una nueva legislatura en la Asamblea Nacional de Panamá.

Retos inmediatos que tiene éste Órgano del Estado, por delante:

  1. El de no entregarse abiertamente a los designios del poder ejecutivo, para servir de contrapeso, cuando corresponda.
  2. El de reformar con transparencia, las nuevas reglas electorales.
  3. El de ponderar con criterio propio, el veto presidencial, sobre la nueva normativa de contratación pública en Panamá.
  4. El desempolvar las denuncias que reposan en la comisión de credenciales, sobre los magistrados de la Corte Suprema de justicia.
  5. El minimizar los viajes al extranjero, por parte de los diputados, en aparente misión oficial.

9 Sugerencias para elevar la imagen de la Asamblea Nacional

 

  1. Que limiten los llamados viajes en misiones oficiales hacia el extranjero, por parte de los Diputados, salvo los que sean estrictamente necesarios.
  2. Que eleven el tono en sus discursos.
  3. Que modifiquen las normas de tal manera, que se permita el descuento del sueldo a los diputados que no van a las sesiones y limiten los privilegios que gravitan en pos de ellos.
  4. Que practiquen la tolerancia.
  5. Que evacuen las denuncias que existen contra los magistrados de la corte prontamente, conforme a lo que el derecho dispone.
  6. Las bancadas deben formarse una mejor identidad propia que sirva de contrapeso al Órgano Ejecutivo, cuando corresponda.
  7. Que le hagan entender al pueblo, por medio de sus actos, que los diputados no son una clase privilegiada, sino servidores al servicio del Estado.
  8. Que los Diputados fortalezcan los valores personales llevándolos al servicio público, ya que como son formadores de opinión, debieran ser dignos de imitar por la ciudadanía.
  9. Que los Honorables Diputados, sean portavoces en la Asamblea Nacional, del querer de la comunidad que los eligió, aunque esto vaya en contra de los propios intereses personales y/o partidarios.

La deteriorada administración de justicia

 

Las razones por las cuales nuestra administración de justicia (Ministerio Público y Órgano Judicial)  está deteriorada, a continuación:

  1. La falta de capacidad de los organismos encargados de administrar la justicia.
  2. La falta de unificación en los organismos rectores, para la imposición de las
    medidas cautelares.
  3. La falta de rendición de cuentas de las autoridades, hacía la ciudadanía.
  4. Las instituciones penales y penitenciarias, no funcionan bien.
  5. La falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades, cuando se conoce por los medios de comunicación social, que se ha resquebrajado el orden legal.
  6. La justicia selectiva.
  7. Carencia de integridad en algunos funcionarios.

El supremo derecho del periodista

¿Qué supremo derecho tiene el comunicador de su expresión?

El de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el difundirlas, por cualquier medio de expresión. (Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos).

¿Que no deben hacer, los gobernantes contra el medio y/o el comunicador?

El restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos. (Artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos).

 

La protección de los derechos del nacional

Quien suscribe no conoce al ciudadano panameño, Mayer Mizrachi Matalón ni a ninguno de sus familiares, razón por lo cual con independencia opino que nuestra representación diplomática, no actuó como buenos padres de familia en este caso, por lo que tiene que hacer los ajustes del caso para que a ningún otro panameño le pase este tipo de percance en el extranjero.

 

Que dice la Carta Magna

 

ARTICULO 17. “Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley.

 

Los derechos y garantías que consagra esta Constitución, deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona”.

 

Esto quiere decir, sobre este caso,  que nuestra delegación nacional en la Colombia, una vez supo que fue revocada la orden de detención y la solicitud de extradición del prenombrado,  por parte del órgano judicial panameño, debió haber verificado en sitio, la efectividad de la medida adoptada por nuestro Tribunal y al parecer no lo hizo.

 

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 29 de abril de 2015, determinó sobre la interpretación que le daba al artículo 17 constitucional; que esa norma, no sólo establece la obligación que tienen las autoridades de proteger en su vida, honra y bienes a quienes se encuentren bajo su jurisdicción,  sino el deber que tienen las autoridades de sujetarse al orden (constitucional y legal) y de asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales.

La imagen del gobierno en percepción

 

Recomendaciones para procurar una mejor imagen gubernamental, a continuación:

 

  1. Que cese la justicia selectiva.
  2. Que se cumplan las promesas electorales anunciadas.
  3. Que se reactive la economía a un mejor ritmo.
  4. Que cese la proliferación de viajes de los funcionarios.
  5. Que baje la canasta básica.
  6. Que se fortalezca la seguridad ciudadana.
  7. Que conozcamos a los funcionarios que ejercen mando y jurisdicción, por sus obras ejecutadas.
  8. Que se fortalezcan los valores en la sociedad, empezando por campañas en los medios de comunicación, auspiciados por el gobierno.
  9. Mejor transparencia y rendición de cuentas en el manejo de la cosa pública.
  10. Un mejor sistema normativo, de adquisiciones de bienes y servicios de manera transparente.
  11. Que se conjuguen planes creíbles y prácticos para minimizar la desigualdad económica y de género.
  12. Que se fortalezca la libertad de expresión, en todas sus facetas, sin improperios a los comunicadores sociales y a los periodistas que desempeñan sus funciones.
  13. Que el Ejecutivo respete con sus acciones, la separación de los otros poderes del Estado.
  14. Que se impulse una política gubernamental que tienda a fortalecer a la familia, como el principal núcleo en la sociedad.

¿Y qué hacemos con la justicia?

Que alguien me explique por favor, por qué  a personas investigadas, por la misma comisión de supuestos delitos, estén en detención preventiva unos y otros investigados no.
Que alguien me explique por favor, por qué  los hijos del pueblo, que cometen infracciones, no gozan de las mismas medidas cautelares y de domicilio preventivo transitorio etc., que los de alto perfil investigados.

 

Que alguien me explique por favor, por qué  los casos contra los Diputados, en la corte suprema de justicia, se demoran en exceso.

 

Que alguien me explique por favor, por qué  las denuncias contra los magistrados de la corte suprema de justicia, que están radicadas en la Asamblea Nacional, se engavetaron.

 

Que alguien me explique por favor, por qué  el funcionario de instrucción, en el Ministerio Público, impone las medidas cautelares severas, sin honrar la uniformidad en muchos casos.

 

Que alguien me explique por favor, por qué algunas personas de alto perfil, involucrados en la otrora administración pública cuestionada, no son sometidas a los rigores procesales, como otros, en similares causas.

 

Posibles razones.

La politización de la justicia. A veces la justicia selectiva, responde sólo a casos concretos.

La falta de capacidad de los organismos encargados de administrar la justicia.

La falta de unificación en los organismos rectores, para la imposición de las medidas cautelares.

La falta de rendición de cuentas de las autoridades, hacia la ciudadanía.

Las instituciones penales y penitenciarias, no funcionan bien.

La falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades, cuando se conoce por los medios de comunicación social, que se ha resquebrajado el orden legal.

 

Enriquecimiento Injustificado

El enriquecimiento injustificado tiene lugar cuando el servidor público o ex servidor público, durante el desempeño de su cargo o dentro del año siguiente al término de sus funciones, se encuentre en posesión de bienes, sea por sí o por interpuesta persona natural o jurídica, que sobrepasen los declarados o los que probadamente superen sus posibilidades económicas, y no pueda justificar su origen.

También se considera enriquecimiento injustificado, cundo no pueda justificar la extinción de obligaciones.

Para determinar el enriquecimiento injustificado, se tomará en cuenta:

  1. La situación patrimonial del investigado.
  2. La cuantía de los bienes objeto del enriquecimiento injustificado, en relación con sus ingresos y gastos ordinarios.
  3. La ejecución de actos que revele falta de probidad en el ejercicio del cargo y que guarde relación causal con el enriquecimiento injustificado.
  4. Las ventajas económicas derivadas de la celebración o ejecución de contratos u otros actos de manejo, con entidades públicas

Quienes deben hacer, declaración jurada de bienes, de acuerdo a la ley 59 de 1999 y la Constitución.

El Presidente y los Vicepresidentes de la República, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los tribunales ordinarios y especiales, el Procurador General de la Nación y el de la Administración. Los Jueces, los Ministros y Viceministros de Estado, el Contralor General y el Subcontralor General de la República, el Presidente de la Asamblea Legislativa, los Rectores y Vicerrectores de universidades oficiales, los Directores Generales, y los Gerente o Jefes de entidades autónomas, los Directores Nacionales y Provinciales de los servicios de policía, el Defensor del Pueblo y, en general, todos los empleados y agentes de manejo conforme al Código Fiscal, deben presentar, al inicio y al término de sus funciones, declaración jurada de su estado patrimonial, mediante escritura pública, la cual deberán hacer en el término de diez días hábiles, a partir de la toma de posesión del cargo y a partir de la separación.

El notario ante quien se presente la declaración jurada de estado patrimonial, realizará esta diligencia sin costo alguno y deberá conservarla en su protocolo.

El servidor público declarante deberá enviar copia auténtica de su declaración, a la Contraloría General de la República. El Ministerio de Economía y Finanzas y la autoridades jurisdiccionales, podrán solicitar al respectivo notario copia autenticada de la declaración del servidor público de que esta se trate, para los efectos legales pertinentes.

Tipo Penal

Enriquecimiento Injustificado en el código penal panameño

Artículo 351. El servidor público que, personalmente o por interpuesta persona, incremente indebidamente su patrimonio respecto a los ingresos legítimos obtenidos durante el ejercicio de su cargo y hasta cinco años después de haber cesado en el cargo, y cuya procedencia lícita no pueda justificar será sancionado con prisión de tres a seis años.

La pena será de seis a doce años de prisión si lo injustificadamente obtenido supera la suma de cien mil balboas (B/.100,000.00.)

La misma sanción se aplicará a la persona interpuesta para disimular el incremento patrimonial no justificado.

Para efectos de esta disposición, se entenderá que hay enriquecimiento injustificado, no solo cuando el patrimonio se hubiera aumentado con dinero, cosas o bienes, respecto a sus ingresos legítimos, sino también cuando se hubieran cancelado deudas o extinguidas obligaciones que lo afectaban.

Prueba fundamental en este caso.

Lo sería la declaración que dio la persona ante la Contraloría General, al momento de asumir el cargo público y las certificaciones sobre las propiedades actuales.

El veto presidencial sobre la contratación pública

El excelentísimo señor presidente de la República de Panama, Juan Carlos Varela vetó parcialmente los artículos 1, 24, 33, 35, 36, 50, 66 y 77 del proyecto de Ley 305,  que reforma la Ley 22 de 2006, que regula la contratación pública y dicta otras disposiciones, por inconveniencia.

A mi juicio el veto bajo comentario es confuso y debilita la transparencia y la coherencia debida del caso, por lo siguiente:

Debilidad sobre la transparencia.

Minimiza la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; ya que posibilita (por omisión)  que se siga contratando con empresas sentenciadas por corrupción en el extranjero, violando el tratado en cuestión.

Conforme a la Ley 15 de 2005, que aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Panamá no debiera contratar con personas naturales o jurídicas corruptas, en el ámbito local ni internacional.

 Artículo 34 Consecuencias de los actos de corrupción.

Con la debida consideración de los derechos adquiridos de buena fe por terceros, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará medidas para eliminar las consecuencias de los actos de corrupción. En este contexto, los Estados Parte podrán considerar la corrupción un factor pertinente en procedimientos jurídicos encaminados a anular o dejar sin efecto un contrato o a revocar una concesión u otro instrumento semejante, o adoptar cualquier otra medida correctiva.

 

Además, procura mantener que el precio estimado, en la Licitación por Mejor Valor con Evaluación Separada, se encuentre en un sobre cerrado y no se publique previamente como se hace en el resto de los actos públicos.

Poca coherencia lógica.

Si la decisión del Mandatario se basó en la supuesta inconveniencia del artículo 1 del proyecto 305, el cual no contiene las disposiciones inicialmente propuestas en lo referente a la adquisición de bienes, servicios y obras, en especial, del sector de la salud pública, ni las introducidas en el primer debate en la Asamblea, por coherencia debió vetar también, el artículo que dice que todos los recursos de impugnación se conceden en el efecto suspensivo, pero no lo hizo. En tal sentido, si se prohíja el veto,  todas las compras de medicamentos podrían quedar paralizadas, por los recursos que se pudieran interponerse libremente.

Vuelve el voto en plancha

En sentencia de 28 de abril del año en curso, notificada por edicto el 17 de junio de 2016, que puede localizarse en el link:  http://ernestocedeno.com/VotoPlancha_.pdf el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, declaró inconstitucional la frase “La votación se realizará selectivamente, por un elector un voto. Por cada persona, votante o elector, se contará un voto,” del código electoral. Magistrado ponente: Abel Zamorano.

 

La Corte dijo:

“Al establecer la Constitución Política la existencia de circuitos plurinominales, está diciéndoles a los votantes que la representación de ellos es plural y por lo tanto, deben tener derecho a votar por la totalidad de su representación. El votante en un circuito uninominal vota por la totalidad de su representación (que es uno), mientras que el votante de un circuito plurinominal debe poder votar por la totalidad de su representación (que puede ser 2, 3, 4, etc.). El criterio que se expone por algunas personas de una persona, un voto, solo tendría validez jurídica en el país si todos los circuitos fueran uninominales”.

 

Sustento válido del fallo.

  1. La norma tachada no respetaba la instrucción constitucional que divide los circuitos en uninominales y plurinominales.
  2. La norma objetada le restringía al ciudadano, su poder de elegir individual o colectivamente a sus candidatos donde se disputan varias curules.
  3. Todos los ciudadanos tienen derecho a tantos votos como curules se disputan, pues todos los ciudadanos tienen derecho a un voto, selectivo o en plancha.
  4. Con la norma impugnada se promovía inconscientemente el clientelismo político de los aspirantes, distanciándose de los principios políticos de su partido, en detrimento del principio de colectividad que inspira las normas que sobre el sufragio están en la Constitución.

La importancia de este fallo radica en ponderar la decisión de la corte sobre un tema, que debería fijar el lineamiento a seguir, en la futura reforma electoral a discutirse en los próximos meses en la Asamblea Nacional de Diputados. Por lo antes expuesto, debe ser potable el voto cruzado.