Archive en julio 2016

Lo que no debe hacer la Asamblea Nacional de Panamá

 

  1. Aprobar un presupuesto general del Estado, en donde consta una reducción unilateral del gobierno a las partidas de la Administración de Justicia. Esto no se puede hacer, al tenor de lo que dispone el Artículo 214 constitucional.

 

Constitución.

ARTICULO 214. La Corte Suprema de Justicia y el Procurador General de la Nación formularán los respectivos Presupuestos del Órgano Judicial y del Ministerio Público y los remitirán oportunamente al Órgano Ejecutivo para su inclusión en el proyecto de Presupuesto General del sector público.

 

  1. Reproducir lo declarado inconstitucional por la Corte en la ley de contratación pública y en tal sentido, no puede salir a la vida jurídica el Artículo 50  del Proyecto de Ley 305, ( que introduce el nuevo Artículo 66-A de la Ley 22 de 2006) que pretende modificar la ley de contratación pública y que no ha sido vetado por el Poder Ejecutivo, en donde reproduce prácticamente todo lo tachado por la Corte e introduce una opción de contratación libre adicional y es la posibilidad de contratar de a dedo, los servicios legales cuyo monto no exceda la suma de tres millones de balboas, para atender demandas ante tribunales extranjeros.

 

Constitución.

ARTICULO 163. Es prohibido a la Asamblea Nacional:

  1. Expedir leyes que contraríen la letra o el espíritu de esta Constitución.

  1. Mantener engavetadas las denuncias que existen contra los magistrados de la corte. Debe evacuarlas de acuerdo al debido proceso y a la transparencia.

 

  1. Oponerse a la modificación de las normas, que permitan el descuento del sueldo a los diputados que no van a las sesiones.

 

  1. Permanecer sin identidad propia que sirva de contrapeso al Órgano Ejecutivo, cuando corresponda.

Finmeccanica S.p.A., el gran ganador con el Acuerdo

 

Es un hecho público y notorio que el Gobierno de la República de Panamá y Finmeccanica S.p.A., (con sus filiales Selex ES S.p.A, Agusta Westland S.p.A. y Telespazio, S.p.A.), lograron un acuerdo tendiente a superar los conflictos surgidos por razón de los contratos firmados en 2010.

De la lectura del Acuerdo suscrito entre Finmeccanica S.p.A., y el gobierno de Panama,  se desprende que el gran ganador con el mismo, es el conglomerado italiano:

  1. Finmeccanica S.p.A., logró seguir con los contratos de los Helicópteros y el Mapa Digital, como si nada hubiera pasado.
  2. Logra que conste por escrito que no cometió irregularidad en la calidad de los radares.
  3. Le permite seguir haciendo negocios con el Estado.
  4. Sólo se retiraran los radares que aún no han sido instalados.
  5. Finmeccanica S.p.A., le reconoce un crédito de 29 millones de euros al Estado, sólo por el término de un año y para equipos que proporciona éste.
  6. Las disputas relacionadas con este Acuerdo, no se resolverán en los tribunales, sino por arbitraje, administrado por la Cámara de Comercio Internacional.

En el acuerdo se pactó la donación del helicóptero- ambulancia.

En cuanto al tema de las comisiones por los “contratos de promoción comercial” que fueron en su momento pactados con la sociedad Agafia Corp. la empresa asegura que dicha comisión no fue pagada. Panamá sostiene que las mismas representan un sobrecosto en el precio acordado. Por ello, como prueba de su interés de poner fin a toda controversia y de restablecer las relaciones comerciales entre ambas partes, Finmeccanica S.p.A. traspasará, a título gratuito, un helicóptero ambulancia a la República de Panamá para ser utilizado en labores de rescate y ayuda humanitaria, cuyo valor es de Euro 8.1 millones”.

 Sugerencias a la Asamblea Nacional

 

  1. Que limiten los llamados viajes en misiones oficiales hacia el extranjero, por parte de los Diputados, salvo los que sean estrictamente necesarios.
  2. Que eleven el tono en sus discursos.
  3. Que modifiquen las normas de tal manera, que se permita el descuento del sueldo a los diputados que no van a las sesiones y limiten los privilegios que gravitan en pos de ellos.
  4. Que practiquen la tolerancia.
  5. Que evacuen las denuncias que existen contra los magistrados de la corte prontamente, conforme a lo que el derecho dispone.
  6. Las bancadas deben formarse una mejor identidad propia que sirva de contrapeso al Órgano Ejecutivo, cuando corresponda.
  7. Que le hagan entender al pueblo, por medio de sus actos, que los diputados no son una clase privilegiada, sino servidores al servicio del Estado.
  8. Que los Diputados fortalezcan los valores personales llevándolos al servicio público, ya que como son formadores de opinión, debieran ser dignos de imitar por la ciudadanía.
  9. Que los Honorables Diputados, sean portavoces en la Asamblea Nacional, del querer de la comunidad que los eligió, aunque esto vaya en contra de los propios intereses personales y/o partidarios.

Efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de contrataciones públicas

El PLENO de la Corte Suprema de Justicia acaba de declarar inconstitucionales varios artículos de la ley de contratación pública en Panamá, a ruego del suscrito demandante.

Efectos inmediatos y mediatos del fallo, a continuación:

Inmediatos.

El Estado no podrá contratar libremente, de a dedo y sin autorización de algún ente público, para lo siguiente:

  1. Para las adquisiciones de suministros, servicios u obras que guarden relación con la seguridad ciudadana, presidencial y del Estado.
  2. Las contrataciones interinstitucionales que celebre el Estado.
  3. Los contratos que constituyen simple prorroga de arrendamiento de bien o servicios ya existentes, cuyos montos no exceden de trescientos mil balboas (B/ 300,000.00).
  4. Las contrataciones celebradas con un mismo proveedor, para un mismo objeto contractual, cuya cuantía anual no sobrepase los cien mil balboas (B/ 100,000.00).

A su vez el Estado no podrá, antes de recibir propuestas, cancelar la convocatoria del acto público sin mayor fundamentación, pues esto es a todas luces contrario al deber de motivación del acto administrativo que tienen las autoridades públicas que hacer en resguardo de la garantía del debido proceso legal.

 

Mediatos.

Como quiera que las decisiones de la Corte proferidas en materia de inconstitucionalidad, son finales, definitivas y obligatorias, la Asamblea Nacional no debe reproducir lo declarado inconstitucional por la Corte y en tal sentido, no puede salir a la vida jurídica el Artículo 50  del Proyecto de Ley 305, (introduce el nuevo Artículo 66-A de la Ley 22 de 2006) que pretende modificar la ley de contratación pública y que no ha sido vetado por el poder ejecutivo, en donde reproduce prácticamente todo lo tachado por la Corte e introduce una opción de contratación libre adicional y es la posibilidad de contratar de a dedo, los servicios legales cuyo monto no exceda la suma de tres millones de balboas, para atender demandas ante tribunales extranjeros.

El Pleno de la Corte declara inconstitucionales artículos de la ley de contratación pública de Panama.

En sentencia de fecha de 18 de abril de 2016, pero que acaba de ser firmada por todos los magistrados, el Pleno de la Corte declara inconstitucionales artículos de la ley de contratación pública de Panamá.

 

Quien suscribe fue el demandante.

 

Se declararon inconstitucionales los artículos 20, 22 (parágrafo), 28 y 29 de la Ley 48 de 2011 (hoy artículos 58, 62, 92 in fine y 93), de la ley de contratación pública.

 

Fundamento de la corte.

El artículo 20 de la Ley 48 de 2011 contempla que la entidad licitante podrá, antes de recibir propuestas, cancelar la convocatoria del acto público sin mayor fundamentación. Esta última frase, en la que se hace referencia a la cancelación de la convocatoria sin mayor fundamentación, es a todas luces contraria al deber de motivación del acto administrativo que tienen las autoridades públicas en resguardo de la garantía del debido proceso legal.

 

El siguiente cargo de violación guarda relación con la atribución que se hace al Ministro de la Presidencia o a favor de quien el delegue, para exceptuar del proceso de licitación publica las contrataciones relativas a la adquisición de suministros, servicios u obras relacionadas con funciones que no le son propias, como son la seguridad ciudadana y del Estado.

 

Desde esta perspectiva es claro, entonces, que la excepción consagrada en el artículo 22 de la Ley 48 de 2011 crea un privilegio desproporcionado e incoherente con los principios de mayor beneficio del interés público y plena justicia en la adjudicación, en virtud de que establece como único limite a la contratación, que la adquisición sea menor de tres millones de balboas, suma que resulta de tal amplitud que aleja de toda valoración objetiva y razonable la elección del contratista.

 

 

Finalmente, con relación a los artículos 82 y 82-A de la Ley 48 de 2011 (hoy articulo 92 in fine y 93), es de señalar que estas contemplan una regla de excepción en caso de contrato de consultoría y contratos de servicios de promoción y publicidad en el extranjero que también presentan claros vicios de inconstitucionalidad. Elio es así, dado que las mismas establecen un marco de injustificada amplitud para la selección de contratista en el caso de contratos de consultoría, de hasta un monto de trescientos mil balboas, y de hasta un monto de ochocientos mil balboas, en caso de contratos de servicios de promoción y publicidad para pautas publicitarias y relaciones públicas en el extranjero.

 

En el siguiente link, copia del fallo.

http://ernestocedeno.com/InconstitucionalidadLeyContratPublicas_.pdf

Si David Cameron fuera panameño

David Cameron anticipó su renuncia, luego del voto de los británicos en favor de que el Reino Unido abandone la Unión Europea.

¿Qué pasaría si David Cameron fuera panameño?

  • Se reiría de los resultados.
  • Se quedaría hasta el último día de su mandato, aunque hubiese perdido autoridad ante el elector.
  • Bloquearía en twitter a sus oponentes.
  • Utilizaría los recursos del Estado para hacer publicidad en los medios de comunicación, para proyectar lo bueno que ha sido.
  • Procuraría el favor económico de sus amigos, benefactores y copartidarios.
  • Arremetería contra algunos periodistas que difunden la verdad.
  • Levantaría un dossier de sus opositores.
  • Haría planes para volver a gobernar, luego de la veda del constitucional.
  • Promovería una estrategia para catapultar en alguna forma, a su núcleo político.
  • Fomentaría el desprestigio de sus oponentes a través de adláteres

La autoridad moral no es retenida por cualquier intento de aferrarse a ella. Viene sin buscar y se mantiene sin esfuerzo. Mahatma Gandhi.

El tribunal Electoral, juzga los delitos electorales en Panamá

 

La Corte Suprema de Justicia en PLENO, ha determinado que es el Tribunal Electoral el ente idóneo para juzgar, los delitos electorales, independientemente de quien sea el infractor de la norma electoral,  en acatamiento a lo que dispone el artículo 143 constitucional.

El PLENO en decisión del 30 de diciembre de 2015, en el expediente sobre el Diputado MIGUEL FANOVICH, dijo que: “tratándose de un proceso donde se tiene como fin establecer un posible delito electoral, le corresponde la competencia a la jurisdicción electoral, en atención a la norma magna, que es la regla o precepto de carácter fundamental, establecida para fijar los límites y define las filiaciones ente los poderes del Estado.”

“Las citadas normas-constitucional y legal- son claras en establecer que es ante el Tribunal Electoral  (sic) que se deben ventilar estos casos y no ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, quien mantiene competencia por los delitos comunes o faltas de policía y no por los electorales.”

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Electoral debe jugar su papel  sin más dilación, y proceder conforme lo ha declarado la Corte, toda vez  que las decisiones de la Corte son finales, definitivas y obligatorias, (artículo 206 constitucional).

No le es dable al Tribunal Electoral poner al soslayo por las razones que fueren,  la decisión que ha tomado el más alto Tribunal de Justicia en materia constitucional.

Urge un cambio en nuestra Asamblea Nacional de Diputados

La imagen del primer Órgano del Estado necesita de un cambio de timón enfocado para lo siguiente:

Modificar las normas de tal manera, que se permita el descuento del sueldo a los Diputados que no vayan a las sesiones.

Minimizar el otorgamiento generalizado por largos periodos, de las licencias de los principales Diputados, que les permite cobrar libremente sus sueldos.

Las bancadas deben formarse una mejor identidad propia que sirva de contrapeso al Órgano Ejecutivo, cuando corresponda.

Evacuar las denuncias que existen contra los magistrados de la Corte prontamente, conforme a lo que el derecho dispone.

Publicar en la página web de la Asamblea Nacional, los contratos por servicios especiales celebrados por instrucciones de los señores Diputados.

Impulsar iniciativas propias de interés ciudadano y darles el trámite de rigor que corresponda.

¿Se requiere una reforma constitucional?

Claro que sí, pues la Constitución en Panamá, es de corte militarista con acopio de varias reformas.

La reforma empero, debe hacerse de manera integral y no particularizada, de manera sui generis, porque podría mal interpretarse, el objeto del trabajo.

Cuál es el método que sugiero para tal propósito.

Por un Acto Constitucional aprobado en tres debates por la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, en una legislatura, y aprobado, igualmente, en tres debates, por mayoría absoluta de los miembros de la mencionada Asamblea, en la legislatura inmediatamente siguiente y sometido a la postre, a consulta popular directa mediante referéndum del pueblo. Artículo 313, numeral 2 de la Constitución.

Para que hubiese  la Asamblea Constituyente Paralela, se tendría que hacer una elección previa para elegir a 60 constituyentes, que por las naturaleza del proceso eleccionario en Panamá, se percibe que serían los partidos políticos los que arrasarían con los espacios, y luego de concluido el trabajo, tendría que ser sometido el trabajo, a un referéndum.

Económicamente el gasto sería alto, primero por el costo de la elección para los constituyentes, y por el otro, lo que costaría el referéndum con posterioridad. (Ver el artículo 314 constitucional). Intuyo que el poder Ejecutivo ha puesto de lado este método.

El método de la aprobación del texto reformado, por dos asambleas nacionales distintas, que permite la Constitución,  lo descarto por lo de la lejanía de su implementación. Artículo 313, numeral 1 Ibídem.

Se podría contar como insumo para la labor,  con el trabajo hecho por los notables, con la participación, claro está, de la ciudadanía que podría aportar sugerencias libremente, en el palacio legislativo.

Los problemas de la justicia panameña

El presidente de Panamá, Juan C. Varela, volvió a criticar la decisión del juez que liberó a un conocido pandillero.

Pero, ¿dónde está el problema de la justicia panameña, en el Ministerio Público o en el Órgano Judicial? A mi juicio en los dos entes, que requieren de una fuerte reingeniería.

Créanlo, si el Ministerio Público hace mal su trabajo, lo lógico es que el Órgano Judicial absuelva al investigado, honrando el debido proceso y la presunción de inocencia.

El hecho de que en Panamá, un 60 por ciento de los privados de libertad, no cuentan con sentencias condenatorias en firme, refuerza la tesis de que en mi país, se encuentra debilitado el principio de presunción de inocencia.

Los cambios que ha hecho el órgano judicial sobre algunas medidas cautelares establecidas por el Ministerio Público, podría significar que está mitigando los excesos cometidos por éste.

Priva que hayan auditorias forenses en toda la administración de justicia, para determinar dónde están las fallas (MP o OJ, o en ambos) y corregir el problema. Esto mientras se elabore una nueva Carta Magna, con reglas nuevas de funcionamiento.

 

Por otro lado, en Panamá si hay en mi concepto, lo que sigue:

 

  1. La politización de la justicia. A veces la justicia responde sólo a casos concretos.
  2. La falta de capacidad en algunos de los organismos encargados de administrar la justicia.
  3. La falta de unificación en los organismos rectores, para la imposición de las medidas cautelares.
  4. La falta de rendición de cuentas de las autoridades, hacía la ciudadanía.
  5. Las instituciones penales y penitenciarias, no funcionan bien.
  6. La falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades, cuando se conoce por algún medio, que se ha resquebrajado el orden legal.