Archive en julio 17, 2016

Efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de contrataciones públicas

El PLENO de la Corte Suprema de Justicia acaba de declarar inconstitucionales varios artículos de la ley de contratación pública en Panamá, a ruego del suscrito demandante.

Efectos inmediatos y mediatos del fallo, a continuación:

Inmediatos.

El Estado no podrá contratar libremente, de a dedo y sin autorización de algún ente público, para lo siguiente:

  1. Para las adquisiciones de suministros, servicios u obras que guarden relación con la seguridad ciudadana, presidencial y del Estado.
  2. Las contrataciones interinstitucionales que celebre el Estado.
  3. Los contratos que constituyen simple prorroga de arrendamiento de bien o servicios ya existentes, cuyos montos no exceden de trescientos mil balboas (B/ 300,000.00).
  4. Las contrataciones celebradas con un mismo proveedor, para un mismo objeto contractual, cuya cuantía anual no sobrepase los cien mil balboas (B/ 100,000.00).

A su vez el Estado no podrá, antes de recibir propuestas, cancelar la convocatoria del acto público sin mayor fundamentación, pues esto es a todas luces contrario al deber de motivación del acto administrativo que tienen las autoridades públicas que hacer en resguardo de la garantía del debido proceso legal.

 

Mediatos.

Como quiera que las decisiones de la Corte proferidas en materia de inconstitucionalidad, son finales, definitivas y obligatorias, la Asamblea Nacional no debe reproducir lo declarado inconstitucional por la Corte y en tal sentido, no puede salir a la vida jurídica el Artículo 50  del Proyecto de Ley 305, (introduce el nuevo Artículo 66-A de la Ley 22 de 2006) que pretende modificar la ley de contratación pública y que no ha sido vetado por el poder ejecutivo, en donde reproduce prácticamente todo lo tachado por la Corte e introduce una opción de contratación libre adicional y es la posibilidad de contratar de a dedo, los servicios legales cuyo monto no exceda la suma de tres millones de balboas, para atender demandas ante tribunales extranjeros.