Archive en agosto 2016

La discusión del veto

El excelentísimo señor presidente de la República de Panama, Juan Carlos Varela vetó parcialmente los artículos 1, 24, 33, 35, 36, 50, 66 y 77 del proyecto de Ley 305, que reforma la Ley 22 de 2006, que regula la contratación pública y dicta otras disposiciones, por inconveniencia.

La Asamblea Nacional en los próximos días, deberá enfrentar la discusión en cuestión.

No obstante, lo antes dicho, a mi juicio el proyecto de ley de marras es ineficiente, por lo siguiente:

 

  1. Crea una súper figura pública, la Dirección General de Contrataciones Públicas, que puede imponer multas de hasta un 30% del salario bruto mensual del servidor que se considere responsable de infraccionar la normativa, autoriza contratación directa hasta los B/. 300,000.00., hace convenio marco para lo que tenga a bien hacer.
  2. El proyecto de ley 305 minimiza la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, cuando este tratado tiene superior jerarquía; ya que posibilita contratar con empresas sentenciadas por corrupción en el extranjero, violando el tratado en cuestión.

Conforme a la Ley 15 de 2005, que aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Panamá no debiera contratar con personas naturales o jurídicas corruptas, en el ámbito local ni internacional.

Artículo 34 Consecuencias de los actos de corrupción.

Con la debida consideración de los derechos adquiridos de buena fe por terceros, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará medidas para eliminar las consecuencias de los actos de corrupción. En este contexto, los Estados Parte podrán considerar la corrupción un factor pertinente en procedimientos jurídicos encaminados a anular o dejar sin efecto un contrato o a revocar una concesión u otro instrumento semejante, o adoptar cualquier otra medida correctiva.

  1. Relaja la seriedad en la presentación de la propuesta, al punto de permitirse la subsanación de aquellos documentos no aportados, siempre y cuando no se trate de documentos ponderables.
  2. Afecta la libre empresa dedicada a la capacitación, debido a que sólo la Dirección General de Contrataciones Públicas, será la única habilitada para certificar las horas de capacitación al año, de los funcionarios de compras.
  3. Aumenta el monto de la contratación menor hasta los 50,000.00, en donde los requisitos de exigencias, son mínimos.
  4. Reduce el monto para la fianza de recurso de impugnación al 10%, para los bienes y servicios, haciendo viable la proliferación de recursos en el Tribunal.
  5. Aumenta los días hábiles para notificar un acto en el sistema virtual, de un día a dos días ahora con la reforma.
  6. Podría demorar la ejecución presupuestaria, ya que, por la interposición de un recurso, se suspenderá todo, hasta contar con el fallo final del caso.

Reformas electorales a la espera del debate en la Asamblea Nacional

El proyecto de ley que reforma el Código Electoral aún no es retomado por la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional y debiera hacerse lo más pronto posible para ir conociendo los nuevos cambios con tiempo. La demora es inexcusable e irresponsable.

 

La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, durante el presente periodo, deberá debatir el Proyecto de Ley No. 292 que presentó el presidente del Tribunal Electoral, que pretende reformar el código electoral.

Puntos relevantes del proyecto en cuestión.

  1. La única forma de financiar la propaganda electoral será con el financiamiento público.

 

  1. Los medios de comunicación no podrán donar tiempo ni espacio a ningún partido o candidato.

 

  1. Se pone un tope al gasto privado en que puede incurrir cada candidato según el tipo de cargo al que aspira, a razón de cincuenta centavos por elector en la jurisdicción en la que participa.

 

  1. Se permite el voto adelantado, para que algunas personas, puedan ejercer el sufragio con anticipación al resto de los ciudadanos, tal como lo han venido haciendo los panameños residentes en el exterior.

 

  1. Se implanta la equidad de género, de forma tal que la misma se aplicará ya no sólo a nivel de primarias, sino en las elecciones generales.

 

  1. Se reduce a la mitad el porcentaje para la formación y subsistencia de los partidos políticos, al bajarse de 4% al 2%.

 

  1. Los contratistas del Estado tampoco podrán hacer divulgación de las obras que están a su cargo en el mismo período.

 

  1. Revive el voto en “plancha”. En sentencia de 28 de abril del año en curso, notificada por edicto el 17 de junio de 2016, que puede localizarse en el link: http://ernestocedeno.com/VotoPlancha_.pdf, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, declaró inconstitucional la frase “La votación se realizará selectivamente, por un elector un voto. Por cada persona, votante o elector, se contará un voto,” del código electoral. Magistrado ponente: Abel Zamorano. La Corte dijo: “Al establecer la Constitución Política la existencia de circuitos plurinominales, está diciéndoles a los votantes que la representación de ellos es plural y por lo tanto, deben tener derecho a votar por la totalidad de su representación. El votante en un circuito uninominal vota por la totalidad de su representación (que es uno), mientras que el votante de un circuito plurinominal debe poder votar por la totalidad de su representación (que puede ser 2, 3, 4, etc.). El criterio que se expone por algunas personas de una persona, un voto, solo tendría validez jurídica en el país si todos los circuitos fueran uninominales”.

 

  1. La información correspondiente al origen de las contribuciones privadas, será de acceso público a través de la página web del Tribunal Electoral.

 

  1. Se promueve la presentación y divulgación de hojas de vida y planes de trabajo de los distintos candidatos a cargos de elección popular a fin de promover el voto informado.

 

  1. Habrán 2 debates presidenciales, bajo el auspicio del Tribunal Electoral.

 

  1. Se propone que al declararse la nulidad de una elección por falta de garantías legales y constitucionales, no se proceda con una nueva elección sino que se proclame a los candidatos que siguieron en votación a los impugnados.

 

  1. Con la reforma, una persona solamente se podrá postular a un cargo de elección popular.

 

  1. Los candidatos presidenciales de libre postulación, pueden postular candidatos a diputado centroamericano.

No obstante, no debe quedar de lado, algunos temas preocupantes que están en el proyecto de marras, pero que sólo benefician a los partidos grandes de manera grotesca.

 

  1. Se pone en rango de ley, el 1% de los ingresos corrientes del gobierno central presupuestados en el año anterior al de las elecciones, como la fuente del financiamiento público correspondiente al periodo de cinco años que correrá de 2019-2024. Mucho dinero del pueblo, para invertirlo en la política criolla habiendo tantas necesidades en el país. Huelga decir, que los partidos más grandes, serán los mayores beneficiados proporcionalmente, con la distribución del dinero.

 

  1. La contribución del Estado para el financiamiento previo de las elecciones, del 60% del total de este financiamiento, sólo a los de libre postulación le corresponderá el 2%, lo demás a los partidos.

 

  1. Permanece la fórmula para escoger a los diputados centroamericanos, (en el orden en que fueron postulados por los partidos) en donde el elector no podrá escoger directamente a sus candidatos.

 

 

  1. Se permitirá a los partidos formar alianzas temporales para todos los cargos de elección popular, “general o parcialmente”, sin que ello altere su organización interna.

 

Por otro lado, las reformas electorales contienen puntos que se apartan del tenor constitucional, a mi juicio, a saber: “La alternancia de género en una lista”.

La propuesta dice que: “La participación política se regirá por el principio de paridad, en todos los procesos electorales internos, generales y partidarios, que implica que todas las delegaciones, nóminas y demás órganos pares estarán integrados por el cincuenta por ciento (50%) de mujeres y el cincuenta por ciento (50%) de hombres y en delegaciones, nóminas u órganos impares, la diferencia entre el total de mujeres y hombres no podrá ser superior a uno. Todas las nóminas de elección utilizarán el mecanismo de alternancia por género (mujer-hombre u hombre-mujer), en forma tal que dos personas del mismo sexo no puedan estar en forma consecutiva en la nómina.

En las circunscripciones plurinominales, las postulaciones de precandidatos o precandidatas para todos los cargos a elegir serán cincuenta por ciento (50%) de mujeres y cincuenta por ciento (50%) de hombres, para principal y suplente, utilizando el sistema de alternancia de género, de forma tal que personas de un mismo sexo no estén consecutivas en la lista.

En las circunscripciones uninominales, toda postulación de precandidatos y precandidatas y candidatos y candidatas estará compuesta de un principal de un género, acompañada de un suplente del otro género”.

No obstante lo planteado, se afirma que en Sentencia del 6 de mayo de 2015, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia determinó que no se puede establecer en una ley, requisitos que desconozcan el contenido constitucional, como fuente suprema del ordenamiento jurídico y rectora del desarrollo de las demás leyes.  La Corte en el fallo en cita, también dijo que todo requisito para el ejercicio de los derechos políticos, debe ser congruente con los mandatos, valores y principios constitucionales.

La corrupción

“La corrupción es un mal más grande que el pecado. Más que ser perdonado, este mal debe ser curado” Papa Francisco.

 

Medidas a implementarse; podrían ser las siguientes:

Una mejor rendición de cuenta de parte de los funcionarios que ejercen mando

  • y jurisdicción.
  • Una mejor fiscalización de parte de la Contraloría, sobre los actos de manejo de fondos y bienes públicos.
  • Una mejor política jurídica en cuanto a las adquisiciones de bienes y
    servicios.
  • Una adecuada estrategia de información, sobre la necesidad de cultivar los
    valores, en la comunidad.
  • Una política gubernamental que tienda a fortalecer a la familia, como el
    principal núcleo en la sociedad.
  • Permitir en mejor medida a la sociedad, a que participe en calidad
    propositiva, en las políticas de Estado.
  • Incentivar al funcionario a que cumpla el código de ética de su entidad, practique practique valores y a las empresas particulares a promoverlos.
  • Fortalecer las vías, para que los medios de comunicación social, puedan
    seguir divulgando, sin presión alguna, los hallazgos que encuentre, de manera veraz y objetiva.
  • Motivar a los ministros de Estado y a todos los directores y administradores de entidades, a hacer pública su declaración jurada de bienes patrimoniales, para que el pueblo las fiscalice.
  • Que los funcionarios en la administración de justicia sean escogidos por méritos.
  • Que se fortalezcan las direcciones de auditorías internas en los entes públicos, dotandolas de la independencia funcional que el caso amerite.
  • Que se erradique la politización de la justicia y se suministre por lo tanto,  una real, transparente, objetiva  y efectiva certeza en el castigo a quien corresponda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La impunidad política

Se surten sendas acusaciones dentro de la jurisdicción electoral sobre la prescripción de delitos electorales, en favor  de políticos, por presuntos delitos electorales.

 

Es inadmisible que nuestro sistema favorezca la impunidad de políticos que ni siquiera le rendirán cuentas al país por la supuesta comisión de delitos electorales, que prescriben en tres años.

Código electoral.                                                                                                 Artículo 422. La acción penal y la pena prescriben de la siguiente manera:

  1. Para los delitos electorales, a los tres años.
  2. Para las faltas electorales, a los dos años.
  3. Para las faltas administrativas, al año.

 

Increíble es que hoy en día, nadie procesa a las personas de alto perfil por supuestos delitos electorales. La Corte Suprema de Justicia en PLENO, ha determinado que es el Tribunal Electoral el ente idóneo para juzgar, los delitos electorales, independientemente de quien sea el infractor de la norma electoral (diputado o no),  en acatamiento a lo que dispone el artículo 143 constitucional, no obstante, la jurisdicción electoral,  no hace nada al respecto hoy.

Por su parte, la Contraloría General que ni está auditando las partidas circuitales manejada por diputados otrora, ha sido objeto de críticas, por parte del Fiscal General Electoral, de que es lenta en el audito en los casos rutinarios de esta jurisdicción y por eso los procesos no avanzan.

De lo expuesto anteriormente, se desprenden dos hechos ciertos a saber:

  1. Hay impunidad política.
  2. Hay justicia electoral selectiva.

 

Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía. (Séneca. Filósofo latino)

El aumento de la tarifa en el Corredor Sur

El Consejo de Gabinete, con la Resolución No. 110 de 18 de agosto de 2016, aprobó nuevas tarifas en algunos puntos del Corredor Sur.

A mi juicio, el instrumento de marras nace a la vida jurídica con una debilidad: No fue consultada con la ciudadanía, como lo ordena el Artículo 24 de la Ley 6 de 2002.

Ley 6 de 2002

Artículo 24. Las instituciones del Estado en el ámbito nacional y local, tendrán la obligación de permitir la participación de los ciudadanos en todos los actos de la administración pública que puedan afectar los intereses y derechos de grupos de ciudadanos, mediante las modalidades de participación ciudadana que al efecto establece la presente Ley. Estos actos son, entre otros, los relativos a construcción de infraestructuras, tasas de valorización, zonificación y fijación de tarifas y tasas por servicios.

La finalidad de la participación ciudadana, según la Corte.

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 25 de mayo de 2016, expediente No. 9-12, con ponencia del magistrado Abel Augusto Zamorano, determinó la finalidad que tiene la participación ciudadana en nuestra sociedad, así:

“Y es que la participación ciudadana, no tiene como finalidad única informar al ciudadano de una gestión pública o saber su opinión en la adopción, sino que constituye un mecanismo de integración en los asuntos que les afectan como ciudadanos y como comunidad; un método de concienciación y evaluación de las opciones y decisiones que se pretenden adoptar; una forma de apoyo y seguimiento en la ejecución de la decisión y su efectivo cumplimiento; un medio para la educación sobre un tema en particular de interés general y sus distintas afectaciones; un espacio para que el ciudadano exprese y adopte su visión, lográndose niveles de consenso, compromiso y aceptación; y también lograr el objetivo de la transparencia en las decisiones que se adopten en un gobierno, facilitándose en cierta forma el desarrollo y una democracia participativa”.

En nuestra legislación, la participación ciudadana se encuentra regulada en la Ley 6 de 22 de enero de 2002, cuyo objetivo es hacer viable la transparencia en el ejercicio de la gestión pública.

De acuerdo la doctrina jurisprudencial de marras, la ley arriba citada, deja un amplio margen para que la Administración y la ciudadanía evalúen y precisen al momento de la realización de su gestión, cuáles otros actos debe imprimírsele este trámite obligante de participación ciudadana,  contando como parámetro que la temática suponga una posible afectación a los intereses y derechos de la colectividad.

Por lo antes expuesto, en mi concepto, el aumento de la tarifa en comentario, pudiera tener visos de ilegalidad.

Acuerdo de Barro Blanco

Ayer se anunció, la firma de un acuerdo definitivo con respecto al proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, ubicado en el distrito de Tolé.

No obstante, no se le ha mostrado al país el acuerdo que debe haber con la empresa concesionarios para ser potable tal convenio, máxime que la empresa GENISA manifiesta no avalar tal decisión.

Huelga añadir que un acuerdo sin la aprobación de la concesionaria, pudiera lesionar  la seguridad jurídica y el principio de legalidad que gravita en Panamá, a rango Supremo.
La Sala Tercera de la Corte, dijo en sentencia de 30 de abril de 2009 que: “El Estado por conducto de sus autoridades tiene sobre si la insoslayable obligación de no desarrollar actuaciones que puedan abrir paso al surgimiento de situaciones que debiliten la vigencia del principio de legalidad y afecten la estabilidad, certeza y previsibilidad del ordenamiento jurídico.”

 

(Cláusula de rescate administrativo de la concesión de Barro Blanco)

 

El contrato de concesión para el proyecto de Barro Blanco contiene la cláusula 30 sobre el rescate administrativo, la cual señala que “El Estado pagará a el Concesionario una compensación que se ajustará al valor justo del mercado de los bienes que corresponden a los bienes de la Central Hidroeléctrica, más un 10 por ciento de dicho valor justo del mercado en concepto de indemnización. El valor justo del mercado se determinará bajo el supuesto de una concesión vigente en plena operación, el cual será determinado de común acuerdo por peritos designados por la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso que el concesionario no acepte el valor determinado en la forma indicada, el concesionario podrá solicitar el arbitraje que se establece en la cláusula 35 de este contrato.”

OPINO: Que si se elimina la concesión por rescate, el Estado afrontaría, un pago millonario de un porcentaje adicional a la obra terminada.

 

Las auditorias en las partidas circuitales

 

Algunas personas pudieran pensar que la auditoria que pudiera estar realizando la contraloría en las juntas comunales, son suficientes para deslindar las responsabilidades en el uso de las llamadas partidas circuitales, por parte de los diputados.

Tal tesis es un error y los que la promueven, desconocen el informe que emitió el Ministerio de Economía y Finanzas sobre el tema. En el mismo se desprende que el Estado erogó la suma de 403, 496,332 millones de dólares, entre todos los diputados y algunos de ellos pidieron la transferencia de los recursos en lugares diferentes de las juntas comunales, inclusive.

Por ejemplo.

Según el MEF, el diputado ARISTIDES DE ICAZA pidió la transferencia de sus 7, 050,000.00 de las partidas circutales, solo en el PAN y no en las juntas.

Según el MEF, la diputada CRESCENCIA PRADOS pidió la transferencia de sus 1, 685,000.00 de las partidas circutales, en el PAN 965,000.00 y en el MUNICIPIO DE ÑURUM de 720,000.00 y no en las juntas.

Según el MEF, el diputado JORGE A. ROSAS pidió la transferencia de sus 3, 552,950.00 de las partidas circutales en el PAN 752,950.00, PRODEC 80,000.00, JC DE SAN JUAN 10,000.00 y MUNICIPIO. DE TOLÉ 2, 710,000.00 y así sucesivamente.

Nadie está auditando la administración que le dispensaron, los diputados del quinquenio pasado, a las partidas circuitales.

Cada diputado, pedía que se le hicieran sus transferencias, a los organismos que el libremente le designaba al MEF.

La Fiscalía Cuarta Anticorrupción, dentro el expediente relacionado con las bolsas de comida y granos que se adquirieron en el PAN, ha ordenado el envío a la Corte, copia íntegra del sumario, el cual consta de 61 tomos, a fin de se investiguen a los diputados que fueron mencionados en esa investigación, los cuales adquirieron las bolsas, con las partidas circuitales. Véase la resolución del 24 de marzo de 2015 de la fiscalía en cuestión.

A continuación, plasmo un cuadro de lo que dispusieron los diputados del quinquenio 2009-2014 de sus partidas circuitales en el PAN, según los datos oficiales del MEF, con los datos que se recogió en la resolución del 24 de marzo del 2015 de la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, en torno al caso de las compras de las bolsas de comida y grano para los diputados.

Nombre
del Diputado
Monto
total transferido al PAN 2009 – 2014 según certificación del MEF
Monto
asignados a la compra de bolsas de comida, vía PAN, según resolución de la
fiscalía 4 anticorrupción
169,558,829.00 63,217,344.65
MARILYN
VALLARINO
7,990,000.00 299,973,82
ARISTIDES
DE ICAZA
7,050,000.00 2,034,7820,91
JOSÉ
LOZADA
6,920,000.00 2,437,629,53
SERGIO
GÁLVEZ
6,210,000.00 1,258,035,00
MARIO
LAZARUS
5,720,000.00 1,465,859,70
FERNANDO
CARRILLO
5,547,545.00 958,373,28
VICTOR
JULIAO
4,853,976.00 3,559,580,00
RUBÉN
FRÍAS
4,835,000.00 3,999,321,26
MARIO
MILLER
4,381,000.00 1,909,697,57
LEOPOLDO
ARCHIBOLD
4,220,000.00 4,228,980,68
LUIS
LAY
4,120,000.00 1,446,872,17
RONY
ARAÚZ
4,079,525.00 3,376,032,78
GABRIEL
MÉNDEZ
4,050,000.00 2,579,307,45
EDWIN
ZÚÑIGA
3,980,000.00 809,911,13
JOSÉ
MUÑOZ
3,945,000.00 874,985,00
SALVADOR
REAL
3,470,000.00 719,871,45
ROGELIO
BARUCO
3,375,509.00 1,959,494,50
HÉCTOR
APARICIO
3,333,005.00 100,000.00
DANA
CASTAÑEDAS
3,312,500.00 862,877.60
CARLOS
AFÚ
3,298,000.00 750,000.00
FRANCISCO
BREA
3,125,000.00 99,980,80
DALIA
BERNAL
3,103,500.00 353,564,37
NORIEL
SALERNO
3,057,000.00 1,211.585,00
ABRAHAM
MARTÍNEZ
2,770,000.00 1,659,730,68
NELSON
JACKSON
2,765,000.00 1,362,780,31
ABELARDO
ANTONIO
2,660,000.00 1,148,720,86
RICARDO
VALENCIA
2,555,000.00 1,932,654,76
MARCOS
GONZÁLEZ
2,550,000.00 657,402,60
RAUL
HERNANDEZ
2,546,675.00 ________
OSMÁN
GÓMEZ
2,380,000.00 123,754,00
RAÚL
PINEDA
2,340,000.00 1,134,687,50
JUAN A.
MARTÍNEZ
2,205,000.00 1,369,833,22
LUIS
CORBILLÓN
2,145,750.00 434,930,00
JUAN M.
RÍOS
2,110,800.00 49,988,34
PABLO
VARGAS
2,087,840.00 529,959,60
ABSALÓN
HERRERA
2,030,000.00 1,525,381,67
MIGUEL
SALAS
1,992,674.00 464,857,43
VIDAL
GARCÍA
1,850,000.00 449,938,80
JOSÉ M.
HERRERA
1,832,500.00 699,925,00
JORGE
I. ARROCHA
1,550,000.00 383,021.20
ALCIBIADES
VÁSQUEZ
1,520,000.00 149,990,64
MANUEL
COHEN S
1,495,000.00 249,973,50
YANIBEL
DE ABREGO
1,326,000.00 ________
JOSÉ I.
BLANDÓN F.
1,175,000.00 97,969,81
ADOLFO
VALDERRAMA
1,175,000.00 150,000,00
HUGO
MORENO
1,145,000.00 50,000,00
MIGUEL
FANOVICH
1,124,200.00 374,722,60
CARLOS
SANTANA
1,043,880.00 159,961,00
FRANCISCO
ALEMÁN
1,000,000.00 99,450,00
REANULD
DOMINGUEZ
1,000,000.00 329,934,42
CRESCENCIA
PRADOS
965,000.00 387,253,90
LUIS E.
QUIRÓZ
964,000.00 229,933,09
CRISPIANO
ADAMES
930,000.00 ________
IRASEMA
DE DALE
900,000.00 484,912,25
ELIAS
CASTILLO
895,000.00 106,802,17
LEANDRO
AVILA
870,000.00 99,989,40
FRANCISCO
VEGA
870,000.00 409,911,70
JOSÉ
LUIS VARELA
850,000.00 198,940,00
BENICIO
ROBINSON
820,000.00 454,825,85
FREIDI
TORRES
820,000.00 152,991,23
MIGUEL
ALEMÁN
800,000.00 189,978,61
ROGELIO
PAREDES
790,000.00 124,975,40
JORGE
A. ROSAS
752,950.00 49,996,64
TITO
RODRÍGUEZ
750,000.00 530,040,63
RUBEN
DE LEON
620,000.00 49,994,70
HERNÁN
DELGADO
500,000.00 400,000,00
JUAN
CARLOS AROSEMENA
400,000.00 44,993,52
DENIS
ARCE
370,000.00 ________
JOSE
LUIS FABREGA
370,000.00 20,636,30
IRENE
GALLEGOS
350,000.00 ________
JASSIR
PURCAITT
320,000.00 114,971,54

La selectividad en la administración de justicia

 

 

La administración de justicia es selectiva en algún sentido en Panamá, bajo mi óptica.

Los factores que la impulsan, a continuación:

  1. La politización de la justicia.
  2. La falta de capacidad de los organismos encargados de administrar la justicia.
  3. La falta de unificación en los organismos rectores, para la imposición de las medidas cautelares.
  4. La falta de rendición de cuentas de las autoridades, hacía la ciudadanía.
  5. Las instituciones penales y penitenciarias, no funcionan bien.
  6. La falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades, cuando se conoce por algún medio, que se ha resquebrajado el orden legal.

Conforme a la ley, nadie puede ser sometido a medidas cautelares serias, si no existen graves indicios de responsabilidad en su contra.

Código Judicial

Artículo 2140.

Cuando se proceda por delito que tenga señalada pena mínima de cuatro años de prisión y esté acreditado el delito y la vinculación del imputado, a través de un medio probatorio que produzca certeza jurídica de ese acto y exista, además, posibilidad de fuga, desatención al proceso, peligro de destrucción de pruebas, o que pueda atentar contra la vida o salud de otra persona o contra sí mismo, se decretará su detención preventiva.

El problema de las medidas cautelares es que cada funcionario de instrucción, a su prudente arbitrio, las impone a veces de manera, hasta desproporcionada y sin honrar la uniformidad en muchos casos.

Evidencias que refuerzan el planteamiento.

  1. Los casos contra los Diputados, en la corte suprema de justicia, se
    demoran en exceso.
  2. Las denuncias y/o querellas contra los magistrados de la corte suprema de justicia, que están radicadas en la Asamblea Nacional, no avanzan rápidamente en su atención.
  3. Algunas personas de alto perfil, involucrados en la otrora administración pública cuestionada, no son sometidos a los rigores procesales, como otros, en similares causas.
  4. Los hijos del pueblo, que cometen infracciones, no gozan de las mismas medidas cautelares y de domicilio preventivo transitorio, que los de alto perfil investigados.
  5. El señor contralor, no ha auditado aún la administración de las partidas circuitales, para saber si alguien tendría que comparecer en el futuro ante la justicia, para responder por sus actos.
  6. La Corte Suprema de Justicia en PLENO, ha determinado que el Tribunal Electoral es el ente idóneo para juzgar, los delitos electorales, independientemente de quien sea el infractor de la norma electoral,  en acatamiento a lo que dispone el artículo 143 constitucional, sin embargo, la jurisdicción electoral se resiste en ejecutar este mandato en el caso de los Diputados.

La selectiva en la administración de justicia

 

La administración de justicia es selectiva en algún sentido en Panamá, bajo mi óptica.

Los factores que la impulsan, a continuación:

  1. La politización de la justicia.
  2. La falta de capacidad de los organismos encargados de administrar la justicia.
  3. La falta de unificación en los organismos rectores, para la imposición de las medidas cautelares.
  4. La falta de rendición de cuentas de las autoridades, hacía la ciudadanía.
  5. Las instituciones penales y penitenciarias, no funcionan bien.
  6. La falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades, cuando se conoce por algún medio, que se ha resquebrajado el orden legal.

Conforme a la ley, nadie puede ser sometido a medidas cautelares serias, si no existen graves indicios de responsabilidad en su contra.

Código Judicial

Artículo 2140.

Cuando se proceda por delito que tenga señalada pena mínima de cuatro años de prisión y esté acreditado el delito y la vinculación del imputado, a través de un medio probatorio que produzca certeza jurídica de ese acto y exista, además, posibilidad de fuga, desatención al proceso, peligro de destrucción de pruebas, o que pueda atentar contra la vida o salud de otra persona o contra sí mismo, se decretará su detención preventiva.

El problema de las medidas cautelares es que cada funcionario de instrucción, a su prudente arbitrio, las impone a veces de manera, hasta desproporcionada y sin honrar la uniformidad en muchos casos.

Evidencias que refuerzan el planteamiento.

  1. Los casos contra los Diputados, en la corte suprema de justicia, se
    demoran en exceso.
  2. Las denuncias y/o querellas contra los magistrados de la corte suprema de justicia, que están radicadas en la Asamblea Nacional, no avanzan rápidamente en su atención.
  3. Algunas personas de alto perfil, involucrados en la otrora administración pública cuestionada, no son sometidos a los rigores procesales, como otros, en similares causas.
  4. Los hijos del pueblo, que cometen infracciones, no gozan de las mismas medidas cautelares y de domicilio preventivo transitorio, que los de alto perfil investigados.
  5. El señor contralor, no ha auditado aún la administración de las partidas circuitales, para saber si alguien tendría que comparecer en el futuro ante la justicia, para responder por sus actos.
  6. La Corte Suprema de Justicia en PLENO, ha determinado que el Tribunal Electoral es el ente idóneo para juzgar, los delitos electorales, independientemente de quien sea el infractor de la norma electoral,  en acatamiento a lo que dispone el artículo 143 constitucional, sin embargo, la jurisdicción electoral se resiste en ejecutar este mandato en el caso de los Diputados.

La rendición de cuentas que nadie exige, ni da en Panamá

 

Con la Resolución del 12 de marzo de 2015, el PLENO de la Corte Suprema de Justicia, exteriorizó que corresponde a la Contraloría General de la República el exigir la rendición de cuentas por el manejo de los fondos o bienes públicos a los 71 diputados que administraron las partidas circuitales en el quinquenio 2009-2014 y al día de hoy, la Contraloría General no ha hecho nada al respecto.

La Corte dijo igualmente que: “Los Diputados de la Asamblea Nacional, por su condición de servidores públicos, a quienes se le ha confiado la asignación de partidas circuitales, están en la obligación de rendir cuentas del manejo de dichos fondos ante la Contraloría General de la República, quien por su mandato constitucional tiene esa función fiscalizadora.”

Es prohibido que como ciudadanos se nos olvide, que en el informe del Ministerio de Economía y Finanzas, No. DS-SG-N-NO.-487 del 3 de diciembre de 2014 se desprende que el Estado erogó la suma de 403, 496,332 millones de dólares, entre todos los diputados y  no se sabe a ciencia cierta cómo se utilizaron los recursos estatales, pues no se le ha rendido cuentas al país, sobre el uso adecuado de los mismos.