Archive en octubre 2016

La necesidad de modificar la Carta Magna

La administración de justicia (compuesta por el Ministerio Público y el Órgano Judicial) necesita una reingeniería que pudiera ajustarse a futuro, por una reforma constitucional.

 

A mi juicio la Administración de Justicia colapsó.

 

Métodos para reformar la Constitución de acuerdo a la Constitución, son
los siguientes:

 

  1. Por un Acto Constitucional aprobado en tres debates por la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, el cual debe ser publicado en la Gaceta Oficial y transmitido por el Órgano Ejecutivo a dicha Asamblea, dentro de los primeros cinco días de las sesiones ordinarias siguientes a la instalación de la
    Asamblea Nacional electa en las últimas elecciones generales, a efecto de que
    en su primera legislatura sea debatido y aprobado sin modificación, en un solo
    debate, por la mayoría absoluta de los miembros que la integran.

 

 

 

  1. Por un Acto Constitucional aprobado en tres debates por la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, en una legislatura, y aprobado, igualmente, en tres debates, por mayoría absoluta de los miembros de la mencionada Asamblea, en la legislatura inmediatamente siguiente. En esta se podrá modificar el texto aprobado en la legislatura anterior. El Acto Constitucional aprobado de esta forma deberá ser publicado en la Gaceta Oficial y sometido a consulta popular directa mediante referéndum que se celebrará en la fecha que señale la Asamblea Nacional, dentro de un plazo que no podrá ser menor de tres meses ni exceder de seis meses, contados desde la aprobación del Acto Constitucional por la segunda legislatura.

 

  1. A través de una Asamblea Constituyente Paralela, que podrá ser convocada por decisión del Órgano Ejecutivo, ratificada por la mayoría absoluta del Órgano Legislativo, o por el Órgano Legislativo con el voto favorable de dos terceras partes de sus miembros, o por iniciativa ciudadana, la cual deberá ser acompañada por las firmas de, por lo menos, el veinte por ciento de los integrantes del Registro Electoral correspondiente al 31 de diciembre del año anterior a la solicitud. La Asamblea Constituyente Paralela estará integrada por sesenta constituyentes, quienes deberán representar proporcionalmente a los panameños de todas las provincias y comarcas, de acuerdo con la población electoral, y se permitirá, además de la postulación partidaria, la libre postulación. Para estos efectos, el Tribunal Electoral deberá establecer en la convocatoria el sistema electoral aplicable a la elección de constituyentes.

 

Las auditorias de la Contraloría

En sentencia del PLENO de la Corte Suprema de Justicia del 3 de julio de 2014, se determinó que las únicas auditorias que tienen valor para acreditar un delito contra la administración pública, son las que hace la Contraloría.

Este era el caso de la denuncia que se presentó por unas publicaciones que se hicieron en los medios, por el resultado de la auditoría privada hecha a los programas del otrora  FIS.

La Corte dijo:

“Ahora bien, tratándose de la presunta comisión de un delito Contra La Administración Pública, en la modalidad de Peculado, es necesario indicar que para acreditar la existencia de un faltante o perjuicio patrimonial a las finanzas del Estado, es menester que la Contraloría General de la República realice la auditoría correspondiente por intermedio de su personal idóneo, en este caso los auditores, quienes luego de concluida su investigación determinarán si efectivamente se ha cometido un hecho irregular que produjo como resultado una lesión al patrimonio del Estado, y quiénes estarían relacionados a esa irregularidad…”.

Por lo ante expuesto, afirmo que me asombra, como el Ministerio Público ha adelantado casos sobre peculados, sin contar con la auditoría del ente de las finanzas públicas.

Los “Panama Papers”

El hecho público y notorio antes citado, ha sacado a la luz, la frágil sanción que gravita contra de los Defraudadores del Fisco en Panama.

Lamentablemente hasta el día de hoy, la defraudación fiscal no es delito, sino una falta administrativa.

Sería sana, su tipificación delictiva.

En España  se tipifica como delito la defraudación fiscal. El artículo 305 del Código Penal establece que comete este delito, el que por acción u omisión defrauda a la Hacienda Pública.

Considero que una de las formas de neutralizar las malas prácticas de la delincuencia de  cuello blanco internacional, es tipificando el delito de defraudación fiscal en Panamá.

Para tal fin, se requiere de voluntad, valentía y transparencia.

Por otro lado y aplicable al caso en cuestión, señalo que la abogacía es una profesión liberal que no está blindada del embate delincuencial, sino se actúa con prudencia y sabiduría.

Desde el punto de vista legal un abogado por ejercer su profesión no delinque per se, bajo el tipo penal conocido como blanqueo de capitales, no obstante, si dolosamente facilita el ilícito; sí comete delito y podría quedar bajo prisión.

Veamos.

Código penal

Artículo 257. Quien, a sabiendas de su procedencia, se valga de su función, empleo, oficio o profesión para autorizar o permitir el delito de blanqueo de capitales, descrito en el artículo 254 de este Código, será sancionado con prisión de cinco a ocho años.

¿Cómo se podría saber, si un abogado ha deshonrado la noble profesión? R. Realizándose una auditoría forense en su despacho legal.

¿Quién podría realizar esta auditoría forense, en mi concepto? R. El Ministerio Público, si actúa con independencia y valor.

Audite o renuncie, señor contralor

Con la Resolución del 12 de marzo de 2015, el PLENO de la Corte Suprema de Justicia, exteriorizó que corresponde a la Contraloría General de la República el exigir la rendición de cuentas por el manejo de los fondos o bienes públicos a los 71 diputados que administraron las partidas circuitales en el quinquenio 2009-2014 y al día de hoy, la Contraloría General no ha hecho nada al respecto.

La Corte dijo igualmente que: “Los Diputados de la Asamblea Nacional, por su condición de servidores públicos, a quienes se le ha confiado la asignación de partidas circuitales, están en la obligación de rendir cuentas del manejo de dichos fondos ante la Contraloría General de la República, quien por su mandato constitucional tiene esa función fiscalizadora.”

Es prohibido que como ciudadano se nos olvide, que en el informe del Ministerio de Economía y Finanzas, No. DS-SG-N-NO.-487 del 3 de diciembre de 2014 se desprende que el Estado erogó la suma de 403, 496,332 millones de dólares, entre todos los diputados y  no se sabe a ciencia cierta cómo se utilizaron los recursos estatales, pues no se le ha rendido cuentas al país, sobre el uso adecuado de los mismos.

Las reformas electorales

La Asamblea Nacional está a la espera de imprimirle el segundo debate al proyecto de Ley 292 de reformas al Código Electoral.

Se desconoce a ciencia cierta si lo harán en sesiones extraordinarias o en la próxima legislatura.

Algunos puntos relevantes de la nueva normativa.

 

  1. Se consagra el voto adelantado. Los panameños residentes en el extranjero podrán ejercer el sufragio desde el país en donde residan, pero solo para cargos a nivel nacional, mediante el voto adelantado.
  2. El Tribunal Electoral podrá decretar medidas cautelares dentro de los procesos internos de los partidos políticos.
  3. Las decisiones relativas a las alianzas se tomarán de conformidad con su estatuto y si estos no lo contemplan, por acuerdo del Directorio Nacional o la Convención Nacional, pero mediante votación secreta.
  4. Se reduce del 4% al 2%, el número de votos emitidos en las elecciones generales necesarios para que no se extinga un partido político.
  5. Se establece un financiamiento electoral previo a las elecciones, equivalentes al 60% del total del financiamiento público, en donde el 2% será para todos los candidatos de libre postulación que hayan sido reconocidos por el Tribunal Electoral y el 98% para los partidos políticos.
  6. Los candidatos están obligados a presentar mensualmente al Tribunal Electoral, mediante declaración jurada, un informe de los gastos incurridos con el financiamiento privado. Dicha información será de acceso público a través de la página web del Tribunal Electoral.
  7. Se establece un tope al financiamiento privado de B/. 5.00 (cinco balboas), por cada elector según el Padrón Electoral preliminar de la circunscripción electoral que corresponda. Este monto podrá aumentar atendiendo a criterios como vías de acceso territorial, distancia entre poblados y población electoral.
  8. Las radioemisoras y televisaras otorgarán a todos los candidatos, un beneficio único, igual y lineal de veinte por ciento sobre las tarifas de compras regulares publicadas por cada medio al 31 de diciembre del año anterior a su aplicación.
  9. Si se realizan actos de campañas, violando la ley electoral, se sancionará al medio con multa diaria de 10 veces el valor comercial de la respectiva propaganda.
  10. Los medios de comunicación, no podrán difundir propaganda electoral a favor o en contra de ningún candidato o partido, durante la veda electoral.
  11. Las personas y los medios de comunicación que violen el reglamento de las encuestas políticas electorales o de preferencias políticas, serán sancionados con multa de veinticinco mil balboas a cincuenta mil. Si hay reincidencia el monto de la sanción se duplicará.
  12. Cada partido político deberá seleccionar, de manera exclusiva, una agencia de publicidad para beneficio de sus candidatos. Los candidatos de libre postulación en circunscripciones mayores de cinco mil electorales, también quedan obligados a contratar una agencia de publicada para pautar propaganda con el financiamiento público del que dispongan.
  13. Se prohíbe la propaganda sucia, entendiendo por ella, la que ofenda la dignidad humana con la utilización de insultos, incursiones en la vida privada, discriminación y aseveraciones de conductas ilegales que no sea hayan dictaminado por los tribunales competentes, promueva la violencia o atenten contra las leyes.
  14. Desde los seis meses previos al día de la elección, se prohíbe la propaganda o publicidad estatal y de gobiernos locales en todos los medios de comunicación social, incluyendo la de los contratistas del Estado para promover avances o culminación de obras.
  15. De resultar ser elegido para dos o más cargos de elección popular, el favorecido deberá manifestar la elección del cargo a ejercer en un periodo máximo de 5 días hábiles después de ser proclamado, de lo contrario, el Tribunal Electoral decidirá otorgarle el ejercicio del cargo correspondiente al de mayor jerarquía y el otro cargo será ocupado por el suplente.
  16. La participación política se regirá por el principio de paridad, en todos los procesos electorales internos, generales y partidarios, que implica que todas las delegaciones, nóminas y demás órganos pares estarán integrados por el 50% de mujeres y el 50% de hombres.
  17. Los candidatos proclamados electos que no fueron impugnados recibirán sus credenciales sin esperar los resultados del proceso de impugnación.

El matrimonio heterosexual

El matrimonio es el fundamento legal de la familia, descansa en la igualdad de derechos de los cónyuges y puede ser disuelto de acuerdo con la Ley.

El matrimonio entre personas del mismo sexo, viola el espíritu de la constitución que avala el matrimonio heterosexual.

Fundamento constitucional.

Constitución.

ARTICULO 58. La unión de hecho entre personas de distinto sexo legalmente capacitadas para contraer matrimonio, mantenida durante cinco años consecutivos en condiciones de singularidad y estabilidad, surtirá todos los efectos del matrimonio civil.

Análisis jurídico. Si para validarse el matrimonio por unión libre, es obligatorio que la unión de hecho sea entre personas de distinto sexo, por consecuencia lógica, el matrimonio que reconoce el constituyente, es el heterosexual.

Perfil del nuevo magistrado del Tribunal Electoral

La Corte Suprema de Justicia en PLENO, ha determinado que es el Tribunal Electoral el ente idóneo para juzgar, los delitos electorales, independientemente de quien sea el infractor de la norma electoral,  en acatamiento a lo que dispone el artículo 143 constitucional.

El PLENO en decisión del 30 de diciembre de 2015, dijo que: “tratándose de un proceso donde se tiene como fin establecer un posible delito electoral, le corresponde la competencia a la jurisdicción electoral, en atención a la norma magna, que es la regla o precepto de carácter fundamental, establecida para fijar los límites y define las filiaciones ente los poderes del Estado.”

“Las citadas normas-constitucional y legal- son claras en establecer que es ante el Tribunal Electoral  (sic) que se deben ventilar estos casos y no ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, quien mantiene competencia por los delitos comunes o faltas de policía y no por los electorales.”

 

Por lo antes expuesto, es que los diputados difícilmente van a escoger la figura de un independiente para el cargo de magistrado principal del Tribunal Electoral, que lo podría juzgar en un futuro por los delitos electorales, que prescriben en tres años.

Es decir, el uso irregular de los recursos estatales, en las elecciones de mayo del 2014, podrían juzgarse todavía.

 

Perfil del nuevo magistrado del Tribunal Electoral, según mi óptica.

  1. Que tenga nexos en alguna forma, con un partido político.
  2. Que no sea independiente.
  3. Que tenga algo de conocimiento en el tema electoral, para asuntos del maquillaje ante la ciudadanía.
  4. Que haya tenido una buena relación previa, con los diputados.
  5. Que no tenga en su mente, el buscar la carrera electoral que le dé estabilidad a los funcionarios de la jurisdicción electoral, pues como todos son de libre nombramiento y remoción hoy, se piensa que estos podrían ser fácilmente manipulables.

Medidas prácticas para combatir la corrupción

 

  1. Una mejor rendición de cuenta de parte de los funcionarios que ejercen mando y jurisdicción.
  2. Una mejor fiscalización de parte de la Contraloría, sobre los actos de manejo
    de fondos y bienes públicos.
  3. Una mejor política jurídica en cuanto a las adquisiciones de bienes.
  4. Una adecuada estrategia de información, sobre la necesidad de cultivar los
    valores, en la comunidad.
  5. Una política gubernamental que tienda a fortalecer a la familia, como el
    principal núcleo en la sociedad.
  6. Permitir en mejor medida a la sociedad, a que participe en calidad
    propositiva, en las políticas de Estado.
  7. Incentivar al funcionario a que cumpla el código de ética de su entidad, practique valores y a las empresas particulares a promoverlos.
  8. Fortalecer las vías, para que los medios de comunicación social, puedan
    seguir divulgando, sin presión alguna, los hallazgos que encuentre, de manera
    veraz y objetiva.
  9. Motivar a los ministros de Estado y a todos los directores y administradores
    de entidades, a hacer pública su declaración jurada de bienes patrimoniales,
    para que el pueblo las fiscalice.
  10. Que por transparencia, la Corte Suprema de Justicia, suba a la web, la
    cantidad de los expedientes que estén en los despachos de los magistrados de la Corte Suprema (sin entrar en las generalidades de los expedientes), así como el tiempo en que están allí.
  11. Elevar a delito la evasión fiscal.
  12. Hacer que la ley electoral permita a la ciudadanía conocer quiénes son los donantes privados, en las campañas electorales.
  13. Crear normas que incentiven y protejan al denunciante.
  14. Fortalecer nuestro sistema de justicia, haciendo la reingeniería que corresponda inclusive.

 

Corte condena a la Policía Nacional a indemnizar y ordena disculparse

En sentencia del treinta (30) de diciembre de dos mil quince (2015), pero recientemente suscrita por todos los magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en septiembre del año 2016, con ponencia del Magistrado Abel Zamorano, se condenó a la Policía Nacional, al pago de ochenta y tres mil trescientos noventa balboas con 86/100 (B/.83, 390.86), (ese monto fue lo que se probó en el proceso) en concepto de daños y perjuicios morales y materiales como consecuencia del homicidio de un buen ciudadano. Entrada No. 727-08.

 

Se demostró en el proceso penal seguido a dos agentes de la Policía Nacional, que hicieron caso omiso a las políticas institucionales en el uso de armas de fuego que establece la ley orgánica ese ente, en consecuencia, el excesivo uso de la fuerza o imprudencia en su actuar, produjo hechos lamentables como el fallecimiento injustificado de una persona.

 

La Sala Tercera determinó a su vez hacer el llamado a la Policía Nacional que debe capacitar a sus agentes policiales sobre el uso de armas de fuego, y sobre todo recalcar que su rol consiste en preservar la seguridad en la comunidad, y garantizar la paz, pues se requiere de la vigilancia y control de estos servidores públicos con el objetivo de evitar hechos como éstos que causen dolor en una familia panameña.

 

La corte le ordenó también a la Policía Nacional a realizar sus disculpas públicas a los familiares del difunto, toda vez que, éstos servidores públicos señalaron al hoy occiso de que se trataba de un antisocial, y quedó demostrado en autos que era un trabajador y buen padre de familia, de allí que, la finalidad de las disculpas es para que la comunidad conozca el papel de la institución encargada de proteger la vida, honra y bienes, y de servir al país, de manera que en conjunto con la comunidad hagan una mejor sociedad, y por esto son las disculpas que ordena esa jurisdicción.

 

Añado como necesario que, en el desempeño sus labores, los agentes de policía les corresponde proteger la vida, respetar y defender los derechos humanos, por lo cual, el uso de las armas de fuego o de otro tipo de instrumento para ejercer la fuerza, quedan limitados y deben ser utilizados a niveles de fuerza necesarios.

 

La imagen de la justicia

El alto nivel de opacidad de nuestra administración de justicia no es de ahora, ya que trasciende los años, por diversos factores.

¿Qué debiera hacerse de inmediato, para que transite la misma  por el camino de la decencia?

Que la corte se autorregule, estableciendo un método que permita fiscalizar los expedientes en cada despacho, de tal manera que prohíba que un magistrado se quede mucho tiempo con un expediente en su escritorio. Se debe fortalecer la transparencia de igual manera, reglamentándose los viajes en misiones oficiales.

Que la corte impida que se judicialice la política. Es decir, que actué procesalmente y de manera independiente, bajo los tiempos de la ley, evacuando los casos que le lleguen de manera expedita, sin temor, ni presión política alguna; bajo el lineamiento de la uniformidad y de la justicia.

Que se fortalezca la capacidad cognoscitiva de los organismos encargados de administrar la justicia.

Que comiencen las auditorías forenses en los juzgados. Podría practicarse de manera aleatoria, en sus inicios.

Que se procure la unificación de criterios, para la imposición de las medidas cautelares.

Que se haga frecuente la rendición de cuentas de las autoridades hacía la ciudadanía, en temas puntuales.

 

De manera próxima, debiera fortalecerse el nivel presupuestario para que se haga funcional la carrera judicial y los nombramientos permanentes de los diversos funcionarios.

Por su parte, con una reforma constitucional podría crease un Tribunal Constitucional independiente en un futuro;  crearse nuevas jurisdicciones pero en rango supremo y establecer una fórmula más transparente, para la escogencia de los nuevos magistrados.