Archive en noviembre 2016

Abuso de las constructoras

Acabo de conocer en mi despacho, el caso de una constructora que demandó civilmente en el juzgado de la Chorrera, a 8 ciudadanos que son la dirigencia de un vecindario que protestó ante las malas construcciones de un muro. Viven en El Edén.  El Municipio incluso paró la obra. Este asunto intimidatorio es similar a lo que pasó en el PH BAHIA DEL GOLF en donde se ha secuestrado los bienes de la JD y se les demandó millonariamente por haber ejercido el derecho de protesta en buena lid y siguen los casos en el país, en el mismo sentido. Hay que ponerle coto a esto. Hay juzgados complacientes.

Hacia la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción

El Señor Procurador de la Administración, el 27 de octubre de 2016 con la Nota No. SIQ-177-2016, le solicitó al señor Contralor General un informe explicativo sobre el por qué no se ha hecho una auditoría a las partidas circuitales, no obstante, no se respondió a lo pedido.

Se ha soslayado la Constitución.

 

ARTICULO 41. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones y quejas respetuosas a los servidores públicos por motivos de interés social o particular, y el de obtener pronta resolución.

El servidor público ante quien se presente una petición, consulta o queja deberá resolver dentro del término de treinta días.

 

Sabido es que los delitos electorales prescriben en tres años, por lo tanto, si no se audita, no se podría saber si la administración de los 403, 496,332 millones de dólares (de las partidas circuitales) se efectuó con apego a la ley o no, para proceder con lo conducente si corresponde, dentro del término de la ley.

 

Partidas circuitales transferidas a pedido de los diputados según el informe del Ministerio de Economía y Finanzas, No. DS-SG-N-NO.-487 del 3 de diciembre de 2014. Monto total: 403, 496,332 millones de dólares.

 

Desglose.

 

PAN: 169, 558,829.00

JUNTAS COMUNALES: 207, 590, 282,00

MUNICIPIOS: 26, 347,221.00

PRODEC: 80.000,00

OER: 300,000.00

 

Panamá debiera abocarse en mi opinión, en la primera oportunidad de modificar la Constitución, a incluir en el texto constitucional, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, para que los corruptos puedan ser perseguidos penalmente durante toda su vida y los delitos de corrupción pudieran ser investigados en todo tiempo.

 

Es un hecho público y notorio, por otro lado, que algunos investigados por la jurisdicción penal, eluden los procesos esperanzados en cambios políticos; otros, se benefician de tecnicismos y hasta por la complicidad de algunos; sin embargo, con la reforma bajo comentario, podrían solventarse las debilidades de nuestro sistema procesal, hasta contar con el personal independiente y capacitado para procesar a los infractores graves de la ley.

Interrogantes al informe de los expertos

 

 

La lectura del informe final de comité de expertos independientes de Panamá, que tiene puntos muy positivos para el país, me ha generado algunas interrogantes, que ojalá sean aclaradas en el tiempo, por el ente correspondiente.

 

  1. Piden el asegurar la independencia real del sistema judicial de Panamá de la influencia de los otros poderes del Estado, pero no sugieren que medidas deben tomarse para ello.

 

  1. Recomiendan el desarrollar e implementar legislación anti corrupción que alcance a los actos realizados por nacionales panameños o grupos económicos establecidos en Panamá que directa o indirectamente participen en la instrumentación de actividades ilícitas en terceros países, pero no lo inverso. ¿Esto es luchar por la transparencia? ¿Por qué no le impedimos también a las empresas corruptas, el contratar en Panamá?

 

  1. El Comité Independiente considera que Panamá no debe entrar en el debate de la calificación de la evasión fiscal como delito. ¿Esta idea no nos sigue dejando con mácula, en el ámbito internacional?

 

  1. Recomiendan el actualizar la Ley que regula el ejercicio de la abogacía, a efectos de que los abogados que asesoran a usuarios de la plataforma internacional mantengan los más altos estándares éticos, no obstante, no dan luces de cómo llegar al cumplimiento de tan noble postulado; por otro lado, ¿el Colegio de Abogados avala tal tesis?

La labor del Diputado

La función principal de un Diputado panameño es la de expedir leyes, pero que sean necesarias para el cumplimiento de los fines del Estado y acorde con las funciones de cada organismo público al momento de su creación. (Artículo 159 constitucional).

Es cuestionable que históricamente los gobiernos le hayan dado canonjías, a los integrantes del primer Órgano del Estado, con el deseo de mantenerlos sujetos al desiderátum del Poder Ejecutivo.

Esto no ha cambiado hoy lamentablemente y debiera cesar, para fortalecer la transparencia y la decencia, en los órganos de gobierno.

No es procedente que:

  • Todos los diputados tengan la posibilidad de apoyar a las personas como antes se hacía con las llamadas partidas circuitales, con la finalidad de catapultarse en los futuros comicios.
  • Cada miembro de la Asamblea Nacional tenga derecho a nombrar personal por contratos, hasta por 30 mil dólares mensuales. Aseveración hecha por el presidente de la Asamblea Nacional.
  • Nadie los procesa por supuestos delitos electorales.
  • Algunos diputados no asistan a sus sesiones, pero no se les descuenta el sueldo por eso.

Los ciudadanos decentes tenemos hoy la oportunidad de mandarles a nuestros políticos, este mensaje alto y claro: “Los Diputados están para legislar y no para servirse del Estado”.

 

 

 

 

ADIÓS A LA CONSTITUYENTE

El excelentísimo señor Presidente de la República dijo que: “El viceministro de la Presidencia Salvador Sánchez está manteniendo reuniones con representantes de la Sociedad Civil, para presentar al Ejecutivo, a  más tardar a finales de junio de 2017, “cuál sería el camino de poder hacer reformas constitucionales con el mayor consenso posible”.

De las palabras se desprende técnicamente que  la constituyente prometida en campaña no se hará. No se requiere de mayor conocimiento para llegar a la conclusión, sólo saber de matemáticas básica y tener un buen olfato.

La Constituyente. El artículo 314 de la Carta Magna dice que el Poder Ejecutivo requiere de la aprobación del Poder Legislativo para adoptar la constituyente paralela. Supongamos que sea en julio del 2017.

El Tribunal Electoral debe convocar a elecciones de constituyentes en un término no menor de tres meses, ni mayor de seis meses. Supongamos que se haga en noviembre del 2017.

La Asamblea Constituyente tendrá un término para trabajar de seis a nueve meses. Supongamos que termine en nueve meses, o sea en agosto del 2018.

El Acto debe someterse a referéndum en un periodo no menor de tres meses, ni mayor de seis meses.

¿Usted cree que se va a someter a referéndum un Acto, a un tris de las elecciones generales de mayo del 2019?

En mi opinión, ha faltado voluntad política, para el cumplimiento de una promesa electoral que agradó a muchos.

La nacionalización de algunas tierras

Argentina ha limitado la compra de tierras por empresas y gobiernos extranjeros, inclusive.

El Senado aprobó, casi por unanimidad, con el apoyo de la mayoría de la oposición, una ley que impedirá que los extranjeros posean más del 15% del territorio de Argentina, el octavo país más extenso del mundo y uno de los más ricos en producción de alimentos y reservas de aguas.

Brasil ya había reaccionado ante esta situación con una ley que limitó la propiedad extranjera de tierras. Ahora lo hace Argentina.

Uruguay también analiza poner límites a la compra de tierras por parte de Estados extranjeros.

Canadá, y  EE.UU., ya han hecho lo propio.

Sin embargo en Panamá, no hay ninguna norma legal que limite la adquisición de tierras estratégicas para personas extranjeras ajenas a gobiernos, por lo que se permite la compra de todo.

El Diario La Prensa de Panamá informa: “En un intento por ocultar un masivo acaparamiento de tierras vírgenes y boscosas en la zona minera de Donoso –provincia de Colón–, venezolanos se ampararon en la creación de sociedades anónimas y fundaciones”.

Como país, no tenemos visión de futuro, en este sentido, como en otras latitudes, y no a muchos le interesa al parecer, el futuro de nuestras generaciones que no tendrán, de seguir la política de venta abierta, la oportunidad de adquirir, a la postre, alguna porción de tierra para cultivar, para producir y hasta para vivir; ya que todo inmueble, podría estar en manos de los acaudalados  foráneos de hoy.

Feliz día del Periodista.

¿Qué es un Periodista?  A
continuación, la respuesta.
Persona dedicada a transmitir, una noticia imparcial
y veraz.

Emprendedor
laborioso  que procura difundir, la información oportuna.

Resuelto
a vencer los obstáculos, para lograr el cumplimiento de sus metas.

Ingenioso
en la defensa por los derechos humanos.

Objetivo
en el análisis y en la elaboración de la noticia.

Decidido
a luchar por el derecho que tiene toda persona a recibir información.

Idealista que procura trabajar en todo tiempo por una
vocación.

Sabedor
de que la independencia es transcendental para el buen desarrollo de la
sociedad.

Tenaz fiscalizador del manejo de la cosa pública.

Abnegado
servidor que cree que el derecho a la información, es necesario para el
fortalecimiento de la democracia.

El ejercicio del periodismo

Solo hay una forma en que debiera ejercerse el periodismo en Panamá y es en absoluta libertad.

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, sobre el tema dijo:

“El ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento” (Corte IDH. Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012 Serie C No. 248. Párr. 209.)

“Dichas acciones no solo vulneran de un modo especialmente drástico la libertad de pensamiento y expresión de la persona afectada, sino que además afectan la dimensión colectiva de este derecho. Los actos de violencia que se cometen contra periodistas (término entendido bajo una definición amplia, desde una perspectiva funcional) o personas que trabajan en medios de comunicación y que están vinculados con su actividad profesional, violan el derecho de estas personas a expresar e impartir ideas, opiniones e información y además, atentan contra los derechos de los ciudadanos y las sociedades en general a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo”. (Corte IDH. Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248. Párr. 142-149.)

Las fiscalizaciones selectivas

 

La Contraloría General de la República, como misión tiene la de fiscalizar, regular y controlar los movimientos de los fondos y bienes públicos, y examinar, intervenir y fenecer las cuentas relativas a estos.

La Contraloría General de la República demandó la nulidad del contrato suscrito entre la Caja de Seguro Social (CSS) y el consorcio formado por Festieventos y Eurolatin Hospitality Corp. (Hotel Westin Playa Bonita) referente al Foro Mundial de Seguridad Social.

¿Por qué demandó?

Debido a que refrendó el contrato por insistencia, conforme al artículo 77 de la Ley 32 de 1984.

La norma obligada a refrendar por insistencia, pero no dice en qué tiempo se debía hacer. La verdad sea dicha.

 

Ley 32 de 1984

Artículo 77.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, el funcionario u organismo encargado de emitir el acto, una vez improbado éste por la Contraloría, puede también someter la situación planteada al conocimiento del Consejo de Gabinete, de la Junta Directiva, Comité Directivo, Consejo Ejecutivo, Patronato o cualquiera otra corporación administrativa que, según el caso, ejerza la máxima autoridad administrativa en la institución, a efecto de que ésta decida si se debe insistir o no en la emisión del acto o en el cumplimiento de la orden. En caso de que dicha corporación decida que el acto debe emitirse o que la orden debe cumplirse, la Contraloría deberá refrendarlo, pero cualquier responsabilidad de que del mismo se derive recaerá, de manera conjunta y solidaria, sobre los miembros de ella que votaron afirmativamente. En caso de que la decisión sea negativa, el funcionario u organismo que emitió el acto o libró la orden se abstendrá de insistir en el refrendo.

 

¿Qué sucedería si al cabo del tiempo, la corte falla la nulidad del contrato refrendado?

 

Los miembros de la junta directiva que avalaron la insistencia, podrían enfrentar cargos penales y/o pecuniarios por las afectaciones del Estado, producto de un contrato declarado ilegal por la Sala Tercera.

En mi concepto, la Contraloría General de la República debe ser acucioso ante todas las fiscalizaciones de los entes públicos y no ser selectivo para con un ente en cuestión.

Hasta el momento ha sido benévolo, en mi opinión,  en los tratos de la Asamblea Nacional, diputados y políticos y  esto, no tiene una explicación lógica.

  • El Contralor General no audita las partidas circuitales que administraron los señores diputados en el quinquenio anterior. Se administraron B/ 403, 496,332.00.

 

  • Con el aval de la Contraloría, todos los diputados tienen la posibilidad de apoyar a las personas como antes se hacía con las llamadas partidas circuitales, Se le lleva el pedido al presidente de Asamblea y si él da el visto bueno, se le puede dar subsidio o donativo hasta un tope, pero este tope se puede repetir hasta tres veces en un periodo fiscal de un año.

 

  • El Fiscal Electoral ha dicho a los medios, que los casos que no se han remitido a los juzgados penales electorales son porque están a la espera de que la Contraloría General de la República, que dirige Federico Humbert, les envíe las auditorías. La Contraloría no ha desmentido el punto.

 

 

 

 

 

Las limitaciones a la libertad de expresión

La Constitución dice en el artículo 37, que toda persona
puede emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito o por cualquier otro medio, sin sujeción a censura previa.

¿Qué supremo derecho tiene el comunicador? El de no ser
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el difundirlas, por cualquier medio de expresión. (Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos).
¿Que no deben hacer, los gobernantes? El restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos. (Artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos).

 

Por lo antes expuesto, el artículo 70 de la Ley 82 de 2013, que tipifica el femicidio,  al establecer  sanciones para los medios de comunicación, que publiquen información que pudiera catalogarse de discriminatoria contra las mujeres, tiene visos de inconstitucionalidad a mi juicio.

 

El artículo 70 de la Ley 82 de 2013,  prescribe: Si se comprueba que cualquier medio de comunicación ha incurrido en discriminación o violencia en contra de las mujeres, será sancionado por el Ministerio de Gobierno con una multa de B/.1.000 a B/. 3,000, dependiendo de la gravedad de la violación.