Archive en enero 2017

Las auditorias de la Partidas Circuitales

 

Algunas personas pudieran pensar que la auditoria que esta realizando la contraloría en las juntas comunales, son suficientes para deslindar las responsabilidades en el uso de las llamadas partidas circuitales, por parte de los diputados.

Tal tesis es un error y los que la promueven, desconocen el informe que emitió el Ministerio de Economía y Finanzas sobre el tema. En el mismo se desprende que el Estado erogó la suma de 403, 496,332 millones de dólares, entre todos los diputados y algunos de ellos pidieron la transferencia de los recursos en lugares diferentes de las juntas comunales, inclusive.

Por ejemplo.

Según el MEF, el diputado ARISTIDES DE ICAZA pidió la transferencia de sus 7, 050,000.00 de las partidas circutales, solo en el PAN y no en las juntas.

Según el MEF, la diputada CRESCENCIA PRADOS pidió la transferencia de sus 1, 685,000.00 de las partidas circutales, en el PAN 965,000.00 y en el MUNICIPIO DE ÑURUM de 720,000.00 y no en las juntas.

Según el MEF, el diputado JORGE A. ROSAS pidió la transferencia de sus 3, 552,950.00 de las partidas circutales en el PAN 752,950.00, PRODEC 80,000.00, JC DE SAN JUAN 10,000.00 y MUNICIPIO. DE TOLÉ 2, 710,000.00 y así sucesivamente.

Nadie está auditando la administración que le dispensaron, los diputados del quinquenio pasado, a las partidas circuitales de manera integral y es deber de la Contraloría el hacerlo.

Cada diputado, pedía que se le hicieran sus transferencias, a los organismos que el libremente le designaba al MEF.

La Fiscalía Cuarta Anticorrupción, dentro el expediente relacionado con las bolsas de comida y granos que se adquirieron en el PAN, ha ordenado el envío a la Corte, copia íntegra del sumario, el cual consta de 61 tomos, a fin de se investiguen a los diputados que fueron mencionados en esa investigación, los cuales adquirieron las bolsas, con las partidas circuitales. Véase la resolución del 24 de marzo de 2015 de la fiscalía en cuestión.

A continuación, plasmo un cuadro de lo que dispusieron los diputados del quinquenio 2009-2014 de sus partidas circuitales en el PAN, según los datos oficiales del MEF, con los datos que se recogió en la resolución del 24 de marzo del 2015 de la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, en torno al caso de las compras de las bolsas de comida y grano para los diputados.

Nombre
del Diputado
Monto
total transferido al PAN 2009 – 2014 según certificación del MEF
Monto
asignados a la compra de bolsas de comida, vía PAN, según resolución de la
fiscalía 4 anticorrupción
169,558,829.00 63,217,344.65
MARILYN
VALLARINO
7,990,000.00 299,973,82
ARISTIDES
DE ICAZA
7,050,000.00 2,034,7820,91
JOSÉ
LOZADA
6,920,000.00 2,437,629,53
SERGIO
GÁLVEZ
6,210,000.00 1,258,035,00
MARIO
LAZARUS
5,720,000.00 1,465,859,70
FERNANDO
CARRILLO
5,547,545.00 958,373,28
VICTOR
JULIAO
4,853,976.00 3,559,580,00
RUBÉN
FRÍAS
4,835,000.00 3,999,321,26
MARIO
MILLER
4,381,000.00 1,909,697,57
LEOPOLDO
ARCHIBOLD
4,220,000.00 4,228,980,68
LUIS
LAY
4,120,000.00 1,446,872,17
RONY
ARAÚZ
4,079,525.00 3,376,032,78
GABRIEL
MÉNDEZ
4,050,000.00 2,579,307,45
EDWIN
ZÚÑIGA
3,980,000.00 809,911,13
JOSÉ
MUÑOZ
3,945,000.00 874,985,00
SALVADOR
REAL
3,470,000.00 719,871,45
ROGELIO
BARUCO
3,375,509.00 1,959,494,50
HÉCTOR
APARICIO
3,333,005.00 100,000.00
DANA
CASTAÑEDAS
3,312,500.00 862,877.60
CARLOS
AFÚ
3,298,000.00 750,000.00
FRANCISCO
BREA
3,125,000.00 99,980,80
DALIA
BERNAL
3,103,500.00 353,564,37
NORIEL
SALERNO
3,057,000.00 1,211.585,00
ABRAHAM
MARTÍNEZ
2,770,000.00 1,659,730,68
NELSON
JACKSON
2,765,000.00 1,362,780,31
ABELARDO
ANTONIO
2,660,000.00 1,148,720,86
RICARDO
VALENCIA
2,555,000.00 1,932,654,76
MARCOS
GONZÁLEZ
2,550,000.00 657,402,60
RAUL
HERNANDEZ
2,546,675.00 ________
OSMÁN
GÓMEZ
2,380,000.00 123,754,00
RAÚL
PINEDA
2,340,000.00 1,134,687,50
JUAN A.
MARTÍNEZ
2,205,000.00 1,369,833,22
LUIS
CORBILLÓN
2,145,750.00 434,930,00
JUAN M.
RÍOS
2,110,800.00 49,988,34
PABLO
VARGAS
2,087,840.00 529,959,60
ABSALÓN
HERRERA
2,030,000.00 1,525,381,67
MIGUEL
SALAS
1,992,674.00 464,857,43
VIDAL
GARCÍA
1,850,000.00 449,938,80
JOSÉ M.
HERRERA
1,832,500.00 699,925,00
JORGE
I. ARROCHA
1,550,000.00 383,021.20
ALCIBIADES
VÁSQUEZ
1,520,000.00 149,990,64
MANUEL
COHEN S
1,495,000.00 249,973,50
YANIBEL
DE ABREGO
1,326,000.00 ________
JOSÉ I.
BLANDÓN F.
1,175,000.00 97,969,81
ADOLFO
VALDERRAMA
1,175,000.00 150,000,00
HUGO
MORENO
1,145,000.00 50,000,00
MIGUEL
FANOVICH
1,124,200.00 374,722,60
CARLOS
SANTANA
1,043,880.00 159,961,00
FRANCISCO
ALEMÁN
1,000,000.00 99,450,00
REANULD
DOMINGUEZ
1,000,000.00 329,934,42
CRESCENCIA
PRADOS
965,000.00 387,253,90
LUIS E.
QUIRÓZ
964,000.00 229,933,09
CRISPIANO
ADAMES
930,000.00 ________
IRASEMA
DE DALE
900,000.00 484,912,25
ELIAS
CASTILLO
895,000.00 106,802,17
LEANDRO
AVILA
870,000.00 99,989,40
FRANCISCO
VEGA
870,000.00 409,911,70
JOSÉ
LUIS VARELA
850,000.00 198,940,00
BENICIO
ROBINSON
820,000.00 454,825,85
FREIDI
TORRES
820,000.00 152,991,23
MIGUEL
ALEMÁN
800,000.00 189,978,61
ROGELIO
PAREDES
790,000.00 124,975,40
JORGE
A. ROSAS
752,950.00 49,996,64
TITO
RODRÍGUEZ
750,000.00 530,040,63
RUBEN
DE LEON
620,000.00 49,994,70
HERNÁN
DELGADO
500,000.00 400,000,00
JUAN
CARLOS AROSEMENA
400,000.00 44,993,52
DENIS
ARCE
370,000.00 ________
JOSE
LUIS FABREGA
370,000.00 20,636,30
IRENE
GALLEGOS
350,000.00 ________
JASSIR
PURCAITT
320,000.00 114,971,54

El caso Odebrecht

Preocupante la línea de investigación que tiene hasta ahora el Ministerio Público en el caso del Grupo Odebrecht.

La fiscalía panameña ordenó indagar a 17 personas por presunto blanqueo de capitales, recientemente.

¿Por qué  la figura del blanqueo de capitales?

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó en Panamá, entre el 2010 y 2014, más de US$ 59 millones en sobornos a cambio de contratos; debido a ello, se investiga por el comentado tipo penal.

De mantenerse la investigación únicamente por esta vía, se debilitaría la objetividad en este caso, ya que se soslaya hoy, la exploración hacia otros tipos penales, como por ejemplo, los Delitos en contra de la Administración Pública, para lo cual se requeriría de las auditorías de la Contraloría, ente muy pasivo hasta ahora, en esta investigación.

En sentencia del PLENO de la Corte Suprema de Justicia del 3 de julio de 2014, se determinó que las únicas auditorias que tienen valor para acreditar un delito contra la Administración Pública, son las que hace la Contraloría.

La Corte dijo:

“Ahora bien, tratándose de la presunta comisión de un delito Contra La Administración Pública, en la modalidad de Peculado, es necesario indicar que para acreditar la existencia de un faltante o perjuicio patrimonial a las finanzas del Estado, es menester que la Contraloría General de la República realice la auditoría correspondiente por intermedio de su personal idóneo, en este caso los auditores, quienes luego de concluida su investigación determinarán si efectivamente se ha cometido un hecho irregular que produjo como resultado una lesión al patrimonio del Estado, y quiénes estarían relacionados a esa irregularidad…”.

El Ministerio Público debería ordenarle a la Contraloría, que audite todas las obras y contratos que ha hecho el Grupo Odebrecht desde que llegó a Panamá, hasta nuestros días, para determinar si los contratos se sujetaron a los valores reales del mercado; de igual manera, serían procedentes, las auditorías por supuestos enriquecimientos injustificados a todos los funcionarios y exfuncionarios, que tuvieron injerencia, con las contrataciones de la señalada empresa.

El caso de los “Panama Papers”

La abogacía es una profesión liberal que no está blindada del embate delincuencial, sino se actúa con prudencia y sabiduría.

Desde el punto de vista legal, un abogado por ejercer su profesión no delinque per se, bajo el tipo penal conocido como blanqueo de capitales, no obstante, si dolosamente facilita el ilícito; sí comete delito y podría quedar bajo los rigores de un proceso penal.

Veamos.

Código penal

Artículo 257. Quien, a sabiendas de su procedencia, se valga de su función, empleo, oficio o profesión para autorizar o permitir el delito de blanqueo de capitales, descrito en el artículo 254 de este Código, será sancionado con prisión de cinco a ocho años.

¿Cómo se podría saber, si un abogado ha deshonrado la noble profesión?

Realizándole una auditoría forense en su despacho legal, entre otras cosas.

¿Quién podría realizar esta auditoría forense, en mi concepto?

El Ministerio Público, si actúa con independencia y valor.

Como quiera, que el Ministerio Público ha actuado con “excesiva prudencia” en el caso arriba descrito, me temo que nunca sabremos la verdad, sobre un tema que ha mancillado la imagen de nuestro país como marca internacional.

Ya comienza a regir, sentencia sobre la ley de contrataciones públicas.

A partir del lunes 23 de enero del 2017, comenzara a regir la sentencia del 18 de abril de 2016 en donde el PLENO de la Corte Suprema de Justicia, declaró inconstitucionales varios artículos de la actual ley de contrataciones públicas.

El viernes 20 de los corrientes, quedó ejecutoriada la notificación de la aclaración de sentencia sobre el tema, en los estrados de la secretaría general de la Corte.

¿Que no podrán hacer las entidades?

No pueden hacer consultorías libres de a dedo,  hasta por 300,000.00.

No pueden hacer contratos de prestación de servicios de promoción y publicidad en el extranjero, libres, de a dedo, hasta por 800,000.00.

Por otro lado, tienen que fundamentar la cancelación de la convocatoria de un acto público.

No pueden aplicar la norma excepcional de contratación, que permitía la contratación libre bajo el concepto de seguridad ciudadana y del Estado, con el sólo aval del Ministro de la Presidencia, si es menor la compra de 3, 000,000.00 y del Consejo de Gabinete, si es mayor la compra a la anterior cifra.

 

La Asamblea Nacional no puede reproducir el texto declarado inconstitucional por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia,  cuando retome el tema del veto presidencial del proyecto de Ley No. 305, sobre modificación a la ley de contratación pública, como quiera que las decisiones de la Corte proferidas en materia de inconstitucionalidad, son finales, definitivas y obligatorias.

La corrupción premiada

Los acuerdos dentro del proceso penal, están consagrados en el código procesal penal y son funcionales. En otros países han funcionado también.

No obstante, tanto el artículo 220 del código procesal penal, como en el proyecto de ley 245, se posibilita la corrupción premiada.

La siguiente frase del articulo 220 ibíd., a mi juicio es inconstitucional y posibilita lo que vengo planteando en beneficio del delator, por lo tanto, extingue la certeza del castigo: “… o no se le formularán cargos al imputado. En este último supuesto, se procederá al archivo de la causa.”

Código procesal penal

Artículo 220. Acuerdos. A partir de la audiencia de formulación de imputación y antes de ser presentada la acusación al Juez de Garantías, el Ministerio Público y el imputado podrán realizar acuerdos relacionados con:

 

  1. La colaboración eficaz del imputado para el esclarecimiento del delito, para evitar que continúe su ejecución, para evitar que se realicen otros delitos o cuando aporte información esencial para descubrir a sus autores o partícipes.

En el caso del numeral 2, según las circunstancias, se podrá acordar una rebaja de la pena o no se le formularán cargos al imputado. En este último supuesto, se procederá al archivo de la causa.

 

Mientras que en Brasil, Marcelo Odebrecht por delatar, se le impuso un pena mínima a cambio de su colaboración en el juicio. (Su régimen carcelario en prisión será hasta diciembre de 2017 cuando pasara luego a arresto domiciliario. Se redujo la pena a 10 años de prisión), en Panamá, el delator podría quedar eximido de cargos, de manera absurda, cuando lo propio debiera ser, la reducción de la pena.

El proyecto de ley 245 contiene igual desliz en su artículo 22.

Pregunto ¿Porque en Brasil existe la delación premiada, pero en Panamá, se posibilita la corrupción premiada?

Los deberes que incumplen las autoridades

 

  1. La falta de defensa del gobierno por los panameños angustiados por la lista OFAC. El gobierno está obligado a pedir que se les respeten sus derechos y garantías. Soslayan el artículo 17 constitucional. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 29 de abril de 2015, determinó sobre la interpretación que le daba al artículo 17 constitucional; que esa norma, “no sólo establece la obligación que tienen las autoridades de proteger en su vida, honra y bienes a quienes se encuentren bajo su jurisdicción, sino el deber que tienen las autoridades de sujetarse al orden (constitucional y legal) y de asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales”. Dijo la Corte que se trataba de un precepto de contenido normativo y por ende, no requería de un desarrollo ulterior para tener eficacia.
  2. El deber de denunciar de la ANATI ante el Ministerio Público, el caso del Director Regional sancionado administrativamente por usar un bien del Estado, como lo ordena el Código Judicial en su Artículo 1996 que reza así:Todo empleado público que en el ejercicio de sus funciones descubra de cualquier modo que se ha cometido un delito de aquellos en que deba procederse de oficio, pasará o promoverá que se pasen todos los datos que sean conducentes y lo denunciará ante la autoridad competente, para que se proceda al juzgamiento del culpable o culpables”.
  3. Por decir lo menos, la falta de rendición de cuentas adecuada de la señora Procuradora en el tema Odebrecht. No permitió preguntas, denunciaron comunicadores. Da supuestos avances del caso bajo “opacidad”. Dice que hay bancos que incumplen normas, pero no da los nombres, entonces ¿para qué tocó el tema? Decide aceptar la promesa de la empresa de entregar 59 millones de pagos de sobornos, pero no la promesa de recibir los nombres de los sobornados, como era su deber el exigirlo.  Como no informó, deducimos que no hay ningún impedimento de salida decretado para tales efectos. ¿Cómo se explica esto, luego de reunión celebrada con los abogados de la empresa?

El llamado “voto en plancha” es constitucional y debe avalarse en la reforma electoral.

En fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, Pleno, con fecha de 28 de abril de 2016,  la más alta corporación de  justicia declaró inconstitucional la frase “La votación se realizará selectivamente, por un elector un voto. Por cada persona, votante o elector, se contará un voto,” del código electoral. Magistrado ponente: Abel Zamorano.

La Corte dijo:

“Al establecer la Constitución Política la existencia de circuitos plurinominales, está diciéndoles a los votantes que la representación de ellos es plural y por lo tanto, deben tener derecho a votar por la totalidad de su representación. El votante en un circuito uninominal vota por la totalidad de su representación (que es uno), mientras que el votante de un circuito plurinominal debe poder votar por la totalidad de su representación (que puede ser 2, 3, 4, etc.). El criterio que se expone por algunas personas de una persona, un voto, solo tendría validez jurídica en el país si todos los circuitos fueran uninominales”.

 

La importancia de este fallo radica en ponderar la decisión de la corte sobre un tema, que debería fijar el lineamiento a seguir, en la futura reforma electoral a discutirse en la Asamblea Nacional de Diputados.

Beneficios para los partidos en la reforma electoral

Algunos temas beneficiosos para los partidos políticos,  introducidos en el paquete de reformas electorales a debatirse en segundo debate, próximamente en la Asamblea Nacional, a continuación.

  • Se logró mantener el 1% de los ingresos corrientes del gobierno central presupuestados en el año anterior al de las elecciones, como la fuente del financiamiento público correspondiente al periodo de cinco años que correrá de 2019-2024.

 

  • De la contribución del Estado para el financiamiento previo de las elecciones, del 60% del total de este financiamiento, sólo a los de libre postulación le corresponderá el 2%, lo demás a los partidos.

 

  • Hizo que permaneciera la fórmula para escoger a los diputados centroamericanos, (en el orden en que fueron postulados por los partidos) en donde en elector no podrá escoger directamente a sus candidatos.

 

  • Se permitirá a los partidos formar alianzas temporales para todos los cargos de elección popular, “general o parcialmente”, sin que ello altere su organización interna.

 

  • Redujo el porcentaje de los votos válidos emitidos en las elecciones generales, que debe obtener un partido para que no se extinga. Del 4% al 2%.

El futuro de las reformas electorales

 

La Asamblea Nacional está a la espera de imprimirle el segundo debate al proyecto de Ley 292 de reformas al Código Electoral.

Algunos puntos relevantes de la nueva normativa.

 

  1. Se consagra el voto adelantado. Los panameños residentes en el extranjero podrán ejercer el sufragio desde el país en donde residan, pero solo para cargos a nivel nacional, mediante el voto adelantado.
  2. El Tribunal Electoral podrá decretar medidas cautelares dentro de los procesos internos de los partidos políticos.
  3. Las decisiones relativas a las alianzas se tomarán de conformidad con su estatuto y si estos no lo contemplan, por acuerdo del Directorio Nacional o la Convención Nacional, pero mediante votación secreta.
  4. Se reduce del 4% al 2%, el número de votos emitidos en las elecciones generales necesarios para que no se extinga un partido político.
  5. Se establece un financiamiento electoral previo a las elecciones, equivalentes al 60% del total del financiamiento público, en donde el 2% será para todos los candidatos de libre postulación que hayan sido reconocidos por el Tribunal Electoral y el 98% para los partidos políticos.
  6. Los candidatos están obligados a presentar mensualmente al Tribunal Electoral, mediante declaración jurada, un informe de los gastos incurridos con el financiamiento privado. Dicha información será de acceso público a través de la página web del Tribunal Electoral.
  7. Se establece un tope al financiamiento privado de B/. 5.00 (cinco balboas), por cada elector según el Padrón Electoral preliminar de la circunscripción electoral que corresponda. Este monto podrá aumentar atendiendo a criterios como vías de acceso territorial, distancia entre poblados y población electoral.
  8. Las radioemisoras y televisaras otorgarán a todos los candidatos, un beneficio único, igual y lineal de veinte por ciento sobre las tarifas de compras regulares publicadas por cada medio al 31 de diciembre del año anterior a su aplicación.
  9. Si se realizan actos de campañas, violando la ley electoral, se sancionará al medio con multa diaria de 10 veces el valor comercial de la respectiva propaganda.
  10. Los medios de comunicación, no podrán difundir propaganda electoral a favor o en contra de ningún candidato o partido, durante la veda electoral.
  11. Las personas y los medios de comunicación que violen el reglamento de las encuestas políticas electorales o de preferencias políticas, serán sancionados con multa de veinticinco mil balboas a cincuenta mil. Si hay reincidencia el monto de la sanción se duplicará.
  12. Cada partido político deberá seleccionar, de manera exclusiva, una agencia de publicidad para beneficio de sus candidatos. Los candidatos de libre postulación en circunscripciones mayores de cinco mil electorales, también quedan obligados a contratar una agencia de publicada para pautar propaganda con el financiamiento público del que dispongan.
  13. Se prohíbe la propaganda sucia, entendiendo por ella, la que ofenda la dignidad humana con la utilización de insultos, incursiones en la vida privada, discriminación y aseveraciones de conductas ilegales que no sea hayan dictaminado por los tribunales competentes, promueva la violencia o atenten contra las leyes.
  14. Desde los seis meses previos al día de la elección, se prohíbe la propaganda o publicidad estatal y de gobiernos locales en todos los medios de comunicación social, incluyendo la de los contratistas del Estado para promover avances o culminación de obras.
  15. De resultar ser elegido para dos o más cargos de elección popular, el favorecido deberá manifestar la elección del cargo a ejercer en un periodo máximo de 5 días hábiles después de ser proclamado, de lo contrario, el Tribunal Electoral decidirá otorgarle el ejercicio del cargo correspondiente al de mayor jerarquía y el otro cargo será ocupado por el suplente.
  16. La participación política se regirá por el principio de paridad, en todos los procesos electorales internos, generales y partidarios, que implica que todas las delegaciones, nóminas y demás órganos pares estarán integrados por el 50% de mujeres y el 50% de hombres.
  17. Los candidatos proclamados electos que no fueron impugnados recibirán sus credenciales sin esperar los resultados del proceso de impugnación.

10 Decepciones del año 2016

 

  1. La mala imagen de algunos diputados en la Asamblea Nacional.
  2. Observar que algunos no han rendido las cuentas que debieran dar.
  3. El lento movimiento de la economía.
  4. La división seria que persiste, en varios de los colectivos políticos del país.
  5. La falta de control migratorio.
  6. La justicia selectiva.
  7. Política deficiente en materia de seguridad.
  8. Deficiente transparencia en la gestión gubernamental.
  9. No se han se han tomado decisiones serias en Panama, en el caso de los Panamá Papers.
  10. El paternalismo hacia a las empresas corruptas.