Archive en abril 2017

Las habilidades de nuestros Diputados

 

Los Diputados de la República de Panamá, aprobaron en tercer debate, varias modificaciones al código electoral patrio. En la normativa incluyeron varios conceptos que les favorece gratamente.

 

  1. Fortalecieron económicamente a sus partidos políticos en el financiamiento preelectoral, inclusive. Tendrán el 96.5% del monto correspondiente al 50%, los partidos políticos que subsistieron, para ser invertidos en propaganda electoral y gastos de campaña.

 

  1. Establecieron para ellos, un tope al financiamiento privado de trescientos mil balboas (B/.300 000.00).

 

 

  1. Las radioemisoras y televisoras tendrán que otorgarles un beneficio único, igual y lineal de 20% de descuento en las tarifas de compras regulares publicadas por cada medio al 31 de diciembre del año anterior a su aplicación.

 

  1. No podrán criticarles duramente, como se vio en el debate presidencial de USA, por ejemplo. Prohibieron lo que llamaron campaña sucia. La propaganda sucia, entendiendo por ella la que ofenda la dignidad humana con la utilización de insultos, incursiones en la vida privada, discriminación y aseveraciones de conductas ilegales que no sea hayan dictaminado por los tribunales competentes. (O sea, si un candidato tiene un sumario por peculado, no se le podrá mencionar esto, pues no hay sentencia en firme.) Desean competir en una campaña santificada.

 

 

  1. Ellos podrán hacer proselitismo político con obras del Estado, por encima de los otros candidatos. Artículo 75 del proyecto de ley 292, “Desde la convocatoria al proceso electoral, los precandidatos y candidatos no podrán participar en eventos de inauguración de obras o actividades financiadas con fondos públicos so pena de ser inhabilitados… se exceptúan a los que ejercen cargos de elección popular”.

 

  1. Obstaculizan el proceso de impugnación en su contra. El que demande la nulidad de la proclamación de un diputado, debe consignar una fianza de veinticinco mil balboas (B/.25 000.00).

Las habilidades de nuestros Diputados

 

Los Diputados de la República de Panamá, aprobaron en tercer debate, varias modificaciones al código electoral patrio. En la normativa incluyeron varios conceptos que les favorece gratamente.

 

  1. Fortalecieron económicamente a sus partidos políticos en el financiamiento preelectoral, inclusive. Tendrán el 96.5% del monto correspondiente al 50%, los partidos políticos que subsistieron, para ser invertidos en propaganda electoral y gastos de campaña.

 

  1. Establecieron para ellos, un tope al financiamiento privado de trescientos mil balboas (B/.300 000.00).

 

 

  1. Las radioemisoras y televisoras tendrán que otorgarles un beneficio único, igual y lineal de 20% de descuento en las tarifas de compras regulares publicadas por cada medio al 31 de diciembre del año anterior a su aplicación.

 

  1. No podrán criticarles duramente, como se vio en el debate presidencial de USA, por ejemplo. Prohibieron lo que llamaron campaña sucia. La propaganda sucia, entendiendo por ella la que ofenda la dignidad humana con la utilización de insultos, incursiones en la vida privada, discriminación y aseveraciones de conductas ilegales que no sea hayan dictaminado por los tribunales competentes. (O sea, si un candidato tiene un sumario por peculado, no se le podrá mencionar esto, pues no hay sentencia en firme.) Desean competir en una campa santificada.

 

 

  1. Ellos podrán hacer proselitismo político con obras del Estado, por encima de los otros candidatos. Artículo 75 del proyecto de ley 292, “Desde la convocatoria al proceso electoral, los precandidatos y candidatos no podrán participar en eventos de inauguración de obras o actividades financiadas con fondos públicos so pena de ser inhabilitados… se exceptúan a los que ejercen cargos de elección popular”.

 

  1. Obstaculizan el proceso de impugnación en su contra. El que demande la nulidad de la proclamación de un diputado, debe consignar una fianza de veinticinco mil balboas (B/.25 000.00).

Los privilegios de algunos diputados

 

  1. Cada miembro de la Asamblea Nacional tiene acceso a nombrar personal por contratos, hasta por 30 mil dólares mensuales.

 

  1. Nadie los procesa hoy, por supuestos delitos electorales. Ni la Corte Suprema de Justicia ni el Tribunal Electoral, aunque hubo nulidades en algunas elecciones pasadas.

 

  1. No ha habido en Panamá, ninguna sentencia contra algún diputado, conforme a las nuevas normas procesales penales vigentes, aunque existen denuncias en curso hoy.

 

  1. Algunos casos contra los diputados en la Corte no avanzan. Ejemplo: el 13 de julio del 2015, presenté una denuncia contra 29 diputados suplentes que cobran remuneración de la Asamblea, pero que además cobran sueldo en el sector público, en violación de la Constitución en mi opinión, y ni si siquiera se ha admitido esta denuncia aún.

 

  1. Le he pedido infructuosamente al Contralor General que audite las partidas circuitales que administraron los señores diputados en el quinquenio anterior, desde el año 2015. Se administraron B/ 403, 496,332.00. El próximo 4 de mayo del 2017, debe prescribir el delito electoral que pudiera emerger sobre este tema.

 

  1. Algunos diputados no asisten a sus sesiones, pero no se les descuenta el sueldo por eso.

 

  1. La Asamblea Nacional con la Resolución No. 1 de 2 de julio de 2014, concedió licencia a algunos diputados y diputadas, para que pudieran ejercer la profesión de abogados y poder seguir cobrando el sueldo como diputados, al mismo tiempo. La Corte Suprema no falla aún, una demanda de inconstitucionalidad que presenté sobre este punto.

 

  1. Utilizan el logo de la Asamblea Nacional para asuntos personales y no les pasa nada.

 

  1. Se les permite promoverse a través de los bienes públicos, que supuestamente gestionan, como por ejemplo; buses, camiones etc., hasta los presentan y aparecen en las inauguraciones de obras estatales, sin sanción alguna.

 

Como Nación, necesitamos con urgencia, un cambio de timón sobre el tema de la rendición de cuentas, para evitar una explosión social.

“La corrupción es un mal más grande que el pecado. Más que ser perdonado, este mal debe ser curado”, Papa Francisco.

Problemas de la administración de justicia panameña

 

  1. La politización de la justicia. A veces la justicia responde sólo a casos concretos.
  2. La falta de capacidad en algunos de los organismos encargados de administrar la justicia.
  3. La falta de unificación en los organismos rectores, para la ejecución de algunas medidas.
  4. La falta de rendición de cuentas de las autoridades, hacía la ciudadanía.
  5. Las instituciones penales y penitenciarias, no funcionan bien.
  6. La falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades, cuando se conoce por algún medio, que se ha resquebrajado el orden legal.
  7. Deficiente presupuesto otorgado.
  8. Carencia de integridad en algunos funcionarios.
  9. La mora judicial.
  10. La falta de estabilidad, en algunos operadores judiciales.

Inconveniencias del reglamento de las asociaciones y fundaciones de interés privado

El Decreto Ejecutivo No. 62, salió publicado en Gaceta Oficial el viernes 31 de marzo del año en curso y reglamenta las asociaciones y fundaciones de interés privado.

El documento en cita es inconveniente, bajo mi óptica, por lo siguiente:

 

  1. Restringe la profesión de abogado, al punto de impedir que los profesionales del derecho, puedan acceder libremente a ver los expedientes, alegándose la confidencialidad de la información.

 

  1. Invade el régimen interno de constitución y funcionamiento de una organización privada, impidiendo su reconocimiento bajo la tesis de objetar la promoción o justificación de “cualquier tipo de discriminación” según el análisis particular del gobierno.

 

  1. Somete a las organizaciones, incluyendo a las iglesias, a las inspecciones y seguimientos estatales “libres y periódicos” aunque no perciban fondos públicos.

 

  1. Los fondos y bienes de las organizaciones disueltas deberán ser donados a instituciones benéficas o con fines similares a las disueltas, en primera instancia, pudiendo ir en contra esto, de las disposiciones que pudieran haber en los estatutos del ente privado.

 

  1. El gobierno está facultado para supervisar a los entes privados regulados de forma permanente, pudiendo ejercer mecanismos de control (que no define)  para minimizar, según ellos, los riesgos y prevenir la contravención de normas.

 

  1. Se posibilita como sanción, la suspensión de la personería jurídica del organismo privado, cuando infracciona el reglamento, pero no se precisa en éste, los recursos y/o acciones, habilitadas contra tal medida.

Yo viera procedente el instrumento bajo análisis, si viviéramos en Cuba o en Venezuela, fin del discurso.