Archive en junio 2017

Los subsidios y donaciones de los diputados con fondos públicos, son inconstitucionales

En sentencia del PLENO de la Corte Suprema de Justicia del 16 de marzo de 2017, bajo los trámites de notificación a partir del día 22 de junio del año en curso; se DECLARÓ inconstitucional, el Decreto proferido por la Contraloría General que regulaba, los donativos y subsidios otorgados en la Asamblea Nacional, a solicitud del suscrito.

La Corte dijo que el constituyente optó por no asignarle competencia ni funciones a la Asamblea Nacional para que concedan subsidios y donativos.

“Según se observa, los fines constitucionales antes mencionados, que se deben alcanzar mediante otras instituciones nacionales y/o locales, no dan espacio para que la Asamblea Nacional pueda dedicarse a realizar actividades que no le corresponden, porque son propias de otras autoridades del Estado, como las relacionadas con los subsidios y donativos”. Dijo la Corte.

La sentencia dice: “El Decreto de la Contraloría, al establecer la manera como la Asamblea Nacional podría otorgar subsidios y donativos, omitió tener en cuenta el hecho de que la Asamblea Nacional no puede conceder subsidios y donativos. Por ello, porque un Decreto no puede autorizar lo que la Constitución prohíbe, por ser de menor jerarquía que ésta, la contradicción que tiene lugar entre aquel y ésta se resuelve declarando inconstitucional tal Decreto”.

Finaliza la Corte plasmando que: “En este orden de ideas, si la Asamblea Nacional no puede otorgar subsidios y donativos, ninguna ley, decreto, reglamento, resolución o acto de cualquier naturaleza expedida por alguna Autoridad, puede regular la manera en que la Asamblea Nacional podría otorgar subsidios y donativos, pues la concesión de tales subsidios y donativos constituye una actividad que la Constitución determina que no es propia de la Asamblea Nacional”.

La Convención Americana de los Derechos Humanos, tutela el derecho a ser elegido en asuntos públicos.

En sentencia del 15 de junio de 2017, el PLENO de la Corte Suprema de Justicia exteriorizó, que: “ Como bien ha planteado el demandante, lo acontecido ha infringido el derecho a ser elegido y a participar en la dirección de los asuntos públicos consagrado en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en concordancia con el artículo 4 de la Constitución, el cual no sólo se predica sobre la votación popular de los representantes políticos de la nación, sino también como un derecho a que se garanticen las oportunidades para participar en los distintos procesos de elección a cargos de dirección de los asuntos públicos, como en este caso, de democracia participativa en el ámbito de la comunidad universitaria de la Universidad Tecnológica de Panama.”

La extradición del expresidente Ricardo Martinelli

El señor expediente de la República Ricardo Martinelli, está sujeto a los trámites de extradición pero en el caso de los llamados “pinchazos”.

¿Es viable la extradición del expresidente Martinelli?

Si es viable en base a dos normas jurídicas diferentes: La Ley 75 de 1904, que aprobó la Convención de Extradición entre Panamá y Los Estados Unidos de Norteamérica y la Ley 4 de 1938 que aprobó la Convención Multilateral sobre Extradición suscrita en Montevideo en 1933.

 ¿Qué consecuencia importante trae aparejada la extradición de marras?

La de no juzgarlo por causas previas a la extradición.

Conforme a las consabidas normas legales, ninguna persona entregada, podría ser acusada, enjuiciada o castigada, por otro delito cometido antes de su extradición, que aquel por el cual fue extraditado, salvo que conviniera voluntariamente en ello.

 

Ley 75 de 1904

Art. VIII.- Ninguna persona entregada por una de las partes contratantes a la otra, podrá, sin el consentimiento prestado por ella libre y públicamente, ser acusada, enjuiciada o castigada por otro crimen o delito cometido antes de su extradición que aquel por el cual ha sido entregada, hasta tanto que no haya tenido oportunidad para regresar al país de que ha sido extraída.

 

Ley 4 de 1938

Art. 17.- Concedida la extradición, el Estado requirente se obliga: a) A no procesar ni a castigar al individuo por un delito común cometido con anterioridad al pedido de extradición y que no haya sido incluido el, a menos que el interesado manifieste expresamente su conformidad.

Por lo antes expuesto, si el expresidente Martinelli es extraditado “mañana” por el caso de los pinchazos, no podría ser procesado por las otras causas que tiene en su contra.