Archive en agosto 2017

Lineamiento jurisprudencial

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en decisión del 5 de junio de 2017, pero que ha salido a la luz en reciente data, determinó con ponencia del magistrado Jerónimo Mejía, lo siguiente:

 

  1. Que es viable ordenar una conducción de un investigado, sin que graviten las citaciones previas, pero sólo en ilícitos graves y cuando la vinculación del imputado esté acreditada a través de un medio probatorio que produzca certeza jurídica de ese acto, no obstante, en estos casos, estará obligado el fiscal, a sustentar el por qué está ordenando la conducción y no la citación.

 

  1. A partir de 1 de enero de 2018, todos los procesos penales que se inicien, independientemente de la fecha en que ocurrieron los hechos, se deberán tramitar con las normas del Código Procesal Penal.

 

  1. El Hábeas Corpus Preventivo para que prospere, debe existir una amenaza efectiva contra la libertad corporal, la que por regla general debe constar en un mandato que ordene una detención preventiva o una conducción, en donde pueda advertirse en los hechos del proceso, una situación que implique una  amenaza real o cierta contra la libertad corporal, y que la detención no se haya hecho efectiva.

El juega vivo de los diputados

 

 

  1. Se les permite promoverse a través de los bienes públicos, que supuestamente gestionan, como por ejemplo; buses, camiones etc., hasta los presentan y aparecen en las inauguraciones de obras estatales, sin sanción alguna.

 

  1. No ha habido en Panamá, ninguna sentencia contra algún diputado, conforme a las nuevas normas procesales penales vigentes, aunque existen denuncias en curso hoy.

 

 

  1. Algunos diputados no asisten a sus sesiones, pero no se les descuenta el sueldo por eso.

 

“La corrupción es un mal más grande que el pecado. Más que ser perdonado, este mal debe ser curado”, Papa Francisco.

Perú en su envidiable lucha contra la corrupción

 

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, promulgó una ley para establecer como imprescriptibles los delitos de corrupción cometidos por funcionarios y servidores públicos, según medios noticiosos.

En Panamá: El concepto antes descrito, no se ha conjugado, ni se vislumbra su aprobación.

A mi juicio, Panamá debería adoptar medidas contra la corrupción como en Perú y además, incorporar las siguientes acciones:

 

  • Motivar a los ministros de Estado y a todos los directores y administradores de entidades, a hacer pública su declaración jurada de bienes patrimoniales, para que el pueblo las fiscalice.
  • Una certera fiscalización de parte de la Contraloría, sobre los actos de manejo de fondos y bienes públicos.
  • Una adecuada estrategia de información, sobre la necesidad de cultivar los
    valores, en la comunidad.
  • Una política gubernamental que tienda a fortalecer a la familia, como el
    principal núcleo en la sociedad.
  • Permitir que la sociedad, en mejor medida, participe en calidad
    propositiva en las políticas de Estado.
  • Incentivar al funcionario a que cumpla el código de ética de su entidad, practique valores y a las empresas particulares, a promoverlos.
  • Crear normas que incentiven y protejan al denunciante.
  • Fortalecer nuestro sistema de justicia, haciendo la reingeniería que corresponda inclusive.

La tolerancia de los funcionarios

El funcionario al convertirse en una persona de relevancia pública, debe soportar un mayor nivel de afectación o injerencia en su honra, puesto que, esto es necesario debido al pluralismo político, la conformación de un espíritu crítico, abierto y tolerante, sin los cuales se vacía de contenido la sociedad democrática y el control y fiscalización de las autoridades que actúan en representación del pueblo.

Por tal razón, resulta inadmisible que haya servidores públicos que se molesten por las críticas que hacen algunos periodistas, en su misión de informar.

En sentencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia del once (11) de abril de dos mil catorce (2014), la Corte definió en derecho, cuál debe ser el comportamiento de las autoridades, funcionarios o personajes de relevancia pública, ante las críticas de los ciudadanos, en Panamá.

La corte dijo:

“…Hay que resaltar que es cierto que bajo la óptica de las legislaciones supranacionales en materia de derechos humanos, se ha señalado que la persona al asumir un cargo público, se convierte en una persona de relevancia pública, por lo cual, se expone inevitable y deliberadamente, a una fiscalización atenta de sus actos y gestos, tanto por los periodistas como por la multitud de ciudadanos y por ello debe mostrarse más tolerante”.