Panamá no debiera contratar con empresas corruptas

 

 

Desde mi óptica legal, nuestro país no necesita que la Asamblea Nacional modifique la Ley 22 de 2006, sobre contratación pública,  para que se impida contratar con empresas corruptas, habida cuenta de que ya existe una norma legal que posibilita la inhabilitación y la terminación contractual, si gravita el deseo gubernamental para tal fin.

La Ley 15 de 2005, que aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, permite la inhabilitación de empresas cuestionadas por actos de corrupción.

Veamos.

Artículo 34 Ibídem.  Consecuencias de los actos de corrupción.

Con la debida consideración de los derechos adquiridos de buena fe por terceros, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará medidas para eliminar las consecuencias de los actos de corrupción. En este contexto, los Estados Partes podrán considerar la corrupción un factor pertinente en procedimientos jurídicos encaminados a anular o dejar sin efecto un contrato o a revocar una concesión u otro instrumento semejante, o adoptar cualquier otra medida correctiva.

El derrotero de nuestra justicia

 

El alto nivel de opacidad de nuestra administración de justicia (Órgano Judicial y Ministerio Público) no es de ahora, ya que trasciende los años, por diversos factores.

¿Qué debiera hacerse de inmediato, para que transite la misma por el camino de la integridad?

 

  1. Que la corte se autorregule, estableciendo un método que permita fiscalizar internamente los expedientes en cada despacho, de tal manera que prohíba que un magistrado se quede mucho tiempo con un expediente en su escritorio.
  2. Que la corte impida que se judicialice la política. Es decir, que actué procesalmente y de manera independiente, bajo los tiempos de la ley, evacuando los casos que le lleguen de manera expedita, sin temor, ni presión política alguna; bajo el lineamiento de la uniformidad y de la justicia.
  3. Que se fortalezca la capacidad cognoscitiva de los organismos encargados de administrar la justicia.
  4. Que comiencen las auditorías forenses en los despachos de los magistrados, juzgados y tribunales. Podría practicarse de manera aleatoria, en sus inicios.
  5. Que se procure la unificación de criterios.
  6. Que se haga frecuente la rendición de cuentas de las autoridades hacía la ciudadanía, en temas puntuales.
  7. De manera próxima, debiera fortalecerse el nivel presupuestario para que se haga funcional la carrera judicial y los nombramientos permanentes de los diversos funcionarios.

Por su parte, con una reforma constitucional podría crearse un Tribunal Constitucional independiente en un futuro;  crearse nuevas jurisdicciones pero en rango supremo y establecer una fórmula más transparente, para la escogencia de los nuevos magistrados. No es admisible que la Corte pueda seguir juzgando a los diputados y viceversa.

Nuestra administración de justicia

 

Nuestra administración de justicia tiene problemas detectados.

 

La politización de la justicia. A veces la justicia responde sólo a casos concretos.

La falta de capacidad en algunos de los organismos encargados de administrar la justicia.

La falta de unificación en los organismos rectores, para la ejecución de algunas medidas.

La falta de rendición de cuentas de las autoridades, hacía la ciudadanía.

Las instituciones penales y penitenciarias, no funcionan bien.

La falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades, cuando se conoce por algún medio, que se ha resquebrajado el orden legal.

Deficiente presupuesto otorgado.

Carencia de integridad en algunos funcionarios.

La mora judicial.

La falta de estabilidad, en algunos operadores judiciales.

 

¿Qué debiera hacerse de inmediato?

 

Que la corte, los tribunales y los juzgados se autorregule, estableciendo un método que permita fiscalizar internamente los expedientes en cada despacho, de tal manera que prohíba que un magistrado o juez, se quede mucho tiempo con un expediente en su escritorio.

Que comiencen las auditorías forenses en los juzgados y tribunales.

 

 Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía.” Séneca

La filantropía del Diputado

La función principal de un Diputado panameño es la de expedir leyes, pero que sean necesarias para el cumplimiento de los fines del Estado y acorde con las funciones de cada organismo público al momento de su creación. (Artículo 159 constitucional).

Es cuestionable que históricamente los gobiernos le hayan dado canonjías, a los integrantes del primer Órgano del Estado, con el deseo de mantenerlos sujetos al desiderátum del Poder Ejecutivo.

No es procedente, que los diputados tengan la posibilidad de apoyar a las personas como antes se hacía con las llamadas partidas circuitales, por medio ahora de planillas y/o contratos, con la finalidad de catapultarse en los futuros comicios, por un lado, y por el otro, no hay la certeza de que las labores asignadas,  cumplan el fin propuesto, por la falta de controles efectivos.

No se debe hostigar al periodista

 

Solo hay una forma en que debiera ejercerse el periodismo en Panamá, y es en
absoluta libertad.

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, sobre el tema dijo:

“El ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas
que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas
o morales u otros actos de hostigamiento” (Corte IDH. Caso Vélez Restrepo y
Familiares Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 3 de septiembre de 2012 Serie C No. 248. Párr. 209.)

¿Qué es un Periodista?  A continuación, la respuesta bajo mi óptica.

Persona dedicada a transmitir una noticia de manera veraz.

 

Emprendedor laborioso  que procura difundir la información oportuna.

 

Resuelto a vencer los obstáculos, para lograr el cumplimiento de sus metas.

 

Ingenioso en la defensa por los derechos humanos.

 

Objetivo en el análisis y en la elaboración de la noticia.

 

Decidido a luchar por el derecho que tiene toda persona a recibir información.

 

Idealista que procura trabajar en todo tiempo por vocación.

 

Sabedor de que la independencia es transcendental para el buen desarrollo de la sociedad.

 

Tenaz fiscalizador del manejo de la cosa pública.

 

Abnegado servidor que cree que el derecho a la información, es necesario
para el  fortalecimiento de la democracia.

 

¿Que no deben hacer, los gobernantes? El restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos. (Artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos)

EL DERECHO A RÉPLICA EN PANAMÁ

 

Los problemas de las personas, por las publicaciones inexactas en los medios, se resolverían pacíficamente, de dos maneras (respetando la libertad de prensa y expresión) en mi concepto:

  1. Ajustando el derecho a réplica. El derecho réplica, es la garantía que tiene toda persona afectada, por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión y que se dirijan al público en general, para exigir su rectificación ante el mismo órgano de difusión. El derecho en cuestión, está consagrado, en el artículo 2 de la Ley 22 de 2005, de manera imperfecta, ya que no obliga al medio, que emitió la noticia defectuosa, a publicar la corrección, con la misma prominencia, con que publicó su error. Se debe modificar la normativa en el sentido de incluir la preponderancia en cita, de manera obligatoria y además, que el desagravio por una publicación, se satisface únicamente de ésta manera.

 

  1. Modificar el código judicial, estableciendo que para que se admita una demanda civil contra un medio de comunicación o un periodista, por una información emitida, el demandante deberá probar previamente, que se le negó el derecho a réplica, conforme a los términos expuestos.

¿Se requiere de una reforma legal, para inhabilitar a una empresa corrupta y rescindir sus contratos?

 

A raíz del caso de la empresa ODEBRECHT, surge la interrogante si Panama podría inhabilitar al grupo empresarial antes descrito, por los hechos públicos y notorios, y rescindir sus contratos,  o si se requiere de la modificación de la ley actual de contratación pública para ello.

Desde mi óptica legal, nuestro país no necesita que la Asamblea Nacional modifique la Ley 22 de 2006, sobre contratación pública,  habida cuenta de que ya existe una norma legal que posibilita la inhabilitación y la terminación contractual, si gravita el deseo gubernamental para tal fin.

La Ley 15 de 2005, que aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, permite la inhabilitación de empresas cuestionadas por actos de corrupción.

Veamos.

Artículo 34 Ibídem.  Consecuencias de los actos de corrupción.

Con la debida consideración de los derechos adquiridos de buena fe por terceros, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará medidas para eliminar las consecuencias de los actos de corrupción. En este contexto, los Estados Parte podrán considerar la corrupción un factor pertinente en procedimientos jurídicos encaminados a anular o dejar sin efecto un contrato o a revocar una concesión u otro instrumento semejante, o adoptar cualquier otra medida correctiva.

¿Cómo se podría concretar la terminación contractual?

Emitiéndose un acto administrativo, que invoque  el artículo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ut supra (antes citado) y la relación probatoria de los actos irregulares cometidos por la empresa.

Para ello, sólo se requiere de la voluntad política del Poder Ejecutivo, y no la modificación de la Ley 22 de 2006 antes plasmada.

La irresponsabilidad jurídica del Diputado

Desde la Constitución de 1,904 se encontraba consagrada la irresponsabilidad jurídica del diputado, hoy conocida como la inmunidad del Artículo 154 de la Carta Magna.

ARTICULO 154. Los miembros de la Asamblea Nacional no son legalmente responsables por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de su cargo.

 

Aún en los años 40 y siguientes, se debatía sobre la irresponsabilidad del diputado cuando pudiera injuriar o calumniar a otros en el ejercicio del cargo y los doctos en derecho concluían que había irresponsabilidad jurídica del diputado en torno al manejo de sus opiniones, cuando ejercía el cargo.

 

El doctor J.D. Moscote, avalaba la tesis de la irresponsabilidad cuando dijo: “Si un diputado escribe un libelo difamatorio contra un ciudadano porque así lo juzga conveniente a un interés nacional, ¿no le queda a ese ciudadano recurso alguno contra la integridad de su honra? De acuerdo con el texto de la Constitución, ello parece concluyente, pero no podemos menos que considerar como peligroso un derecho tan amplio y tan irrestricto”. (J.D. Moscote. El Derecho Constitucional panameño. Panamá, 1943, p.240.)

 

El doctor Cesar Quintero, añadía en torno al mismo tema, que: “… ese individuo humano que lleva la investidura de diputado es inmune a las sanciones o penas que, en otras circunstancias, su conducta personal, pública o privada, le acarrearía “. (Cesar Quintero. Derecho Constitucional. Tomo 1. Panamá, 1967, p.494.)

 

Actualmente hemos visto como algunos diputados, de manea poco profesional y con falta del apropiado juicio, emiten improperios que afectan la reputación de ciudadanos respetables, en la República de Panamá, sin responsabilidad alguna, por el privilegio constitucional en cita.  Ésta práctica mal sana debiera cesar, toda vez que no contribuye con la paz social ni con el respeto de las buenas costumbres.

 

Si los diputados no transitan por las vías adecuadas de la ética, un estallido social podría avecinarse en un futuro inmediato, sin duda alguna.

 

 

 

 

La irresponsabilidad jurídica del Diputado

Desde la Constitución de 1,904 se encontraba consagrada la irresponsabilidad jurídica del diputado, hoy conocida como la inmunidad del Artículo 154 de la Carta Magna.

ARTICULO 154. Los miembros de la Asamblea Nacional no son legalmente responsables por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de su cargo.

 

Aún en los años 40 y siguientes, se debatía sobre la irresponsabilidad del diputado cuando pudiera injuriar o calumniar a otros en el ejercicio del cargo y los doctos en derecho concluían que había irresponsabilidad jurídica del diputado en torno al manejo de sus opiniones, cuando ejercía el cargo.

 

El doctor J.D. Moscote, avalaba la tesis de la irresponsabilidad cuando dijo: “Si un diputado escribe un libelo difamatorio contra un ciudadano porque así lo juzga conveniente a un interés nacional, ¿no le queda a ese ciudadano recurso alguno contra la integridad de su honra? De acuerdo con el texto de la Constitución, ello parce concluyente, pero no podemos menos que considerar como peligroso un derecho tan amplio y tan irrestricto”. (J.D. Moscote. El Derecho Constitucional panameño. Panamá, 1943, p.240.)

 

El doctor Cesar Quintero, añadía en torno al mismo tema, que: “… ese individuo humano que lleva la investidura de diputado es inmune a las sanciones o penas que, en otras circunstancias, su conducta personal, pública o privada, le acarrearía “. (Cesar Quintero. Derecho Constitucional. Tomo 1. Panamá, 1967, p.494.)

 

Actualmente hemos visto como algunos diputados, de manea poco profesional y con falta del apropiado juicio, emiten improperios que afectan la reputación de ciudadanos respetables, en la República de Panamá, sin responsabilidad alguna, por el privilegio constitucional en cita.  Ésta práctica mal sana debiera cesar, toda vez que no contribuye con la paz social ni con el respeto de las buenas costumbres.

 

Si los diputados no transitan por las vías adecuadas de la ética, un estallido social podría avecinarse en un futuro inmediato, sin duda alguna.

Hay que defender el ejercicio libre del periodismo

Periodistas panameños informan, que han recibido acciones legales en su contra, por virtud de publicaciones, comunicaciones y entrevistas, en donde mencionan los nombres de las personas que están sujetas a procesos legales. Esto es preocupante y nos debe llevar a la reflexión, pues se está atentando contra la libertad de expresión, sin duda alguna, en mi opinión.

La libertad de expresión, es el derecho que tiene la persona para emitir opiniones y expresiones diversas. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.  Artículo 19º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Solo hay una forma en que debiera ejercerse el periodismo en Panamá y es en libertad.

Mi solidaridad con los periodistas que están siendo demandados por ejercer un periodismo libre y profesional.