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La filantropía del Diputado

La función principal de un Diputado panameño es la de expedir leyes, pero que sean necesarias para el cumplimiento de los fines del Estado y acorde con las funciones de cada organismo público al momento de su creación. (Artículo 159 constitucional).

Es cuestionable que históricamente los gobiernos le hayan dado canonjías, a los integrantes del primer Órgano del Estado, con el deseo de mantenerlos sujetos al desiderátum del Poder Ejecutivo.

No es procedente, que los diputados tengan la posibilidad de apoyar a las personas como antes se hacía con las llamadas partidas circuitales, por medio ahora de planillas y/o contratos, con la finalidad de catapultarse en los futuros comicios, por un lado, y por el otro, no hay la certeza de que las labores asignadas,  cumplan el fin propuesto, por la falta de controles efectivos.

Los malos políticos de Panamá

 

A continuación, el perfil de los malos políticos de Panamá, que no debieran repetir en los próximos comicios del 2019.

 

  • El que promete cosas que nunca cumple.
  • El que regala, para mantenerse en vigencia, pues no tiene ninguna propuesta seria.
  • El que se la pasa viajando con fondos públicos a cualquier lugar del planeta.
  • El que se le olvida, las cosas malas que hizo en el pasado y ahora se viste de íntegro.
  • El que recoge plata de donde sea, para sus intereses propios, sin importarle la ilicitud del mismo.
  • El político que siempre habla mal de todo y no ve nada bueno en el país.
  • El que ve en el servicio público, una fuente para hacer negocios.
  • El que abandonó un ideal profesado, por una canonjía o por un beneficio prometido.
  • El político que vive pensando que estará en un puesto a perpetuidad, por lo que nunca estará de acuerdo con el relevo generacional.
  • Es que divulga una clase de proyectos irreales para cumplir, que entran dentro del género de la fantasía.
  • Es que acepta un nombramiento y cobra, sin prestar el servicio al cual ha sido designado.

Obligación de concurrir a las audiencias penales.

¿Hay algunos actos en donde el investigado debe estar presente de manera obligatoria?

Si, cuando por ejemplo, se le quisiera imputar cargos, si se desea proponer una medida cautelar personal, los de la etapa intermedia.

Código procesal penal

Artículo 278.

A las audiencias de control de la aprehensión, de formulación de la imputación, las que versen sobre la nulidad de solicitud, modificación o rechazo o la proposición de medidas cautelares personales y las de la etapa intermedia deberán comparecer el Fiscal, el defensor y el imputado o acusado.

LA VIABILIDAD JURÍDICA

Esto es un tipo de recurso que tiene la Contraloría General de la República, para evitar refrendar un acto administrativo, si considera que el mismo aunque esté en firme, se emitió en presunta violación del orden jurídico existente.
Tambi
én procede cuando emerjan motivos económicos, en donde la institución que emitió el acto no cuenta con el recurso económico disponible,  para afrontar una obligación contenida en el acto administrativo materializado.

 

El fundamento jurídico del mismo descansa en el artículo 77 de la Ley 32 de 1984, orgánica de la Contraloría General de la República de Panamá [1].
[2]
El artículo 77 lex cit. dice que la Contraloría  improbará toda orden de pago contra un tesoro público y los actos administrativos que afecten un patrimonio público, siempre que se funde en razones de orden legal o económico que amerite tal medida. En caso de que el funcionario u organismo que emitió la orden de pago o el acto administrativo insista en el cumplimiento de aquélla  o de éste. La Contraloría deberá cumplirlos o, en caso contrario, pedir a la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Corte Suprema de Justicia que se pronuncie sobre la viabilidad jurídica del pago o del cumplimiento del acto.

El libertinaje de expresión

El libertinaje de expresión, no es más, que la facultad que tiene todo individuo de emitir expresiones diversas y opiniones sobre ideas, desenfrenadamente, es decir, sin importarle lo que dicen, como lo dicen y en qué momento lo dicen.

Estos actos, debilitan algunos principios fundamentales, que se detallan a continuación:

  • No se debe irrespetar los derechos o a la reputación de los demás. (Artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos).
  • No se debe atacar de manera abusiva, la vida privada y familiar de un individuo. (Artículo V de la Declaración Americana de los Derechos Humanos).

El libertinaje consabido, es evidencia del debilitamiento ético de nuestra sociedad.

Multas a los medios de comunicación

En fallo del 17 de abril de 2018, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, declaró que no son inconstitucionales varios de los artículos de la Ley 82 de 2013, que faculta al Ministerio de Gobierno a multar a los medios de comunicación, hasta con B/.3,000.00, cuando a su juicio incurran en discriminación o violencia contra las mujeres.

Dijo la Corte que los artículos impugnados dispusieron algunas medidas de prevención contra la violencia en las mujeres. Además, los mismos tienen un objetivo legítimo y por otro lado, tales limitaciones son necesarias en una democracia.

En tres votos razonados de la Magistrados, se apela a que el Ministerio de Gobierno aplique el procedimiento de la Ley 38 de 2000, que garantiza un debido proceso, al momento de iniciar el trámite sancionador cuando corresponda, ya que la norma de marras, guarda silencio sobre el tema.

La extradición del señor Martinelli

El señor expediente de la República Ricardo Martinelli, está sujeto a los trámites de extradición pero en el caso de los llamados “pinchazos”.

¿Es viable la extradición del expresidente Martinelli?

Si es viable en base a dos normas jurídicas diferentes: La Ley 75 de 1904, que aprobó la Convención de Extradición entre Panamá y Los Estados Unidos de Norteamérica y la Ley 4 de 1938 que aprobó la Convención Multilateral sobre Extradición suscrita en Montevideo en 1933.

 ¿Qué consecuencia importante trae aparejada la extradición de marras?

La de no juzgarlo por causas previas a la extradición.

Conforme a las consabidas normas legales, ninguna persona entregada, podría ser acusada, enjuiciada o castigada, por otro delito cometido antes de su extradición, que aquel por el cual fue extraditado, salvo que conviniera voluntariamente en ello.

 

Ley 75 de 1904

Art. VIII.- Ninguna persona entregada por una de las partes contratantes a la otra, podrá, sin el consentimiento prestado por ella libre y públicamente, ser acusada, enjuiciada o castigada por otro crimen o delito cometido antes de su extradición que aquel por el cual ha sido entregada, hasta tanto que no haya tenido oportunidad para regresar al país de que ha sido extraída.

 

Ley 4 de 1938

Art. 17.- Concedida la extradición, el Estado requirente se obliga: a) A no procesar ni a castigar al individuo por un delito común cometido con anterioridad al pedido de extradición y que no haya sido incluido el, a menos que el interesado manifieste expresamente su conformidad.

Por lo antes expuesto, si el expresidente Martinelli es extraditado “mañana” por el caso de los pinchazos, no podría ser procesado por las otras causas que tiene en su contra.

La imagen oscura de la justicia panameña.

El alto nivel de opacidad de nuestra administración de justicia (OJ y MP) no es de ahora, ya que trasciende los años, por diversos factores.

¿Qué debiera hacerse de inmediato, para que transite la misma  por el camino de la integridad?

Que la corte se autorregule, estableciendo un método que permita fiscalizar los expedientes en cada despacho, de tal manera que prohíba que un magistrado se quede mucho tiempo con un expediente en su escritorio.

Se debe fortalecer la transparencia de igual manera, reglamentándose los viajes en misiones oficiales.

Que la corte impida que se judicialice la política. Es decir, que actué procesalmente y de manera independiente, bajo los tiempos de la ley, evacuando los casos que le lleguen de manera expedita, sin temor, ni presión política alguna; bajo el lineamiento de la uniformidad y de la justicia.

Que se fortalezca la capacidad cognoscitiva de los organismos encargados de administrar la justicia.

Que comiencen las auditorías forenses en los juzgados. Podría practicarse de manera aleatoria, en sus inicios.

Que se procure la unificación de criterios.

Que se haga frecuente la rendición de cuentas de las autoridades hacía la ciudadanía, en temas puntuales.

 

De manera próxima, debiera fortalecerse el nivel presupuestario para que se haga funcional la carrera judicial y los nombramientos permanentes de los diversos funcionarios.

Por su parte, con una reforma constitucional podría crease un Tribunal Constitucional independiente en un futuro;  crearse nuevas jurisdicciones pero en rango supremo y establecer una fórmula más transparente, para la escogencia de los nuevos magistrados.

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La Labor del Diputado

Conforme a la Carta Magna, las funciones del diputado en la Asamblea Nacional son varias, y las mismas, se debieran cumplir con eficiencia, por los mejores intereses del Estado. En tal sentido, no le es dable al Diputado, utilizar recursos del Estado, para fortalecer su activismo político.

Funciones:

  1. La de expedir leyes.
  2. La de ejecutar actos de control sobre la administración pública y el gobierno.
  3. La de propiciar los debates, de cara al cumplimiento de los fines públicos.
  4. La de ejercer a través de los diputados, la representación adecuada de los partidos políticos y los electores.
  5. La de ejercer funciones judiciales cuando corresponda.

 

En sentencia del PLENO de la Corte Suprema de Justicia del 16 de marzo de 2017, se DECLARÓ inconstitucional, el Decreto proferido por la Contraloría General que regulaba, los donativos y subsidios otorgados en la Asamblea Nacional, a solicitud del suscrito.

La Corte dijo que:

“Según se observa, los fines constitucionales antes mencionados, que se deben alcanzar mediante otras instituciones nacionales y/o locales, no dan espacio para que la Asamblea Nacional pueda dedicarse a realizar actividades que no le corresponden, porque son propias de otras autoridades del Estado, como las relacionadas con los subsidios y donativos”.

 

Por lo antes expuesto, la Contraloría General de la República, debiera objetar el refrendo de toda planilla de la Asamblea Nacional, que contenga nombramientos o contratos de personas que ejerzan labores que no correspondan con los fines y/o funciones que debieran ejecutar los Diputados en la Asamblea Nacional.

La Constituyente paralela

La Constituyente paralela es una de las formas que existe en Panamá, para reformar la Constitución.

Como se adopta

Podrá adoptarse una nueva Constitución, a través de una Asamblea Constituyente Paralela, que podrá ser convocada por decisión del Órgano Ejecutivo, ratificada por la mayoría absoluta del Órgano Legislativo, o por el Órgano Legislativo con el voto favorable de dos terceras partes de sus miembros, o por iniciativa ciudadana, la cual deberá ser acompañada por las firmas de, por lo menos, el veinte por ciento de los integrantes del Registro Electoral correspondiente al 31 de diciembre del año anterior a la solicitud.

Quien la convoca

Le corresponderá al Tribunal Electoral acoger la iniciativa propuesta y hacer la convocatoria a la elección de constituyentes, en un término no menor de tres meses ni mayor de seis meses desde la formalización de la solicitud de convocatoria.

Deliberaciones

Realizada la elección, la Asamblea Constituyente Paralela se instalará formalmente e iniciará sus deliberaciones por derecho propio, tan pronto el Tribunal Electoral entregue las credenciales  respectivas a sus integrantes.

Composición

La Asamblea Constituyente Paralela estará integrada por sesenta constituyentes, quienes deberán representar proporcionalmente a los panameños de todas las provincias y comarcas, de acuerdo con la población electoral, y se permitirá, además de la postulación partidaria, la libre postulación. Para estos efectos, el Tribunal Electoral deberá establecer en la convocatoria el sistema electoral aplicable a la elección de constituyentes.

Limitaciones

La Asamblea Constituyente Paralela podrá reformar la actual Constitución de forma total o parcial, pero en ningún caso las decisiones que adopte tendrán efectos retroactivos, ni podrán alterar los periodos de los funcionarios electos o designados, que estén ejerciendo su cargo al momento en que entre en vigencia la nueva Constitución.

Tiempo de funcionamiento

La Asamblea Constituyente Paralela tendrá un periodo no menor de seis meses ni mayor de nueve meses, para cumplir con su labor y entregar al Tribunal Electoral el texto de la Nueva Constitución Política aprobada, la cual será publicada de inmediato en el Boletín del Tribunal Electoral.

Obligación de hacer Referéndum

El nuevo Acto Constitucional aprobado con arreglo a este método será sometido a referéndum convocado por el Tribunal Electoral en un periodo no menor de tres meses, ni mayor de seis meses, contado a partir de la fecha de su publicación en el Boletín del Tribunal Electoral.

Cuando comienza a regir la nueva Constitución.

El Acto Constitucional aprobado empezará a regir desde su publicación en la Gaceta Oficial, la cual deberá hacerse por el Órgano Ejecutivo, dentro de los treinta días hábiles siguientes a su aprobación mediante referéndum, sin que la publicación posterior a dichos plazos sea causa de inconstitucionalidad.