La administración pública no puede revocar su propio acto administrativo promulgado

La administración pública no puede revocar su propio acto administrativo promulgado

Por: Dr. Ernesto Cedeño Alvarado

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La Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera, expresó sobre el tema lo que sigue: “Debe pues, la Administración recurrir a la vía jurisdiccional ordinaria, a fin de anular sus propios actos que confieren esos derechos. Jaime Vidal Perdomo al respecto nos ilustra cuando sostiene que “el respeto a las situaciones jurídicas creadas o definidas por los actos administrativos puede ser tal que se hagan irrevocables aunque sean ilegales. En el derecho Español se denomina recurso de lesividad el que puede interponer la Administración ante los jueces contra sus propios actos que declaran derechos ante la imposibilidad que encuentra de revocarlos directamente… en algunos casos esos derechos son asimilables al derecho de propiedad y es dable exigir, para ser privado de ellos, ley que los declare de utilidad pública e indemnización; pero estos derechos pueden haberse adquirido de forma ilegal, por lo que se menciona que para que el acto sea irrevocable el beneficiario debe ser de buena fe” (Sentencia de 27 de abril de 2010)

FALTA DE TRANSPARENCIA DE LA CSS, EN LA LICITACIÓN DE PRECIO ÚNICO

Por: Dr. Ernesto Cedeño Alvarado

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En los próximos días se estará realizando una licitación de precio único, en la CSS para los medicamentos.

Sin embargo, la CSS decidió bajar a un 20% el precio de referencia, para varios rubros de importancia. Aunque la medida pareciera ser saludable para el peculio estatal, la forma ensayada por este ente, pareciera no compadecerse con el derecho, debido a que en el Artículo 1 del reglamento de la CSS, que regula el procedimiento de obras, suministros de bienes y prestación de servicios en general; plantea que es lo que es el precio de referencia y esto se debe cumplir, de manera certera. La norma reza que el “Precio de referencia es el costo estimado por la CSS necesario para la ejecución de un contrato de obras, suministro, servicios u otros, determinado por factores y estadísticas sobre tendencias del mercado durante el último periodo fiscal o en su defecto el último precio ofertado en la CSS al por mayor o de acuerdo a informes ejecutivos de costo beneficio que incluyen factores de calidad y cantidad, ubicación del proyecto, costos unitarios reales del mercado mediante cotizaciones de precios testigos, lo que debe conllevar a un precio estimado de mercado y no ficticio de referencia, aproximado a la realidad y se estima de manera previa bajo un esquema técnico actualizado.”

Como se observa, para fijar el precio de un producto a adquirirse, debe irse al mercado a ver los precios de los bienes y si no hay claridad meridiana para determinar la tasación, se atenderá el negocio conforme al valor del bien de la última licitación acaecida de precio único, si es el caso.

La CSS al homologar una disminución de precio por el orden del 20% para muchos medicamentos, no ha logrado al momento explicar nítidamente, como llegó a precisar los guarismos en cada uno de los productos y esa falta de transparencia en la información, a hecho gravitar zozobra, en los proveedores locales, que piensan que podrían ser desplazados, por empresas foráneas que podrían introducir sus medicamentos al suelo patrio, sin registro sanitario, como lo posibilita el Decreto Ejecutivo 1199 de 2010, que hace viable que la Dirección Nacional de Farmacia y Droga, dé un permiso especial de importación, para la comercialización de los medicamentos, previo aval de los exámenes elaborados por laboratorios determinados.

Lo peligroso de esta medida es que el Artículo 9 del Decreto Ejecutivo in examine, pretende exonerar de culpa al Estado de las consecuencias futuras negativas, cuando repite que cualquiera situación relacionada con el medicamento introducido, será de responsabilidad del fabricante o del laboratorio al que se la haya adjudicado la compra. ¡Mire usted esto¡

La CSS debe de una vez por todas, fijar una política de información oportuna y clara a todos los estratos sociales de la sociedad, como lo demanda la democracia panameña.

La segunda vuelta electoral, debe ser materia constitucional

Por: Dr. Ernesto Cedeño Alvarado

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La segunda vuelta electoral debe ser un caso cerrado, ya que el PLENO de la Corte Suprema de Justicia ya dijo otrora, que conforme a la Constitución, para acceder a la Presidencia del Páis, se requiere de la mayoría simple de los votos.

En sentencia de la Corte de 18 de abril de 1994 este ente dijo entorno a la posibilidad de exigir mayoría absoluta de los votos para obtener la Presidencia del País, que: “del examen objetivo de las normativas contenidas en los aludidos instrumentos legales, se colige, que el hecho de que tradicionalmente el legislador haya adoptado en la ley electoral “uno de los dos métodos conocidos para elegir al Presidente de la Republica, el de “mayoría simple” y no el de “mayoría absoluta”, ni contradice ni riñe con la Constitución Nacional; pues lo cierto es que en Panamá, en materia tan importante para el establecimiento de la democracia, el Presidente se elige constitucionalmente por votación directa y por simple mayoría.

En conclusión, a juicio del Pleno de la Corte Suprema, en este caso existe una costumbre constitucional de carácter interpretativo, en virtud de la cual el texto del artículo 172 (hoy 177) de la Constitución ha sido interpretado en el sentido anotado en esta sentencia. En efecto, por varias décadas los diversos órganos del Estado han entendido que obran conforme a la Constitución al reconocer y aceptar que el ciudadano que obtenga la mayoría simple de votos en una elección popular para ocupar el cargo de Presidente de la Republica se desempeñe en ese cargo y que actúa legítimamente en el mismo. La norma legal impugnada en este proceso constitucional es conforme, pues, con esta costumbre constitucional que se integra al bloque de constitucionalidad.

De donde resulta, que la Corte, en este proceso de inconstitucionalidad, como guardiana de la integridad de la Constitución Nacional, no encuentra ninguna razón constitucional válida para acceder a la declaración solicitada por el demandante, sobre todo en las actuales circunstancias en que el país se encuentra abocado a un proceso electoral, y cualquier cambio en el sistema electoral para elegir al Presidente de la Republica, lo único que traería para la Nación en su organización política es el desconcierto y la inseguridad jurídica.”

Aclaro yo, que del mencionado fallo transcrito, se intuye con claridad meridiana, que para incluir lo de la segunda vuelta electoral en Panamá, se requeire de un cambio constitucional y no uno legislativo, ya que la Constitución dice que se accede a la Presidencia, por la mayoría simple de votos.

proyecto de ley que obliga a portar factura, es inconveniente y autocrático

Por: Dr. Ernesto Cedeño Alvarado

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En la Asamblea Nacional de Diputados, reposa para discusión de los miembros de la Asamblea Nacional, el Proyecto de Ley No. 375 que entre sus artículos obliga de manera desproporcionada, al contribuyente a portar la factura o documento equivalente.

Acto seguido transcribo el artículo en cuestión.

Artículo 2. Se adiciona un Parágrafo al artículo 11 de la Ley 76 de 22 de diciembre de 1976, así:

Parágrafo 4. Los compradores de bienes y servicios, que a la salida del local o establecimiento comercial, carezcan de la factura o su equivalente emitido por los equipos fiscales, serán sancionados con una multa, que corresponderá al monto que resulte mayor entre las siguientes opciones:

a) Un balboa (B/.1.00); o,

b) El siete por ciento (7%) del valor del bien o servicio no facturado.

Como el lector observará, la multa se ha de imponer, (por la interpretación literal de la redacción de la norma) al comprador que no porte la factura o documento equivalente, a la salida de un comercio visitado, indistintamente, de que no ostente la documentación referida, producto de robo, hurto, extravío o en fin, por cualesquiera situaciones, que pudieran acaecer, producto de las circunstancias de la vida.

No solo esto es lo descabellado, si no que la intención es invadir en el prudente arbitrio del gobernado. Hoy se nos pretende sancionar por haber decidido no tomar una factura o por haberla extraviado; mañana podríamos serlo, mediante la promulgación de otra ley semejante, por el hecho de no haber ejercido el derecho al sufragio; por no haber educado a nuestros hijos de singular manera; o por no haber asistido a determinada iglesia, etc.

El espíritu que se inmiscuye solapadamente en este instrumento es peligroso y yo lo tacho de autocrático.

Nuestros gobernantes deben meditar mejor en sus acciones, y en el resultado a futuro de las mismas.

La detención preventiva, puede ser mayor de un año, conforme al nuevo código procesal penal (sistema acusatorio)

Por: Dr: Ernesto Cedeño Alvarado

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Con la entrada en vigencia del nuevo código procesal penal, ha habido algo de preocupación en un sector de la población, pues considera que los detenidos preventivamente, saldrán a las calles, debido a que no pueden estar presos más del año.

Lo anterior se ha patentizado por una mala interpretación de la parte final del artículo 12 Ibidem., que reza que: “La detención provisional está sometida a un límite temporal razonable para evitar que se convierta en una pena anticipada. La detención provisional no puede exceder de un año, excepto en los supuestos señalados en este Código.”

Como el lector observará, lo del año no queda incólume, debido a que la norma repite que existirán excepciones, a lo del año, y estas, están Primero, en los dos artículos siguientes, que permite la ampliación de este lapso:

Artículo 502. Autorización judicial. Cuando la tramitación sea compleja por causa de la pluralidad de hechos o del elevado número de imputados o de víctimas, o por tratarse de casos de delincuencia organizada, el Juez, a solicitud del Fiscal, podrá autorizar por resolución fundada, la aplicación de las normas especiales previstas en este Capítulo

Artículo 504. Efectos. Una vez autorizado el procedimiento, producirá los siguientes efectos:

1. El plazo de detención preventiva se extenderá hasta un máximo de tres años.

2. El plazo previsto por este Código para concluir la investigación preparatoria se extenderá a un año y la prórroga un año más.

3. Los plazos establecidos a favor de las partes para realizar alguna actuación y los que

establecen determinado tiempo para celebrar las audiencias y resolver se duplicarán.

Segundo, en lo que se establezca en los Tratados y Convenios Internacionales ratificados por Panamá, que pudieran posibilitar la detención por más del tiempo del año, si en ellos se determina. Lo anterior se desprende, con claridad meridana del Artículo 2 de la norma legal bajo examen.

Artículo 2. Legalidad procesal. Nadie puede ser condenado a una pena o sometido a una medida de seguridad sin juicio previo dentro de un proceso tramitado con arreglo a las normas de la Constitución Política, de los tratados y convenios internacionales ratificados por la República de Panamá y de este Código.

Todo habitante del territorio de la República tiene libre derecho a acceder a los jueces y tribunales en las formas, los plazos y las condiciones determinadas en este Código.

Información a los Medios de Comunicación

Dr:Ernesto Cedeño Alvarado

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Con el nuevo código procesal penal. (Sistema Acusatorio) los jueces, fiscales, querellantes y miembros de la Policía Nacional no pueden presentar a la persona investigada o imputada como culpable ni pueden brindar información sobre esta en ese sentido a los medios de comunicación social. Solo es permitida la publicación de datos o fotografías indispensables para fines de la identificación de dicha persona. (Art. 8)

información a los medios de comunicación

Con el nuevo código procesal penal. (Sistema Acusatorio) los jueces, fiscales, querellantes y miembros de la Policía Nacional no pueden presentar a la persona investigada o imputada como culpable ni pueden brindar información sobre esta en ese sentido a los medios de comunicación social. Solo es permitida la publicación de datos o fotografías indispensables para fines de la identificación de dicha persona. (Art. 8)

COMO TRATARON ALGUNOS PAISES EL TEMA DE LA BACTERIA KPC

COMO TRATARON ALGUNOS PAISES EL TEMA DE LA BACTERIA KPC

Dr. Ernesto Cedeño Alvarado
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En Uruguay, según informó el diario La República el 17 de abril de 2011, tan pronto se descubrieron los primeros casos de la bacteria KPC se le informó a la comunidad y se mitigaron sus efectos. Observe
“El subsecretario del MSP Jorge Venegas declaró que el Ministerio cuenta con antibióticos en stock y que “se están tomando todas las medidas pertinentes”. “Tenemos confirmados dos casos en el Interior, y para atenderlos tenemos toda la batería de antibióticos de segunda línea que permite trabajar en esta bacteria”, confirmó al agregar que todas las “recomendaciones y alertas” ya fueron enviadas a “todos los sanatorios y hospitales; y que las medidas más pertinentes deben ser tomadas en los instrumentos de trabajo, los respiradores y las máscaras de oxígeno”.
Según UNIVISION SALUD en los EE. UU., se informó tan pronto supo de los tres casos, que tuvo. Surgieron en Massachusetts, Illinois y California, señaló Kallen. Ninguno de los pacientes estadounidenses murió por la infección, dijo.

Los hospitales que identificaban casos de infecciones por NDM-1 o KPC debían aislar al paciente antes del tratamiento. Los hospitales también debían tratar de determinar si otros pacientes habían tenido contacto con pacientes infectados.

El Dr. Marc Siegel, experto en enfermedades infecciosas y profesor asociado de medicina de la Universidad de Nueva York en la misma ciudad, señaló que “la cantidad de casos de [NDM-1] es reducida, pero lo que es preocupante es que esta nueva bacteria está surgiendo por un cambio genético que está causando que una bacteria común se haga resistente a la mayoría de los antibióticos”.

“Las bacterias resistentes a los antibióticos están surgiendo por falta de limpieza y esterilidad en los hospitales, porque se están recetando muchos antibióticos y porque los laboratorios farmacéuticos ya no están desarrollando antibióticos nuevos debido a que no son rentables”, aseguró Siegel.

Y en Panamá…

LA COMUNICACION OPORTUNA QUE NO SE DIO

LA COMUNICACION OPORTUNA QUE NO SE DIO
Por: Dr. Ernesto Cedeño Alvarado
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La autoridades de salud de Panamá, comunican a diario que en el caso de las bacterias nosocomiales de la CSS, ellos cumplieron con el protocolo de la OMS en toda su extensión, no obstante, en la GUÍA PRÁCTICA de Prevención de las infecciones nosocomiales 2a edición, de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, se contempla la posibilidad de informar a la comunidad y a los medios de comunicación, durante la investigación de un brote bacterial o enfermedad, sin embargo, esto no se cumplió oportunamente en Panamá.

Acto seguido transcribo la norma en cuestión.

4.2.6 Comunicación
Durante la investigación de un brote, es preciso enviar información oportuna y actualizada a la administración del hospital, las autoridades de salud pública y, en algunos casos, al público. Se puede suministrar información al público y a los medios de comunicación, con el consentimiento del equipo de control de brotes, la administración y las autoridades locales.

Parecido argumento de comunicación promulgó la Ley 68 de 2003 en su artículo 12, cuando dice que “los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a tener conocimiento adecuado de los problemas generales que impliquen un riesgo para la salud colectiva, y a que esta información y las medidas sanitarias de prevención o tratamiento se difundan en términos verídicos, comprensibles y adecuados para la protección de la salud.”
¡Alguien no nos está hablando en un lenguaje claro, juzgo yo¡

Cuando indemniza el Estado a un gobernado

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No es poco común que un ciudadano se sienta afectado por un mal servicio ejecutado por un servidor público u oficina del Estado.

Si la falla en el servicio se da, la persona afectada, tiene varias caminos a seguir, uno es la de presentar una demanda por reparación directa a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

La Corte ha dicho en cuanto a la responsabilidad extracontractual del Estado, que ésta surge cuando concurren tres elementos a saber: 1. La falla del servicio público por irregularidad, ineficiencia o ausencia del mismo; 2. El daño o perjuicio; 3. La relación de causalidad directa entre la falla del servicio público y el daño. (Ver sentencia de 2 de febrero de 2009)

El caso de las muertes por las bacterias en la CSS, puede ser un ejemplo de ésta responsabilidad estatal y podría obligarse el Estado a indemnizar, por daños y perjuicios y daños morales, a los familiares de las víctimas, si se logra acreditar en el proceso, la conexión inmersa en la jurisprudencia citada.
Luego que el Estado pague, surge una lesión patrimonial que los funcionarios responsables deberán afrontar con sus bienes, ante el Tribunal de Cuentas.

Todo funcionario debe comprender, que si comete errores y el Estado los afronta económicamente, tendrá que responder con su peculio personal, hasta saldar la deuda.