Mis consideraciones al pronunciamiento del TE, en torno a la campaña de la “No a la Reelección”.

Mis consideraciones al pronunciamiento del TE, en torno a la campaña de la “No a la Reelección”.

Prima facie (en primera instancia), discrepo de la mayor parte del comunicado por lo siguiente:

  1. El fundamento del mismo debiera ser la Constitución y no el Código Electoral, que es norma de menor grado. (Véase el numeral 2).
  2. Prohíbe, sin fundamento constitucional alguno, que se pague por la campaña de la “No Reelección”, contra algún partido o candidatos específicos. (Véase el numeral 1, literal b).
  3. Establece un fundamento para que un ciudadano, pueda ser sancionado por él TE por campaña sucia; si por ejemplo, sube un vídeo, artículo etc., de un aspirante a reelegirse, cometiendo un acto cuestionable. (Véase el numeral 3). La única razón de precisar el tema de la campaña sucia en el comunicado, debe entenderse que es el de posibilitar una sanción, en mi concepto. Está fuera de lugar este punto.

Código Electoral.

Artículo 235. La propaganda electoral queda sujeta a las prohibiciones siguientes:

  1. La propaganda sucia, entendiendo por ella la que ofenda la dignidad humana con la utilización de insultos, incursiones en la vida privada, discriminación y aseveraciones de conductas ilegales que no se hayan dictaminado por los tribunales competentes, promueva la violencia o atente contra las leyes, durante el desarrollo del proceso electoral de una elección primaria o general.

Los candidatos y/o su equipo de campaña fundamentarán sus propuestas omitiendo, durante el tiempo de campaña, material denigrante, calumnioso e injuriante contra algún candidato.

Mensaje abierto al Contralor General y al Fiscal General Electoral

  1. El numeral 1 del Artículo 136 constitucional, existe.

 

ARTICULO 136. Las autoridades están obligadas a garantizar la libertad y honradez del sufragio. Se prohíbe:

  1. El apoyo oficial, directo o indirecto, a candidatos a puestos de elección popular, aun cuando fueren velados los medios empleados a tal fin.

  1. El Artículo 144 de la Carta Magna, no ha sido eliminado.

 

ARTICULO 144. La Fiscalía General Electoral es una agencia de instrucción independiente y coadyuvante del Tribunal Electoral, que tendrá derecho a administrar su Presupuesto…

Sus funciones son:

1…

  1. Vigilar la conducta oficial de los funcionarios públicos en lo que respecta a los derechos y deberes políticos electorales.

 

No es posible que personas que estén aspirando a un cargo por elección popular, estén licitando y/o comprando artículos con fondos públicos, para distribución sectorial, en los lugares en donde van a competir y no pase nada.

Las reacciones de los políticos hacia las críticas

En sentencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia del ONCE (11) DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE (2014), la Corte definió en derecho, cuál debe ser el comportamiento de las autoridades, funcionarios o personajes de relevancia pública, ante las críticas de los ciudadanos, en Panamá.

Esa corporación exteriorizó, refiriéndose a la despenalización parcial del delito de calumnia e injuria que priva en nuestro país, lo que sigue:

“…Hay que resaltar que es cierto que bajo la óptica de las legislaciones supranacionales en materia de derechos humanos, se ha señalado que la persona al asumir un cargo público, se convierte en una persona de relevancia pública, por lo cual, se expone inevitable y deliberadamente, a una fiscalización atenta de sus actos y gestos, tanto por los periodistas como por la multitud de ciudadanos y por ello debe mostrarse más tolerante. Es decir, que el funcionario público al convertirse en una persona de relevancia pública, debe soportar un mayor nivel de afectación o injerencia en su honra, puesto que, esto es necesario debido al pluralismo político, la conformación de un espíritu crítico, abierto y tolerante, sin los cuales se vacía de contenido la sociedad democrática y el control y fiscalización de las autoridades que actúan en representación del pueblo.

Esto se da indispensablemente, para permitir la crítica vigorosa respecto de la actuación de las autoridades o funcionarios públicos o figuras de relevancia pública (sic) son fundamentales para la vigencia de las sociedades democráticas, a diferencia de los regímenes autocráticos autoritarios o totalitarios, lo que justifica desarrollar y potenciar al máximo la tolerancia y el pluralismo en materias de relevancia pública.

Las autoridades, funcionarios o personajes de relevancia pública se han convertido consciente y voluntariamente en sujetos pasivos de la observación del público, relegando a un ámbito menor su privacidad y la protección de su honor en relación a sus actividades públicas.”

NO SE DEBE CENSURAR EL INTERNET NI LAS REDES SOCIALES EN PANAMÁ

 

Políticos criollos desean una especie de censura en las redes sociales por la campaña de la No Reelección. La idea debe ser objetada, pues afectaría el principio de neutralidad de la red, debido a que la censura, es una privación a la intimidad del cibernauta.

 

El principio de neutralidad de la red, objeta la censura en el Internet y busca fortalecer la libertad de expresión.

 

La libertad de difusión de material y de comunicación por la red, no debiera ser negociable.

 

Fundamento legal de mi punto.

 

Constitución panameña

ARTICULO 37Toda persona puede emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito o por cualquier otro medio, sin sujeción a censura previa; pero existen las responsabilidades legales cuando por alguno de estos medios se atente contra la reputación o la honra de las personas o contra la seguridad social o el orden público.

 

Convención Americana sobre  Derechos Humanos

 

ARTÍCULO 13.  Libertad de Pensamiento y de Expresión

  1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
  2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
  3. a)  el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
  4. b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
  5. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

Las amenazas al el ejercicio libre del periodismo

 

Periodistas panameños informan, que han recibido acciones legales en su contra, por virtud de publicaciones y/o comunicaciones, en donde mencionan los nombres de las personas que están sujetas a procesos legales. Esto es preocupante y nos debe llevar a la reflexión, pues se está atentando contra la libertad de expresión, sin duda alguna, en mi opinión.

 

La libertad de expresión, es el derecho que tiene la persona para emitir opiniones y expresiones diversas. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.  Artículo 19º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

 

Solo hay una forma en que debiera ejercerse el periodismo en Panamá y es en libertad.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que “la libertad de
expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad
democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada”. (Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-5/85, “La colegiación obligatoria de periodistas”, del 13 de noviembre de 1985, párrafo 70).

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, sobre el tema también  dijo:

“El ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento” (Corte IDH. Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012 Serie C No. 248. Párr. 209.)

Justicia  vs  Golpe de Estado

 

Nuestra administración de justicia tiene problemas detectados.

 

La politización de la justicia. A veces la justicia responde sólo a casos concretos.

La falta de capacidad en algunos de los organismos encargados de administrar la justicia.

La falta de unificación en los organismos rectores, para la ejecución de algunas medidas.

La falta de rendición de cuentas de las autoridades, hacía la ciudadanía.

Las instituciones penales y penitenciarias, no funcionan bien.

La falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades, cuando se conoce por algún medio, que se ha resquebrajado el orden legal.

Deficiente presupuesto otorgado.

Carencia de integridad en algunos funcionarios.

La mora judicial.

La falta de estabilidad, en algunos operadores judiciales.

 

¿Que sería peligroso hacer?

 

Ejecutar la idea de desmantelar la cabeza del poder judicial (9 magistrados)  y del Ministerio Público, por decisiones tomadas en temas de alto perfil, pues permitiría la renovación inmediata del mismo por el actual poder ejecutivo, que hará los nombramientos que le compete, a su prudente arbitrio.

Tal idea sin lugar a dudas, se conjugaría como un golpe de estado, harto peligroso para nuestro sistema democrático.

 

Que sugerencias potables sugiero para robustecer la administración de justicia.

 

A mediano o largo plazo.

 

Implementar una constituyente, que establezca nuevos cimientos.

 

De manera inmediata o a corto plazo.

 

Exigir que el Pacto de Estado por la Justicia, asuma su papel beligerante en el tema, con la posibilidad de que más ciudadanos participen aportando ideas con el propósito firme de reestructurar y modernizar el sistema judicial panameño, a fin de que el mismo sea independiente, transparente y eficiente.

La imagen oscura de la justicia panameña

El alto nivel de opacidad de nuestra administración de justicia (Órgano Judicial y Ministerio Público) no es de ahora, ya que trasciende los años, por diversos factores.

¿Qué debiera hacerse de inmediato, para que transite la misma por el camino de la integridad?

  1. Que la corte se autorregule, estableciendo un método que permita fiscalizar internamente los expedientes en cada despacho, de tal manera que prohíba que un magistrado se quede mucho tiempo con un expediente en su escritorio.
  2. Que la corte impida que se judicialice la política. Es decir, que actué procesalmente y de manera independiente, bajo los tiempos de la ley, evacuando los casos que le lleguen de manera expedita, sin temor, ni presión política alguna; bajo el lineamiento de la uniformidad y de la justicia.
  3. Que se fortalezca la capacidad cognoscitiva de los organismos encargados de administrar la justicia.
  4. Que comiencen las auditorías forenses en los juzgados y tribunales. Podría practicarse de manera aleatoria, en sus inicios.
  5. Que se procure la unificación de criterios.
  6. Que se haga frecuente la rendición de cuentas de las autoridades hacía la ciudadanía, en temas puntuales.
  7. De manera próxima, debiera fortalecerse el nivel presupuestario para que se haga funcional la carrera judicial y los nombramientos permanentes de los diversos funcionarios.

Por su parte, con una reforma constitucional podría crease un Tribunal Constitucional independiente en un futuro;  crearse nuevas jurisdicciones pero en rango supremo y establecer una fórmula más transparente, para la escogencia de los nuevos magistrados.

 

 

Galería de los diputados

 

Sería bueno, crear una galería de los diputados, con realce en su
actuación en el tiempo, así:

 

  • Sección del Tránsfuga. Destinado para aquellos que decidieron inscribirse en un partido político, al cual no pertenecían cuando fueron electos.
  • Sección del Arlequín. Destinado para aquellos que se caracterizaron por sus gracias exteriorizadas.
  • Sección del Yes Man. Destinado para todos aquellos que se la pasaron aprobando las líneas que les mandaban, sin pensar en el electorado.
  • Sección del Inculto. Destinado para aquellos diputados que no se expresaban bien en sus intervenciones, destruyendo el idioma de Cervantes.
  • Sección del Vulgar. Destinado para aquellos que promovieron obscenidades.
  • Sección del Ausente. Destinado para aquellos que faltaban a la Asamblea, pero que cobraban puntualmente su sueldo.
  • Sección del Negociante. Destinado para aquellos que habiendo invertido una fortuna en sus campañas, sólo decían que cobraban únicamente, su salario y para a los que se les descubrió, según auditorias, un retorno de los salarios y/o honorarios en sus cuentas personales, de sus nombrados en planillas y contratos.
  • Sección del Mudo. Destinado para aquellos, que pudiendo hablar, nunca se
    les oyó hablar en la Asamblea nada.
  • Sección del Pendenciero. Destinado para aquellos que fueron notables, por
    la violencia que practicaron.
  • Sección del Opositor. Destinado para aquellos que se oponían a toda idea
    que no viniera de su partido, aunque fuera buena la misma.
  • Sección del Acaudalado. Destinado para aquellos, que se la pasaban
    regalando bienes, a cuanto elector hubiese en su circuito.
  • Sección del Olvidadizo. Destinado para aquellos diputados que nunca
    propusieron ni una sola ley seria, aunque el elector los eligió para hacer normas.
  • Sección de Los Eternos. Destinado a aquellos padres de la patria que llevan décadas siendo diputados.
  • Sección de Los Viajeros. Destinado para aquellos que si aprovecharonlos viajes en “misiones oficiales”.
  • Sección del Juega Vivo. Destinado para los que administraron fondos públicos y no enseñaron ni una sola factura.
  • Sección de los Inmunes. Destinado para todos los diputados que recibieron denuncias serias en su contra, pero quedaron ilesos porque el sistema los blindó.

El libertinaje de expresión

El libertinaje de expresión, no es más, que la facultad que tiene todo individuo de emitir expresiones diversas y opiniones sobre ideas, desenfrenadamente, es decir, sin importarle lo que dicen, como lo dicen y en qué momento lo dicen.

Estos actos, debilitan algunos principios fundamentales, que se detallan a continuación:

  • No se debe irrespetar los derechos o a la reputación de los demás. (Artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos).
  • No se debe atacar de manera abusiva, la vida privada y familiar de un individuo. (Artículo V de la Declaración Americana de los Derechos Humanos).

El libertinaje consabido, es evidencia del debilitamiento ético de nuestra sociedad.

La tolerancia que deben tener los funcionarios a los periodistas y ciudadanos

El funcionario al convertirse en una persona de relevancia pública, debe soportar un mayor nivel de afectación o injerencia en su honra, puesto que, esto es necesario debido al pluralismo político, la conformación de un espíritu crítico, abierto y tolerante, sin los cuales se vacía de contenido la sociedad democrática y el control y fiscalización de las autoridades que actúan en representación del pueblo.

Por tal razón, resulta inadmisible que haya servidores públicos que se molesten por las críticas que hacen algunos periodistas, en su misión de informar

En sentencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia del once (11) de abril de dos mil catorce (2014), la Corte definió en derecho, cuál debe ser el comportamiento de las autoridades, funcionarios o personajes de relevancia pública, ante las críticas de los ciudadanos, en Panamá.

La corte dijo:

“…Hay que resaltar que es cierto que bajo la óptica de las legislaciones supranacionales en materia de derechos humanos, se ha señalado que la persona al asumir un cargo público, se convierte en una persona de relevancia pública, por lo cual, se expone inevitable y deliberadamente, a una fiscalización atenta de sus actos y gestos, tanto por los periodistas como por la multitud de ciudadanos y por ello debe mostrarse más tolerante”.

Por lo antes expuesto, resulta inadmisible que haya funcionarios que aprovechándose de los  cargos que ocupan, divulguen información no pública, con el ánimo de desprestigiar a sus fiscalizadores.