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Las partidas circuitales

Algunas personas pudieran pensar que las auditorias que presentó la Contraloría al Ministerio Público sobre  las juntas comunales y municipios, son suficientes para deslindar las responsabilidades en el uso de las llamadas partidas circuitales, por parte de los diputados.

Tal tesis es un error y los que la defienden, desconocen el informe que emitió el Ministerio de Economía y Finanzas sobre el tema. En el mismo se desprende que el Estado erogó la suma de 403, 496,332 millones de dólares, entre todos los diputados y algunos de ellos pidieron la transferencia de los recursos en lugares diferentes de las juntas comunales, inclusive.

Por ejemplo.

Según el MEF, el diputado ARISTIDES DE ICAZA pidió la transferencia de sus 7, 050,000.00 de las partidas circutales, solo en el PAN y no en las juntas.

Según el MEF, la diputada CRESCENCIA PRADOS pidió la transferencia de sus 1, 685,000.00 de las partidas circutales, en el PAN 965,000.00 y en el MUNICIPIO DE ÑURUM de 720,000.00 y no en las juntas.

Según el MEF, el diputado JORGE A. ROSAS pidió la transferencia de sus 3, 552,950.00 de las partidas circutales en el PAN 752,950.00, PRODEC 80,000.00, JC DE SAN JUAN 10,000.00 y MUNICIPIO. DE TOLÉ 2, 710,000.00 y así sucesivamente.

Nadie está auditando la administración que le dispensaron, los diputados del quinquenio pasado, a las partidas circuitales de manera integral y es deber de la Contraloría el hacerlo.

Cada diputado, pedía que se le hicieran sus transferencias, a los organismos que el libremente le designaba al MEF.

Al parecer, el tema quedará en el olvido y formará parte de las anécdotas sobre el clientelismo en Panamá. ! Qué pena ¡

El papel constitucional de la Asamblea Nacional

 

Conforme a la Carta Magna, las funciones de la Asamblea Nacional son varias, y las mismas, se debieran cumplir con eficiencia, por los mejores intereses del Estado:

Funciones:

  1. La de expedir leyes.
  2. La de ejecutar actos de control sobre la administración pública y el gobierno.
  3. La de propiciar los debates, de cara al cumplimiento de los fines públicos.
  4. La de ejercer a través de los diputados, la representación adecuada de los partidos políticos y los electores.
  5. La de ejercer funciones judiciales cuando corresponda.

 

En sentencia del PLENO de la Corte Suprema de Justicia del 16 de marzo de 2017, se DECLARÓ inconstitucional, el Decreto proferido por la Contraloría General que regulaba, los donativos y subsidios otorgados en la Asamblea Nacional, a solicitud del suscrito.

La Corte dijo que:

“Según se observa, los fines constitucionales antes mencionados, que se deben alcanzar mediante otras instituciones nacionales y/o locales, no dan espacio para que la Asamblea Nacional pueda dedicarse a realizar actividades que no le corresponden, porque son propias de otras autoridades del Estado, como las relacionadas con los subsidios y donativos”.

 

Por consiguiente, y en esa línea de pensamiento, no existe hoy, fundamento constitucional para que el Contralor General, le siga refrendando un monto de B/. 30,000.00 al mes a todos los diputados, para que celebren contratos por servicios profesionales para apoyo circuital.  (Varios diputados han corroborado la existencia de este gasto en público).

 

El pueblo les está pagando activistas a estos “padres de la patria” y no hay base para ello. El Contralor debe jugar su papel y solo basta aplicar la filosofía que la Corte impregnó en la sentencia bajo comentario.

 

Los valores y la corrupción en Panamá

“La corrupción es un mal más grande que el pecado. Más que ser perdonado, este mal debe ser curado” Papa Francisco.

 

 Los escándalos de corrupción en Panamá, ponen al descubierto la debilidad en el cultivo de los valores en la sociedad.

 

¿Qué deberíamos hacer como prioridad?

  • Una adecuada estrategia de información, sobre la necesidad de cultivar los valores, en la comunidad.
  • Incentivar al funcionario a que cumpla el código de ética de su entidad, practique valores y a las empresas particulares a promoverlos.
  • En base a la responsabilidad social empresarial, motivar a los medios de comunicación social, a que promuevan ampliamente, la divulgación de políticas sobre el fortalecimiento de los valores y la ética; honrando la libertad de prensa.

Los Acuerdos de Pena

Los Acuerdos (de Colaboración Eficaz o de Pena) dentro del proceso penal, están consagrados en el código procesal penal y deberían ser funcionales, pero en Panamá, los Acuerdos de Pena, dan es pena. Debilitan la certeza del castigo para los delincuentes de cuello blanco.  En otros países han funcionado bien.

En Panamá se ha viabilizado la corrupción premiada, con los prenombrados Acuerdos.

Mi criterio es que la figura del Acuerdo es procedente, si se adecua con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

O sea, al acusado de corrupción,  que colabore efectivamente en un proceso, si fuere  el caso, se le puede mitigar la pena, pero que cumpla con un término prudencial en la cárcel, si corresponde.

La Ley 15 de 2005, que aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, establece en su artículo 37 lo que sigue:

Veamos.

Artículo 37. Cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley

  1. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, en casos apropiados, la mitigación de la pena de toda persona acusada que preste cooperación sustancial en la investigación o el enjuiciamiento de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.

Los mensajes que están dando los Acuerdos de Pena con gente de alto perfil es éste: roba, devuelve plata si te agarran y saldrás libre, pagando una multa.

El Narcotráfico, en la política panameña

 

¿Cómo se podría combatir la narco política en Panamá?

  1. Analizando de mejor forma las características preliminares del donante.
  2. Haciendo una campaña sobre la adopción de valores, dentro de la sociedad; por parte del gobierno, de la empresa privada, de los partidos políticos, medios de comunicación y de la ciudadanía en general.
  3. Eligiendo en los cargos públicos y en las juntas directivas de los colectivos políticos, a las personas que hayan mostrado, más transparencia e integridad en su caminar.
  4. Instruyendo los padres de familia, a sus hijos, sobre la necesidad de cumplir reglas básicas de ética y de moral.
  5. Sancionando el crimen como corresponde; haciendo viable la certeza del castigo a nivel jurisdiccional y partidario.

¿Cuál es el deber del funcionario que sabe que hay narco política en Panamá’?

El de presentar las denuncias a los entes correspondientes, para que se sancionen, a los responsables.

Código procesal penal.

Artículo 83. Obligación de denunciar. Tienen obligación de denunciar acerca de los delitos de acción pública que, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de estas, lleguen a su conocimiento:

  1. Los funcionarios públicos, en los hechos que conozcan en ejercicio de sus funciones.

 

10 Decepciones del año 2017

 

  1. La mala imagen de algunos diputados en la Asamblea Nacional.
  2. La falta de rendición de cuentas, por parte de los Diputados, ante el pueblo que los eligió.
  3. El incumplimiento de la promesa de la Procuradora; no reveló la lista de los coimeados de Odebrecht.
  4. La deficiente política gubernamental de lucha contra la corrupción.
  5. La proliferación de las misiones oficiales de algunos funcionarios al extranjero, sin mayor beneficio institucional.
  6. La justicia selectiva.
  7. Una política deficiente en materia de seguridad.
  8. El no haberse aprobado la imprescriptibilidad de los delitos contra la                corrupción.
  9. La impunidad en los casos de alto perfil.
  10. La falta de reacción ciudadana contra los actos indignos.

Mensajes ofensivos en las redes sociales

 

Algunas personas, están enviando, en las redes sociales, información ofensiva, vulgar, familiar-íntima, etc.

Lo anterior se debe considerar, como actos propios de un libertinaje de expresión, que no es más, que la facultad que tiene todo individuo de emitir expresiones diversas y opiniones sobre ideas, desenfrenadamente, es decir, sin importarle lo que dicen, como lo dicen y en qué momento lo dicen.

Estos actos, debilitan algunos principios fundamentales, que se detallan a continuación:

  • No se debe irrespetar los derechos o a la reputación de los demás. (Artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos).
  • No se debe atacar de manera abusiva, la vida privada y familiar de un individuo. (Artículo V de la Declaración Americana de los Derechos Humanos).

El libertinaje consabido, es evidencia del debilitamiento ético de nuestra sociedad.

Las auditorias de las llamadas Partidas Circuitales

 

Algunas personas pudieran pensar que la auditoria que está realizando la Contraloría en las juntas comunales, son suficientes para deslindar las responsabilidades en el uso de las llamadas partidas circuitales, por parte de los diputados.

Tal tesis es un error y los que la defienden, desconocen el informe que emitió el Ministerio de Economía y Finanzas sobre el tema. En el mismo se desprende que el Estado erogó la suma de 403, 496,332 millones de dólares, entre todos los diputados y algunos de ellos pidieron la transferencia de los recursos en lugares diferentes de las juntas comunales, inclusive.

Por ejemplo.

Según el MEF, el diputado ARISTIDES DE ICAZA pidió la transferencia de sus 7, 050,000.00 de las partidas circutales, solo en el PAN y no en las juntas.

Según el MEF, la diputada CRESCENCIA PRADOS pidió la transferencia de sus 1, 685,000.00 de las partidas circutales, en el PAN 965,000.00 y en el MUNICIPIO DE ÑURUM de 720,000.00 y no en las juntas.

Según el MEF, el diputado JORGE A. ROSAS pidió la transferencia de sus 3, 552,950.00 de las partidas circutales en el PAN 752,950.00, PRODEC 80,000.00, JC DE SAN JUAN 10,000.00 y MUNICIPIO. DE TOLÉ 2, 710,000.00 y así sucesivamente.

Nadie está auditando la administración que le dispensaron, los diputados del quinquenio pasado, a las partidas circuitales de manera integral y es deber de la Contraloría el hacerlo.

Cada diputado, pedía que se le hicieran sus transferencias, a los organismos que el libremente le designaba al MEF.

Al parecer, el tema quedará en el olvido y formará parte de las anécdotas sobre el clientelismo en Panamá. ! Qué pena ¡

Panamá y las medidas contra la corrupción

 

Panamá debería adoptar medidas contra la corrupción incorporando las siguientes acciones:

 

  • Motivar a los ministros de Estado y a todos los directores y administradores de entidades, a hacer pública su declaración jurada de bienes patrimoniales, para que el pueblo las fiscalice.
  • Una certera fiscalización de parte de la Contraloría, sobre los actos de manejo de fondos y bienes públicos.
  • Una adecuada estrategia de información, sobre la necesidad de cultivar los
    valores, en la comunidad.
  • Una política gubernamental que tienda a fortalecer a la familia, como el
    principal núcleo en la sociedad.
  • Permitir que la sociedad, en mejor medida, participe en calidad
    propositiva en las políticas de Estado.
  • Incentivar al funcionario a que cumpla el código de ética de su entidad, practique valores y a las empresas particulares, a promoverlos.
  • Crear normas que incentiven y protejan al denunciante.
  • Fortalecer nuestro sistema de justicia (Órgano Judicial y Ministerio Público) haciendo la reingeniería que corresponda inclusive.

Los políticos malos de Panamá

 

Por. Ernesto Cedeño Alvarado

¿Te vendrán algunos nombres a la mente?

 

  • El que prometió cosas que nunca cumplió.
  • Lo único que sabe hacer es regalar, para mantenerse en vigencia.
  • El que se la pasa viajando con fondos públicos a cualquier lugar del planeta.
  • El que se le olvida, las cosas malas que hizo en el pasado y ahora se viste de íntegro.
  • El que recoge plata de donde sea, para sus intereses propios, sin importarle la ilicitud del mismo.
  • El político que siempre habla mal de todo y no ve nada bueno en el país.
  • El que vio en el servicio público, una fuente para hacer negocios.
  • El que abandonó un ideal profesado, por una canonjía o por un beneficio prometido.
  • El que aprovecha las circunstancias, de modo, tiempo y lugar en el país, para figurar públicamente.
  • El político que vive pensando que estará en un puesto a perpetuidad, por lo que nunca estará de acuerdo con el relevo generacional.
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