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De la elección de los constituyentes.

He escuchado con asombro como el presidente del Tribunal Electoral le manifestó al país, que los constituyentes que se elijan para lo de la constituyente paralela, no podrían correr para los diversos cargos de elección popular en un futuro inmediato, entre otras consideraciones. Tal determinación sería inconstitucional a mi juicio.

La Convención Americana de los Derechos Humanos, tutela el derecho a ser elegido en asuntos públicos.

En sentencia del 15 de junio de 2017, el PLENO de la Corte Suprema de Justicia exteriorizó, que: “ Como bien ha planteado el demandante, lo acontecido ha infringido el derecho a ser elegido y a participar en la dirección de los asuntos públicos consagrado en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en concordancia con el artículo 4 de la Constitución, el cual no sólo se predica sobre la votación popular de los representantes políticos de la nación, sino también como un derecho a que se garanticen las oportunidades para participar en los distintos procesos de elección a cargos de dirección de los asuntos públicos, como en este caso, de democracia participativa en el ámbito de la comunidad universitaria de la Universidad Tecnológica de Panamá.”

Los impedimentos para correr a un cargo de elección popular están en la Carta Magna y en la ley formal, y no puede un ente que se cree superior a los demás, dictar limitaciones que son propias de las funciones de la Asamblea Nacional, inclusive.

Huelga añadir que la reglamentación que dicte el Tribunal Electoral en un proceso constituyente, debe compadecerse del tenor constitucional, por lo que el instrumento que se emita, no se puede apartar de la letra ni del espíritu de la Constitución.

La escogencia de dos nuevos magistrados

En los próximos días, el Consejo de Gabinete tendrá la tarea de nombrar a dos nuevos magistrados en la Corte Suprema de Justicia.

En mi concepto, los nombramientos debieran ser por capacidad, únicamente.

En mi opinión, sería intrascendente, que se escogieran para tales cargos, a las personas que le sean más conocidas al presidente o a sus allegados.

Sería placentero el poder someter al escrutinio público, a los preseleccionados para magistrados, antes de vayan los nombres a la Asamblea Nacional.  El tiempo nos dirá si medió buena intención del poder ejecutivo, para tan noble propósito.

En lo personal creo que el proceso de escogencia es sólo para hacerle creer al pueblo que hay transparencia en el método, no obstante, los reales parámetros para la selección de los magistrados son otros, que no le serán revelados al común del ciudadano.

Se hace viable considerar muy bien el perfil de los próximos Magistrados de la Corte, para que procuren impulsar un plan de mejoras en el sistema de justicia.

Lo cierto es, que hasta que se hagan nuevos cambios a la Constitución, el poder ejecutivo tendrá la posibilidad de seguir escogiendo a los magistrados que le sean más agradable.

Los ministros consejeros, no son ministros de Estado

En decisión del 3 de julio de 2014, dentro de una denuncia que interpuse, contra el MOP, a la sazón dirigido por el ingeniero FEDERICO SUAREZ, por haber pagado el MOP 30 millones, para la reparación de daños materiales a la vía próxima al puente Centenario, el Pleno declinó el caso a un juez de circuito, pero dijo en el fallo, que la designación de SUAREZ como MINISTRO CONSEJERO, a la postre, no tiene sustento constitucional para ser llamado ministro de Estado. El prenombrado era ministro del MOP cuando denuncié, luego con el Decreto No. 138 de 2012 se le nombró MINISTRO CONSEJERO.

El PLENO de la Corte dijo lo que sigue.

“Como abono a lo anterior, y para despejar dudas sobre nuestra competencia privativa respecto a procesos penales, donde se involucre a un ministro de Estado, consideramos oportuno realizar un análisis de las normas fundamentales que nos orientan sobre la creación, estructuración administrativa y funcionabilidad de los ministros de Estado.

En primer orden, el artículo 183 constitucional establece como atribución del Presidente de la República, nombrar y separar libremente a los ministros de Estado. No obstante, cuando ello implica la creación de nuevos ministerios nuestra Carta Fundamenta en el artículo 159, numeral 12, establece que ello se realizará a través de la intervención de otro Órgano del Estado, que en este caso lo es, la Asamblea Nacional.

“ARTÍCULO 159: La función legislativa, es ejercida por medio de la Asamblea Nacional y consiste en expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones del Estados declarados en esta Constitución y en especial para lo siguiente:

  1. Determinar, a propuesta del Órgano Ejecutivo, la estructura de la administración nacional mediante la creación de Ministerios, Entidades Autónomas, Semiautónomas, Empresas Estatales y demás establecimientos públicos, y distribuir entre ellos las funciones y negocios de la Administración, con el fin de asegurar la eficacia de las funciones administrativas”.

En ese sentido, el artículo 194 de la Constitución Política define que los ministros de Estado son los jefes de sus respectivos ramos y participan con el Presidente de la República en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con la Constitución y la ley, siendo que la distribución de sus respectivos negocios también se efectuaran de conformidad con la ley, como expone el artículo 195 lex cit.

Para esta Superioridad las normas citadas establecen los protocolos que se exigen para la constitución de un nuevo ministerio y sus atribuciones, siendo en consecuencia que concluimos que la designación del Ingeniero FEDERICO SUAREZ no reúne estas condiciones, siendo en consecuencia que se extravía nuestra competencia en este expediente penal, ya que es un hecho público y notorio que en la actualidad no ostenta el cargo de ministro de Estado.”

Conclusiones propias:

  1. Los ministros consejeros no son ministros de Estado, porque no tienen una cartera a su cargo, creada por el Legislativo.
  2. Los ministros consejeros no deben tener los privilegios y las obligaciones, de los ministros de Estado, porque no lo son.
  3. Los ministros de consejeros no deben participar de las reuniones del Consejo de Gabinete como si fueran “ministros”, por lo antes expuesto.

La Constituyente paralela

La Constituyente paralela es una de las formas que existe en Panamá, para reformar la Constitución.

Como se adopta

Podrá adoptarse una nueva Constitución, a través de una Asamblea Constituyente Paralela, que podrá ser convocada por decisión del Órgano Ejecutivo, ratificada por la mayoría absoluta del Órgano Legislativo, o por el Órgano Legislativo con el voto favorable de dos terceras partes de sus miembros, o por iniciativa ciudadana, la cual deberá ser acompañada por las firmas de, por lo menos, el veinte por ciento de los integrantes del Registro Electoral correspondiente al 31 de diciembre del año anterior a la solicitud.

Quien la convoca

Le corresponderá al Tribunal Electoral acoger la iniciativa propuesta y hacer la convocatoria a la elección de constituyentes, en un término no menor de tres meses ni mayor de seis meses desde la formalización de la solicitud de convocatoria.

Deliberaciones

Realizada la elección, la Asamblea Constituyente Paralela se instalará formalmente e iniciará sus deliberaciones por derecho propio, tan pronto el Tribunal Electoral entregue las credenciales  respectivas a sus integrantes.

Composición

La Asamblea Constituyente Paralela estará integrada por sesenta constituyentes, quienes deberán representar proporcionalmente a los panameños de todas las provincias y comarcas, de acuerdo con la población electoral, y se permitirá, además de la postulación partidaria, la libre postulación. Para estos efectos, el Tribunal Electoral deberá establecer en la convocatoria el sistema electoral aplicable a la elección de constituyentes.

Limitaciones

La Asamblea Constituyente Paralela podrá reformar la actual Constitución de forma total o parcial, pero en ningún caso las decisiones que adopte tendrán efectos retroactivos, ni podrán alterar los periodos de los funcionarios electos o designados, que estén ejerciendo su cargo al momento en que entre en vigencia la nueva Constitución.

Tiempo de funcionamiento

La Asamblea Constituyente Paralela tendrá un periodo no menor de seis meses ni mayor de nueve meses, para cumplir con su labor y entregar al Tribunal Electoral el texto de la Nueva Constitución Política aprobada, la cual será publicada de inmediato en el Boletín del Tribunal Electoral.

Obligación de hacer Referéndum

El nuevo Acto Constitucional aprobado con arreglo a este método será sometido a referéndum convocado por el Tribunal Electoral en un periodo no menor de tres meses, ni mayor de seis meses, contado a partir de la fecha de su publicación en el Boletín del Tribunal Electoral.

Cuando comienza a regir la nueva Constitución.

El Acto Constitucional aprobado empezará a regir desde su publicación en la Gaceta Oficial, la cual deberá hacerse por el Órgano Ejecutivo, dentro de los treinta días hábiles siguientes a su aprobación mediante referéndum, sin que la publicación posterior a dichos plazos sea causa de inconstitucionalidad.

El ejercicio libre del periodismo

La libertad de expresión es el derecho que tiene la persona para emitir opiniones y expresiones diversas. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.  Artículo 19º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Solo hay una forma en que debiera ejercerse el periodismo en Panamá y es en libertad.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que “la libertad de
expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad
democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada”. (Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-5/85, “La colegiación obligatoria de periodistas”, del 13 de noviembre de 1985, párrafo 70).

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, sobre el tema también dijo:

“El ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento” (Corte IDH. Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012 Serie C No. 248. Párr. 209.)

El colapso de nuestro sistema de justicia

Nuestra administración de justicia tiene problemas detectados:

La politización de la justicia. A veces la justicia responde en casos concretos, en una velocidad determinada.

La falta de capacidad en algunos de los organismos, encargados de administrar la justicia.

La falta de unificación en los organismos rectores, para la ejecución de algunas medidas.

La falta de rendición de cuentas, de las autoridades hacía la ciudadanía.

Las instituciones penales y penitenciarias no funcionan bien.

La falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades, cuando se conoce por algún medio, que se ha resquebrajado el orden legal.

Deficiente presupuesto otorgado.

Carencia de integridad, en algunos funcionarios.

La mora judicial.

La falta de estabilidad, en algunos operadores judiciales e investigadores.

La justicia selectiva.

¿Qué debiera hacerse de inmediato?

Que la corte, los tribunales, los juzgados y las fiscalías se autorregulen, estableciendo un método que permita fiscalizar internamente los expedientes en cada despacho, de tal manera que prohíba que un magistrado, juez o fiscal, se quede mucho tiempo con un expediente en su escritorio.

Que comiencen las auditorías forenses en los juzgados, tribunales y fiscalías.

Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía.” Séneca

El colapso de nuestro sistema de justicia

Nuestra administración de justicia tiene problemas detectados.

La politización de la justicia. A veces la justicia responde sólo a casos concretos.

La falta de capacidad en algunos de los organismos encargados de administrar la justicia.

La falta de unificación en los organismos rectores, para la ejecución de algunas medidas.

La falta de rendición de cuentas de las autoridades hacía la ciudadanía.

Las instituciones penales y penitenciarias no funcionan bien.

La falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades, cuando se conoce por algún medio, que se ha resquebrajado el orden legal.

Deficiente presupuesto otorgado.

Carencia de integridad en algunos funcionarios.

La mora judicial.

La falta de estabilidad, en algunos operadores judiciales.

La justica selectiva.

¿Qué debiera hacerse de inmediato?

Que la corte, los tribunales y los juzgados se autorregule, estableciendo un método que permita fiscalizar internamente los expedientes en cada despacho, de tal manera que prohíba que un magistrado o juez, se quede mucho tiempo con un expediente en su escritorio.

Que comiencen las auditorías forenses en los juzgados y tribunales.

Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía.” Séneca

Las auditorias de la Contraloría -vs- las auditorias privadas.

En sentencia del PLENO de la Corte Suprema de Justicia del 3 de julio de 2014, se determinó que las únicas auditorias que tienen valor para acreditar un delito contra la administración pública, son las que hace la Contraloría.

Este era el caso de la denuncia que se presentó por unas publicaciones que se hicieron en los medios, por el resultado de la auditoría privada hecha a los programas del otrora FIS.

La Corte dijo:

“Ahora bien, tratándose de la presunta comisión de un delito Contra La Administración Pública, en la modalidad de Peculado, es necesario indicar que para acreditar la existencia de un faltante o perjuicio patrimonial a las finanzas del Estado, es menester que la Contraloría General de la República realice la auditoría correspondiente por intermedio de su personal idóneo, en este caso los auditores, quienes luego de concluida su investigación determinarán si efectivamente se ha cometido un hecho irregular que produjo como resultado una lesión al patrimonio del Estado, y quiénes estarían relacionados a esa irregularidad…”.

Feliz día del Periodista.

¿Qué es un Periodista?

A continuación, la respuesta.

Persona dedicada a transmitir, una noticia imparcial
y veraz.

Emprendedor
laborioso  que procura difundir, la información oportuna.

Resuelto
a vencer los obstáculos, para lograr el cumplimiento de sus metas.

Ingenioso
en la defensa por los derechos humanos.

Objetivo
en el análisis y en la elaboración de la noticia.

Decidido
a luchar por el derecho que tiene toda persona a recibir información.

Idealista que procura trabajar en todo tiempo por una
vocación.

Sabedor
de que la independencia es transcendental para el buen desarrollo de la
sociedad.

Tenaz fiscalizador del manejo de la cosa pública.

Abnegado
servidor que cree que el derecho a la información, es necesario para el
fortalecimiento de la democracia.

10 sugerencias para elevar la imagen de la Asamblea Nacional

  • Que limiten los llamados viajes en misiones oficiales hacia el extranjero, por parte de los Diputados, salvo los que sean estrictamente necesarios.
  • Que minimicen las contrataciones del personal profesional y las consultorías, en medio de la pandemia.
  • Que eleven el tono en sus discursos.
  • Que modifiquen las normas de tal manera, que se permita el fortalecimiento de la ética para los diputados.
  • Que practiquen la tolerancia.
  • Que evacuen las denuncias y los diversos temas en la Comisiones, conforme a lo que el derecho dispone.
  • Las bancadas deben formarse una mejor identidad propia que sirva de contrapeso al Órgano Ejecutivo.
  • Que le hagan entender al pueblo, por medio de sus actos, que los diputados no son una clase privilegiada, sino servidores al servicio del Estado.
  • Que los Diputados fortalezcan los valores personales llevándolos al servicio público, ya que como son formadores de opinión, debieran ser dignos de imitar por la ciudadanía.
  • Que los Honorables Diputados, sean portavoces en la Asamblea Nacional, del querer de la comunidad que los eligió, aunque esto vaya en contra de los propios intereses personales y/o partidarios.