SENTENCIA QUE ABSOLVIO A GUSTAVO PÉREZ

SENTENCIA QUE ABSOLVIO A GUSTAVO PÉREZ

SUMARIO SEGUIDO DE OFICIO POR SUPUESTOS HECHOS ACAECIDOS EL 20 DE DICIEMBRE DE 1989, A LOS QUE SE VINCULA AL LICENCIADO GUSTAVO PÉREZ, DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL. – PONENTE: . JERÓNIMO E. MEJIA E. – PANAMÁ, TRES (03) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIEZ (2010). .
Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Segunda de lo Penal

Ponente: Jerónimo Mejía E.

Fecha: viernes, 03 de septiembre de 2010

Materia: Penal – Negocios de primera instancia

Sumarias

Expediente: 368-D

VISTOS:

Procedente de la Procuraduría General de la Nación, ingresó a la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia el sumario seguido de oficio, por supuestos hechos acaecidos el 20 de diciembre de 1989, a los que presuntamente se vincula al licenciado Gustavo Pérez, Director General de la Policía Nacional.

ANTECEDENTES

El 25 de febrero de 2010, el Procurador General de la Nación declaró abierta la investigación y ordenó la práctica de la actividad procesal que previene la ley debido a las publicaciones en varios periódicos de circulación nacional, como las siguientes:

1. La titulada “Crónicas de la Invasión Gustavo Pérez y el Plan Secuestro” editada el 25 de febrero de 2010, en la que se hace referencia a un proceso disciplinario seguido a los tenientes David Ocálagan y Gustavo Pérez De La Ossa, por falta en el ejercicio de sus funciones, relacionados con su participación en la operación “toma del Hotel Marriott (hoy Hotel Sheraton)”, el cual concluyó con la destitución de Gustavo Pérez De La Ossa. Según lo dispuesto en el diario nacional la supuesta operación tenía como objetivo que las mejores tropas del régimen de Noriega, secuestraran turistas norteamericanos para negociar un acuerdo de paz con los Estados Unidos (f. 3).

2. La encabezada “Tras una baja deshonrosa, volvió para dirigir la Policía”, en la que aparece publicada una nota de 22 de mayo de 1990 dirigida al Coronel Eduardo Herrera, Director General de la Policía Nacional, y suscrita por el Teniente Coronel Gerardo García, Presidente de la Junta Disciplinaria; Mayor José M. Serrano, Miembro de la Junta Disciplinaria y el Mayor Miguel Alemán, Miembro de la Junta Disciplinaria, en la que se explica la decisión adoptada en el proceso disciplinario seguido a los Tenientes David Ocálagan y Gustavo Pérez De La Ossa (f. 4).

3. La del diario El Siglo titulada “Iban a botar a Pérez por secuestro de gringos”, en el que se señala que documentos de 1990 revelan caso contra el director de la Policía Nacional, por el supuesto secuestro de civiles durante la invasión de Estados Unidos de 1989 (f. 5).

En el desarrollo de la investigación se incorporó al cuaderno penal declaraciones de personas que podrían tener conocimiento de los supuestos hechos acaecidos el 20 de diciembre de 1989, como lo son: Rogelio Cruz Ríos (fs. 53-57), Carlos Enrique Muñoz Pope (fs. 58-60), Jaime Octavio Abad Espinosa (fs. 66-71), Oswaldo Marino Fernández (fs. 75-82), Campo Elías Muñoz Rubio (fs. 96-98), Santiago Cumbrera Díaz (fs. 101-102), Alexis Ricardo Charris (fs. 103-105), Ebrahim Abdulahae Asvatkasu (fs. 108-113), Darío Enrique Moncada Valdés (fs. 114-118), Eduardo Emilio Herrera Asan (fs. 131-134), David Aarón Ocálagan Bonilla (fs. 140-141), Miguel Alemán Mendoza (fs. 195-197) y José María Serrano Tejeira (fs. 198-200).

Además, se remitió notas a los distintos despachos del Ministerio Público y a la Dirección de la Policía Nacional, con el propósito de conocer si en esas instituciones se le siguió proceso a los señores Gustavo Pérez De La Ossa y David Ocálagan.

Mediante Vista No. 17 de 14 de mayo de 2010 el Procurador General de la Nación recomendó a la Sala que al calificar el sumario dicte un sobreseimiento definitivo de carácter impersonal, en atención a lo normado en el numeral 1 del artículo 2207 del Código Judicial, pues no existen elementos que contribuyan a identificar a los presuntos ofendidos y autores ni elementos que permitan acreditar que se suscitó una privación de libertad ni el objeto de esta (fs. 336-361).

CONSIDERACIÓN DE LA SALA SEGUNDA DE LO PENAL

Luego de detallar los antecedentes del caso, se procede al análisis de los elementos probatorios para precisar si en este caso es viable la emisión de un sobreseimiento definitivo dado lo establecido en el numeral 1 del artículo 2207 del Código Judicial.

En este sentido, cabe recordar que a raíz de los hechos publicados en diarios de circulación sobre supuesto proceso disciplinario seguido a los señores David Ocálagan y Gustavo Pérez De La Ossa, por faltas en el ejercicio de sus funciones, relacionadas con su participación en la operación de “toma del Hotel Marriott”, en la que se secuestró a ciudadanos norteamericanos.

Los hechos investigados de oficio, podrían encuadrarse dentro de los delitos contra la libertad individual, y de extorsión y secuestro.

En cuanto al delito contra la libertad individual la conducta a estudiar se enmarca específicamente en el artículo 156 del Código Penal derogado que a su tenor señalaba:

Artículo 156: El servidor público que con abuso de sus funciones o infracción de las formalidades prescritas por la ley, prive a una persona de la libertad, será sancionado con prisión de 1 a 2 años e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por 6 meses a un año y si el hecho punible se comete con alguna de las circunstancias previstas en los artículos anteriores, las sanciones se aumentarán de una tercera parte a la mitad.

Como se aprecia en la norma transcrita se sancionaba al servidor público que abusando de sus funciones (de manera arbitraria y dolosa), o a quien infrinja las formalidades prescritas por la ley, prive a otra persona de su libertad

Respecto al delito de extorsión y secuestro la conducta a estudiar se encuentra tipificada en el artículo 188 y 188 A del Código Penal derogado en los que se establece:

“Artículo 188. El que secuestre a una persona para obtener de ella o de otra, como precio de liberación, dinero, cosas o documentos con efecto jurídico, cualquiera que sea en favor del culpable o de otras personas designadas por él, aunque no logre el fin propuesto, será sancionado con prisión de 5 a 12 años.”

“Artículo 188 A. El que secuestre a una persona para obtener de ella o de otra, como precio de liberación, dinero, cosa o documentos con efecto jurídico, cualquiera que sea, a favor del culpable o de otras personas será sancionado con la pena de 7 a 15 años de prisión…

6. Sea cometido por un servidor público o por una persona que sea o haya sido miembro de los organismos de seguridad del Estado….”

Según los tipos penales copiados, en nuestra legislación se sanciona a cualquier persona o al servidor público que secuestre a otra persona, privándolo de su libertad, para obtener dinero, cosas o documentos con efectos jurídicos, la pena se agrava si la conducta es cometida por un servidor público miembro de algún organismo de seguridad del Estado.

· Durante el desarrollo de la instrucción sumarial se incorporó al expediente penal una serie de declaraciones testimoniales, algunas de las cuales se detallan a continuación:licenciado Rogelio Cruz, Procurador General de la Nación, durante el período comprendido de 1989 a 1992, manifestó que nunca vio un documento oficial como el que se publicó en el diario el Panamá América en el que se plasmó una supuesta nota de 22 de marzo de 1990 dirigida al señor Coronel Eduardo Herrera, como Director General de la Policía Nacional, República de Panamá, a través de la cual se le ponía en conocimiento que la Junta Directiva, luego de haber analizado los informes presentados por la Dirección de Seguridad Pública y después de haber escuchado la versión de los señores David Ocálagan y Gustavo Pérez DeLa Ossa sobre los hechos ocurridos el 20 de diciembre de 1989, decidió declararlos culpables, por ser partícipes directos en la captura de personal civil norteamericana, y, en consecuencia le recomendó al Director de la Policía Nacional, darles de baja de la Institución por cometer faltas que afectaban el prestigio de la institución (f. 4), por lo que considera necesario verificar la autenticidad del documento en mención e investigar por qué no se hizo una investigación penal al respecto.

Agregó el señor Rogelio Cruz, que nunca existió acuerdo entre él y el entonces Jefe de la Policía Nacional, Eduardo Herrera, después de la invasión a Panamá para no investigar penalmente al señor Gustavo Pérez por razón de supuestos hechos acaecidos el 20 de diciembre de 1989 (fs. 53-57).

· Dr.Carlos Enrique Muñoz Pope aseveró haber representado al señor Gustavo Pérez De La Ossa, pues el padre de éste los contrató para defenderlo en una causa que se ventiló en su contra por estar vinculado a ciertos actos ejecutados por antiguos miembros de la Fuerza de Defensa para la época de la invasión del 20 de diciembre de 1989, que consistía en diseñar y ejecutar planes para retener a ciudadanos de los Estados Unidos de América, alojados en el antiguo Hotel Marriott, que en esa época estaba ubicada a un costado del Centro de Convenciones Atlapa y que en dicho proceso fue exonerado de toda responsabilidad penal el señor Pérez De La Ossa. Sin embargo, en la actualidad no tiene copia de la decisión que se emitió en dicho proceso (fs. 58-60)licenciadoJaime Ocatavio Abad Espinosa, quien ejerció el cargo de Director de la Policía Técnica Judicial durante el período comprendido de 1991 a 1994, indicó que durante su participación en las reuniones del Consejo de Seguridad, tuvo la oportunidad de analizar información de inteligencia, entendida como información muy preliminar, no judicializada en un proceso ante la jurisdicción ordinaria, sobre muchos ex militares que pertenecieron a las antiguas fuerzas de defensa y que para ese momento histórico eran objeto de vigilancia oficial, porque en el proceso de reconstrucción del país, se dieron una series de actos catalogados como terrorista internos o atentados. Sostiene que en varias ocasiones leyó sobre múltiples investigaciones que se les realizó al Teniente Gustavo Pérez, entre esas estuvo la de un reporte que coincide en su contenido con los publicados en el diario El Panamá América y que motivó la destitución del entonces Teniente Gustavo Pérez (fs. 66-71).licenciadoOswaldo Marino Hernández Echeverría, ex Director de la Policía Nacional, respecto a los hechos investigados señaló: “…Los únicos elementos que en el transcurso de gestión como Director de la Policía Nacional tuve conocimiento fue sobre informes de inteligencia del Consejo de Seguridad, que no me consta que en ningún momento hayan llegado a cristalizarse en investigaciones dentro del Ministerio Público. Deseo explicar que durante la administración del Presidente ENDARA (q.e.p.d.) y parte de la administración del Presidente PÉREZ BALLADARES existía una reunión semanal de los Directores de los servicios de seguridad pública (Policía Nacional, Servicio Aéreo Nacional, Servicio Marítimo Nacional y Servicio de Protección Institucional), en la cual se invitaba al Procurador General de la Nación al Director de la Policía Técnica Judicial y, eventualmente, al Fiscal Auxiliar de la República. Fue en esas reuniones en que escuché hablar sobre el tema, pero tenemos que tomar en consideración que para la época se habían dado varios actos de terrorismo, se habían puesto bombas en diferentes lugares, incluso una aquí en los estacionamientos de la Procuraduría, lo que producía una profunda preocupación en cuanto a unos ex miembros de las Fuerzas de Defensa y de la Policía Nacional que tenían algún tipo de entrenamiento como explosivistas, miembros de los Macho de Monte, de la UESAT, etcétera. Sin mal no recuerdo, y tienen que tomar en consideración que han pasado muchos años y la memoria puede fallar, en aquellos momentos se señalaba que ex teniente PÉREZ había sido destituido por una Junta Disciplinaria superior de la Policía Nacional durante la dirección del Coronel ( R ) EDUARDO HERRERA HASSAN….” (FS. 75-82)

· Dr. Campo Elías Muñoz Rubio, declaró que conoce al señor Gustavo Pérez De La Ossa, pues desde hace más de veinte años fue contratado por el padre de éste para que lo defendiera en una causa que se le seguía por supuestamente haber planeado retener a ciudadanos norteamericanos para ser canjeados. Y agregó que no recuerda bien los detalles, pero sí que se mencionó que esos hechos no ocurrieron en la realidad y por tanto éste no había cometido delito, por lo que se ordenó el archivo del expediente. Añadió que no conoce al señor David Ocalagan (fs. 96-98).

· Santiago Cumbrera Díaz, periodista que redactó la noticia titulada “Gustavo Pérez Un Informe “secreto” de la institución revela que secuestró ciudadanos estadounidenses durante la invasión…”manifestó que en dicha publicación aparece la copia de un documento fechado 22 de marzo de 1990, el cual le fue entregado por una fuente que no puede revelar (fs. 101-102).

· Eduardo Emilio Herrera, señaló que ejerció el cargo de Director General de la Policía Nacional, de enero a octubre de 1990, por lo que conoció al señor Gustavo Pérez De La Ossa, como oficial subalterno en las Fuerzas de Defensa al igual que al señor David Ocálagan. Respecto a los hechos que se investigan indicó: “El 20 de diciembre yo me encontraba fuera del país exiliado, el 23 de diciembre, a petición del nuevo gobierno, se me llama para que participe en la reconstrucción de la nueva fuerza pública de Panamá,… Ese mismo día aún continuaban los combates, el Ministerio de Gobierno fue objeto de un atentado yendo hacia la nueva sede la Policía y el patio fue impactado por dos granadas de mortero. En esos días recibí llamadas de varios miembros de la Fuerzas de Defensa en donde me pedían instrucciones de qué hacer, les dije que suspendieran los combates que ya había demasiado muertos, y así fueron deponiendo las armas. Lastimosamente no tenía la dirección nueva de la Fuerza Pública … Es falso la información que han salido en los medios, a través de todos estos años de… Los norteamericanos dirigían el país por así decirlo, a pesar de que teníamos un gobierno todo se tenía que consultar con ellos, en especial en materia de seguridad y manejo de la misma. Siendo yo Diretor de la Policía tenía dos coroneles americanos perennemente en mi oficina, el corone Jack Prior y el coronel Jimmy Steel, los cuales desde allí dirigían casi todas las operaciones relacionadas con las fuerzas de policía y la seguridad del país…”(fs. 131-134).

· David Aaron Ocálagan Bonilla, manifestó que el 20 de diciembre de 1989 nunca hubo un secuestro, que los partícipes en el aseguramiento y protección de las instalaciones, bienes y personas que estaban en el Hotel Marrito no sufrieron ningún daño ni se les coartó su libertad (fs. 140-141).

Las declaraciones citadas permiten concluir que a un grupo de miembros de las extintas Fuerzas de Defensas, entre quienes se encontraban los señores Gustavo Pérez De La Ossa y David Ocálagan, se les dio vigilancia oficial por estar presuntamente vinculados a actos que fueron catalogados como terrorista, sin embargo, advierte la Sala que en el transcurso de la instrucción sumarial se remitieron a las distintas agencias del Ministerio Público notas mediante las cuales se requería a los agentes instructores informar si en sus despachos se le siguió proceso penal a Gustavo Pérez De La Ossa (fs. 13-36). Se obtuvo resultados negativos.

También se dirigió copia a la Dirección General de la Policía Nacional, con el propósito de conocer si al señor Gustavo Pérez De La Ossa, se le siguió proceso disciplinario en virtud de los supuestos hechos acaecidos el 20 de diciembre de 1989, obteniéndose la siguiente respuesta “… le comunico que en esta entidad no reposa un Proceso Disciplinario seguido a Gustavo Pérez De La Ossa, en virtud de actos ejecutados el 20 de diciembre de 1989, en el ejercicio de su cargo como funcionario de la Unidad Especial Anti Terror (U. E. S. A. T.) de la entonces Fuerzas de Defensas” (f. 88).

Ahora bien, mediante oficio de 8 de abril de 2010 la licenciada Nedelka Díaz Saavedra, Secretaria General de la Procuraduría General de la Nación remitió a la Secretaría del Segundo Tribunal Superior de Justicia copia del proceso seguido a los señores Juan Barría, Luis Carlos Chávez y otros, sindicados por el delito de homicidio en perjuicio de Raymond Dragseth y Fernando Brathwaite, en las que se aprecia lo siguiente: “Durante las investigaciones preliminares realizadas por la Fiscalía Auxiliar de la República, se allegaron las declaraciones indagatorias de los señores GUSTAVO PEREZ DE LA ROSA Y DAVID AARON OCALAGAN, pero en relación a la aprehensión física del periodista norteamericano JONATHAN MEYERSON en el Hotel Marriott de esta ciudad, hecho que no guarda relación con la aprehensión de los señores DRAGSETH y BRATHWAITE, por tanto, sugerimos el desglose respectivo.” (penúltimo párrafo de la foja 175), lo que permite concluir que, en efecto, debe existir una investigación contra los señores Gustavo Pérez De La Rosa y David Aaron Ocálagan, de la cual no se ha podido conocer durante la instrucción de este sumario.

En síntesis estima el tribunal que frente a la realidad que se desprende del presente expediente, en estos momentos, procede emitir un juicio calificatorio de conformidad con las previsiones del numeral 1 del artículo 2208 del Código Judicial que da paso para un sobreseimiento provisional, en el evento de que los medios de justificación, acumulados en el proceso, no sean suficientes para comprobar el hecho punible.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia- Sala Segunda de lo Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve Sobreseer Provisionalmente de manera objetiva e impersonal dentro de la presente causa seguida de oficio por los hechos acaecido el 20 de diciembre de 1989, a los que presuntamente se vinculó al licenciado Gustavo Pérez, Director General de la Policía Nacional.

Notifíquese,

JERÓNIMO MEJÍA E.

GABRIEL E. FERNANDEZ M. — JOSÉ ABEL ALMENGOR ECHEVERRÍA

MARIANO HERRERA (Secretario)

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