SALIDA AL CONFLICTO INDÍGENA, DESDE EL MARCO DE LA LEGALIDAD

SALIDA AL CONFLICTO INDÍGENA, DESDE EL MARCO DE LA LEGALIDAD

La dirigencia indígena ha proclamado que el contrato de concesión de la Hidroeléctrica en Barro Blanco, es ineficaz; en términos generales, por lo siguiente:

“El acuerdo firmado con la directiva del Congreso Regional Kodridi, viola la constitución, la ley 10 de 1997 y la Carta Orgánica de la Comarca, para ello sólo basta ver el artículo 34 y 116 de la Carta Orgánica en donde queda claro que por tratarse de un proyecto que impacta un Distrito (MUNA), por lo tanto el competente era el Congreso Local y no el Regional y por lo tanto esté acuerdo es nulo, esto sin incluir las violaciones a la Ley y a la Constitución que deja claro que las tierras de la Comarca no se puede arrendar a particulares Ngäbe Buglé.”

Si esto es así, como se afirma, los afectados, podrían hacer lo siguiente.

1. En base al artículo 97 del código judicial, demandar la nulidad de la concesión, ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, pues no se honró, según ellos, lo que decía la ley comarcal. En esa demanda y conforme al artículo 73 de la normativa contenciosa administrativa, se podría pedir la suspensión de ese contrato.
Para esto, debería acreditarse; la apariencia del buen derecho. Es decir que al menos preliminarmente, se le debe probar a la Corte, que se violó la ley, ostensiblemente, y los perjuicios inminentes e irreparables, que sufriría el sector indígena, si no se le suspende el contrato.

Ahora bien, si no se prueba lo comentado, la Corte, no suspendería el contrato.

2. En base al artículo 206 constitucional, una acción de inconstitucionalidad, si consideran que se violó, con la concesión dada, el artículo 127 Ibídem.

¿Qué no se debe hacer?

Eliminar un contrato público debido a que sería contrario al derecho positivo. Hay precedentes, en donde la Sala Tercera ha revocado actuaciones arbitrarias en este sentido, toda vez que flagelan, la seguridad jurídica. (Sentencia del 30 de abril de 2009)

¿Qué sería costoso hacer?

Aplicar el rescate administrativo graciosamente, de la concesión, debido a que conforme a la cláusula 30 del contrato, se le deberá indemnizar a la empresa afectada, por los bienes que corresponden a la central hidroeléctrica, a valor de la concesión vigente en plena operación, mas un 10% de dicho valor. O sea podría ser una millonada de dinero y por otro lado, el mensaje que se manda es peligroso.

¿Qué no se esta haciendo y se debe hacer, para mantener la consistencia en el discurso?

El presentar acciones penales y civiles, contra los actores que promovieron que la concesión de marras hubiese salido a la luz pública, si es verdad que con la emisión de la misma se deshonró, presuntamente, la ley.

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