Ley incomprensible sobre cables soterrados

Ley incomprensible sobre cables soterrados

En la Asamblea Nacional de Diputados se encuentra radicado el proyecto de Ley No. 423 que establece una Tasa para cubrir los costos de soterramiento del cableado e infraestructura de los servicios de telecomunicaciones y de televisión pagada.

He leído el instrumento y ofrezco los siguientes comentarios en objeción del mismo.

1. Se establece una tasa de 0.5% aplicable en la facturación mensual de los servicios de telecomunicación básica y de televisión por cable pero sólo a los clientes. Las empresas millonarias, que ofrecen el servicio, pagarían una suma desconocida que la ASEP determinará en el futuro.
2. El instrumento impone una carga adicional al cliente de telefonía, a la que se le suma a la impuesta por la potabilidad numérica.
3. En el proyecto no se definen claramente, los beneficios que tendrán, los clientes por la tasa impuesta ni por el soterrado proyectado.
4. Se establece una tasa a perpetuidad, mientras que el soterramiento tiene un término para su conclusión.
5. Se grava a todo un País con una tasa, desnaturalizando el concepto de lo que significa esta palabra, que es “el Tributo que se impone al disfrute de ciertos servicios o al ejercicio de ciertas actividades.”
6. Esta idea, cambia todo el concepto de lo que se conoce como TASA y que está recogido en el código fiscal (en sus articulados) para el tributo que se paga como consecuencia de un servicio que se recibe del Estado.
7. Esta idea podría ser inconstitucional por que la Asamblea Nacional esta gravando con una Tasa a la población, sin que ésta obtenga el beneficio de un servicio.

CONSTITUCIÓN

ARTICULO 159. La función legislativa, es ejercida por medio de la Asamblea Nacional y consiste en expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones del Estado declarados en esta Constitución y en especial para lo siguiente:

11.Dictar las normas generales3 y específicas a las cuales deben sujetarse el Órgano Ejecutivo, las entidades autónomas y semiautónomas, las empresas estatales y mixtas cuando, con respecto a estas últimas, el Estado tenga su control administrativo, financiero o accionario, para los siguientes efectos: negociar y contratar empréstitos; organizar el crédito público; reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio; fijar y modificar los aranceles, tasas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas.

Proyectos como éste, en que para procurar remediar un aspecto principalmente estético, afectan impositivamente a los menos acaudalados económicamente; es objetable, censurable y repudiable.

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