LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON FINMECCANICA DEBEN SER ANULADOS JUDICIALMENTE.

LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON FINMECCANICA DEBEN SER ANULADOS JUDICIALMENTE.

El administrador delegado de Finmeccanica, Giuseppe Orsi, fue acusado por el mismo tribunal de Nápoles que investiga a Lavitola- de corrupción internacional en un caso de venta de 12 helicópteros a India, informó este martes la prensa italiana.

Si esto es cierto, Panamá no debe mantener vigente con ese grupo hoy, los contratos, celebrados toda vez que podría estar violando el Artículo 266 constitucional, que ordena a buscar en toda la licitación, el mayor beneficio para el Estado.

Constitución Nacional
ARTÍCULO 266.

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La ley establecerá las medidas que aseguren en toda licitación el mayor beneficio para el Estado y plena justicia en la adjudicación.

La Corte Suprema definió lo que se debe considerar como “mayor beneficio para el Estado” y asevera que el contratar con empresas sin credenciales de seriedad, rompe con ese principio.

“El mayor beneficio para el Estado debe ser apreciado no sólo desde la perspectiva del más bajo costo posible sino también de la mejor calidad en cuanto a la obra, bien o servicio de que se trate. Igualmente, ese mayor beneficio que el Constituyente quiere que se alcance a través del trámite de selección de contratista, del cual, se repite, la licitación es sólo una de sus modalidades, debe permitir la escogencia objetiva de la mejor oferta, hecha por proponentes calificados con credenciales de seriedad y cumplimiento para asegurar las condiciones más beneficiosas al interés general.” (Las subrayas son mías) (Resolución del 27 de abril de 2009. Entrada No. 172-08, Sala Tercera)

El hecho de que una empresa esté sumida en denuncias, en diversos países, le resta seriedad a su credencial de oferente, idónea para participar, al menos en este país, en una contratación pública.

La vía jurídica para anular los contratos, es la judicial, mediante la interposición de una demanda contenciosa administrativa de nulidad o de anulación de contrato, conforme lo permite el artículo 97 del código judicial, relacionado con el artículo 141, numeral 3 de la Ley 22 de 2006.

Con la interposición de la demanda, se podría pedir la suspensión de los contratos, ipso facto, alegando los daños que sufriría el Estado, si se pagaran los adelantos concebidos.

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