La venta de las acciones y la derogatoria de la ley de la sala v

La venta de las acciones y la derogatoria de la ley de la sala v

     Júbilo ha causado en un gran sector de la población, (me incluyo allí) que los temas de las ventas de las acciones de empresas mixtas, que se estaban debatiendo en sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional de Diputados, por mando del señor Presidente, se vayan a remitir a la mesa de la concertación nacional, para que se den los trámites de rigor.
No obstante jurídicamente, y dentro del plano de la legalidad, nada impide que un porcentaje de las acciones de las empresa eléctricas, pueda ser vendido ya, sin que haya una nueva ley para ello, por virtud de lo que dispuso la Ley 6 de 1997, en su artículo 37; norma promulgada en la administración  del P.R.D. y debidamente sancionada por Ernesto Pérez Balladares. Como moraleja hoy, ese partido, se opone a lo que ayer auspició.
Ley No. 6 de 1997
Artículo 37.  Venta de acciones remanentes. El remanente de las acciones  podrá ser vendido, por el Órgano Ejecutivo, mediante los procedimientos de bolsa de valores de Panamá o subasta pública, con un  límite de cinco por ciento (5%) de estas acciones por comprador.
Sería saludable incluir en la mesa de concertación la modificación, inmediata, del artículo en cuestión.
Respecto a una posible promulgación de una ley que deje sin efecto la Ley No. 32 de 1999, que creo la Sala V, esto no procede, debido a lo que se conoce como la cosa juzgada constitucional, toda vez que la derogatoria de esa ley, ya fue ventilada y procesada en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, otrora.
Jurisprudencia sobre el tópico, a continuación:

“El Pleno ha expuesto en circunstancias anteriores que la finalidad de la cosa juzgada es evitar que se produzcan sentencias contradictorias que afecten la seguridad del ordenamiento jurídico, lo que acarrea la imposibilidad de que esta Superioridad se pronuncie nuevamente sobre la materia previamente resuelta. Esta regla tiene su excepción en los llamados supuestos de relatividad o inestabilidad de la cosa juzgada, a saber: 1) Inconstitucionalidad sobreviniente como consecuencia de cambios o reformas constitucionales; 2) Demandas planteadas por vicios de forma de una ley o acto cuyo contenido material haya sido confrontado y declarado conforme al texto de la Carta Política por el tribunal constitucional, y 3) Casos en que plantean vicios de fondo completamente distintos a los previamente examinados. (Cfr. Sentencia del Pleno de 16 de diciembre de 1996. Ponente: Mgdo. Fabián Echevers).” (Sentencias de 01) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE (2009). PLENO)

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