Juan Hombrón, aún sin revertir

Juan Hombrón, aún sin revertir

Hay gente esperando que las tierras de Juan Hombrón, que fueron adjudicadas y luego, algunas de ellas, enajenadas a terceros, reviertan al patrimonio estatal, sin embargo, lo que muchos desconocen, es que los susodichos bienes no pueden revertir, sin que medie un fallo tribunalicio, sobre el particular, salvo que medie un mutuo acuerdo entre las partes.
La Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera, expresó sobre, la revocatoria de un acto administrativo emitido, lo que sigue: “Debe pues, la Administración recurrir a la vía jurisdiccional ordinaria, a fin de anular sus propios actos que confieren esos derechos. Jaime Vidal Perdomo al respecto nos ilustra cuando sostiene que “el respeto a las situaciones jurídicas creadas o definidas por los actos administrativos puede ser tal que se hagan irrevocables aunque sean ilegales. En el derecho Español se denomina recurso de lesividad el que puede interponer la Administración ante los jueces contra sus propios actos que declaran derechos ante la imposibilidad que encuentra de revocarlos directamente… en algunos casos esos derechos son asimilables al derecho de propiedad y es dable exigir, para ser privado de ellos, ley que los declare de utilidad pública e indemnización; pero estos derechos pueden haberse adquirido de forma ilegal, por lo que se menciona que para que el acto sea irrevocable el beneficiario debe ser de buena fe” (Sentencia de 27 de abril de 2010)
No obstante lo antes descrito, existe, una posibilidad jurídica, para la anulación de un acto administrativo de oficio, obviando un proceso judicial, y es si el mismo se encuadra dentro de los supuestos que reza la Ley 38 de 2000, en su artículo 62.
Artículo 62. Las entidades públicas solamente podrán revocar o anular de oficio una resolución en firme en la que reconozcan o declaren derechos a favor de terceros, en los siguientes supuestos:
1. Si fuese emitida sin competencia para ello;
2. Cuando el beneficiario de ella haya incurrido en declaraciones o haya aportado pruebas falsas para obtenerla;
3. Si el afectado consiente en la revocatoria; y
4. Cuando así lo disponga una norma especial.
En contra de la decisión de revocatoria o anulación, el interesado puede interponer, dentro de los términos correspondientes, los recursos que le reconoce la ley.
La facultad de revocar o anular de oficio un acto administrativo no impide que cualquier tercero interesado pueda solicitarla, fundado en causa legal, cuando el organismo o funcionario administrativo no lo haya hecho.” (Modificado por el artículo 3 de la ley 62 de 23 de octubre de 2009)
Por lo antes expuesto, los funcionarios públicos deben asesorarse mejor antes de emitir declaraciones sobre el sentido y alcance de la emisión de un acto administrativo, pues podría crear faltas expectativas a los oyentes.

admin

Hasta ahora, 1 comentario

ex Publicado el10:58 pm - enero 2, 2013

Estoy de acuerdo con que los funcionarios publicos deben asesorarse con abogados antes de hacer declaraciones publicoas. Los felicito por esta pagina

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