INCONGRUENCIA DEL CONTRATO DE LAS CÁMARAS BOLETERAS

INCONGRUENCIA DEL CONTRATO DE LAS CÁMARAS BOLETERAS

                                   
La Concesión No. 40-11 en donde la ATTT le concede a la empresa TRAFFIC SAFETY DE PANAMA, S.A., el suministro, la instalación y operación del servicio de cámara de vigilancia para la seguridad vial en la República de Panamá, no se ha extinguido; no hay evidencia que esto se haya dado. Por el contrario el contrato de marras esta refrendado y salvo que hay mutuo acuerdo para eliminarlo, el contrato seguirá rigiendo, hasta que la Corte Suprema pudiera anularlo. Lo que pareciera que gravita hoy, es que a la imposición de la multa, se le ha puesto en una especie de pausa momentánea.
INCONGRUENCIA
  1. Le endosa el deber de notificar a los infractores, al concesionario, lesionando la Ley 38 de 2,000, que le da esta potestad al secretario o a los funcionarios administrativos del Estado. (Artículo 201 numeral 102 de la Ley 38 de 2000)
  2. La manera de notificar al afectado, no es la que consagra la ley 38 de 2000 ni el reglamento de tránsito. Una cosa es la facultad de precisar un procedimiento para sancionar que tiene la ATTT y otra cosa es la de modificar el sistema de notificación, que una norma de mayor jerarquía ha dispuesto, para fortalecer el debido proceso. Cuando se ha querido modificar el sistema de notificación, es la ley, la que consagra la diferencia, como en el caso de la Ley 22 de 2006 (de contratación pública) que notifica a través de “PanamáCompra.”
  3. El contrato pudiera afectar el interés público ya que se posibilita un contrato, hasta por 20 años (10 años del contrato más la prórroga) dando beneficios que pudieran ser exorbitantes al particular, en detrimento del Estado. (65% de la multa impuesta sería para el concesionario, entre otros beneficios).
  4. No existe ley en la ATTT que le permita darle la base de datos sensitiva de los usuarios (la información debiera considerarse como de seguridad nacional), al concesionario, para que trabaje con ella. Podría ser esto violatorio del artículo 42 constitucional. (Cláusula 16)
  5. Le permite al concesionario, acudir a los juzgados, para que pueda defender la infracción que puso, contra el usuario. (Cláusula 6).
ACTOS QUE PUDIERAN DEMANDARSE POR ILEGALES ANTE LA SALA TERCERA
1.      La Resolución AL-No. 1717 de 22 de diciembre de 2011, publicada en la Gaceta Oficial No. 26940-B de 28 de diciembre de 2011, ya que interpreta erróneamente el reglamento de tránsito y hace válida la notificación, en el llamado de las llamadas telefónicas a celulares; la grabación respectiva, (a veces la gente ni la oye inmediatamente) en el caso del correo electrónico, su respectiva copia de envío (a veces por el volumen de los correos, no se ven en el acto) y en la notificación residencial o laboral, el acuse de recibo (no es obligatorio que firme el infractor que recibe, según la disposición). (Véanse los Artículos 8 y 10).
2.      El contrato de concesión en cuestión por las razones detalladas.
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