LA DOCTRINA DE LA REAL MALICIA Y EL TESTIGO ANÓNIMO

LA DOCTRINA DE LA REAL MALICIA Y EL TESTIGO ANÓNIMO

Esta doctrina (DE LA REAL MALICIA) tiene su origen en el famosísimo caso “New York Times vs. Sulivan”, sentencia dictada por la Corte Federal de EEUU en 1960. Aquí se determinó en este caso que sólo si la afirmación falsa fue hecha de parte del Editor o periodista con dolo (conocimiento) o desconsideración temeraria, da lugar a la reparación. Conforme a la teoría se exige que el afectado por una crítica periodística relativa a los actos oficiales, públicos o de interés público desplegado por sujeto público, por una noticia falsa, lesiva o abusiva, para su honor, consideración pública o intimidad; pruebe que el medio periodístico actuó con real malicia, es decir con dolo o culpa grave. Eduardo Zanoni dice: “……las personalidades públicas o personas vinculadas a hechos de interés general, no pueden atribuir responsabilidad a los medios masivos de comunicación, por el solo hecho de probar la inexactitud de la noticia, deben por el contrario probar que la noticia inexacta es falsa y que fue difundida con conocimiento de su falsedad.” La Corte Suprema de Argentina ratificó la protección a la libertad de prensa en un fallo que reitera el criterio del tribunal sobre la doctrina conocida como de “real malicia”. La resolución sostiene que, en el caso de informaciones falsas o inexactas que publiquen los medios de comunicación con respecto a figuras públicas, es el ofendido quien debe demostrar que el autor de la nota conocía que la información era falsa o que actuó con notoria despreocupación en el tratamiento de la información. La Corte adoptó esta decisión al resolver el caso “Di Salvo”, en donde un ex senador de la provincia de Buenos Aires demandó al diario La Mañana por una información errónea que había publicado el medio sobre la extensión de unos terrenos de su propiedad. El Tribunal Constitucional Español, en fallo del 19 de abril de 1993, estableció que “el requisito de la veracidad condiciona el ejercicio de la libertad de información, imponiendo al comunicador un deber de diligencia: la comprobación razonable de la veracidad, que no se cumple con alusiones indeterminadas o fuentes genéricas”.
A mi juicio, y conforme a lo anteriormente expuesto, si un periodista le da crédito a una información suministrada por un testigo anónimo, no podrá protegerse luego, en la doctrina de la real malicia, si la noticia que promulgó es errónea, pues actúo con evidente negligencia y despreocupación, por lo que podrá ser sujeto de acciones legales en su contra; mismas que no podrán ser tildadas como ataques al libre ejercicio del periodismo. El testigo anónimo, no es admisible, en ningún proceso serio en derecho.
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